Expertos penalistas consultados por el reportero señalaron que el argumento esgrimido por Castillo para responder por escrito a un cuestionario de la defensa de José Manuel Mireles Valverde, no tiene fundamento legal y es una facultad exclusiva de “altos funcionarios” de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales.
El término aplica, precisaron, para el presidente de la república, los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados federales, Senadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral, básicamente y ninguno de los mencionados ostenta un cargo como estos.
El artículo 245 del Código de Procedimientos Penales, dice a la letra:
“Cuando haya que examinar a los altos funcionarios de la federación, quien practique las diligencias se trasladará al domicilio u oficina de dichas personas para tomarles su declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio, sin perjuicio de que el interesado si se le requiere y lo desea, comparezca personalmente”.
La duda estribaría explicaron los expertos en que Alfredo Castillo Cervantes es funcionario federal, pero evidentemente no de “alto” nivel pues es titular de un organismo descentralizado que ni siquiera forma parte del gabinete presidencial y depende del secretario de Educación Pública.
Para responder a los cuestionamientos de la defensa de Mireles, el excomisionado para la seguridad de Michoacán envió un escrito ni siquiera firmado por él sino por el José Ramón Ávila Farca, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade.
El lunes pasado luego de la audiencia a la que asistió a declarar Hipólito Mora Chávez, Ignacio Mendoza, defensor de Mireles, afirmó que “Castillo no quiere dar a cara y decirle al juez y a los mexicanos que todo lo que se hizo fue fuera de la ley”.
De Martín Godoy Castro, procurador de Justicia de Michoacán, indicó que es lamentable que la persona encargada de procurar la justicia en Michoacán no se haya hecho presente.
En los casos de Godoy Castro y Vallejo Figueroa los penalistas consultados afirmaron que no hay duda de que incurrieron en desacato al no asistir a declarar: el primero es funcionario estatal, no federal y el segundo ni lo uno ni lo otro.
El abogado Víctor Carlos López Ruiz quien representa a 10 de los poco más de 300 autodefensas detenidos también lamentó que no se hayan presentado a comparecer Castillo Cervantes, Vallejo y Godoy Castro.
Estos dos últimos podrían ser multados hasta con siete mil pesos por no haber asistido a comparecer.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
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