MÉXICO, D.F: Jorge Mario González García, preso desde el 2 de octubre de 2013, consiguió hoy su libertad luego de que un juzgado constitucional le otorgó su protección por las violaciones a diferentes garantías cometidas por el Poder Judicial del Distrito Federal.
Alrededor del mediodía, González García recibió la notificación judicial en la Torre Médica del penal de Tepepan, donde permanecía para su atención luego de sostener una huelga de hambre que se prolongó por dos meses a finales del año pasado.
El amparo otorgado es liso y llano, por lo que queda absuelto de delito y no se le asentarán antecedentes penales.
Jorge Mario, exalumno del CCH Naucalpan, fue detenido a bordo de una unidad de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, en el Centro Histórico del Distrito Federal, cuando se dirigía a participar en la marcha conmemorativa por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Con el dicho contradictorio de dos policías, el joven –expulsado de la UNAM por su postura crítica a las medidas reformistas del rector José Narro Robles–, fue acusado de arrojar artefactos explosivos dañando mobiliario público, propiedad privada y a transeúntes.
Las irregularidades cometidas en el caso de Jorge Mario, documentadas en diferentes ediciones del semanario Proceso y la agencia Apro, destacaron la consideración de la juez Marcela Ángeles Arrieta de negarle la libertad condicional por considerarlo “de peligrosidad social” debido a su asiduidad a las marchas.
Ya durante el proceso, la defensa de Jorge Mario pudo acreditar, con peritajes de la propia procuraduría de justicia capitalina, que no había daños por explosivos en la zona mencionada ni denuncia de víctimas. Por si fuera poco, los dos policías que lo detuvieron y participaron como testigos negaron haberlo visto detonar explosivos.
Desde la negativa de la libertad caucional, el joven de 24 años de edad permaneció en huelga de hambre durante dos meses, sin haber conseguido nada. Las consecuencias del ayuno se expresaron en un cuadro anémico, un daño grave en páncreas y la perdida de masa muscular que, de acuerdo con trabajadores del propio penal, no fueron atendidos como requería.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, lo llegó a acusar de estar detrás de ataques a la máxima casa de estudios. El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, fue al extremo de acusar a Nuria Ramírez, la novia del joven, de la protesta contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante un acto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aunque la joven no estaba presente en el lugar.
La obstinación de la PGJDF y de la juez Marcela Ángeles Arrieta en mantenerlo preso, motivó inclusive pronunciamientos de numerosas organizaciones internacionales y de intelectuales de prestigio global como Noam Chomsky, quienes consideraron que Jorge Mario estaba preso sin delito, por el hecho de ser anarquista.
La juez Arrieta –conocida por manejar casos relacionados con detenidos en protestas sociales–, dictó una sentencia de cinco años y ocho meses, que se confirmó en segunda instancia. Fue hasta que el joven tuvo la oportunidad procesal para solicitar la protección constitucional, cuando finalmente obtuvo el amparo.
De acuerdo con familiares y la defensoría de González García, se espera que en el transcurso de la noche quede en libertad, luego de haber cumplido un año con un mes en prisión, sin que existieran pruebas materiales ni testimoniales de haber incurrido en los delitos por los que fue acusado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Alrededor del mediodía, González García recibió la notificación judicial en la Torre Médica del penal de Tepepan, donde permanecía para su atención luego de sostener una huelga de hambre que se prolongó por dos meses a finales del año pasado.
El amparo otorgado es liso y llano, por lo que queda absuelto de delito y no se le asentarán antecedentes penales.
Jorge Mario, exalumno del CCH Naucalpan, fue detenido a bordo de una unidad de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, en el Centro Histórico del Distrito Federal, cuando se dirigía a participar en la marcha conmemorativa por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Con el dicho contradictorio de dos policías, el joven –expulsado de la UNAM por su postura crítica a las medidas reformistas del rector José Narro Robles–, fue acusado de arrojar artefactos explosivos dañando mobiliario público, propiedad privada y a transeúntes.
Las irregularidades cometidas en el caso de Jorge Mario, documentadas en diferentes ediciones del semanario Proceso y la agencia Apro, destacaron la consideración de la juez Marcela Ángeles Arrieta de negarle la libertad condicional por considerarlo “de peligrosidad social” debido a su asiduidad a las marchas.
Ya durante el proceso, la defensa de Jorge Mario pudo acreditar, con peritajes de la propia procuraduría de justicia capitalina, que no había daños por explosivos en la zona mencionada ni denuncia de víctimas. Por si fuera poco, los dos policías que lo detuvieron y participaron como testigos negaron haberlo visto detonar explosivos.
Desde la negativa de la libertad caucional, el joven de 24 años de edad permaneció en huelga de hambre durante dos meses, sin haber conseguido nada. Las consecuencias del ayuno se expresaron en un cuadro anémico, un daño grave en páncreas y la perdida de masa muscular que, de acuerdo con trabajadores del propio penal, no fueron atendidos como requería.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, lo llegó a acusar de estar detrás de ataques a la máxima casa de estudios. El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, fue al extremo de acusar a Nuria Ramírez, la novia del joven, de la protesta contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante un acto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aunque la joven no estaba presente en el lugar.
La obstinación de la PGJDF y de la juez Marcela Ángeles Arrieta en mantenerlo preso, motivó inclusive pronunciamientos de numerosas organizaciones internacionales y de intelectuales de prestigio global como Noam Chomsky, quienes consideraron que Jorge Mario estaba preso sin delito, por el hecho de ser anarquista.
La juez Arrieta –conocida por manejar casos relacionados con detenidos en protestas sociales–, dictó una sentencia de cinco años y ocho meses, que se confirmó en segunda instancia. Fue hasta que el joven tuvo la oportunidad procesal para solicitar la protección constitucional, cuando finalmente obtuvo el amparo.
De acuerdo con familiares y la defensoría de González García, se espera que en el transcurso de la noche quede en libertad, luego de haber cumplido un año con un mes en prisión, sin que existieran pruebas materiales ni testimoniales de haber incurrido en los delitos por los que fue acusado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA