Condenan SIP y CNDH asesinato de Francisco Pacheco Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenaron el asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán este lunes en Taxco, Guerrero.

Mientras la SIP manifestó su repudio por el “doble silenciamiento” contra los periodistas “por las balas y por el sistema legal”, el organismo nacional expresó su indignación e hizo un llamado a las autoridades para que “de manera urgente” realice las acciones necesarias para esclarecer el crimen, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Tras conocerse la ejecución del periodista de 55 años, el quinto caso en lo que va del año, en un comunicado la SIP exclamó un “¡basta ya!” como mensaje a las autoridades para que busquen herramientas concretas y rápidas que acaben con la violencia.

La SIP manifestó su “indignación por el ‘doble silenciamiento’ contra los periodistas, producto tanto de las balas como del sistema legal, el que permite la impunidad y la desprotección de los informadores”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, comentó: “Es indignante la zozobra que padecen los periodistas mexicanos ante la escasa acción de las autoridades y la carencia de justicia por estos casos de asesinatos, agresiones y amenazas”.

Según su dicho, “este clima insoportable de impunidad incentiva a los violentos a cometer los mismos homicidios una y otra vez, ya que cualquier delincuente o pendenciero puede silenciar a un periodista para siempre sin ninguna consecuencia”.

El “Ya basta”, añadió, es para crear “mecanismos legales a favor de la imprescriptibilidad de los asesinatos de periodistas, ya que muchos están siendo doblemente silenciados, tanto por las balas como por el sistema legal al dejarlos caer en el total olvido y la impunidad”.

La SIP hizo el recuento de los periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año: Moisés Dagdug Lutzow (20 de febrero, Tabasco), Anabel Flores Salazar (8 de febrero, Veracruz), Reinel Martínez Cerqueda (22 de enero, Oaxaca) y Marcos Hernández Bautista (21 de enero, Oaxaca).

Luego, recordó el informe sobre México, presentado en la pasada reunión de la SIP en Punta Cana a principios de abril en la que quedó consignado que desde 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han sido asesinados 109 periodistas, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, la CNDH destacó que desde las primeras horas en que se conoció el hecho, entabló comunicación con los familiares del periodista para manifestarles su pésame, apoyo y acompañamiento.

Y subrayó la necesidad de que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analice y, en su caso, “brinde todas las garantías de seguridad y protección a la familia del periodista, y de la misma forma revise el nivel de riesgo de otros informadores de la región, para prevenir cualquier ataque contra su integridad personal”.

El organismo de derechos humanos demandó a las autoridades responsables de las indagatorias agotar como línea de investigación la posible vinculación del asesinato de Pacheco Beltrán con su actividad profesional.

“Lamentablemente las agresiones contra periodistas y medios de comunicación son una realidad cotidiana indignante, lo que llevó a la emisión de la Recomendación General 24 ‘Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México’”, apuntó.

En ese documento, dijo, se da cuenta del contexto que viven los periodistas y comunicadores en el país, y se hacen recomendaciones específicas a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objeto de promover entornos seguros para los periodistas y sancionar a quienes cometan cualquier acto de agresión en su contra, para evitar la impunidad.

La CNDH destacó que la mayor parte de los homicidios de periodistas registrados en el país desde el año 2000 han ocurrido en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Tan sólo en 2016, apuntó, se registraron otros cuatro asesinatos de periodistas en México, dos de ellos en Oaxaca (Reinel Martínez Cerqueda y Marcos Hernández Bautista), uno en Veracruz (Anabel Flores Salazar) y otro más en Tabasco (Moisés Dagdug Lutzow).

De acuerdo con un reporte oficial, alrededor de las 6:30 de este lunes, Francisco Pacheco Beltrán fue atacado por sujetos armados cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Tlalchichilpa del barrio 20 de Noviembre, en Taxco, Guerrero.

El periodista de 55 años y hermano de Eric Pacheco, corresponsal de la revista Proceso en Querétaro, murió por la gravedad de las lesiones sufridas, en momentos que era atendido por socorristas en el lugar donde ocurrió el ataque.

Francisco Pacheco era un periodista de larga trayectoria y legado en la entidad, actualmente editaba el periódico El foro de Taxco y se desempeñaba como corresponsal para un diario que se edita en Acapulco y para una estación de radio de Chilpancingo.

En la madrugada de este mismo lunes estuvo muy activo en redes sociales, documentando y difundiendo los hechos violentos registrados anoche en el puerto de Acapulco, como parte de su labor periodística.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

FECHA: 25 ABRIL 2016.

LINK: http://www.proceso.com.mx/438453/basta-ya-clama-la-sip-asesinato-francisco-pacheco-beltran

El 2015 fue el año más violento contra la prensa en México: 1 agresión cada 22 horas

La organización Artículo 19 presenta hoy su informe M.I.E.D.O. sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación en 2015. La Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades con más ataques a la prensa.

En México, cada 22 horas un periodista es agredido. Este es uno de los principales datos que expone la organización Artículo 19 en su informe M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), en el que advierte que el año 2015 fue el más violento para la prensa en general, y también para las mujeres periodistas en particular.

En total, Artículo 19 documentó 397 agresiones el año pasado, incluyendo siete asesinatos de periodistas, 109 ataques físicos/materiales, y 84 amenazas, entre otros ataques.

La cifra de 397 agresiones representa un alza de 21.8% en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326, o una agresión cada 26 horas.

De hecho, subraya el reporte que se presenta este jueves 17 de marzo, en los tres primeros años de Enrique Peña Nieto como presidente –desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015- la suma de agresiones asciende a mil 073 hechos documentados, frente a las mil 832 registradas de 2009 hasta 2015. Esto es, que el 58% de las agresiones contabilizadas contra la prensa en siete años se produjeron en los últimos tres años con Peña Nieto en Los Pinos.


En cuanto a las mujeres comunicadoras, el informe advierte que se registró la cifra récord de 84 casos, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales. Desde el 2009, año en que Artículo 19 comenzó a documentar agresiones contra la prensa, nunca antes se habían contabilizado tantos ataques a mujeres periodistas. Las cifras lo constatan: los 84 casos de 2015 suponen un aumento de 33% en comparación con 2014 (63 casos); 42% más que en 2013; y 162% más que en 2012.

CDMX, con más ataques, pero Veracruz es la más peligrosa

Por zonas geográficas, el informe M.I.E.D.O. subraya que “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo” principalmente en la Ciudad de México y Veracruz, con 67 agresiones cada una. Le siguen Guerrero (56), Puebla (38) y Oaxaca (35). Estos datos reflejan que en tan solo cinco entidades en el país se concentra el 66% de las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

En el caso de la Ciudad de México, que es la entidad con más casos de agresión –especialmente por amenazas (14) y hostigamiento (14), Artículo 19 matiza que esto se debe “principalmente al abuso policial en contexto de protesta social”.

“Como la Ciudad concentra el mayor número de manifestaciones, de ahí que el deficiente profesionalismo de su policía tenga a la Ciudad de México en el primer lugar (de agresiones)”, explica Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica, quien destaca que Veracruz, a pesar de tener el mismo número de casos de agresión en 2015 que la capital del país, “es el espacio geográfico del continente más peligroso para ejercer el periodismo”.

“Durante la administración del gobernador Javier Duarte (2010-lo que va de 2016), 15 periodistas han sido asesinados, colocando a Veracruz como la entidad más peligrosa de México para ejercer el periodismo”, enfatiza Ramírez.


Asimismo, Artículo 19 apunta que a pesar de algunos intentos locales por brindar protección a periodistas en la entidad, “la realidad es que su indefensión es absoluta y el miedo de los periodistas en el estado es generalizado”, tal y como demuestra que sea el estado con el mayor número de desplazados, con 4 –de 5 casos en total-, el mayor número de asesinatos (3), y de casos de violencia sexual (2) contra periodistas.

Otro caso preocupante, expone el informe, es el de Guerrero; entidad donde el aumento de las agresiones es notable, ya que se pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, ubicándola como la tercer entidad con mayor número de registros.

“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, apunta Darío Ramírez.

Otra entidad donde el aumento de la violencia ha sido creciente es Guanajuato, donde de una agresión por año en 2013 y 2014, se pasó a 13 en 2015. Además, el año pasado se registró el primer asesinato de un periodista en la entidad.


Puebla es otro ejemplo: pasó de 3 agresiones en 2013, a 16 en 2014, y 38 en 2015. Asimismo, la entidad que gobierna Rafael Moreno Valle presentó una creciente incidencia de ataques a medios de comunicación digitales, concentrando el 30% de los 59 ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.

Funcionarios, los más agresores; reporteros, los más agredidos

En cuanto a los agresores de la prensa, Artículo 19 documentó que de 397 agresiones en 2015, los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas: 165 casos, frente a 85 en los que no se identificó al agresor, 78 de particulares, 35 del crimen organizado, y 34 de fuerzas partidistas. Los funcionarios de autoridades estatales, con 97 casos, son los más agresores. Le siguen autoridades municipales (38) y autoridades federales (30).

De hecho, en el acumulado de 1 mil 832 agresiones en el periodo 2009-2015, el 46.9% provienen de algún servidor público. 

Mientras que los comunicadores más agredidos en 2015 fueron los reporteros (183 casos), fotoperiodistas (44), directores (35), y locutores (23).

Además, Artículo 19 enfatiza que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación continúan en ascenso: 69 en 2015, frente a 60 en 2014, y 41 en 2013. Esto equivale a 24.8% de los 278 registrados en los últimos siete años.

Por primera vez, apunta la organización al respecto, la mayor incidencia de los ataques en un año se dirigieron contra medios digitales, con 32 en 2015. Los medios impresos (periódicos y revistas) le siguen, con 18.


“En contraste, durante 2014, estos últimos recibieron una mayor proporción de las agresiones, con 42, mientras que los digitales, 13”, indica el informe M.I.E.D.O., en el que, además de los datos estadísticos sobre la violencia contra la prensa, también incluye cuatro “historias del miedo”, sobre los riesgos de la profesión periodística en estados como Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTES.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/en-2015-el-ano-mas-peligroso-para-las-mujeres-periodistas-en-mexico-dice-articulo-19/

El despido de Aristegui y el amparo

A un año del despido de la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS, uno de los amparos que se presentaron por este hecho sigue con vida en tribunales y su promotor, el abogado César Enrique Olmedo Piña, confía en que se le otorgará. De obtenerlo, se definirán criterios más claros sobre los derechos de las audiencias, sus alcances y su protección.

El 7 de julio de 2015 escribí sobre el tema en Sin Embargo. En aquella ocasión comentamos que el abogado acudió a la justicia porque la anulación del noticiario que conducía Carmen Aristegui le afectaba sus derechos como parte de la audiencia, al igual que a miles de radioescuchas. Particularmente él considera que dicho espacio informativo era único por sus contenidos, ya que en la oferta actual de la radio no existe un servicio similar.

Precisa que las investigaciones periodísticas que se realizaron en el programa de Aristegui, como el reportaje de “La ‘casa blanca’ de Peña Nieto”, no las ofrecía ni las ofrece actualmente ningún noticiario radiofónico. Tampoco encuentra la visión crítica de la realidad nacional que tenía su emisión. Por eso, argumenta, habría un daño a su derecho a la información, que lleva un año sin ser reparado.

El amparo fue admitido en mayo de 2015 en el Juzgado Primero Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo el expediente 81/2015. Las autoridades emplazadas fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y MVS Radio. El 9 de noviembre, también del año pasado, el juez sobreseyó el amparo (es decir, decidió no estudiar a fondo el caso ante un defecto procesal) por una razón inaudita: el domicilio de MVS Radio, S.A. de C.V. “no existe”. Antes, Olmedo tuvo la oportunidad de emplazar o notificar por edictos a la empresa vía un diario nacional y en el Diario Oficial de la Federación, pero el costo económico era muy alto.

Al no notificar, como ya se dijo, se sobreseyó el juicio, pero se incluyó a las tres autoridades emplazadas y no sólo a MVS, lo que en la práctica mataba el amparo. Ante esto, el abogado presentó un recurso de revisión en el Primer Tribunal Colegiado y los magistrados resolvieron por unanimidad el 25 de febrero de 2016 que el juicio debía reponerse y continuar para el resto de las autoridades, es decir, para la SCT y el IFT.

Olmedo tendrá que argumentar al juez que el espacio de Aristegui era único. Cuenta con varios documentos, incluso información oficial, que podrían ayudarle en su causa. También afirma que se aprecia “voluntad jurisdiccional”, esto es, que al menos en el tribunal hay disposición y un andamiaje jurídico para resolver de forma nueva y justa, a la luz de los cambios a la regulación en radiodifusión y telecomunicaciones, así como en materia de amparo. “Si contamos con esta virtud, la expectativa es alta porque en condiciones normales debería otorgarse el amparo”.

En caso de ser amparado ¿qué gana el radioescucha? Olmedo afirma que desafortunadamente no se reinstalará a Aristegui en su espacio informativo en MVS, pero se establecerán precedentes muy importantes para la protección de los derechos de las audiencias, en varios ámbitos. Uno de éstos es la responsabilidad de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión de salvaguardar el derecho humano de libertad de expresión de los periodistas a los que contrata y garantizarlo a través de los mismos títulos de concesión. Si este derecho es vulnerado, los concesionarios pueden ser considerados como autoridades en el juicio de amparo. Esto daría un nuevo impulso a uno de los argumentos incluidos en el amparo que presentó Aristegui, pero que fue desechado en un tribunal administrativo. Como se sabe, esta resolución llevó a la periodista a presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de la justicia.

Otra consecuencia son las obligaciones del IFT en la protección de los derechos de las audiencias. Independientemente de observar, por ejemplo, si un defensor o una defensora de la audiencia cumple los requisitos para ocupar dicho cargo, el órgano regulador tendría atribuciones para supervisar si un concesionario cumple con lo estipulado en su título de concesión en lo que respecta a los derechos de las audiencias y sancionar en caso de incumplimiento. Por lo tanto, este juicio -dice Olmedo- podría definir más ampliamente los alcances de los derechos de las audiencias al fijar su contenido esencial, los sujetos obligados de respetarlos y los mecanismos para garantizarlos.

Es muy probable que el juez que analiza el amparo de Olmedo no se lo otorgue por los antecedentes descritos. El litigio continuará así en el tribunal especializado, donde uno de sus magistrados, Tron Petit Jean Claude Andre, ha manifestado en otro amparo similar al de Olmedo que el IFT no acreditó haber cumplido con su facultad de supervisar si con motivo de la suspensión del programa de Carmen Aristegui se vulneraron los derechos de las audiencias “al privarles de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, así como programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.


Este antecedente es un buen augurio para que el abogado egresado de la Universidad La Salle sea amparado y con ello se fortalezcan los derechos de las audiencias, tan subestimados hasta ahora por radiodifusores y autoridades, como el IFT, que a medio año de haber concluido la consulta del proyecto sobre los lineamientos de dichos derechos sigue sin aprobarlos y publicarlos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-03-2016/47227

Emprenden campaña difamatoria contra colaboradora de Proceso en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO: El portal informativo La Opción en Chihuahua emprendió el 1 de marzo una campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga mediante la difusión de notas informativas anónimas en las que la acusa de estar metida en líos judiciales, de haber militado en partidos políticos y de lucrar con fondos para periodistas, entre otras calumnias.

La campaña periodística generó que integrantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas exigieran en los días subsecuentes — 2 y 3 de marzo–, a Mario Trevizo Salazar, secretario de Gobierno del estado, que detuviera la embestida de desprestigio en contra de la colaboradora del semanario Proceso.

Además, pidieron que se regule la publicidad oficial, toda vez que ese medio de comunicación es uno de los más beneficiados con la publicidad gubernamental, por lo que no descartaron que la embestida provenga desde el Palacio de Gobierno, como ha sucedido con opositores al gobierno de César Duarte Jáquez.


Otro indicador no menos importante es que dicho portal de noticias ha lanzado ataques contra otros periodistas y voceros en los últimos meses.

Trevizo Salazar se comprometió a resguardar la integridad física de Mayorga y a ofrecer una postura oficial sobre el respeto hacia el trabajo de la reportera y del periodismo libre.

En la manifestación de apoyo a Mayorga, los activistas, entre quienes se encontraban defensores de indígenas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, y del Movimiento de Mujeres, recriminaron a Trevizo que el gobierno permita que se orquesten campañas de desprestigio a través de medios oficialistas como La Opción de Chihuahua.

“Controle a sus medios”, reclamó Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

El origen de la campaña contra Mayorga, de acuerdo con el Movimiento de Mujeres, fue la publicación en proceso.com.mx y la agencia APRO de la denuncia formulada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, contra el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional, el pasado 29 de febrero en el marco de su informe de actividades. Pocos medios locales hicieron eco de la querella.


Un día después, el 1 de marzo, La Opción difundió la siguiente nota sin firma.

La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.
Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito. El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.
Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.
Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.
Su periodo fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.
En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificados como delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.
Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.
Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.
Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en un auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.
En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.
Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.
Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.

Posteriormente, un grupo de periodistas se reunió también con Trevizo para manifestar su preocupación por los ataques de ese medio contra la colaboradora del semanario Proceso.

Asimismo lamentaron que el propio gobierno estatal empodere a un puñado de medios de comunicación que hacen un periodismo cómodo con el flujo de recursos millonarios por publicidad.

En el encuentro, el secretario de Gobierno reconoció la necesidad de hacer una regulación oficial y sugirió que esa iniciativa debe ser impulsada por los propios periodistas o las mismas empresas periodísticas.

El pasado 7 de marzo organizaciones civiles de esta entidad y una veintena de agrupaciones del país, lanzaron públicamente una alerta preventiva para defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.

La alerta fue dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de prevenir futuras agresiones.

Luego de hacer un recuento de las campañas de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que han sostenido en contra de defensores durante la actual administración gubernamental, Alejandra Niño, representante del Cedehm, destacó los últimos ataques en contra de las defensoras de indígenas Diana Villalobos y María Teresa Guerrero de Consultoría Técnica Comunitaria, y de Isela González, de Alianza Sierra Madre.

Las integrantes de esas organizaciones defienden, además, casos de desplazamiento forzado, asesinatos y amenazas.

La semana pasada, luego de que las organizaciones manifestaron su apoyo público a la colaboradora de Proceso, el portal La Opción atacó a las activistas Luz Estela Castro Rodríguez y Blanca Gámez Gutiérrez, a quienes acusó de exigir 36 millones de pesos para crear una cooperativa para familias de personas desaparecidas y de “lucrar con desapariciones, en serio, no tiene nombre”.

“Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata”, dijo Nuño.

Pidieron reforzar la protección de las mujeres defensoras y periodistas por parte del Estado mexicano, basadas en tratados internacionales que ha firmado.

“Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.

“Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.

“De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con 2 mil 550 millones, le sigue el Distrito Federal con 2 mil 396 millones y en tercer lugar Nayarit, con mil 726 millones”, asienta la alerta de las organizaciones.

Además, consideran que Chihuahua enfrenta diversos retos para garantizar libertad de las voces que luchan por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades por parte de las autoridades.

“No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas”.
En la alerta, los activistas urgen a adoptar medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones la labor informativa y de defensa de derechos humanos y periodistas.

También piden que se informe de la alerta de manera inmediata al gobernador, al fiscal general y al secretario de Gobierno, para que cooperen en la implementación de medidas de protección, solicitan no incentivar o tolerar las campañas de desprestigio y urgen a difundir en todos los medios que tengan publicidad contratada un boletín en el que resalten la labor positiva que desarrollan los defensoras de derechos humanos y la periodista afectada, así como pedir información a la Fiscalía General sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los ataques sufridos por beneficiarios del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares y provisionales.

La periodista Dora Villalobos dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer:

“No es posible que se calumnie a nadie (…) tenemos que tomar conciencia, preocuparnos y exigir, exigirnos como gremio, un periodismo ético. Nos preocupa mucho esta relación entre el poder y medios de comunicación porque no hay reglamentación y hay mucho dinero de por medio”, abundó Villalobos.

El pasado 6 de marzo la organización Periodistas de a Pie y media docena de agrupaciones civiles y periodistas de distintos puntos del país lanzaron otra alerta. En ella, los periodistas pidieron a Campa Cifrián, entre otras autoridades federales y estatales, iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la iniciativa de esta campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga y otros periodistas de Chihuahua.

Exigieron aplicar acciones preventivas en coordinación con la periodista, para anular la escalada de ataques y prevenir alguna agresión física que pongan en riesgo su vida y la de su núcleo familiar.

De igual forma, demandaron respetar el mandato que cada autoridad tiene para establecer garantías básicas para que el periodismo libre se pueda ejercer, particularmente el que somete a rendición de cuentas el ejercicio del poder.

“Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad (…) Lamentablemente, nuestra labor dentro del periodismo dado el clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha tenido que fusionar también con la tarea de denunciar y protegernos colectivamente ante situaciones como la que hoy alertamos”, subrayaron.

Antecedentes

En la alerta emitida a través de Periodistas de a Pie se explica que “por la virulenta redacción de la nota, nos resulta evidente que se ha activado una campaña de desprestigio a raíz de su trabajo periodístico, por parte de Osvaldo Salvador, director del portal La Opción ,quien, precisamente, protagonizó el arrebato de la presidencia del Colegio de Periodistas a finales de 2015 y ha sido señalado como posible responsable de mensajes anónimos vía correo electrónico enviados a otros reporteros involucrados en el juicio de amparo.

“La policía cibernética en su momento detectó que el origen de tales mensajes de amenaza y acoso salieron del servidor del portal La Opción, según consta en la denuncia 26046/2015 en la Unidad de Delitos de peligro con la paz, seguridad de las personas y fe pública. Tenemos conocimiento que organismos civiles de Chihuahua en solidaridad con la periodista Mayorga, realizaron diversas acciones en Palacio de Gobierno el 3 de marzo 2016 y resultaron, también, difamadas por el mismo director de La Opción en represalia, por lo que se constata que se trata de una orquestación claramente definida contra voces críticas y disidentes a la actuación gubernamental”.

Señalan además el ataque mediático se dio después de las publicaciones “El carcelero de turbio historial” a partir de la visita del Papa en ciudad Juárez y la nota “Funcionaria denuncia violencia institucional y acusa a juez de golpeador” sobre la denuncia de Emma Saldaña Lobera del Ichmujer.

“Trabajos periodísticos que dan cuenta de comportamiento institucional no adecuado y acciones de corrupción en el sistema penitenciario, por lo que la consecuencia al dedicado trabajo periodístico, lo sabemos, suele ser una campaña de hostigamiento y agresiones como la que se ha dirigido contra Patricia Mayorga”.

Luego de las alertas, La Opción publicó otra columna anónima, en la que asegura que la corresponsal no estuvo en el evento de Saldaña, pese a que hay evidencia de lo contrario porque tuvo como invitados a autoridades, organizaciones civiles y estuvieron presentes los medios de comunicación locales.

La acusa de haber copiado de otro medio, el 4 de marzo, una nota en la que se evidencian nombres de presuntos líderes de grupos delictivos que afiliaron a familiares como candidatos del PRI, que elaboró en conjunto con la reportera de otros medios, por razones de seguridad y a la que ambas entrevistaron al mismo tiempo al presidente del PRI, Guillermo Dowell.

La segunda publicación fue en la columna del mismo medio, el 6 de marzo:

La corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, ha agregado nuevas mentiras a su currículum profesional. Al menos dos, que han sido detectadas, se comentan en este espacio. La primera mentira, de esta semana, consiste en haber dicho que fue la única reportera que trató el tema de Emma Saldaña. La Fuente Móvil (es esa columna), y a las pruebas se remite, publicó la misma tarde noche del día del informe, la noticia de la polémica. El Diario de Chihuahua publicó en su edición impresa, con cintillo en portada, el mismo tema. Y decenas de digitales, amén de los electrónicos, realizaron publicaciones diversas. Con esto se cae la teoría del complot, a través de la cual, muy al estilo pejelagarto, aseguran que fue la única que hizo una publicación.

Mayorga no asistió al evento del informe, sino que, fiel a su estilo, se fusiló los datos de los medios digitales para enviar la información, un día después a la revista Proceso. La otra gran mentira fue decir que había hecho sólo ella un reportaje de los candidatos vinculados al narcotráfico, allá en la sierra. La corresponsal no viajó al lugar de los hechos, sino que se limitó a hacer copy-paste de la columna Mirone, del periódico Norte de Ciudad Juárez. No fue la única y tampoco la primera en escribir sobre el tema.

Como buitres de la información, o como zánganos del periodismo, algunos reporteros, como es su caso, se dedican a checar los digitales para cazar la nota y, tras darle una revolcada, enviarla a medios nacionales, pomposamente con su firma y cara de exclusividad, pero no engañan a nadie dentro del gremio. Les gana el protagonismo y las ansias de figurar, y para ello utilizan la paranoia y la neurosis obsesiva, que les lleva a inventar móviles que, en su afán de justificar sus yerros, hace que se crean sus propias mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433459/emprenden-campana-difamatoria-contra-colaboradora-proceso-en-chihuahua

#Aristegui, el año en que perdimos todos

CIUDAD DE MÉXICO: A mediados de 2015, tras una entrevista en su noticiero matutino de Radio Fórmula, Ciro Gómez se lamentó porque la ausencia de Carmen Aristegui no se había traducido en mayor rating para él o para otros programas radiofónicos. Al aire, Gómez comentó que “Aristegui animaba la radio en las mañanas”.


¿Animaba?, me pregunté. Como si se tratara de un circo. No tuve tiempo de decirle, pero Aristegui no “animaba” la radio. Su programa de todas las mañanas en MVS marcaba agenda informativa y representaba para millones de radioescuchas el único espacio de contrapunto frente a decenas de noticieros en medios electrónicos dominados por la uniformidad de la agenda gubernamental.

“Así es, Ciro, perdimos todos: perdió la industria, perdió la audiencia, perdieron ustedes mismos porque es un panorama de uniformidad terrible y de poca credibilidad”, le comenté al salir de su estación en Radio Fórmula.

A un año de la abrupta expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS el panorama sigue siendo desolador para la radio informativa, y una confirmación de que la censura –aún disfrazada de “conflicto entre particulares”- nunca genera “ganadores”, mucho menos en el caso de una periodista con una audiencia creciente y leal, que se ha distinguido en estos cinco lustros por remar contra corriente en el mundo de los concesionarios privados sometidos al gobierno.

A un año, es claro que perdimos todos y perdieron “ellos”. ¿Quiénes son ellos? Los que fraguaron de manera burda, ridícula, anacrónica y suicida esta forma de encubrir la venganza del peñismo por el reportaje de La Casa Blanca de EPN, quizá la mejor pieza periodística en muchos años en los medios electrónicos que tuvo el efecto de un iceberg en el Titanic del gobierno federal.

Perdió MVS al enfrascarse en un pleito rudo, distinta y distinto a aquellas maneras que simulaban apertura por parte de la familia Vargas. Quizá ganaron en otro terreno de sus negocios, pero la credibilidad perdida difícilmente se recupera.

Perdió el gobierno federal porque quedará marcado por este recurso del método de “matar al mensajero” como si así se maquillara el mensaje. El vocero presidencial Eduardo Sánchez, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, la primera dama Angélica Rivera y el mismo mandatario Enrique Peña Nieto podrán simular que no tuvieron nada qué ver. Hasta podrán lamentarse en público y en privado, pero nadie les cree. Ni ellos mismos.

Nadie les cree porque la expulsión de Aristegui del cuadrante radiofónico privado responde a su método, a su estilo y a sus huellas. Durante tres años el peñismo se ha “vengado” de sus detractores y de sus críticos, creyendo que así resolvían su severa crisis de legitimidad.

A un año, la percepción pública del gobierno de Peña Nieto no mejoró. Su responsabilidad en el caso de corrupción y conflicto de interés de la Casa Blanca es claro para la mayoría de los mexicanos. Con o sin Carmen Aristegui al frente de un noticiero matutino el nivel de crítica hacia el peñismo no ha aminorado. Ahí está el termómetro cotidiano de las redes sociales que, hasta ahora, no han podido cancelar ni callar, aunque ganas no les falten.

Perdieron Televisa y sus operadores. Por más que se hicieran al Tío Lolo, las huellas del método Televisa para intrigar, presionar y censurar están en todo el episodio de la expulsión y del litigio de Carmen Aristegui en los juzgados capitalinos. Ellos conocen bien el método porque se lo aplicaron a la misma Aristegui en la XEW y se lo aplican a sus actuales periodistas y corresponsales (que no son lo mismo que sus “conductores estelares”).

Perdieron los políticos mexicanos que convenientemente callaron la censura o hicieron lo mínimo solamente para derramar lágrimas de cocodrilo. Ahí murió también el Pacto por México y su retórica de “democratizar” los medios de comunicación.

Perdieron los millones de mexicanos que día a día tomaban a Carmen Aristegui como un referente creíble de la información. La escuchábamos no sólo por empatía sino por rigor. Como cualquier medio de comunicación o como nos sucede a los periodistas, la emisión matutina de MVS Radio podía cometer errores o enfrascarse demasiado en un tema, pero se distinguía porque era el único que lograba su cometido: generar polémica y abrir las compuertas informativas, en un panorama dominado por la cerrazón y la gacetilla al estilo López Dóriga y sus replicantes.

Minimizar la lealtad de las audiencias de Aristegui es un insulto para los propios periodistas y medios mexicanos. Sin construir audiencias ningún medio existe. Hoy no son los medios el mensaje, sino las audiencias el mensaje. Y ese es el poder de Carmen y su equipo que a un año del agravio social podrá resarcirse con la posibilidad de otro espacio informativo que no le deba el favor a un concesionario, a un político o a un empresario.

Este lunes 14 de marzo se difundirá a través de las múltiples plataformas de internet y de las redes sociales una petición #AristeguiTeQueremosAlAire. Es la demanda de las audiencias a quienes se les conculcó su elemental derecho de defender y reclamar el retorno de su espacio.


Con la expulsión de Aristegui se perdieron los “derechos de las audiencias” reconocidos en la Constitución, pero violentados todos los días por los gobernantes y concesionarios. Con su retorno al aire, quedará claro que aunque todos hemos perdido, unos perdieron más que otros en esta historia de la infamia que no se borrará en los tiempos del peñismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433412/aristegui-ano-en-perdimos-todos

Vinculan a proceso a exedil que ordenó agresión contra periodista en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto: El expresidente municipal priista de Silao Enrique Solís Arzola fue vinculado a proceso y será enjuiciado por su papel como instigador de robo calificado, amenazas y lesiones en contra de la reportera Karla Janeth Silva Guerrero y su compañera Adriana Elizabeth Palacios.


El exalcalde permanecerá preso durante el tiempo que dure el proceso, debido a la gravedad del delito del que es inculpado, determinó la juez de control de oralidad, Gloria Esther Hernández.

Además, la Secretaría de Gobierno suspenderá el Fiat de Notario de Solís Arzola mientras se desarrolla el juicio, de acuerdo con lo establecido en la Ley el Notariado del estado.


“Haz lo que tengas que hacer para parar esas notas”, habría ordenado el entonces alcalde a sus subordinados dos días antes de la agresión, un 2 de septiembre de 2014, en la escalinata del Palacio Municipal.

Solís Arzola fue detenido en su casa de Silao el viernes por la tarde, y pasó dos noches en el Cereso de Irapuato hasta la audiencia de este domingo.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana, con varios recesos. Doce horas después de que inició la audiencia de imputación y vinculación, la juez de control de oralidad Gloria Esther Hernández determinó, tras escuchar la acusación hecha por la fiscalía y los alegatos del defensor del exalcalde, que éste será llevado a juicio.

Hernández dio valor probatorio a las declaraciones señaladas por la fiscal: la de la reportera Karla Silva, así como las que hicieron en juicios abreviados Luis Gerardo Hernández Valdenegro, “Buda” y el exsubdirector operativo de la Policía Municipal, Jorge Alejandro Durán Fonseca, quienes afirmaron que fue Solís quien dio la orden de agredir a Karla.

En la audiencia estuvieron presentes el exalcalde, en su calidad de presunto responsable, así como Karla Silva y Adriana Palacios -víctimas de los delitos señalados- cometidos en su contra el 4 de septiembre del 2014 en la oficina del periódico.

En principio, la juez no admitió el incidente del amparo contra la orden de aprehensión tramitada por Solís ante el Juez décimo de distrito en Irapuato, quien en junio del año pasado declinó conocer sobre otro amparo que involucraba al entonces alcalde en funciones, argumentando que tenía una relación de “camaradería y trato cordial” porque fueron compañeros de un posgrado en la Universidad de Guanajuato.

Al efectuar la imputación de cargos, la fiscal Yolanda Domínguez dijo tener al menos 190 datos de prueba que apuntan a que el exalcalde fue instigador para que Nicasio Aguirre Guerrero, quien era el director de Seguridad Pública bajo su mando, orquestara la golpiza en contra de la reportera del periódico El Heraldo.

Entre otros datos, la fiscal mencionó declaraciones de un reportero que fue testigo del trato hostil que Solís daba a Karla Silva, y a quien el propio exalcalde advirtió también en una ocasión que “le bajara”.

Una asistente del exdirector de Seguridad Pública declaró haber escuchado cuando Solís le ordenó a éste “darle un susto” a la entonces regidora del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Vélez, quien durante el trienio fue crítica de la actuación del presidente municipal y tuvo varios diferendos públicos con él.

La fiscal también mencionó testimonios que incluso vinculan a Nicasio Aguirre –el único de los involucrados señalados que continúa sin ser capturado por la Procuraduría- con la venta de drogas y armas.

El defensor de Solís Arzola alegó que los datos de la fiscal podrían apuntar a que fue el director de Seguridad Pública, Nicasio Aguirre, el instigador de la agresión y de la amenaza (“bájale a tus notas o te va a cargar la chingada”), ya que, según dijo, no está probado que hubo una relación directa entre el exedil y los 3 autores materiales.

Sin embargo, la fiscal aludió al nivel jerárquico del presidente municipal, al que tanto el director de Seguridad como el subdirector estaban subordinados, de lo que presuntamente se habría valido Solís para los actos de ambos y de las personas a quienes contrataron.

Finalmente, al emitir su resolución, la juez Hernández describió la figura del instigador y posteriormente, declaró al exfuncionario vinculado a juicio, y como medida cautelar determinó que permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, y dos meses para la investigación complementaria por ambas partes.

Mientras tanto, en un comunicado, la dirigencia estatal del PRI se desmarcó del exalcalde, al señalar que el proceso en el que se ve involucrado Enrique Solís Arzola “es un asunto estrictamente jurídico y no del partido”.

El presidente del PRI guanajuatense, Santiago García, manifestó que a la reportera Karla Silva “se le debe de hacer justicia en el marco del derecho”, pero que Solís Arzola tiene derecho a un debido proceso “como cualquier ciudadano”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433393/vinculan-a-proceso-a-exedil-ordeno-agresion-contra-periodista-en-guanajuato

Una década de ataques contra periodistas de Proceso

Durante los últimos diez años, reporteros y colaboradores de este semanario han sido objeto de asesinatos, secuestros, amenazas y campañas difamatorias, sólo por hacer su trabajo: divulgar lo que muchos quieren mantener oculto. Todos esos ataques e intimidaciones –ocurridos en entidades gobernadas tanto por el PRI como por el PAN y el PRD– tienen algo en común: siguen impunes.

CIUDAD DE MÉXICO: Hace diez años comenzaron las agresiones y las amenazas contra reporteros y corresponsales de Proceso. Una década de impunidad frente a los asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones físicas, intimidación y difamación contra sus periodistas y colaboradores. Han sido casi 20 hechos de violencia.

Veracruz y Guerrero son los estados donde se ha registrado el mayor número de agresiones. Justo cuando se intensificó la acción armada del gobierno federal contra la delincuencia, comenzaron las agresiones a los reporteros, corresponsales, fotógrafos y colaboradores.

Además de Veracruz y Guerrero, todo tipo de agresiones han ocurrido en Michoacán, Coahuila, Oaxaca, la Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Guanajuato. Lo mismo con gobiernos del PRI que del PAN o del PRD.

La espiral no cesa. La más reciente fue la amenaza de muerte contra el reportero Álvaro Delgado Gómez, quien el martes 9 recibió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes intimidatorios, después de que en esa red social cuestionara el silencio del presidente Enrique Peña Nieto ante un asesinato más de una periodista de Veracruz.

Anabel Flores Salazar, reportera de asuntos policiales, fue secuestrada y asesinada entre el lunes 8 y el martes 9. Era colaboradora del periódico El Sol de Orizaba y exreportera del periódico orizabeño El Buen Tono, que en noviembre de 2011 fue incendiado por hombres armados.

Flores Salazar fue sacada de su casa por un grupo armado la madrugada del lunes 8, y encontrada asfixiada y semidesnuda al día siguiente en un paraje del municipio de Tehuacán, Puebla, a media hora de donde vivía. Con ese crimen son ya 17 los periodistas asesinados en la administración de Javier Duarte de Ochoa, incluido el de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, en abril de 2012.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2050, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430001/una-decada-de-ataques-contra-periodistas-de-proceso

México, primer lugar en homicidios a periodistas en AL: ONG

Ciudad de México. Ante el creciente número de agresiones y violaciones de derechos humanos a defensoras y periodistas, el papel del gobierno federal ha sido de absoluta omisión, con un mecanismo oficial de protección plagado de fallas, inoperante e incluso de desacato ante instancias internacionales, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Además, señala que con el caso de Anabel Flores Salazar suman el número de asesinatos contra una mujer periodista desde 2002, y junto con los todavía homicidios impunes de Yolanda Ordaz (2011) y Regina Martínez (2012), es el tercero ocurrido en el estado de Veracruz desde 2011, bajo el mandato del gobernador Javier Duarte, periodo en que el total de periodistas asesinados en dicho estado asciende a 17.

En un pronunciamiento, la Iniciativa Mesoamericana, integrada por 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, condenan el feminicidio de la periodista veracruzana Anabel Flores, y alerta sobre el contexto generalizado de riesgo para las defensoras y periodistas en México.

El crimen de Anabel Flores, quien fue sustraída violentamente de su domicilio y varias horas después encontrada muerta con evidentes huellas de tortura, se produjo después de que el pasado mes de noviembre el gobierno de Veracruz firmara el convenio de colaboración interinstitucional para instrumentar un programa de protección a periodistas en esa entidad, el cual demostró no servir.

La IM-Defensoras afirmó sin embargo, que esta situación  no es un hecho aislado. México ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas en América Latina y el séptimo a nivel mundial, según en el Balance 2015 de periodistas asesinados en el mundo, realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

La propia Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México documentó entre 2012 y 2014 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, con una cada vez más preocupante tendencia al alza: 118 en 2012, 189 en 2013, y 308 en 2014, mientras que en 2015 se estima que el número se acercó a los 400 casos.

La Iniciativa Mesoamericana exigió a las autoridades competente que se investigue debidamente el feminicidio de Anabel Flores Salazar, así como el del resto de mujeres y defensoras asesinadas en México y cuyos crímenes permanecen en la impunidad, y que se garantice y se implementen las condiciones para que, desde una perspectiva de género, todas las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos puedan ejercer de manera libre y segura su labor.


Además, solicitó que se cumpla e implementen todas las recomendaciones dictadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres defensoras y periodistas para que sea garantizada su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/15/mexico-primer-lugar-en-homicidios-a-periodistas-en-al-im-defensoras-4403.html

Niega Roger Arellano amenazas contra corresponsal de Proceso en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO: El exdiputado local perredista, Roger Arellano Sotelo negó haber amenazado de muerte al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, al afirmar que el miércoles pasado no estuvo en Chilpancingo.


También, acusó al reportero de inventar el hecho para “hacer eco de la protesta”, en referencia a la manifestación que una veintena de trabajadores de diferentes medios de comunicación realizaron frente a la sede del Congreso local, al sur de la capital de la entidad, para exigir justicia por el asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores.

Esta mañana, el también exalcalde de Acapetlahuaya, señalado por sus presuntos nexos con la delincuencia, fue entrevistado en el espacio de noticias de la radiodifusora Capital Máxima donde se limitó a negar todo lo ocurrido ayer por la mañana.

“Nunca estuve en Chilpancingo, nunca pasé por el Congreso, tampoco tengo un Jetta azul y desconozco de dónde saca el reportero esos señalamientos de la amenaza de muerte”, afirmó Arellano Sotelo.

Ello a pesar de que existen pruebas de que al menos una decena de reporteros vieron al exdiputado local perredista acercarse en un auto a la protesta frente al Congreso y escucharon la amenaza de muerte que lanzó contra el corresponsal de Proceso.

Incluso, el periódico El Sur difunde una fotografía en su edición de este jueves donde se observa al exalcalde a bordo de su auto frente al reportero que aparece de espaldas en la imagen durante el momento del incidente registrado ayer por la mañana.

Al respecto, Arellano afirmó que él radica en el municipio de Acapetlahuaya y que solo viaja a Chilpancingo esporádicamente para revisar “gestiones” que dejó pendientes durante su periodo como diputado local en la pasada legislatura que fue del 2012 al 2015.

El perredista dijo que el miércoles pasado estaba en Acapetlahuaya, municipio ubicado en la zona norte de la entidad, cuando se enteró por familiares y amigos “que estaban tomando”, acerca de la noticia donde lo acusaban de amenazar de muerte a un reportero.

“Cuando yo supe la noticia, dije voy para allá (Chilpancingo). Le hablé a algunos compañeros periodistas y me dijeron ven a aclararlo brother. Tal vez no he sido santo de su devoción de Ezequiel Flores y yo creo que por eso saca las notas en Proceso o no sé si lo tomó para hacer eco de la protesta”, expresó Arellano.

A pesar de los testimonios y evidencias, el exalcalde insistió en decir que el miércoles por la mañana no estuvo en Chilpancingo y mucho menos había pasado en un auto azul marino tipo Jetta frente al Congreso y, en consecuencia, eran una mentira los señalamientos sobre la amenaza de muerte contra Ezequiel Flores.

Arellano recordó que en 2012, el semanario Proceso publicó un reportaje de Ezequiel Flores titulado “Guerrero: Contagio narco de autoridades” donde se advierten los presuntos nexos de perredistas de la zona Norte, entre ellos Roger Arellano, con el grupo delictivo La Familia.

Al respecto, dijo que la información que fue confirmada en su momento por el exgobernador Ángel Aguirre, tuvo como propósito dañar su imagen por un tema de “publicidad o para vender más la revista”.

Arellano aseguró que en ese entonces abordó al reportero para reprochar el hecho de la siguiente manera:

“Oye Cheque es injusto y no se vale que me estés calumniando de esa manera, si tienes pruebas preséntalas ante las autoridades pero no se vale que nos estés metiendo en ese rollo porque pones en riesgo a mi familia”.

No obstante, el exdiputado local dijo sin explicar el motivo, que decidió no enviar una carta a la edición del semanario Proceso para deslindarse de los señalamientos públicos que existen en documentos oficiales sobre sus presuntos nexos con la delincuencia.

“Nuca le reclamé, tal vez eso fue lo que le ofendió en ese momento, no se lo hice como amenaza, solo le dije que cuidara los comentarios en la revista”, expresó Arellano para justificar el hecho de no proceder legalmente contra la información difundida hace cuatro años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429720/niega-rogel-arellano-amenazas-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero

“Criminalizar a periodistas asesinados es cobarde”: reporteros de Veracruz

Periodistas del estado exigieron en una carta detener "la pesadilla" de agresiones en contra de la libertad de expresión y que se haga justicia respecto al asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.

Periodistas de Veracruz pidieron en una carta que se deje de criminalizar a sus compañeros de gremio que han sido asesinados, como el caso de la reportera Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en el estado de Puebla.

“Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno”, indicaron los reporteros en la carta, difundida en medios estatales.

En un comunicado, el 8 de febrero de pasado, la Fiscalía de Veracruz indicó que seguía diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de la reportera Flores Salazar.

Entre ellas, una sobre “sus probables vínculos” con Víctor Osorio Santacruz, el Pantera, detenido por elementos del Ejército, como presunto integrante de un grupo del crimen organizado.

La carta de los reporteros incluye una serie de cuestionamientos respecto a lo ocurrido a Flores Salazar:  “¿Cómo se puede entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia no lo detecten? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión?”

En otro punto, los periodistas preguntan por qué los funcionarios de gobierno siguen cobrando por realizar una “pésima” función pública.

“Exigimos que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar. Dejen ser omisos y paren esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres. Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir”, se lee en su documento.

“¿No quieren que escribamos tragedias?, Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos? Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa solo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, solo anotamos”, agregaron.


Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, de acuerdo con los reportes de organizaciones como Artículo 19. En este momento, hay cuatro periodistas con reporte de desaparición en esa entidad: Jesús Mejía Lechuga de Radio MS Noticias, Gabriel Fonseca de El Mañanero Veracruz, Miguel Morales de Diario de Poza Rica, y Sergio Landa de Diario Cardel.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/reporteros-de-veracruz-piden-a-las-autoridades-no-criminalizar-el-caso-de-anabel-flores/

El periodista de Proceso, Álvaro Delgado, recibe amenazas en Twitter: “estás sentenciado”, le dicen

El reportero especializado en el PAN retuiteó las fotografías con mensajes de intimidación que le han llegado en las últimas horas y en las que se le asegura que lo tiene vigilado y que ya “está sentenciado”.

El periodista del semanario Proceso, Álvaro Delgado Gómez, dio a conocer las amenazas de las que ha sido víctima a través de redes sociales.

El reportero especializado en el Partido Acción Nacional (PAN) retuiteó las fotografías con mensajes de intimidación que le han llegado en las últimas horas y en las que se le asegura que lo tiene vigilado y que ya “está sentenciado”.

Algunas de las cuentas desde las que se han enviado los mensajes intimidatorios son de reciente creación y en el caso de @IslamicSida ha enviado mensajes en contra de medios como Radio Zapote y del ex Diputado federal Gerardo Fernández de Noroña.


Colegas del gremio periodístico han difundido la situación a través de la misma red social.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-02-2016/1617996

Desde 2003 van 23 periodistas desaparecidos en México, en promedio, dos por año: informe

Tamaulipas, Veracruz y Michoacán concentran el 65% de los casos ocurridos en 12 años. El 96% de las desapariciones corresponden a reporteros que cubrían temas de corrupción y crimen organizado, según la organización Artículo 19.

Desde el 2003 un total de 23 periodistas han desaparecido en México, en promedio dos cada año, sin que hasta el día de hoy alguno haya sido localizado. El 96 por ciento de los periodistas desaparecidos trabajaban en temas de corrupción y delincuencia con posibles autoridades involucradas.

Tres estados del país, Tamaulipas, Veracruz, y Michoacán concentran el 65 por ciento de los casos de periodistas desaparecidos. Hay otras siete entidades que también registran casos de por lo menos un reportero cuyo paradero es desconocido. El 2010 ha sido el peor año hasta ahora con seis desapariciones.

El Informe “Periodistas Desaparecidos en México” que hoy presenta la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, advierte que no hay otro país en el mundo que registre más casos de periodistas desaparecidos, lo que se agrava por la falta de resultados en las investigaciones de los casos.

Según la organización, aunque es claro que existe “un patrón” en la desaparición de la mayoría de los periodistas por los temas que cubrían, e incluso porque varias víctimas recibieron amenazas previas, las autoridades estatales y federales han mostrado resistencia incluso para reconocer que el trabajo de los periodistas es la causa detrás de la desaparición de todos ellos.

“Los patrones identificados confirman las deficiencias en el tratamiento dado por las autoridades mexicanas. Es decir, ignoran u ocultan de manera sistemática los nexos causales entre la actividad periodística y el papel de las autoridades y particulares en la desaparición de los periodistas. De esta menara sostenemos que la mayoría de las desapariciones son forzadas en tanto no se descarte este supuesto en las investigaciones” dice el informe.

Cabe señalar que de acuerdo con el informe, el 2010 ha sido el año con el mayor número de periodistas desaparecidos con seis. Tres casos han ocurrido en el actual sexenio aunque en 2015 no se tiene registro de alguno.


Sin embargo, apenas este 7 de febrero – posterior al cierre del informe – se reportó la desaparición de la periodista Anabel Flores Salazar, luego de que presuntamente fue sacada de su domicilio en Veracruz pro varios sujetos armados. Se trata del primer caso ocurrido desde 2014. La periodista cubría temas de seguridad al igual que la mayoría de las otras víctimas de los últimos doce años.

Silencio forzado

De acuerdo con los datos de Artículo 19, entre el 2003 y 2015 se tiene un registro de 23 periodistas desaparecidos y que actualmente permanecen sin ser localizados. Algunos casos  como el del reportero Moisés Sánchez, que fue víctima de desaparición forzada y luego su cuerpo fue localizado, no se incluyen en ese listado.

El informe destaca que 15 de los 23 periodistas desaparecidos cubrían asuntos de delincuencia organizada mientras que siete de las víctimas también abordaban temas de corrupción. Es decir, el 96 por ciento de los reporteros trabajaban o estaban especializaos en ese tipo de temas antes de su desaparición.

El informe también resalta que el 23 por ciento de las víctimas investigaban el posible vínculo de autoridades militares, federales o estatales con grupos del crimen organizado. En el caso específico de cinco periodistas hubo amenazas previas de personas desconocidas y en otros dos casos las advertencias vinieron directamente de militares o policías municipales.

De acuerdo con Artículo 19, estos datos  son suficientes para que en todos los casos se investigue el posible involucramiento de las autoridades.

“Sin importar el orden de gobierno, la participación y/o tolerancia de agentes estatales en torno a la desaparición de periodistas en México, es indicio suficiente para exigir que una de las principales líneas de investigación sea la conexidad entre la desaparición, el tipo de cobertura y los sujetos afectados por la búsqueda y difusión de la información” señala la organización.

Tamaulipas es la entidad que registra el mayor número de casos con seis periodistas desaparecidos. Se trata de los reporteros Pedro Arguello, Miguel Ángel Domínguez y Guillermo Martínez Alvarado, del periódico El Mañana; así como Amancio Cantú y Guadalupe Cantú de La Prensa. Todos ellos desaparecidos desde el 1 de marzo del 2010.

A ellos se suma María del Rosario Fuentes del portal Valor por Tamaulipas, desaparecida desde el 15 de octubre del 2014.

Veracruz junto con Michoacán son los otros dos estados con el mayor número de casos, con cuatro cada uno, aunque con el caso ocurrido esta semana de Anabel Flores, la entidad que gobierna Javier Duarte ya sumaría cinco.

Los periodistas desaparecidos en Veracruz son Jesús Mejía Lechuga de Radio MS Noticias, Gabriel Fonseca de El Mañanero Veracruz, Miguel Morales de Diario de Poza Rica, y Sergio Landa de Diario Cardel.


En Michoacán las víctimas son los reporteros José Antonio García Apac de Ecos del periódico La Cuenca, Mauricio Estrada Zamora de La Opinión de Apatzingán, María Esther Aguilar de Cambio de Michoacán, y Ramón Ángeles Zalpa de Cambio de Michoacán.

Muchas manos, cero resultados

El informe destaca que aun cuando existe a nivel federal la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  que se especializa en investigar delitos contra periodistas, y que se suma a las Procuradurías de cada estado que también tienen facultades para hacerlo, los casos de desaparición de reporteros, al igual que ocurre con los homicidios, permanecen generalmente impunes.

“Un común denominador es la carencia de investigaciones, y la impunidad de los delitos es constante: tanto en los primeros casos de periodistas desaparecidos como en el más reciente, a pesar de que los ministerios públicos tienen conocimiento de los hechos, se desconoce el estado, avance y/o resultados de las investigaciones -en caso de que existan- , así como las acciones para dar con el paradero de las víctimas” señala el informe.

Artículo 19 advierte especialmente que la existencia de la propia FEADLE, en lugar de convertirse en un canal para la resolución de los casos, se ha vuelto en varias ocasiones en otro paso burocrático pues no atrae las indagatorias y en algunos casos las duplica.

La existencia de dos averiguaciones en el nivel federal y local, advierte el informe, genera una duplicidad de funciones y de actuaciones que ponen a las víctimas indirectas (los familiares) en una revictimización constante.

Como ejemplo el estudio señala el caso de Moisés Sánchez, quien fue secuestrado a principios de enero de 2015 y casi un mes después se encontró su cuerpo sin vida. Tanto a nivel estatal como federal se “investigó” el caso pero las respuestas o llegaron tarde, o simplemente no llegaron.

Por ejemplo, el análisis destaca que la Fiscalía de Veracruz se tardó doce días en iniciar las investigaciones del caso y hasta el día de hoy no ha recopilado los videos del C4 que registraron la ruta del plagio del periodista, La FEADLE por su parte prefirió invertir dos semanas iniciales clave en indagar si Sánchez era o no periodista antes de ponerse a averiguar lo que había ocurrido.

La colaboración entre ambas autoridades para solucionar este caso fue nula, de acuerdo con el estudio.


El que los casos de las desapariciones de los periodistas no se resuelvan, destaca Artículo 19, genera un daño triple: No se detiene a todos los probables responsables; no se logra localizar a las víctimas; y no se esclarece el motivo por el cual se privó de su libertad (y posiblemente de la vida).

Tras un año, un nuevo caso

El informe “Periodistas Desaparecidos en México” arroja que en 2015 no se registraron casos de periodistas desaparecidos. No obstante, en el arranque de 2016 la historia es distinta.

Este 8 de febrero se reportó la desaparición de la periodista Anabel Flores quien, según la información oficial dada a conocer por la Fiscalía de Veracruz, fue sacada de su domicilio en el municipio de Mariano Escobedo por personas armadas y con uniformes similares a los de los soldados.

En su comunicado, la fiscalía dijo que había varias líneas de investigación abiertas en torno al caso de la reportera que cubría temas de seguridad, pero afirmó que también se indagarían “los vínculos” de la comunicadora, entre ellos una supuesta reunión con un presunto narcotraficante apodado “El Pantera” en 2014.

Artículo 19 emitió ayer una alerta para que el caso sea resuelto y lamentó el pronunciamiento de la Fiscalía de Veracruz.

“Resulta alarmante que a  pocas horas de haber comenzado la investigación, la Fiscalía de Veracruz, establezca en su primer comunicado un posible vínculo de la periodista con la delincuencia organizada, culpabilizando a Anabel Flores, y violando su debido proceso. La obligación de las autoridades de procuración de justicia en investigar y no criminalizar”.


La organización recordó que Veracruz es actualmente la entidad más peligrosa del país para ejercer la actividad del periodismo. La entidad que gobierna Duarte registró el año pasado 67 agresiones contra periodistas incluyendo cuatro desplazamientos forzados y el homicidio de tres comunicadores.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/desde-2003-van-23-periodistas-desaparecidos-en-mexico-en-promedio-dos-por-ano-informe/