El gobierno de Chiapas “ocasionó” el asesinato de dos hondureñas que testificaron contra maras: CNDH
Las dos migrantes fueron asesinadas un día después de denunciar extorsión por parte de una banda criminal.
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Luego de una investigación de un año y ocho meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el gobierno de Chiapas “ocasionó” la muerte de Iris Zuleida Raudales Flores y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, migrantes hondureñas de 24 y 18 años respectivamente, quienes el 30 de mayo de 2013 fueron asesinadas por un grupo criminal al que, un día antes, habían denunciado como responsable de extorsiones a migrantes que intentaban subir al tren conocido como La Bestia.
Tal como consta en la Recomendación 2/2015 –emitida por la CNDH el pasado 30 de enero–, ambas jóvenes hondureñas se presentaron el 29 de mayo de 2013 ante la agencia del Ministerio Público de Palenque, para testificar en contra de un grupo de pandilleros centroamericanos que, aseguraron las afectadas, exigían el pago de 100 dólares a cada migrante que intentara subir al tren de carga, con la intención de avanzar en su camino hacia Estados Unidos.
Esta denuncia, subrayó la CNDH, no derivó en ninguna acción de resguardo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas encaminada a garantizar la seguridad de ambas mujeres, a las que se reconoció la calidad de testigos, por lo cual, al día siguiente de rendir su testimonio ministerial, las dos hondureñas fueron asesinadas por otros integrantes de la misma banda a la que habían denunciado.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la actitud omisiva del Ministerio Público acrecentó el riesgo en que ya se encontraban las víctimas, dado que no pudieron beneficiarse de alguna medida de protección que las resguardara, a lo que estaba obligado el Ministerio Público, privándoseles, en consecuencia, del derecho a la integridad y a la vida”.
Un día antes de su asesinato, cabe destacar, las dos mujeres hondureñas no sólo habían denunciado a la banda de centroamericanos extorsionadores, sino también que uno de los pandilleros las había amenazado de muerte, pese a lo cual, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas “omitió resolver específicamente respecto de la implementación de alguna medida de protección o seguridad, a fin de salvaguardar la vida e integridad de ambas mujeres migrantes, en su calidad de víctimas y testigos del delito”, por lo cual, al día siguiente de formular su denuncia, ambas jóvenes fueron asesinadas junto a la vía del tren, atacadas con armas blancas y armas de fuego.
Para la CNDH, la actitud omisa de las autoridades chiapanecas generaron “las condiciones idóneas para que, al día siguiente de haber rendido declaración”, ocho hondureños integrantes de la pandilla de extorsionadores “dieran cumplimiento a las amenazas de muerte”.
Por estas omisiones, que derivaron en el asesinato de ambas víctimas, el agente del Ministerio Público responsable sólo fue inhabilitado un año para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público, sanción con la cual la CNDH mostró su conformidad, por lo cual, el ombudsman nacional sólo demandó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, emitir una disculpa pública por estos hechos dirigida a los familiares de Iris Zuleida Raudales Flores y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, en la cual se reconozca la responsabilidad de su administración en la violación a los derechos humanos que sufrieron ambas jóvenes.
Además, la CNDH exigió al gobierno chiapaneco brindar asistencia médica, psicológica, social y material a los familiares de ambas jóvenes, así como capacitar al personal de la Procuraduría de Justicia estatal en “atención a víctimas y fortalecimiento de valores éticos y morales”.
Cabe destacar que los ocho hondureños a los que se imputa el asesinato de Iris Zuleida y Cinthia Carolina fueron detenidos en los días siguientes al crimen, y actualmente enfrentan proceso penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MATÍNEZ.
Tal como consta en la Recomendación 2/2015 –emitida por la CNDH el pasado 30 de enero–, ambas jóvenes hondureñas se presentaron el 29 de mayo de 2013 ante la agencia del Ministerio Público de Palenque, para testificar en contra de un grupo de pandilleros centroamericanos que, aseguraron las afectadas, exigían el pago de 100 dólares a cada migrante que intentara subir al tren de carga, con la intención de avanzar en su camino hacia Estados Unidos.
Esta denuncia, subrayó la CNDH, no derivó en ninguna acción de resguardo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas encaminada a garantizar la seguridad de ambas mujeres, a las que se reconoció la calidad de testigos, por lo cual, al día siguiente de rendir su testimonio ministerial, las dos hondureñas fueron asesinadas por otros integrantes de la misma banda a la que habían denunciado.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la actitud omisiva del Ministerio Público acrecentó el riesgo en que ya se encontraban las víctimas, dado que no pudieron beneficiarse de alguna medida de protección que las resguardara, a lo que estaba obligado el Ministerio Público, privándoseles, en consecuencia, del derecho a la integridad y a la vida”.
Un día antes de su asesinato, cabe destacar, las dos mujeres hondureñas no sólo habían denunciado a la banda de centroamericanos extorsionadores, sino también que uno de los pandilleros las había amenazado de muerte, pese a lo cual, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas “omitió resolver específicamente respecto de la implementación de alguna medida de protección o seguridad, a fin de salvaguardar la vida e integridad de ambas mujeres migrantes, en su calidad de víctimas y testigos del delito”, por lo cual, al día siguiente de formular su denuncia, ambas jóvenes fueron asesinadas junto a la vía del tren, atacadas con armas blancas y armas de fuego.
Para la CNDH, la actitud omisa de las autoridades chiapanecas generaron “las condiciones idóneas para que, al día siguiente de haber rendido declaración”, ocho hondureños integrantes de la pandilla de extorsionadores “dieran cumplimiento a las amenazas de muerte”.
Por estas omisiones, que derivaron en el asesinato de ambas víctimas, el agente del Ministerio Público responsable sólo fue inhabilitado un año para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público, sanción con la cual la CNDH mostró su conformidad, por lo cual, el ombudsman nacional sólo demandó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, emitir una disculpa pública por estos hechos dirigida a los familiares de Iris Zuleida Raudales Flores y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, en la cual se reconozca la responsabilidad de su administración en la violación a los derechos humanos que sufrieron ambas jóvenes.
Además, la CNDH exigió al gobierno chiapaneco brindar asistencia médica, psicológica, social y material a los familiares de ambas jóvenes, así como capacitar al personal de la Procuraduría de Justicia estatal en “atención a víctimas y fortalecimiento de valores éticos y morales”.
Cabe destacar que los ocho hondureños a los que se imputa el asesinato de Iris Zuleida y Cinthia Carolina fueron detenidos en los días siguientes al crimen, y actualmente enfrentan proceso penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MATÍNEZ.
