Nuevo choque entre maestros y policías en Chiapas

San Cristóbal de las Casas. Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron en Tuxtla Gutiérrez con policías federales y mantienen retenido a un agente en la Plaza Central, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7, quien dijo que no hay reportes de personas lesionadas.

Explicó que el enfrentamiento ocurrió frente al hotel Safari del centro de la capital, donde se hospedan los federales que ayer resguardaron a los profesores que acudieron a presentar la evaluación en la Escuela Nacional de Protección Civil, ubicada en el municipio Ocozocoautla.

“En un acto de provocación los agentes colocaron vallas y salieron con escudos para protegerse cuando miles de maestros realizaban la marcha pacifica hacia el centro de la ciudad, comenzaron lanzar gases lacrimógenos y los compañeros se defendieron arrojando piedras”, aseveró Mendoza Vázquez.

Señaló que tras la refriega los profesores decomisaron a los efectivos federales diversos materiales “que utilizan para reprimir, se encuentran en exhibición en el parque central”.

El dirigente magisterial exigió la continuación de la mesa de diálogo para que sean liberadas las seis personas detenidas ayer durante el enfrentamiento ocurrido en el contexto de la evaluación docente.

Fuente: La Jornada

Autor: Elio Henríquez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/nuevo-choque-entre-maestros-y-policias-en-chiapas-4719.html

Amenazas, ataques, homicidios, detenciones: los activistas del Edomex luchan en alto riesgo

El Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor número de organizaciones civiles registradas formalmente –con más de 2 mil–. Sin embargo, ser activista en territorio mexiquense significa ser presa de amenazas, ataques e incluso intentos de homicidio. En los últimos años, al menos 150 agresiones han sido documentadas. Organizaciones No Gubernamentales aseguran que estos casos están relacionados con intereses políticos y económicos.

Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.

“[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.

Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.

“Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta”, agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.

Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.

La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014.

Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña “Haz que se vean”, en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.


En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.

Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras.

Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa.

El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado.

Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido.

Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.


Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional.

El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra.

En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes.

En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba.

Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información.

Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños.

El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.

“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.

Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados.

De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1566842

La lucha por las calles

Para una parte radical de la izquierda del PRD, la propuesta de la Ley de Movilidad abre la puerta para limitar las manifestaciones en la vía pública.

Justo en los tiempos en que miles han salido a las calles a manifestarse en contra de las autoridades para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la lucha por el uso de las calles se librará no solo en el Congreso de la Unión, sino en el Poder Judicial.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución en materia de movilidad que, según diputados de izquierda, darán la pauta para que puedan ser reprimidas las manifestaciones.

A esta iniciativa se le adicionó una frase al artículo 11 constitucional para dejar asentado que “la ley general que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho (a la movilidad)”.

Sin embargo, la lucha por defender la libertad de expresión de los manifestantes podría llevarse hasta los tribunales.

Como antecedente, quedará la resolución que las juezas federales Verónica Galicia Ramos y Paula María Sánchez Cordero García Villegas dieron sobre la Ley de Movilidad en el Distrito Federal.

Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en mayo pasado.

Dichas juezas declararon inconstitucional la Ley por considerar que los artículos 212, 213 y 214, que obligaban a avisar con 48 horas de anticipación sobre la realización de una marcha y prohibían concentraciones en vías primarias de la capital, vulneran los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación.

“El orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática”, determinaron las juezas, según consignó la organización Artículo 19.

A pesar de que esta resolución fue hecha en el mes de noviembre, la Cámara Baja continuó con la reforma constitucional que podría desencadenar la regulación de las movilizaciones en todo el país.

“La ley general que expedirá, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de los referidos derechos, por lo que deberán implementarse planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el derecho de reunión, sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad”, se lee en la exposición de motivos.

Otras iniciativas

Además de las modificaciones constitucionales aprobadas esta semana, en el Congreso de la Unión existen otras iniciativas encaminadas a regular las marchas y manifestaciones.

El panista Jorge Sotomayor Chávez, diputado del Distrito Federal, propuso en marzo del 2013 la creación de un nuevo artículo en el Código Penal Federal para tipificar los actos vandálicos realizados en manifestaciones o marchas.

“Se le impondrán penas de diez a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años (…) al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos utilizando sustancias tóxicas o explosivas”, sostenía la iniciativa.

Sotomayor proponía que las penalizaciones se incrementaran en dos terceras partes cuando estas conductas fueran realizadas por individuos con el rostro cubierto.

Sin embargo, debido a la polémica que despertó entre diversos sectores sociales, Sotomayor retiró esta iniciativa y presentó después otra para crear la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

En dicha iniciativa se propone que los manifestantes deben dar aviso a las autoridades sobre la realización de una protesta, se establezcan horarios para la realización de manifestaciones.

Esta iniciativa se encuentra en la congeladora de las comisiones.

El proceso

> Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, las modificaciones constitucionales deben discutirse en el Senado, donde el Ejecutivo y el PRI han enfrentado la mayor oposición en el Congreso.

> Después, deberán ser aprobadas por los congresos estatales. 

> Una vez que eso ocurra, los legisladores tendrán 180 días para expedir una Ley de Movilidad que rija en todo el país.

La clave


Se le adicionó una frase al artículo 11 constitucional para dejar asentado que “la ley general que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho (a la movilidad)”

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA