“En México se usan las demandas para callar a los periodistas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el rotativo estadunidense The New York Times.

En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.

Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”.

Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha sido demandada recientemente.

“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.

“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”, “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.

En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.

Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye The New York Times.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454662/en-mexico-se-usan-las-demandas-callar-a-los-periodistas-advierte-the-new-york-times

Más de 200 agresiones contra medios y periodistas en el primer semestre del 2016: Artículo XIX

Ser periodista en México es vivir en un contexto de riesgo y agresiones por parte de autoridades, empresas y otros grupos de poder que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, advierte el segundo informe trimestral de la organización internacional Artículo XIX. “En el primer semestre del año se documentaron 218 agresiones contra medios y periodistas, entre ellas 8 asesinatos, de los cuales 2 fueron ejecuciones extrajudiciales”, indica la organización.

Las agresiones más recurrentes documentadas por la Oficina para México y Centroamérica son: físicas/materiales, intimidaciones, amenazas, privaciones de la libertad y ataques directos a medios de comunicación.

En el primer semestre de este año el acoso judicial contra periodistas ha sido común con quienes realizan investigaciones periodísticas que visibilizan la corrupción, abusos de poder y negligencia por parte de las autoridades, tal es el caso de las periodistas Carmen Aristegui y Sanjuana Martínez, como documentó en su momento la organización que acompaña ambos casos.

Recientemente, Carmen Aristegui denunció públicamente la existencia de diversas demandas judiciales en su contra por parte de la empresa MVS por daño moral, luego de que la periodista escribiera el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”, investigación que a decir de la periodista “trastocó por su contenido y alcance, las entrañas de un gobierno y forma de una larga lista de factores que han provocado la caída, en picada, de la imagen y confianza en la figura presidencial”. Dicha investigación derivó en el despido de ella y de su equipo en marzo de 2015.

Según la demanda interpuesta se pide a la periodista y a la editorial del libro una indemnización que el juez “deberá fijar, atendiendo al menoscabo en la dignidad, honor, imagen y vida pública y privada del actor; eliminar el prólogo que es exclusiva creación de la demandada contenido en el libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en las siguientes ediciones o reimpresiones que se hagan de dicho libro, así como prohibir la divulgación de dicho prólogo en cualquier medio ya sea electrónico, radiofónico, televisivo, conferencia pública, etc.”.

En el caso de Sanjuana Martínez, la periodista hizo públicas las amenazas e imágenes de intimidación que le fueron enviadas vía twitter el pasado 8 de agosto, mensaje en el que con una imagen de balas se le escribe: “Sra @SanjuanaMtz la gente está muy molesta por la cuestión de la Srita. Lagunes (en referencia a Alejandra Lagunes,Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de la Presidencia de la Repúblia) y se le solicita mesura por favor.

Cabe recordar que en abril de 2016 Sanjuana Martínez fue condenada a pagar una indemnización al político perredista Jesús Ortega Martínez por “daño moral” debido a las investigaciones que la periodista realizó en 2013 sobre trata de mujeres que involucraban al señor Ortega Martínez. Luego de ello, la organización Artículo XIX recibió la orden del Juez Octavo de Distrito en materia Civil y del Quinto Tribunal de Circuito para llamar a declarar a abogados de dicha organización, involucrados en el juicio presentado por Jesús Ortega Martínez contra la periodista Sanjuana Martínez Montemayor.

Es necesario mencionar que el requerimiento para comparecer fue dirigido solamente a la Directora Regional de ARTICLE 19, Ana Cristina Ruelas Serna, y al Oficial del Programa de Protección y Defensa, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

Dicha intimidación contra la periodista y la organización que la acompaña jurídicamente, visibiliza la censura y vulnera el derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información que quienes ejercen el periodismo y la sociedad tendrían que ejercer libremente.


Para artículo XIX dicha acción es un “intento de intimidación a la labor de defensa jurídica que realiza la organización en apoyo a periodistas” y se suma a las 218 agresiones documentadas por la organización internacional, las cuales son más comunes en la Ciudad de México y en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

FUENTE: DESINFORMEMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mas-de-200-agresiones-contra-medios-y-periodistas-en-el-primer-semestre-del-2016-articulo-xix/

Para evitar demandas, ¿se deberá escribir en clave?, cuestiona Meyer

CIUDAD DE MÉXICO: Para no arriesgarse a ser demandado, un observador de la vida política nacional ¿debe escribir en clave?, pregunta el historiador Lorenzo Meyer al referirse a los casos de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo, a quienes MVS y el exgobernador Humberto Moreira, respectivamente, demandaron por “daño moral”.

En su columna publicada en el diario Reforma con el título “En el país ‘X’”, Meyer reprueba el asedio contra la periodista y el académico, y destaca que la cólera por provocar “daño moral” cayó primero sobre Aguayo y luego sobre Aristegui.

“Humberto Moreira pidió a la justicia que se obligue al académico a retractarse y a resarcirle diez millones de pesos por el daño moral que le causó el que afirmara en un artículo que él, Moreira, despedía un tufo asociado a la corrupción y a la impunidad mientras gobernó Coahuila entre 2005 y 2011. Poco después el peso de ese tipo de indignación ‘moral’ descendió sobre Carmen Aristegui y, de refilón, sobre la editorial que publicó La Casa Blanca de Peña Nieto (2015). El presidente de MVS demandó a la conductora de noticias por el prólogo que escribió para esa obra y exigió que en cualquier nueva edición se suprima esa introducción que explica el sentido de la obra”, sostiene el historiador en su artículo.

En dicho prólogo, añade, Aristegui se refiere al “derrumbe moral” de los dueños de la empresa radiofónica que la echaron a ella y a su equipo del noticiero que conducía, después de haber hecho pública la existencia de la lujosa mansión conocida como la “Casa Blanca” y vendida a la familia presidencial en términos muy favorables por un contratista favorecido por los gobiernos encabezados por Enrique Peña Nieto.

“Las pruebas que los ofendidos le piden a Aguayo o a Aristegui no suelen dejar rastros, pero se pueden inferir por sus consecuencias”, refiere Meyer, y recuerda la frase del carrancista don Luis Cabrera: “yo los acuso de corruptos no de tarugos”.

“Sin embargo, algo se puede inferir de un incidente al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando el propio dueño de MVS hizo pública la forma y contenido de la presión ejercida sobre él desde la Presidencia para que obligara a Aristegui a disculparse por haber hecho una acotación en su noticiero que ofendió a ‘Los Pinos’. Si eso ocurrió por un comentario pidiendo que se aclarara el rumor sobre el gusto del Presidente por la bebida, ¿cómo habrá reaccionado esa misma instancia ante el reportaje sobre una ‘Casa Blanca’ de siete millones de dólares?”, pregunta.

Incluso, sugiere que para evitar demandas por daño moral –por ejemplo en el caso de la casa blanca de EPN– se hable entonces en clave:

“A inicios del siglo XXI, en un país X, el gobernador E de un estado importante, y donde un mismo partido había gobernado ininterrumpidamente desde 1929, tuvo un contratista favorito que en poco tiempo acumuló una fortuna notable. Con el correr del tiempo, muchas maniobras y buena suerte, ese gobernador logró unir a los fragmentos de su partido que tras 71 años en el poder, lo había perdido a nivel nacional. Una buena dosis de recursos de origen legítimo, pero también oscuro, más los errores y la corrupción del partido que había desalojado de la casa presidencial al viejo partido autoritario, le permitieron a E recuperar la Presidencia.

“Para cuando E asumió la Presidencia y dio nuevas encomiendas a las empresas de su contratista favorito, éste había construido una lujosa residencia en la capital que vendió en condiciones muy favorables a la consorte de E para que fuera el hogar familiar cuando concluyera el periodo presidencial. Cuando un equipo de periodistas documentó e hizo públicos los términos de esta transacción, se desató un escándalo de tal magnitud, que la pareja presidencial debió renunciar a la mansión. Pero los periodistas que sacaron a la luz todo el asunto fueron echados de la empresa donde trabajaban, y éstos y la opinión pública atribuyeron el hecho a una venganza de los afectados… etcétera, etcétera”.


Y remata: “Un ejercicio de la crítica hecho en los términos anteriores o en alguna variante resulta ridículo e indigno para su autor, para el lector y para el país mismo. Sin embargo, además del silencio y en las circunstancias actuales es válido preguntarse: ¿hay en la actualidad otro camino para no correr el riesgo de terminar demandado y asediado?”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448989/evitar-demandas-se-debera-escribir-en-clave-cuestiona-meyer

Piden Amedi y Artículo 19 cesar acoso judicial contra Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO: En respuesta a la demanda por daño moral que interpuso Joaquín Vargas (presidente de MVS Comunicaciones) contra Carmen Aristegui, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la organización Artículo 19 exigieron cesar el acoso judicial contra la periodista.

Vargas no sólo demandó a Aristegui, sino también a la empresa editorial Penguin Random House, y exigió al conglomerado editorial la supresión del prólogo de 43 páginas del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno”, escrito por aquella.

La Amedi llamó a cesar de inmediato cualquier tipo de hostigamiento jurídico o de otra índole desde el gobierno o las empresas, “con la intención de intimidar, perseguir y/o coartar la libertad de expresión de cualquier periodista, comunicador o empresa editorial”.

Sobre la pretensión de Vargas de suprimir el prólogo del libro, destacó que la denuncia contra Aristegui “ha logrado que se difunda y conozca aún más, pero queda patente el intento por censurar una investigación de indiscutible interés público nacional e internacional”.

Y recuerda a quienes ocupan un cargo público o explotan bienes de la nación “que su desempeño se encuentra bajo escrutinio, que están obligados a rendir cuentas y a transparentar sus actividades, propiedades y el uso que hagan de los recursos públicos”.

Añade: “Los periodistas ejercen su derecho de acceso a la información y su libertad de expresión a través de los medios de comunicación para brindar un servicio público e informar a la población porque es la sociedad la que tiene el derecho inalienable a saber. Esta labor social de los periodistas no sólo debe ser fomentada sino salvaguardada y protegida por el Estado y las empresas, porque una democracia requiere medios y periodistas libres, independientes y críticos, capaces de indagar y exhibir cualquier abuso de poder, aunque termine molestando o incomodando a quienes aluda”.

La Amedi hace un llamado para que cese de inmediato el hostigamiento judicial y se retire la demanda intimidatoria por daño moral en contra de Aristegui y la editorial. “No existe daño sino beneficio social cuando un conjunto de periodistas indagan, documentan y publican temas que a todos nos interesan y que involucran a autoridades”.

Por su parte, Artículo 19 recuerda que la demanda de MVS ocurre en un contexto de acoso judicial por parte de la empresa contra la periodista, quien en el marco de las investigaciones de la Casa Blanca salió del aire en marzo de 2015. “Desde entonces la periodista está enfrentando una serie de litigios contra la empresa en la que se suma esta demanda en su contra por daño moral”, apunta.

La organización denuncia que las acciones legales por parte de MVS en contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación no solo configuran un límite injustificado a la libertad de expresión y un claro mecanismo de censura indirecta, sino que el tema debe verse a la luz del interés público.

“En efecto, no podía alegarse libertad contractual y de empresa, tratándose del uso del espectro radioeléctrico, bien público del cual la empresa de comunicación es un concesionario. Por esa razón, la empresa tiene una obligación reforzada de proteger y garantizar la libertad de expresión”, apunta.

Y califica de “especialmente preocupante” que el acoso judicial en contra de periodistas en la Ciudad de México sigan en aumento, ya que apenas la semana pasada –precisa– se dio a conocer que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, interpuso una demanda por daño moral contra Sergio Aguayo, columnista y académico, “con lo cual se da cuenta del constante hostigamiento que sufren los comunicadores al buscar censurar el contenido de sus opiniones expresadas en distintos medios”.

De acuerdo con Artículo 19, la intención de la empresa MVS de evitar la divulgación del prólogo del libro “por cualquier medio” genera una afectación en la esfera de derechos de sociedad en general.

De igual manera, recuerda al Poder Judicial de la Ciudad de México que los jueces que conozcan de las demandas interpuestas en contra de periodistas “deben observar sus obligaciones impuestas en la Constitución de nuestro país en materia de derechos humanos, interpretando en todo momento las normas de conformidad con lo que disponen los tratados internacionales y de acuerdo al principio de mayor beneficio en favor de los comunicadores”.

En este caso, añade, no son únicamente intereses privados los que están en pugna, sino el goce y vigencia del derecho de toda la sociedad a recibir información y conocer las opiniones expresadas.


Finalmente, destaca la importancia de recalcar que las decisiones adoptadas por las empresas de comunicación respecto a la búsqueda, recopilación y difusión de información trascienden al ámbito privado, “puesto que determinan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a partir del uso de un bien público de interés general, como lo es la concesión de la que es beneficiario MVS”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448488/piden-amedi-articulo-19-cesar-acoso-judicial-contra-aristegui

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.


Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCION
LINK: http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

México es el país de AL donde más periodistas han asesinado en lo que va del año: RSF

De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, América Latina se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer la profesión de periodista, situación debida mayoritariamente por el grado de violencia, la corrupción y la impunidad presentes en los países de la zona. Tan sólo en lo que va del año se han registrado 21 asesinatos, cifra encabezada por México, país que en los primeros seis meses de 2016 registró 9 homicidios a periodistas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló hoy que en el primer semestre ha registrado 21 casos de periodistas asesinados en Latinoamérica, un “balance catastrófico” en el que los más afectados son México y Guatemala.

Esa cifra, según su comunicado, se explica por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de estos, “pero, sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona”.

RSF destacó que América Latina se ha convertido en una de las regiones “más peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística”, pese a que ninguno de los países donde se han apuntado esas muertes está “oficialmente en guerra”.

México encabezó el listado con 9 asesinatos, seguido por Guatemala (5), Honduras (3), Brasil (2), Venezuela (1) y El Salvador (1).

Todos ellos, según su análisis, padecen una fuerte violencia estructural, relacionada en parte con la omnipresencia de grupos armados.

RSF recalcó que en la mayoría de los casos aún se desconoce con exactitud el móvil del crimen, porque a menudo las investigaciones judiciales, cuando se abren, “se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas”.

“Más que nunca, la impunidad de estos crímenes sigue estando en el centro de un círculo vicioso y de una desvalorización permanente de la profesión”, dijo la ONG.

La organización explicó que esas muertes suelen darse en regiones alejadas de las grandes ciudades y en periodistas que cubren temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la corrupción.

En ocasiones las víctimas ya habían denunciado amenazas tras efectuar investigaciones o después de difundir información, y suelen ser asesinadas por sicarios en la calle, cerca de su domicilio o trabajo.

Cuando se cierne la duda, las autoridades descartan lo más rápidamente posible que el motivo esté relacionado con la profesión del fallecido, cuestionan la calidad de su trabajo e incluso pueden decir que existían nexos con grupos criminales locales, lamenta RSF.

El responsable de RSF en Latinoamérica, Emmanuel Colombié, indicó que si a las muertes se suman las “innumerables agresiones”, los secuestros, desapariciones forzadas, amenazas y casos de hostigamiento judicial, puede constatarse “el clima de terror que viven los periodistas”.

Aunque la ONG saludó la creación en Colombia y México de mecanismos nacionales de protección, destacó que “no logran cumplir su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de independencia frente al poder político”.


Reporteros recordó que los Estados deben prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada, y pidió a los dirigentes “su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3063028

Litigio de Lucía Méndez, se convierte en amenaza contra la libertad de expresión

En atención a varios recursos interpuestos por la defensa de la actriz Lucía Méndez, que se consideró difamada por un periodista de espectáculos, la Suprema Corte echó abajo varios artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para el DF. Esa decisión jurídica permite ahora que quien se sienta afectado por algún trabajo periodístico tenga derecho a pedir reparaciones millonarias. Así, la libertad de expresión quedará severamente golpeada.

CIUDAD DE MÉXICO: Una controversia entre la actriz y cantante Lucía Méndez y el periodista de espectáculos Javier Parra Cortés, conocido como Alex Kaffie, devino un riesgo adicional para los periodistas en la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino a petición de la intérprete y decidió echar abajo los artículos centrales de la ley que durante una década había protegido a los periodistas de la capital del país del pago millonario a quien se sienta afectado por el ejercicio periodístico.

El pasado 4 de mayo, la Primera Sala declaró inconstitucionales los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada el 19 de mayo de 2006 por el entonces jefe interino de gobierno y actual senador Alejandro Encinas.

El caso Sosa

La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó esa ley como resultado de la demanda del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, autor, éste último, del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

La demanda, enderezada en 2004, poco después de publicado el libro, incluyó al columnista como autor del prólogo. Granados Chapa, quien falleció en 2011, logró ser absuelto. Pero Rivera Flores, después de un largo litigio, fue condenado a pagar cerca de medio millón de pesos.

Los asambleístas capitalinos aprobaron esa ley de responsabilidad civil con la idea de proteger a los periodistas de ese tipo de exigencias económicas en casos en que sean condenados judicialmente a una reparación de daño, y puso como tope 350 salarios mínimos, que ahora se establece a partir de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente.

Ese principio está por desaparecer con la resolución de los ministros de la Primera Sala. Sólo es cuestión de tiempo. Basta con que se acumulen más casos como la demanda de la intérprete para que el presidente de la SCJN inicie, a partir de ellos, el procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad. Por ahora la resolución sólo beneficia a Lucía Méndez.

La actriz y cantante demandó a Parra Cortés por los comentarios que hizo sobre ella en distintas ocasiones en los programas de espectáculos Hoy, de Televisa, y Todo para la mujer, de Telefórmula, así como en su columna del diario BASTA!, en los que la denostó de forma reiterada.

La demanda la presentó el 5 de noviembre de 2013 y el Juzgado 69 de lo Civil en el Distrito Federal dictó en junio de 2014 una sentencia absolutoria a favor de Alex Kaffie. Lucía Méndez apeló y, un año después, la Sala 12 de lo Civil en el DF revocó la sentencia del juez de primera instancia y estableció que sí hubo daño moral en los reiterados dichos del periodista.

Pero los magistrados de la Sala determinaron que como reparación del daño sólo se publicara la sentencia en los programas de radio y televisión y en el periódico donde Javier Parra se había referido a la actriz.

Con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, los magistrados absolvieron al periodista de algún pago por indemnización.

Inconforme, Lucía Méndez interpuso en diciembre de 2014 un amparo contra el fallo de la 12 Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El caso llegó entonces al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, que en mayo de 2015 le negó la protección de la justicia federal.

La defensa de la actriz interpuso entonces un recurso de revisión ante la SCJN, que después de casi un año decidió otorgarle el amparo. Aunque los ministros no le concedieron todo lo que quería.

La defensa de la actriz pretendía que la Corte declarara también como inconstitucional el artículo 7 de la ley capitalina. Esa disposición se refiere a la condición en que se encuentran las personas púbicas para ser objeto de un mayor escrutinio de los medios de comunicación.

La ley define como una figura pública a quien posee notoriedad colectiva, sin necesidad de que ostente un cargo público. También a aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, como lo hacía Marta Sahagún, cuando era la esposa del entonces presidente Vicente Fox, razón principal por la que perdió la demanda que interpuso contra este semanario en 2005 (Proceso 1488).

Según la defensa de Lucía Méndez, la definición de figura pública en la Ley de Responsabilidad Civil es discriminatoria y viola el derecho a la igualdad. Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala señalaron que ese criterio es de aplicación internacional y que forma parte de las jurisprudencias de la propia Suprema Corte. Reiteraron que, en aras de la libertad de expresión e información, la vida privada de las figuras públicas tiene un mayor nivel de escrutinio.

Fuera de eso, la defensa de la actriz logró echar abajo los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley.

Tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –presidente de la Primera Sala y ponente del caso–, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes decidieron darle el amparo a la actriz y cantante para que se revise el tema de la indemnización.

Los ministros concedieron que en la Ciudad de México se debe reponer la figura legal de reparación de daño por medio de un pago económico cuando los periodistas rebasen los límites de la libertad de expresión aceptados internacionalmente, como difundir información a sabiendas de que es falsa y hacerlo con el único propósito de dañar.

Los ministros se refirieron a la intención específica o “negligencia patente” de emitir información con “malicia”; es decir, que la información haya sido emitida “con la intención de causar daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos”.

Hasta ahora, el artículo 39 de la Ley limita la reparación del daño a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que dieron lugar a la afectación de lo que describe como patrimonio moral.

La ley impugnada cancela, en su artícu­lo 40, la posibilidad de que un periodista sea encarcelado por haber causado ese tipo de daño. Dice: “En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las persones”.

Pero al restablecer el pago indemnización, prohibido en el artículo 41 de la Ley, los ministros de la Primera Sala interpretaron que esa limitación constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil señala expresamente que cuando no se pueda resarcir el daño mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria al periodista, la indemnización se fijará tomando en cuenta la mayor o menor divulgación del acto ilícito, las condiciones personales de la víctima y demás circunstancias del caso.

Pero dice que “en ningún caso” ese pago deberá exceder de 350 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Esa multa no incluye los gastos y costas del juicio.

Para la Suprema Corte, estas disposiciones son contrarias al artículo 63.1 de la CADH, según el cual los Estados están obligados a garantizar el derecho o libertad establecidos en la Convención y que deberá disponer, si es el caso, “que se reparen las consecuencias… (de la violación)… y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

En la interpretación de los ministros, el Estado mexicano, y en este caso el Poder Legislativo, tiene que diseñar “sistemas de reparaciones integrales” y no “como lo hace desacertadamente la Ley” impugnada por la defensa de Lucía Méndez.

Abundan en que es un “vicio” de la norma dejarle al juez la opción de no fijar una indemnización.

“Esta Corte considera que la única forma en que el régimen de reparaciones impugnado pueda ajustarse… (a la Constitución)… es estableciendo ambas formas de reparaciones; es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida la expresión que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización”, dice el fallo categórico de los ministros de la Primera Sala.

Respecto de los montos, dijeron que no hay justificación para imponer un máximo porque “esta limitante supone una vulneración del derecho humano a una reparación”. Insistieron los ministros: “Para esta Corte, limitar la indemnización a un tope máximo sin una razón que justifique tal limitante vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene inconstitucional”.

Argumentaron que el cálculo del daño es una labor complicada por las afectaciones, como el sufrimiento, el nerviosismo, la ansiedad, menoscabo de la dignidad y otras afines, por lo que “no resulta razonable que el legislador imponga una cantidad máxima”.

Al conceder el amparo, la Primera Sala de la SCJN le pidió a la Sala 12 de lo Civil en la Ciudad de México que emita una nueva sentencia para fijar “una reparación integral” y “una justa indemnización” económica.

Interpretación equivocada

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor de la Asamblea Legislativa en la elaboración de la Ley impugnada, Ernesto Villanueva, asegura que, al eliminar el tope, la Suprema Corte acabó con la razón de ser del ordenamiento que limitaba al juez para fijar multas millonarias, como la que se aplicó al periodista Alfredo Rivera.

Dice que los ministros hicieron una interpretación equivocada de la CADH, porque la reparación del daño a que se refiere es respecto de las violaciones cometidas por el Estado y no por particulares. Estima que, a partir de este fallo, lo que puede ocurrir es que los periodistas limiten su trabajo sobre los personajes públicos.

El abogado de Javier Parra Cortés, Óscar Abarca Alarcón, director jurídico de Consorcio Ejecutivo Legal, aseguró que aún no ha sido notificado por la Suprema Corte, pero que en todo caso aún no se ha determinado que Lucía Méndez tenga que ser indemnizada por su cliente. “Eso depende de la parte procesal y la parte acusadora no ha demostrado en qué consistió el daño”.

Aunque la Corte ya declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley, la Sala 12 de lo Civil tiene que establecer si procede o no reparación económica. Y aun cuando diga que sí, esa determinación se podrá impugnar, advirtió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445647/litigio-lucia-mendez-deviene-en-amenaza-contra-la-libertad-expresion

Eruviel Ávila 'bromea' con reporteros por candidatura a la presidencia, y les da regalos

En medio de la inseguridad y el rezago económico-social de la mayor parte de los municipios en el estado, Eruviel Ávila invitó reporteros a una comida por el día de la libertad de expresión, que hasta les hizo 'bromas' con lanzarse por una candidatura a la presidencia en el 2018.

“En una entrevista me dijeron, ¿Eruviel se va a lanzar o no? Y le dije con toda sinceridad, sí me voy a lanzar, voy a hacer una campaña en grande, por la salud de los mexiquenses, por la educación, por el desarrollo social, claro que si me voy a lanzar”, indicó.

Pero en ese momento hubo silencio, y después algunos de sus secretarios gritaron y lo aplaudieron, además de reporteros que eran invitados de honor y le brindaron el apoyo como si estuviera iniciando su campaña.

Ofreció regalos a los asistentes, y becas para sus hijos, además de darles 'oportunidades' para estudiar o profesionalizarse en alguna universidad en el extranjero.

Sin embargo, los periodistas en México son censurados, desaparecidos y asesinados, gracias a la inseguridad y falta de apoyo por parte de las instituciones. Un estado fallido en todas las entidades de la república, y sobretodo en materia de inseguridad.

México es el quinto lugar en asesinatos de periodistas a nivel mundial, donde se suman 114 periodistas desde el año 2000, datos dados por el Comité de Protección a Periodistas (CPJ siglas en inglés).

Además, el Estado de México lleva desde el 2007 más del 300% de inseguridad, estando en el quinto lugar nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque tuvo datos contradictorios en el 2014, que no coincidían lo enviado por la misma Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), pero después tuvo que rectificar gracias a la investigación realizada por Animal Político, agregando con los del 2015.

Con información de A Fondo Estado de México

Condena CIDH asesinato de periodista en Veracruz

Ciudad de México. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Manuel Torres González, ocurrido el 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz, e instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna en las investigaciones sobre este crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.


La Relatoría Especial exhortó a las autoridades a indagar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen estaría asociado con el ejercicio de la libertad de expresión, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables. También consideró fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

Asimismo, la Relatoría consideró que se debe evaluar de manera urgente si deben de activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Estimó esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan la coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Cuando tales delitos quedan impunes, asegura el organismo, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.

La CIDH subrayó que el crimen ocurrió en uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en México. El asesinato de Manuel Torres González es el quinto de un periodista ocurrido este año en el país.

Torres había sido corresponsal de la cadena TV Azteca y reportero del diario Noreste. Recientemente había lanzado su propio sitio web llamado Noticias MT. Falleció tras recibir un disparo en la cabeza cuando salía de una oficina pública.

FUENTE: LA JORNADA

AUTOR: ALMA MUÑOZ

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/20/condena-cidh-asesinato-de-periodista-en-veracruz

Veracruz: Denuncian amenazas contra periodistas de ‘El Mundo de Huatusco’

Aseguran que por dar cobertura a conflicto con autoridades municipales, se han registrado llamadas a las oficinas del diario, hostigamiento a sus reporteros, y hasta la compra de todos los ejemplares, por un grupo de sujetos.

Intimidación y obstrucción del derecho de la ciudadanía a la informaciónse está ejerciendo contra el periódico El Mundo de Huatusco, luego de que le diera cobertura al conflicto entre trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y autoridades municipales, informó El Mundo de Córdoba.

Desde llamadas a las oficinas del diario, hostigamiento a sus reporteros, hasta la compra de todos los ejemplares de la edición del martes por parte de un grupo de sujetos que no se identificaron, han sido las acciones contra este medio de comunicación, luego de que el lunes pasado dieran cobertura a la protesta de trabajadores de la Comisión de Agua por un presunto despido injustificado.

Pese a que el martes la edición fue retirada de la venta, esta pudo ser seguida por el sitio web de El Mundo, así como sus redes sociales, lo cual provocó nuevamente amenazas contra los reporteros.


El rotativo señala que “desde el inicio del conflicto El Mundo ha publicado puntualmente la postura de cada parte, tanto trabajadores como autoridades, porque esa es la forma de trabajo de esta casa editorial y seguirá haciéndolo esperando que existan las condiciones de seguridad tanto municipales, como estatales para ejercer la labor periodística, lo cual más que un privilegio, debe ser una garantía”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/veracruz-denuncian-amenazas-contra-periodistas-de-el-mundo-de-huatusco/

El gobierno respeta la libertad de expresión en Internet: EPN

Ciudad de México. Al reunirse con diversos emprendedores de aplicaciones diversas a través de la red en el Día Internacional del Internet, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno es plenamente respetuoso de la libertad de expresión a través de este medio que se ha consolidado. “Este es un gobierno democrático, siempre abierto a recoger buenos y malos comentarios. Para acreditarlo basta ver lo que corre en redes sociales”.

En un encuentro que fue difundido a través del portal de la Presidencia de la República con una treintena de asistentes, Peña Nieto dijo que su gobierno asume plenamente que la libertad de expresión es “el valor más preciado. Es un gobierno que cree y defiende la libertad de expresión para decir lo bueno o algo en lo que coincidamos o no”.

Peña Nieto subrayó que durante esta administración se han impulsado diversas acciones que favorecen una mayor transparencia gubernametal, mediante esquemas de gobierno abierto y datos abiertos. Se ha buscado -añadió- abrir espacios a la libertad de expresión y a una mayor participación de la sociedad.

En el diálogo que sostuvo con emprendedores en empresas digitales que igualmente subrayaron los cambios acelerados en telecomunicaciones que han permitido mayor conectividad, que cuestionaron el insuficiente apoyo financiero para apoyar la creación de mayores empresas. Peña Nieto también se refirió a la importancia que cobrara el Internet en el futuro.

-¿Está preparado el gobierno para un país con mayores niveles de educación y acceso a la información que ofrece Internet?, le cuestionó Sofía Minerves, una comediante que difunde vía Internet.


Entre broma y en serio, el presidente reconoció que los políticos son un insumo importante para los comediantes, para después subrayar que la democracia en México ha evolcionado al pasar de un partido hegemónico a una democracia con una competencia intensa y real. Subrayó que así como la sociedad ha evolucionado con una mayor participación, los gobiernos también han buscado transformarse, respetando la libertad de expresión en redes sociales donde incluso se ventilan casos de corrupción por plataformas de libre acceso. La sociedad cambia y los gobiernos también, acotó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/17/el-gobierno-respeta-la-libertad-de-expresion-en-internet-dice-pena

Detienen a reportero en Piedras Negras por tomar fotografías de un choque entre patrullas

CIUDAD DE MÉXICO: Molesto porque tomó fotografías de un choque entre dos patrullas, el director de la policía de Piedras Negras, Coahuila, José Ángel Puentes Zavala, ordenó la detención del reportero Sergio Raúl Hernández Gijón, de la emisora La Rancherita del Aire.

Los subordinados de Puentes de inmediato acataron la orden y aprehendieron al periodista que cubre la fuente policiaca y le quitaron su teléfono celular con el fin de borrar las imágenes que había tomado minutos antes.

Los hechos ocurrieron este viernes sobre la avenida las Américas y la vialidad de entrada y salida al área de estacionamiento de las patrullas, en el edificio de la corporación. En el accidente resultaron heridos dos policías municipales.

Después de esposarlo y encerrarlo en una celda por aproximadamente 40 minutos, sin explicación alguna Hernández Gijón fue liberado.


La Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila (ARCNC) condenó el hecho y exigió que se sancione a los elementos policiacos que arrestaron al reportero de la Rancherita del Aire, la estación de radio líder en noticias en el norte de Coahuila y sur de Texas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439903/detienen-a-reportero-en-piedras-negras-tomar-fotografias-choque-patrullas

Denuncia periódico El Norte intento de extorsión

MONTERREY, NL: El periódico El Norte denunció que presuntos integrantes de la delincuencia organizada interceptaron a un distribuidor en la entrada del municipio de Pesquería para demandarle una cuota para permitirle repartir los periódicos.


De acuerdo con el diario, integrante del Grupo Reforma, los delincuentes les advirtieron a sus víctimas que “si no les paga cuota a partir de hoy, no podrá más distribuir periódicos en las tiendas del municipio”.

El medio relató que, según la versión de la mujer repartidora, a las 06:00 horas del jueves se transportaba con su esposo a este municipio, 30 kilómetros al norte de la capital, para entregar ejemplares de El Norte y Metro en 12 puntos de distribución.


Hombres armados a bordo de una camioneta pick up negra sin placas los interceptaron sobre la Carretera a Pesquería, cerca del entronque con la Carretera Miguel Alemán.

“Nos dijeron que ya no podíamos entregar (periódicos) ahí, que le dijéramos al jefe de nosotros que si queremos seguir entregando, que les lleváramos una cuota”, explicó la mujer, según su dicho publicado en el impreso en su edición de hoy.

Los delincuentes no les precisaron una cifra que debían entregar, pero les advirtieron que si no daban la aportación, tendrían que atenerse a las consecuencias.

También les señalaron que los tenían vigilados, que conocían sus horarios y los escoltaron de regreso, sin permitirles distribuir su producto.

Les advirtieron que si regresaban sería únicamente para señalarles la cantidad que les pagarían de cuota.
El 3 de octubre de 2013, el mismo diario publicó que uno de sus distribuidores sufrió una amenaza similar en la zona del Arroyo La Talaverna, del municipio de Guadalupe, de parte de personas armadas que les cobraron piso, les pidieron alinearse o atenerse a las consecuencias.

“¡Y dile a tus jefes que si no se alinean se los va a llevar la ching… Pinches amarillistas!”, habría amenazado uno de los agresores, quien demandó una cuota de 3 mil pesos a la semana o, de lo contrario, lo mataría. Los 800 ejemplares que llevaba fueron tirados.

La denuncia fue presentada por los afectados, aunque no se supo en qué terminó.

Anteriormente, el 4 de febrero de 2011, a la entrada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, otro distribuidor fue secuestrado y la carga de diarios quemada.


En julio de 2012, instalaciones del norte en Nuevo León fueron objeto de ataque en sus oficinas ubicadas en las localidades de La Silla, Linda Vista y Sierra Madre. Desconocidos balearon las fachadas de los establecimientos, aunque no se reportaron personas afectadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439812/denuncia-norte-cobro-piso-a-repartidor

El diario Vanguardia denuncia intimidación, acoso y ataque cibernético en los últimos días; lanza alerta

Los ataques a Vanguardia y sus periodistas ocurren desde 2011 y van de intimidaciones y secuestros a asesinatos. La mayoría de las agresiones son cometidas por el crimen organizado, otras pudieron ser ordenadas por parte del mismo gobierno de Coahuila, pues el pasado 3 de mayo una reportera fue hostigada por dos sujetos desde que abandonó las instalaciones del portal hasta su casa. Esta periodista fue demandada por el ex Gobernador Humberto Moreira por una nota publicada en Vanguardia tras ser liberado de una prisión en España.

Desde hace unas semanas el portal Vanguardia de Saltillo y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos.

“Hacemos un llamado a la comunidad periodística nacional e internacional, a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía para visibilizar lo que pareciera un intento por mutilar la libertad y derecho para informar que desde hace 40 años venimos ejerciendo primero desde Saltillo, Coahuila, y ahora a la comunidad global con las nuevas plataformas informativas”.

Vanguardia dijo que sin la certeza del origen y responsables de estas agresiones, pero “con pleno entendimiento de las lamentables consecuencias que otros compañeros periodistas sufren en estos momentos en distintas partes del país, lanzamos esta alerta”.

Desde el pasado 27 enero diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia, al igual que a otros periodistas y comunicadores de Coahuila.

El 25 de abril, los servidores de Vanguardia fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León. Muchas de esas computadoras, al parecer, fueron ubicadas en diversas universidades. El equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

El martes 3 de mayo antes de las 21:00 horas, un vehículo con dos personas a bordo se mantuvo afuera de las instalaciones aparentemente en labores de vigilancia y espionaje.

En los primeros minutos de ayer miércoles, ese vehículo sospechoso con los dos hombres jóvenes a bordo siguió en todo su trayecto (17 kilómetros) a una compañera reportera, quien era trasladada a su domicilio por el proveedor de transporte que da servicio a la empresa desde hace años.

Todo el trayecto cerca del taxi, intimidando. Al llegar al destino, a unos 30 metros, el auto sospechoso detuvo la marcha, esperó a que la reportera ingresara a la casa, el taxista se fuera y un par de minutos después se colocó frente al domicilio unos segundos, hasta que los sospechosos se dieron cuenta de que en el lugar había más personas, se retornaron y retiraron a velocidad muy baja. Cuatro minutos después regresaron y volvieron a circular frente al domicilio a mínima velocidad casi deteniendo la marcha frente a la casa.

A partir de las 2:00 horas la reportera fue llevada a resguardo, donde permanecerá mientras no se conozca la naturaleza de la persecución e intimidación.

“No necesitamos evaluar posibilidades en este tipo de embestidas, pues en tiempos que creíamos ya en el pasado nuestros compañeros han sido perseguidos, agredidos, ‘levantados’ y secuestrados”.

Los puntos más altos de las agresiones fueron en marzo de 2011, cuando un comando armado secuestró a uno de los editores para ordenarle no publicar ni una palabra de la violencia que cimbraba la ciudad; el 29 de mayo de 2011 las instalaciones de Vanguardia fueron atacadas con una granada y sitiadas por sicarios durante más de 30 minutos; el 25 de abril del 2013 nuestro el fotógrafo de Sociales, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, fue asesinado y su cuerpo desmembrado por el crimen organizado; en marzo de 2014 otros dos editores fueron amenazados y acudieron ante la Fiscalía Federal de Delitos para Periodistas, que le asignó un botón de pánico un año después.

“Hoy queremos confiar en nuestras autoridades, en sus distintos ámbitos y competencias. En sus manos a final de cuentas está la integridad de cada uno de quienes contribuimos en esta casa editora, al igual que la de todo ciudadano”.

DEMANDA HUMBERTO MOREIRA A VANGUARDIA

La reportera perseguida la madrugada de miércoles es una joven especializada en educación y notas comunitarias y humanas; no maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

Actualmente está demandada junto con Vanguardia por Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ante la justicia civil argumenta daño moral por una nota publicada tras su liberación el pasado 23 de enero de una prisión en Madrid, España.

La demanda, que se encuentra radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Saltillo, fue notificada a Vanguardia hace dos semanas.

FUENTE: SIN EMBARGO, VANGUARDIA
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-05-2016/1656717

Libertad de expresión atraviesa etapa crítica: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a poner fin a la impunidad ante la frecuencia y gravedad de amenazas y agresiones directas contra periodistas y medios de comunicación.


En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el organismo nacional destacó que la libertad de expresión “atraviesa por una de sus etapas más críticas”, por lo que prevalece como asignatura pendiente para el Estado mexicano la obligación de garantizar la seguridad de los comunicadores en su desempeño profesional.

En un comunicado detalló que según cifras de su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha se han registrado 113 homicidios de periodistas, 20 periodistas han desaparecido desde 2005 y se han registrado 49 atentados a medios de comunicación desde 2006, “lo que da cuenta de la gravedad del problema”.

Tan solo en los cuatro primeros meses de 2016, abundó, seis periodistas han sido asesinados, “lo que debe motivar la atención de todas las autoridades del país a fin de crear un frente común para atender una problemática de suma gravedad que afecta la estructura misma del régimen democrático”.

La CNDH refirió que periodistas y medios de comunicación se han convertido en destinatarios de actos violentos en los años recientes, lo que atenta contra sus derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, está obligado a proteger.

Entre esos derechos, apuntó, “sobresale el hecho de que los profesionales de la comunicación cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración e impartición de justicia”.

El organismo enfatizó que debe reconocerse la posición de los periodistas como un sector “particularmente destinatario de agresiones y de violaciones a sus derechos fundamentales”, así como la necesidad de proteger su actividad pública en beneficio de la vida democrática del país.

El organismo señaló que esta fecha conmemorativa, establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, tiene como objetivo recordar los principios fundamentales de la libertad de expresión en el mundo.

Y esa afirmación, abundó, no se refiere únicamente al reconocimiento del derecho que tienen los periodistas, comunicadores y medios a expresarse con libertad, sino “involucra el derecho de los individuos a estar informados de manera oportuna sobre aquello que acontece en la vida pública”.

Además recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales, “y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para difundir las más diversas informaciones y opiniones.

“Ello hace necesario garantizar a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo”, subrayó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refirió, también señala que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios gocen de protección e independencia necesarias para realizar sus funciones “a cabalidad”, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad.


Asimismo recordó que el pasado 8 de febrero el Consejo Consultivo de la CNDH aprobó la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, en la que pone de relieve la situación de riesgo que enfrentan los periodistas y comunicadores en el país, y hace señalamientos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que establezcan políticas públicas que deriven en su protección.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439316/libertad-expresion-atraviesa-etapa-critica-cndh

México, un país “no libre”: Freedom House sobre libertad de expresión

Baja el país de categoría, a una en la que se encuentran países en guerra o con regímenes autoritarios.

Al igual que Cuba, Venezuela, Egipto, China, Rusia, Irán, Afganistán y otros países, México fue calificado como un país “no libre” en su más reciente informe que da cuenta de lo ocurrido en 2015 en materia de libertad de expresión. 

En un reporte anterior, México había sido catalogado como un país “parcialmente libre”. 

Este año se le puso en la misma categoría en la que se encuentran países en guerra como Siria.

Entre los hechos que llevaron a la organización a bajar de categoría al país, se encuentran los asesinatos a periodistas y ataques a medios de comunicación.

El país obtuvo un puntaje general de 64 en una escala donde 0 es el peor resultado y 100 el mejor en términos de libertad de prensa. 

El informe expone parte de la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui, en marzo 2015.

“Un episodio especialmente notorio ocurrió en marzo, cuando MVS, una estación de radio independiente, despidió a todos los miembros de Aristegui Noticias, un equipo de periodistas de investigación conocidos por investigar profundamente una variedad de temas de interés público. La compañía acusó a los miembros del equipo de investigación de la utilización de la marca MVS sin permiso para dar a conocer un nuevo sitio web, Méxicoleaks, que invita a los delatores a proporcionar de forma anónima datos sobre irregularidades gobierno.


“Los despidos se produjeron tan sólo unos meses después de que el equipo publicó un reportaje acerca de una lujosa residencia en la Ciudad de México que la esposa de Peña Nieto había adquirido de un importante contratista del gobierno, lo que provocó un gran escándalo por el aparente conflicto de intereses. Ciudadanos, periodistas y organizaciones de medios de comunicación expresaron sospechas sobre el papel de la presión del gobierno en la decisión de MVS. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que se trató de ‘una forma sutil de censura de una voz crítica'”.

INFORME EN INGLES.

El mapa donde los países en color morado son los “no libres”:

FOTP_World_Map_36x24_2016_REVISE_04232016.pdf by Aristegui Noticias

  FOTP_World_Map_36x24_2016_REVISE_04232016.pdf by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2704/mexico/mexico-un-pais-no-libre-freedom-house/

Por quinto año, México es “país no libre” para la prensa: Freedom House

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por quinto año consecutivo, Freedom House clasificó a México como “país no libre” en materia de libertad de prensa y “uno de los lugares más peligros del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.

En su más reciente informe mundial sobre la libertad de prensa, Freedom House ubicó a México en la misma categoría que Venezuela, Ecuador, Honduras, Venezuela y Cuba, en el continente americano.

En el recuento de acontecimientos de 2015, la organización destacó el asesinato de cuatro reporteros; el despido de Carmen Aristegui y su equipo de investigación tras la revelación de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto; ataques cibernéticos a sitios web de medios en línea y organizaciones de libertad de prensa, así como campañas de desprestigio contra periodistas en las redes sociales.

Como país, Freedom House destacó que en los medios prevaleció el tema de la falta de esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los subsecuentes ataques mediáticos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso, y la difusión de otros casos graves de violaciones a derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad y castrenses, como los de Tanhauto y Apatzingán, en Michoacán.

La organización, que ha mantenido colaboración con la Secretaría de Gobernación para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resaltó que a lo largo del año reporteros que dan cobertura a asuntos políticos, tráfico de drogas y corrupción gubernamental, “enfrentan riesgos cada vez más altos a su integridad física desde 2006, cuando la violencia se disparó”.

El documento, que da cuenta de que dos homicidios de periodistas ocurrieron en Oaxaca y uno en Veracruz, se detiene en el caso de Rubén Espinosa, quien fue ejecutado junto con otras cuatro mujeres en la Ciudad de México en julio “después de amenazas en su estado natal que le llevó a huir”.

Sobre el caso de Espinosa, quien fuera colaborador de la revista Proceso, Freedom House advierte que “el contexto más amplio de impunidad y la falta de protección del Estado, la inmediata desestimación de que detrás del homicidio había un móvil profesional, provocó la indignación de periodistas mexicanos”.

Al señalar que la autocensura ha aumentado sobre todo en zonas de influencia de la delincuencia organizada, la organización reprueba “la lentitud” de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer casos de agresiones ocurridas en los estados a pesar de contar con los instrumentos jurídicos para ello.

Agrega que a pesar de los avances jurídicos, “estaciones de radio comunitarias siguen sufriendo acoso ocasional de los delincuentes y las autoridades estatales”.

Entre los avances destacados, dice Freedom House, están la reforma al artículo sexto Constitucional en 2013, para darle categoría de derecho humano al acceso a internet, pero “las bandas han amenazado con asesinar a bloggers y periodistas digitales que informan sobre el crimen organizado”.

Para la organización no cabe duda que en México “los medios de comunicación y sus empleos se enfrentan a una variedad de actores interesados en manipular u obstruir los contenidos informativos, incluidos los propietarios con agendas políticas o de negocios, los principales anunciantes en busca de una cobertura positiva o neutra, funcionarios del gobierno y las organizaciones criminales”.

En la última década, advierte, “una combinación de violencia criminal y política, que refleja con frecuencia la colusión entre las organizaciones criminales y funcionarios del Estado”, ha prevalecido en la última década.

Freedom House cita informes de Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de que al menos 36 periodistas y cuatro trabajadores de los medios, han sido asesinados desde 1992, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra 107 periodistas asesinados de 2000 a 2015, y Artículo 19 documenta siete asesinatos el año pasado.

Frente a un ambiente violento, señala, los periodistas no cuentan con la protección gubernamental, por el contrario, enfrentan obstáculos para ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012.

“Los bajos niveles de financiación y voluntad política, las rivalidades burocráticas y la falta de capacitación, son algunos de los desafíos que afectan la capacidad del gobierno federal para proteger a los periodistas”, evalúa Freedom House.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/438694/por-quinto-ano-mexico-es-pais-no-libre-para-la-prensa-freedom-house