En entrevista con Apro, Martín Esparza, secretario general del SME, hace un recuento de la lucha que han mantenido desde el 11 de octubre de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC a la fecha.
“Creo que lo hemos logrado. Contamos con una toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, fue entregada el 2 de octubre de este año. Logramos que en este proceso de la lucha liberaran a 12 compañeros que teníamos en la cárcel.
“Avanzamos en el reconocimiento de la antigüedad de 996 trabajadores que tenían 23 o más años para obtener su pensión vitalicia y hoy estamos en la mesa de negociación con Gobernación para alcanzar un acuerdo que permita reinsertar laboralmente a los trabajadores”, apuntó.
Esparza comenta que la generación de energía eléctrica dejó der ser una función estratégica con la aprobación de la reforma y de sus leyes secundarias, igual que la distribución y la comercialización.
El gobierno, dice, creó un organismo a través del Centro Nacional de Control de Energía para la Red Nacional de Transmisión y los trabajadores serían empleados de confianza sin derecho a prestaciones laborales.
Esa es, subraya, la nueva cultura laboral de este país.
Y ante ese escenario, prosigue, creemos que podemos alcanzar una negociación parcial.
–¿En qué consiste esa negociación?, se le pregunta.
–Tiene que ver con una combinación de empresas público-privadas. Capital social que es del SME. Decimos que las 34 plantas de generación de Luz y Fuerza podemos recuperarlas mediante una empresa de generación eléctrica, que pueda ser operada por los trabajadores.
Martín Esparza recuerda que 15 mil electricistas no aceptaron la liquidación y se mantienen en lucha después de cinco años.
“Todas las fábricas y talleres son áreas de oportunidades para abastecer el mercado nacional e internacional de productos y servicios. En este esquema que nos plantean (las autoridades) de una cooperativa se puedan incorporar actividades como la distribución, transmisión y comercialización. Si bien se van las van a concesionar a empresas privadas, podemos pujar por una concesión a partir de que tenemos un Registro Nacional de Industria”, dice.
Con ello, sostiene, el SME puede firmar con estas empresas contratos colectivos de trabajo en cualquier parte del país y con cualquier empresa del ramo. En este caso, compartió el nombre del europeo Consorcio Fénix, como una de las empresas con las que podrían llegar a un acuerdo.
El dirigente del SME confió en que antes de su asamblea por su primer centenario de vida puedan concretar la constitución de un esquema de empresa de generación eléctrica, incluida Necaxa, y con cooperativas en fábricas y talleres.
A la distancia, Esparza tiene claro que, con la extinción de LyFC, el gobierno “buscó acabar con las conquistas históricas de los trabajadores.
Es más, asegura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha sabido manejar a la extinta compañía, en parte por las corruptelas. Puso como ejemplo la zona centro del Distrito Federal, donde invirtieron mil 200 millones de pesos para cambiar la red eléctrica, pero aclara que es disfuncional.
“Tenían presupuestada una inversión de 300 millones de pesos en la red subterránea del Centro Histórico, pero tuvieron que invertirle mil 200 millones”.
Sobre lo que viene, el líder sindical cuenta que la Secretaría de Gobernación les presentó un esquema que evaluaron con la asamblea general y esperan próximas reuniones para alcanzar acuerdos concretos. La siguiente asamblea es el próximo miércoles 17
La extinción
El 11 de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC. El procedimiento no fue el adecuado: debió iniciarse con una mesa de negociación entre el gobierno y el sindicato sobre la decisión de liquidar; luego, terminar las relaciones laborales y comenzar el proceso de liquidación. Posteriormente, publicar el decreto y, en caso de que los trabajadores no estuvieran de acuerdo, resguardar las instalaciones.
Pero se hizo todo en orden inverso: en primer lugar, la policía intervino las instalaciones; luego, el gobierno publicó el decreto de extinción y comenzó a liquidar a los sindicalizados y a negociar con el SME, y, finalmente, dio por terminada la relación laboral con éste.
Por eso, el sindicato comenzó a desplegar acciones de resistencia, a las que se sumaron decenas de organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el PRD, campesinos, maestros, estudiantes y obreros.
El origen del conflicto
Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del SME en 2009– estuvo la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro (LFC), para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.
El plan se fraguó en julio de 1999: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.
En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.
Desde el 2000, el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: 2003, 2005 y 2007. Finalmente, el 16 de mayo de 2008 comenzaron los trabajos para la instalación de la red, pero el SME lo impidió.
El 30 de junio de 2009 el entonces director de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Jorge Gutiérrez Vera, y Esparza, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones. Presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LyFC cuenta con capacidad para operar la red.
El documento proponía un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.
En ese entonces, Esparza comentó que la utilización de este sistema con la infraestructura de LyFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LyFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.
Sin embargo, afirmó, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. (Proceso 1719).
El saldo de la extinción
Martín Esparza afirma que en los últimos cinco años muchos de los trabajadores liquidados han sufrido una merma en su calidad de vida y la de sus familias, unos porque han tenido que laborar en el sector informal y otros porque han enfermado. También tienen registros de extrabajadores con depresión y seis suicidios.
“A partir de que te quitan el único patrimonio que tienes, que es tu trabajo, con un nivel de vida que te permitía si no vivir holgadamente, sí con estabilidad”, dice.
Incluso cuenta que tras la extinción los trabajadores fueron “boletinados”. Cuando buscaban emplearse en otra empresa y ésta veía que se trataba de un extrabajador de LyFC lo descartaban.
“Ha sido una lucha de más de cinco años muy difícil. No enfrentamos a una empresa, sino a un gobierno. A un gobierno que no obedece a los intereses de los trabajadores ni de los mexicanos, que está obsesionado con acabar con los derechos humanos fundamentales de los electricistas, mineros, pilotos y sobrecargos de Mexicana, de todo mundo”.
En la actualidad, dice, todos los mexicanos tenemos al mismo enemigo: Una clase política gobernante que no tiene cultura y que obedece a los intereses de las multinacionales. Un escenario similar al de hace cien años, cuando nació el SME.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
