Desde ese primer encuentro, Joaquín Vargas siempre se comportó como un caballero, incluso cuando algunos reporteros hemos criticado ciertas decisiones del grupo.
A pesar de no formar parte del consenso formado por el duopolio Televisa-TV Azteca, Vargas le apostó por competir con Sky, propiedad de los Azcárraga, cuando creó Grupo Dish.
Se enfrentó a la furia de ambas televisoras por su sociedad con Carlos Slim. Se enfrentó a un berrinche monumental de Felipe Calderón y de su corte cuando le cobraron con la negativa del refrendo de sus frecuencias en la banda 2.5 Ghz. por la “osadía” de Carmen Aristegui de preguntar al aire si el exmandatario tenía o no problemas de alcoholismo.
Aquel episodio de 2011 marcó el talante de la relación entre Los Pinos y MVS Radio, en especial, por los continuos enojos ante las coberturas informativas de Aristegui. Una periodista incómoda para muchos políticos y funcionarios, pero que fue aquilatando credibilidad, audiencia y anunciantes.
A pesar de consejos en contra, Joaquín Vargas decidió restablecer a Aristegui en su espacio radiofónico tras el episodio de su salida del aire en 2011. Firmaron un nuevo contrato, bajo la asesoría entonces de Javier Corral, amigo de ambas partes. Ese contrato se ha convertido ahora en un auténtico ejemplo para validar la autonomía del periodista frente a la libertad de empresa y ante un mundo muy cerrado y unilateral entre los dueños de los medios.
Joaquín Vargas decidió contar, meses después, en conferencia de prensa, cómo se generaron las presiones desde el entorno de Felipe Calderón para obligarlo a correr a Aristegui. Fue un gesto inédito en el mundo de los concesionarios: un empresario que decidía ventilar las presiones de que fue objeto, con todo y la interesada “intermediación” de Javier Lozano Alarcón, ahora senador del PAN.
Una vez más, en aquella ocasión, Joaquín Vargas negoció con una “pistola en la cabeza”. El presidente de Grupo MVS decidió optar por lo que le pareció correcto en medio de un proceso de cambio sexenal. Fue agosto de 2012.
Con estos antecedentes, MVS repitió el episodio de 2011, pero en condiciones diferentes y con métodos descarnados, exagerados, que no son propios a la empresa de Joaquín Vargas ni a un espacio radiofónico que logró hazañas periodísticas difíciles de repetir cuando predomina la idea del control presidencial sobre los concesionarios.
En 2015, Joaquín Vargas no ha salido a medios ni ha hecho declaraciones públicas sobre el diferendo con Aristegui. Un caballero escondió la cara, no sabemos si por vergüenza, por cálculo o porque, una vez más, negoció “con una pistola en la frente”.
Sin embargo, las ofensas no han sido sólo para Aristegui, sus reporteros y 19 trabajadores despedidos tras la secuencia increíble de los Idus de Marzo. Ofendió a cientos de miles de mexicanos que eran su audiencia leal. Ofendió a su ombudsman Gabriel Sosa Plata que ha hecho un trabajo impecable para evitar el desastre y ha sido ignorado olímpicamente. Ofendió a la prensa nacional y extranjera que ha documentado este episodio como un caso de censura o de extraño diferendo. Ofendió al árbitro que Aristegui y él eligieron, José Woldenberg, un personaje público que no se va a prestar a estas alturas a encubrir una operación unilateral de silenciamiento y que está apostando su propio prestigio a encontrar una salida negociada.
Las ofensas han sido fuertes, pero son reversibles. El juez octavo en materia administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García –a quien los abogados de MVS pretendieron desconocer con “pruebas” pueriles sobre una supuesta amistad con los abogados de Aristegui–, ha dado a Joaquín Vargas una segunda oportunidad para resarcir el daño causado al derecho a la información y para tomar la palabra.
El litigio de amparo de Aristegui se desarrolla en condiciones distintas al 2011: ahora se cambió el artículo sexto constitucional para establecer que los concesionarios no sólo son administradores del espectro sino de un servicio público de interés general. Ahora se establecieron los derechos de las audiencias, abiertamente ignorados en este episodio. MVS y Joaquín Vargas apoyaron esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusión que consagraron estos derechos.
Grupo MVS tiene todo el derecho de ejercer la libertad de empresa, pero no a costa de la autonomía editorial de sus periodistas ni de los derechos de las audiencias. Esto, además, está estipulado en un contrato que Vargas y Aristegui negociaron y firmaron luego del episodio anterior de su salida del aire.
Grupo MVS tiene todo el derecho (y la obligación) de defender la libertad de empresa, pero también frente al poder político y, en especial, ante cualquier otra presión que lo obligue a jugar este indigno papel de capataz a costa de su propia credibilidad y prestigio.
Este jueves 21 de mayo, día de la segunda audiencia de negociación entre Aristegui y MVS, el árbitro José Woldenberg convocó a Joaquín Vargas a estar presente. Es una extraordinaria oportunidad de ponerse a la altura de las circunstancias y resarcir un procedimiento de censura que ha dañado a todas las partes. Joaquín Vargas tiene la palabra.
Al final del día y al final de nuestros días, nadie se lleva ni su dinero, ni sus propiedades ni el espectro radioeléctrico sino la satisfacción de haber hecho lo correcto aunque nos obligaran a hacer lo contrario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
