Masacre de Allende: ante el amparo de las víctimas, el silencio institucional

En 2011 un comando de Los Zetas y policías ingresó a Allende, Coahuila, y mató a unas 300 personas. Desde entonces sobrevivientes y familiares de las víctimas han padecido indolencia y omisiones de la autoridad y de los órganos creados para garantizar los derechos humanos. Por ese motivo los afectados pidieron la protección de la justicia, cuya solicitud de amparo fue admitida el 21 de marzo último. En entrevista, el defensor de los sobrevivientes y deudos, Jesús González Schmal, expone la inacción de la CNDH y de la Comisión de Atención a Víctimas, pese a la promesa de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas de reparación integral del daño.

Víctimas de una de las peores matanzas perpetradas en México durante el sexenio de Felipe Calderón, las familias de Allende, Coahuila, han sido revictimizadas reiteradamente: a la falta de justicia, el Estado mexicano ha empantanado la reparación integral del daño que corresponde, haciéndoles a las víctimas vivir un calvario, denuncia su abogado, Jesús González Schmal.

Decenas de escritos, solicitudes de audiencia y negativas a las peticiones de cumplimiento de una recomendación por violaciones graves, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), admitida y con compromiso público, el caso encierra una serie de disfuncionalidades que en estos años corresponden tanto al ombudsperson, la Comisión de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV), la secretaría de Gobernación y ahora al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora paralizado en su funcionamiento.

“El Z-42” impugna fallo que le negó amparo contra orden de aprehensión por masacre de Allende

Óscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, ex líder del cártel de Los Zetas. impugnó, el 1 de marzo de 2023, el fallo de Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien le negó un amparo contra la orden de aprehensión vigente en su contra, por su presunta responsabilidad en la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011.

El capo, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, alegó presuntas violaciones al debido proceso de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicha causa penal, por lo que su defensa tramitó un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que decidirá sobre el asunto.

A 11 años del caso Allende, exigen al Estado que cumpla compromisos y repare los daños

Con 17 miembros de su familia desaparecidos, entre ellos su padre, su hermano, su medio hermano y la esposa de su padre, Garza Villarreal lamentó la falta de cumplimiento del compromiso que hizo en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Lejos de su natal Allende, Coahuila, desde hace 11 años, en un auto exilio forzado por la violencia criminal del cártel de Los Zetas, Silvia Garza Villarreal recordó a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Ángel Riquelme el incumplimiento de las reparaciones de daño a que están obligados por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre de Allende, en marzo de 2011, en la que se habría desaparecido a 300 personas y mantenida oculta ante la opinión pública durante al menos dos años.

Con 17 miembros de su familia desaparecidos, entre ellos su padre, su hermano, su medio hermano y la esposa de su padre, Garza Villarreal lamentó la falta de cumplimiento del compromiso que hizo en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atender a las víctimas de la masacre durante el acto de disculpa pública instruido por la recomendación 10VG/2018 de la CNDH.

FGR elude investigar la masacre de Allende; nunca atrajo el caso pese a que se comprometió en 2019

Familias de víctimas reclaman que caso de la masacre de Allende se revise a nivel federal, por el “conflicto de intereses” existente en el estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue eludiendo investigar la masacre de Allende, Coahuila, a pesar de haberse comprometido a ello en reiteradas ocasiones.

La última ocurrió en marzo de 2019, cuando se cumplían ocho años de los sucesos en los que sicarios de Los Zetas arrasaron el municipio y secuestraron y asesinaron a un número todavía indeterminado de personas. Entonces, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo ante familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que la Fiscalía atraería el caso de Allende y el del penal de Piedras Negras, fuertemente vinculado. Puso una fecha tope: un mes a más tardar. Han transcurrido casi tres años y todavía no hay una sola carpeta atraída.

Titular de la Sedena se deslinda de la masacre de Allende: responsabilidad operativa "no era mía"

Así respondió el general cuando se le preguntó sobre el reportaje publicado en la revista Proceso: “Masacre de Allende: el silencio del general” basado en documentos de la Sedena según los cuales, dos comandantes bajo su mando fueron informados sobre la masacre en Allende y no hicieron nada.

El general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González se deslindó de la masacre de Allende, registrada en marzo de 2011 en el estado de Coahuila y que dejó un saldo de más de 300 muertos y decenas de desparecidos, argumentando que no tenía responsabilidad operativa en la guarnición de Piedras Negras sino administrativa.

Además, reveló que, en el momento de la tragedia, se encontraba coordinando las acciones para sofocar un incendio en el área de Acuña y Múzquiz, y para justificar la inacción del Ejército en el momento de la tragedia, dijo que el Ejército “no podía participar” en el ámbito de la seguridad pública.

A 10 años de la masacre de Allende, recrean la pesadilla para no olvidarla

James Schamus, Fernanda Melchor y Monika Revilla presentan una serie de seis capítulos producida por Netflix que recrea la matanza a través de personajes ficticios basados en la investigación periodística “Anatomía de una masacre”.

La masacre de Allende, Coahuila, forma parte de la historia más siniestra de México. El 18 de marzo de 2011, sicarios de Los Zetas irrumpieron en el pequeño municipio fronterizo buscando venganza porque alguien les había traicionado. Tres días después la localidad era una zona de guerra: casas destruidas, comercios arrasados y un número de muertos y desaparecidos que todavía hoy no ha sido clarificado.

En el horror de Allende se mezclan todos los elementos que han marcado los últimos 15 años de eso que Felipe Calderón denominó “guerra contra el narcotráfico”: el crimen organizado como poder real en un territorio, un Estado ausente e incapaz de proteger a su población, autoridades corruptas que rinden cuentas ante el narco y muchas víctimas. También, diez años después de la matanza, la impunidad. 

La CNDH sobre masacre de Allende: agentes municipales y personal de la Sedena, posibles implicados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG/2018 por violaciones graves en los hechos ocurridos en Allende, Coahuila, hace siete años, donde el cártel de “Los Zetas” habría desaparecido al menos 300 personas, y que podría haber sido atestiguado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, el organismo explicó que, derivado de su investigación, se identificó a 38 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas tres menores; a dos personas privadas de la libertad; a 34 personas sometidas a detenciones arbitraras; y a cinco menores víctimas de privación ilegal de la libertad, hechos atribuibles a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende.

El cura que oyó todo y guardó silencio, pero en la matanza de Allende perdió a su hermano

El padre Gerardo Elizondo Mejía, refugiado en su casa, durante tres días escuchó lo que ocurría en las calles de Allende, Coahuila, donde en marzo del 2011 asesinaron y desaparecieron a unas 300 personas, entre ellos su hermano: “Todos fuimos cómplices”. El pueblo entero guardó silencio.

Miles de testigos corrieron, se escondieron, cerraron las puertas de sus casas. Mientras, en las calles, durante tres días del 2011, se cometía una de las masacres más grandes, sangrientas e impunes de la historia moderna de México.

Todos callaron en Allende, Coahuila. El sacerdote Gerardo Elizondo Mejía fue uno de ellos… y lo pagó con sangre.

Todos fuimos cómplices, declara el cura.

Piden demócratas investigar participación de la DEA en masacre de Allende

Una investigación oficial sobre operativos antinarco en Honduras y el reportaje de Pro Publica sobre México derivaron en una carta a Tillerson y Sessions.

Congresistas demócratas pidieron al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Estado, Rex Tillerson, investigar a fondo operativos antinarcotráfico realizados en México y Honduras con apoyo de la DEA, que resultaron en la muerte de personas inocentes.

Los legisladores enviaron una carta a Sessions y a Tillerson mencionando una investigación conjunta de los inspectores generales de las dependencias a su cargo y una investigación realizada por la periodista Ginger Thompson para Pro Publica, difundida en junio pasado.

Allende, la masacre que México se niega a ver

Producto de un atentado en Praga, el 4 de junio de 1942 muere Reinhard Heydrich. El nacionalsocialismo reaccionaría brutalmente ante el asesinato de uno de sus oficiales de mayor rango. El pueblo checo de Lídice pagaría caro esa osadía, la represalia fue el asesinato de alrededor de 350 hombres, mujeres y niños.

México tiene su Lídice, se trata de Allende, Coahuila. Una ciudad de poco más de 23 mil habitantes se convirtió en el objetivo de la ira de los zetas en marzo de 2011. A pesar de la brutalidad, la masacre no fue conocida hasta años después por reportajes periodísticos. Poco a poco hemos ido conociendo lo que el Estado mexicano ocultó.

La DEA provocó la matanza de las familias de Allende, Coahuila, revela investigación de Pulitzer

“A diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, dice un fragmento de la investigación “Anatomía de una masacre” escrita por Ginger Thompson, periodista ganadora del Pulitzer. De acuerdo con la publicación, la responsabilidad de la agencia estadounidense comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar. Los reportes de lo que estaba pasando en Allende hicieron que las autoridades de Estados Unidos se dieran cuenta de la ira que había desencadenado aquella filtración: 28 muertos, según la cifra oficial, mientras que asociaciones de las víctimas hablan de alrededor de 300.

La masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011 donde sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza, fue desatada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), reveló una investigación de la Premio Pulitzer Ginger Thompson.

Tramita PGJ de Coahuila cuatro solicitudes de extradición por caso Allende

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila tramitó cuatro solicitudes de extradición por el caso Allende, una de las cuales corresponde a uno de los autores materiales de los homicidios ocurridos en marzo de 2011 en ese municipio.


De acuerdo con el subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas No Localizadas, José Ángel Herrera, en Estados Unidos se localizó a una persona que podría ser autor material de diversas privaciones de la libertad y de homicidios.

Según información difundida por el diario Zócalo de Saltillo, la PGJ también informó que investiga a otros tres exalcaldes de municipios de la Región Norte de Coahuila presuntamente implicados por omisión en la masacre de más de 300 personas que fueron secuestradas.

José Ángel Herrera explicó que uno de los implicados de la masacre de Allende se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal. Fue detenido en Chicago, Illinois, y está en una corte de inmigración, donde se tramita su extradición a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la PGJ.

“El problema es que él, al momento de sujetarse a ese juicio de inmigración, solicitó asilo político en Estados Unidos, eso ha venido retrasando un poco la cuestión que está enfrentando y también la solicitud de extradición, en virtud de que existe una orden de aprehensión en su contra vigente por los hechos ocurridos en Allende”, detalló el funcionario estatal.

Aseguró que en este tema se ha trabajado por más de ocho meses, sin embargo, los procesos de inmigración de Estados Unidos no han permitido avanzar en el tema de la extradición, por lo que deberán esperar que se resuelva la situación jurídica en aquel país.

En ese sentido, reveló que existen tres solicitudes de extradición adicionales para personas que se conoce fueron testigos de lo ocurrido en Allende.

“No son autores materiales, sin embargo, sabemos que tuvieron conocimiento de estos hechos, incluso a partir de ciertas declaraciones que ellos vierten es que nosotros tenemos información (relevante)”, destacó el el subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas No Localizadas.


Y agregó que ninguno de estos testigos fungió como servidor público, sino que forman parte del grupo delictivo que ejecutó los secuestros y los asesinatos de 26 personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464927/tramita-pgj-coahuila-cuatro-solicitudes-extradicion-caso-allende

A 5 años de la masacre de Allende: “No tuvimos los pantalones para denunciar”, dice vecino

“Nadie podíamos denunciar, porqué denunciábamos y nos caían los señores. Entonces quién iba a denunciar, en ese caso, no nada más Sergio [Alonso Lozano Rodríguez, ex Alcalde], sería todo el pueblo de Allende, porque ninguno tuvimos los pantalones para decir que es lo que estábamos pasando porque queríamos proteger a nuestra familia. Yo lo entiendo a él, si lo tenían amenazado, tenía que proteger a su familia. Eso es lógico”, dijo José Martínez Castro.

Los comandos armados se apoderaron de Allende por más de cuatro días sin que las corporaciones policiacas, de los tres niveles de gobierno hicieron nada; se les aviso, pero no hicieron caso, asegura, José Ángel Martínez Castro, vecino del ex Alcalde Sergio Alonso Lozano Rodríguez.

Todavía recuerda como si hubiera sido ayer cuando los comandos de Los Zetas llegaron a la casa de enfrente, de la familia Garza, y se llevaron a los moradores, sin que corporación alguna, a pesar de que se dieron cuenta, no se acercaron.

“Lo mismo que vivió Sergio Lozano, lo vivimos todos los vecinos y los residentes de Allende; nadie se atrevía a decir nada, porque venían por ti. Era salvaguardar a tu familia; ni el ejército ni un destacamento de la policía estatal que está en el entronque, cerca de la garita del kilómetro 53.3, hicieron nada”, refiere.

“Nadie podíamos denunciar, porqué denunciábamos y nos caían los señores. Entonces quién iba a denunciar, en ese caso, no nada más Sergio, sería todo el pueblo de Allende, porque ninguno tuvimos los pantalones para decir que es lo que estábamos pasando porque queríamos proteger a nuestra familia. Yo lo entiendo a él, si lo tenían amenazado, tenía que proteger a su familia. Eso es lógico”, dijo reiteró.

Señala que lo que le están haciendo al ex Alcalde, es una injusticia, porque en todo caso, que también detengan al de Piedras Negras, Oscar Fernando López Elizondo, o el de Acuña, o los de los cinco manantiales, porque todos supieron, pero no se atrevieron a decir o denunciar nada.

“Bien o mal si los señores andaban metidos en malos pasos, fueron conocidos de aquí del municipio. A muchos los conocíamos de toda la vida, entonces sí nos dolió que los hayan desaparecido; nos dolió que los hubieran matado y nos siguen doliendo es, pues como quien dice éramos casi familia, unos porque los conocíamos de toda la vida”, asegura con nostalgia.

FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN/JOSUÉ RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-11-2016/3118227

Tamaulipas y Coahuila en el desamparo

Después de leer a Dostoievsky afirmar que si Dios no existiera todo estaría permitido, Jean Paul Setre reflexionaba sobre el desamparo en el que está envuelta la existencia humana. Su conclusión era tan contundente como angustiante: “el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre”.

Poco ganaríamos debatiendo si Dios existe o no, lo que es indiscutible es la condena social que tenemos de reinventarnos como seres humanos, en lo individual y en nuestros diferentes colectivos. Entonces, la pregunta clave se responde con el resultado de esa condena. El informe “En el desamparo” que presentaron de la mano el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no podría tener mejor título. Revela la opacidad de expedientes judiciales, la niebla que cubre las masacres pero sobre todo, la negligencia del Estado. Hace evidentes las formas en las que el hombre se ha ido inventando.

Con la pluma de los Dr. Sergio Aguayo y el especialista en derechos humanos Jacobo Dayan, se describe la brutalidad de dos tragedias: Allende, Coahuila (marzo del 2011) en donde coincidieron cientos de desapariciones forzadas y San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010) en donde se perpetró el asesinato masivo de 72 migrantes. Lo dicen con todas sus letras: estos dos hechos fueron perpetrados por la organización criminal de Los Zetas.

Después de una revisión exhaustiva de expedientes encontraron un sinfín de contradicciones por parte de las autoridades implicadas en la investigación. Para el nivel de violencia experimentado en San Fernando, nos ofrecen cifras escalofriantes que efectivamente demuestran que “ese municipio tamaulipeco, era en 2010 un campo de exterminio”. Comparan el 2009 en el que se presentaron casi 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, con el 2010 en donde los homicidios se incrementaron a 100.5 por cada 100 mil habitantes.

Los autores del informe demuestran como las averiguaciones en el caso de Allende replican las debilidades típicas del sistema penal mexicano, de modo que las investigaciones se reducen a presentación de testigos que den testimonios inculpatorios. Advierten entonces las consecuencias de no poder probar la veracidad de los dichos: “No hay precisión para determinar los hechos, es complicado asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación del daño a las víctimas”.

Otra de las evidencias documentadas en este Informe, es el papel del Estado como perpetuador de la impunidad y por lo tanto como operador de complicidad. Uno de los obstáculos que debieron sortear fue el acceso a la información, en donde les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Coahuila y el CEAV les proporcionaron acervos de los hechos, encontraron omisiones y errores garrafales.

El informe describe omisiones por parte del Estado en el seguimiento de las dos tragedias. Por lo que respecta a los hechos de Allende, la CNDH durante la administración de Raúl Plasencia “hizo una investigación sobre la masacre, pero nunca se interesó por entender el papel jugado por la policía y los gobiernos municipales”. Nos relatan después cómo fue que el Gobierno de Estados Unidos a través del cónsul se interesó por las fosas clandestinas tras los rumores de que dos de los cuerpos correspondían a ciudadanos estadounidenses. De aquí se deriva la conclusión de que hubo colaboración directa de policías municipales con los zetas. A esto se suman una nota escueta de la SIEIDO que parafrasea a un delincuente “Los policías y agentes de tránsito de San Fernando ayudaban a la organización de los zetas”.

La narrativa de las investigaciones obligó a los autores del Informe a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué papel jugaron los gobiernos locales, el Gobierno federal y los organismos autónomos de derechos humanos?

En su respuesta, señalan las negaciones y la ineficiencia de Torre Cantú en Tamaulipas y las omisiones e insuficiencias del Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila. Concluyen que “las víctimas de San Fernando y en, menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de parte de los gobiernos de los estados”. Por lo que se refiere a la CNDH afirman que no cumplió con sus obligaciones para prevenir la violación de derechos humanos. En actos constantes de autolimitación favoreció la impunidad de los crímenes. En el caso del Gobierno federal, se preguntan cuál fue la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los zetas en esa zona. No hay datos que la justifiquen.

El desamparo de las víctimas y sus familiares rebasó el abandono y se consolidó en omisiones voluntarias que inevitablemente nos hacen sentir en carne propia el miedo, la angustia y la desolación que implica carecer de protección y defensa cuando los criminales tienen de su lado a las autoridades. ¿Son sólo los habitantes de Coahuila y los de Tamaulipas quienes viven a expensas del crimen y la obcecación de las autoridades? ¿Hay algún camino para impedir la institucionalización de este desamparo?


Por lo pronto, este informe es un diagnóstico elaborado desde la academia y la sociedad civil que da luz para que, condenados a inventarnos a nosotros mismos, reconstruyamos un Estado que ampare la vida y arrope los derechos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAITE AZUELA (OPINIÓN).
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102573

Sergio Aguayo exhibirá omisiones oficiales en masacres de Allende y San Fernando

CIUDAD DE MÉXICO: La investigación realizada por el académico y politólogo Sergio Aguayo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, en 2010 y 2011, respectivamente, se presentará el próximo domingo 9 en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, en la capital mexicana.

Bajo el título “En el Desamparo”, el informe de Aguayo –en el que también participaron Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán– se dará a conocer en el marco del “Seminario sobre violencia y paz” que realiza el Colegio de México, según información difundida por el diario Vanguardia.

De acuerdo con el politólogo, en la investigación se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, en las masacres de San Fernando y Allende, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.

“En 2010, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en San Fernando y en Allende desaparecieron a 300 personas, según se dice. En San Fernando hubo una atención inmediata, mientras que en Allende el caso fue olvidado por casi tres años”, señaló.

Destacó, asimismo, que de la investigación surgirán dos resultados: en primera instancia se emitirá una serie de recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre las acciones que podrían tomar, dado que tienen la facultad de sugerir a las dependencias gubernamentales, y por otro lado se generará un informe que aparecerá de manera digital para consulta de cualquier persona.

“Generaremos un informe que aparecerá en forma de libro digital para aquellos interesados en estos temas de violencia, de memoria, de verdad. En la biblioteca del Colegio se harán colecciones especiales para ser consultadas por especialista y así se da otro paso para contribuir a la comprensión de la violencia y que se generen políticas que ayudarán a la sociedad a entender las causas de la barbarie”, puntualizó el académico.

Luego de un artículo que publicó en el diario Reforma, Aguayo fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

“Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila, de 2011. Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300”, destacó Aguayo en julio pasado.


Mientras tanto, la Subprocuraduría de Desaparecidos en Coahuila informó que de los más de tres mil 400 restos óseos que han sido rescatados del ejido Patrocinio, en la Región Laguna, solamente se han podido establecer las secuencias anatómicas de tres personas, sin que hasta el momento hayan sido identificadas. La dependencia informó que las investigaciones siguen abiertas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457641/sergio-aguayo-exhibira-omisiones-oficiales-en-masacres-allende-san-fernando

Testigos protegidos vinculan a los Moreira con sobornos de los asesinos de Allende: Univisión

Nuevas revelaciones en Cortes de Texas, Estados Unidos, señalan a los gobernadores Humberto Moreira y su hermano Rubén Moreira, aún en el cargo, por haber recibido sobornos de Los Zetas, autores de la matanza de Allende en 2011, donde desaparecieron al menos 300 personas.

La entrada al cementerio Los Ángeles es un camino de asfalto donde la vegetación silvestre asalta por ambos lados. Al costado de la calle hay vestigios de un proyecto para construir un vecindario. Ahora queda en el aire un olor rancio a excremento; en el suelo, ropa, zapatos, juguetes y partes de automóviles.

“Aquí los traían, prendían las luces de los autos para ver en la oscuridad”, contó una persona que acompañó al lugar a los reporteros de Univisión Investiga. Luego de ultimar a las víctimas, los sicarios de Los Zetas llevaban sus automóviles a unos talleres donde eran cortados en pedazos, con hachas, para que no quedara rastro.

Una avenida contigua al camino del cementerio aún se ve repleta de estos talleres, que durante los años de mayor terror abrían en la madrugada, las horas de mayor ocupación.

Se sospecha que muchas de las víctimas fueron hombres, mujeres y niños que Los Zetas se llevaron durante una caravana de muerte y destrucción que llevaron a cabo a la vista de las autoridades de esta zona desde mediados de marzo de 2011. En cuestión de tres semanas, comandos de esa organización desaparecieron a 300 personas de quienes no se tiene noticia. Entre los habitantes se le conoce como la masacre de Allende, un pueblo de 22,000 personas situado a 37 millas de la frontera con Estados Unidos. En número de víctimas es quizás la desaparición masiva más grande en la historia moderna de México. También la más olvidada.


Al lado del camino, al cementerio le sobra espacio para colocar tumbas. En esta región de la frontera, entre Coahuila y Texas hay más luto que cadáveres. La mayor parte de sus desaparecidos, una fracción de los 1,600 que se cuentan en Coahuila en la última década, fueron mutilados y disueltos en ácido para borrar las huellas de un delito por el que los delincuentes pudieran ser acusados de homicidio en México.

Cuando de la masacre solo quedaban los recuerdos de los familiares y en la justicia mexicana languidecía la investigación, surgieron el mes pasado en cortes de Estados Unidos testimonios que no solo confirmaron la autoría de Los Zetas sino el ambiente de complicidad de los gobiernos de la época con la organización criminal.

Dos testigos de la fiscalía federal comprometieron a los gobernadores Humberto Moreira, quien gobernó Coahuila entre 2005 y 2011, y su hermano Rubén Moreira, que lo ha hecho desde diciembre de 2011 y aún continúa en el cargo. Rodrigo Uribe y Adolfo Tavira declararon en una corte de San Antonio que Los Zetas habían entregado millones de dólares para controlar el estado primero a Humberto, como gobernador, y luego a su hermano, mientras estaba en campaña. Ambos políticos han negado las acusaciones y han restado credibilidad a los denunciantes, por tratarse de testigos protegidos. Jorge Torres López, el gobernador interino entre ambos hermanos se encuentra prófugo por acusaciones de narcotráfico y fue incluido en la lista de los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Los testimonios no han acarreado alguna consecuencia legal en México para los hermanos Moreira según explicó a Univisión Investiga Homero Ramos, el Procurador estatal, máxima autoridad de la investigación oficial en el caso de la masacre.

“No hay ninguna investigación abierta porque no hay ningún señalamiento que haya permitido la apertura de una averiguación o de una carpeta de investigación”, afirmó en entrevista.

UN MENSAJE INCONVENIENTE

En este cementerio de ropa Juana Rodríguez ha buscado los restos de su hija Lluvia. La joven, quien ahora cumpliría 23 años, desapareció con otras 13 muchachas en octubre de 2013, después de acudir a una fiesta con integrantes de Los Zetas. Ya en una ocasión las autoridades solicitaron a Rodríguez que reconociera restos humanos hallados junto al cementerio.

“(Eran restos) de muchachas, pero ya estaban como en bolsas negras”, recordó. “Me enseñaron cuatro bolsas que son las que supuestamente habían encontrado pa’l lado de ese monte, pero no. Eran muchas, las sacaron así, como en forma de rompecabezas”.

Cuando acudió a denunciar la desaparición de su hija, en la fiscalía municipal le pidieron a Rodríguez que no indagara, según ella misma lo relata.
“A mí me dijeron que no, que lo dejara así, que no pusiera demanda, que si regresaba qué bueno y si no regresaba que yo lo dejara así, que yo me hiciera la idea de que ella se había ido lejos”, narró.

Rodríguez investigó por su cuenta el episodio de su hija mayor. Descubrió que cuando Lluvia asistía a fiestas con Los Zetas, les recogían a todas sus teléfonos, por temor a que informaran su ubicación. Esa noche de octubre de 2013, sin embargo, una de las muchachas olvidó apagar el suyo y recibió un mensaje de texto. Uno de los lugartenientes de Los Zetas leyó el mensaje y se lo reportó a su jefe. El remitente era un exmiembro del grupo que había desertado para trabajar con el cártel del Golfo, una organización rival.

“Le encontraron un mensaje a la muchacha advirtiéndole que no se acercara a Piedras Negras porque las cosas se estaban poniendo mal”, explicó un empresario local que conoció estos hechos en voz de un amigo sicario de Los Zetas.

Las jóvenes, todas entre 18 y 24 años, fueron citadas a una segunda fiesta.

“No le encontraron evidencia a nadie más, solamente fue a una, pero por esa muchacha, pues, las llevaron a todas. (…) Se pide la autorización para hacerle las ejecuciones de las muchachas. Se le pide la autorización al Z-42, que un grupo de muchachas estaba traicionando al grupo”, aseguró el empresario, bajo condición de anonimato.

Las muchachas fueron torturadas y asesinadas, agregó.

“Querían sacarles más información a todas para poder saber si realmente tenían algún otro contacto con el que estuvieran traicionando”, agregó. Según él, ninguna de las jóvenes confesó de quién era el teléfono que recibió el mensaje.

Omar Treviño Morales, alias Z-42, quien autorizó las ejecuciones, es uno de los fundadores del cartel de Los Zetas. Fue detenido dos años después de esta desaparición, en San Pedro Garza, Nuevo León, el municipio más rico de México.

En la residencia donde se ocultaba, las autoridades encontraron varias imágenes de la Virgen de Guadalupe y un gran crucifijo sobre la cama de la habitación principal.

En Piedras Negras, la madre de Lluvia sigue esperando noticias de su hija mientras trabaja limpiando pisos en una compañía de autopartes para mantener a sus otros siete hijos. Dos veces al año se encuentra en el parque principal del pueblo con 300 familiares de desaparecidos. Es el día en que llegan peritos de la Ciudad de México a tomarles muestras de ADN, por si en otro lugar del país aparecen restos que pudieran identificarse como los parientes que ellos están buscando.


“(Vienen) cada seis meses. Nomás nos hacen la prueba pero nunca nos dicen nada. Cada quien tiene que llevar una foto de las personas”, recordó.

TOTAL CONTROL

A estas reuniones acuden vecinos de varios pueblos de la región conocida como los Cinco Manantiales, una vasta llanura semiárida en el lado mexicano al sur de Texas, que se convirtió en refugio de los líderes del cartel de Los Zetas cuando arreciaron los operativos militares y policiacos en el estado vecino de Tamaulipas, el epicentro histórico de la organización.

“Se empezaron a mover donde estaba más tranquilo. Piedras Negras y Ciudad Acuña y para arriba Saltillo y Torreón. Pero eso fue para escaparse de lo que estaba llegando a Nuevo Laredo”, rememoró en un parque de San Antonio, en Texas, un exagente de la DEA, quien investigó a Los Zetas durante cuatro años como agente encubierto y solicitó que no se revelara su nombre.

El cartel controlaba el narcotráfico en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass, el cobro de cuotas de extorsión en los comercios, en la minería y la venta de whisky para los bares. Los empresarios de la ciudad recuerdan que cada negocio debía entregarles semanalmente un promedio de 300 dólares como cuota para que les fuera permitido operar. El grupo recibió también contratos de construcción de obra pública como remodelación y edificación de escuelas que ahora están bajo investigación.

Rodrigo Uribe, de 41 años, fue uno de los testigos clave de los juicios en Texas. Hijo de un exalcalde de Piedras Negras, hizo de prestanombres de Los Zetas para la compra de propiedades y negocios en la ciudad fronteriza, entre ellos un centro comercial en el corazón de Piedras Negras, valuado en tres millones de dólares. La construcción hoy tiene un aspecto desolado. Las tiendas están cerradas y la pintura de las paredes se cae a pedazos.
En su declaración ante una corte en San Antonio en julio pasado, Uribe explicó que estuvo a cargo del pago de sobornos a políticos estatales. Uribe describió la estructura operativa que permitió a Los Zetas imponer su ley de terror en Coahuila.

El organigrama del cartel estaba compuesto por focas, halcones, estacas y sicarios.

“(Los sicarios) patrullan la plaza. Siembran las semillas del terror dentro de la comunidad. Secuestran y cometen extorsión”, explicó. Uno de ellos, a quien Uribe dijo que reportaba directamente, era Raúl Hernández Lechuga, el comandante Z-100.

“Fue uno de los más sanguinarios de Los Zetas”, aseveró.

El jefe del grupo local era una especie de comandante de una pequeña célula. A este cargo se le conocía con el nombre de “estaca”. Tenía unas 30 personas a su cargo, entre sicarios y vigilantes. El control se regía por una constante inspección de cada movimiento en las ciudades bajo el mando de estos jefes.

Las “focas” estaban encargados de rondar las calles.

“En bicicletas, utilizando radios, tomando el cuidado de la zona”, explicó el testigo. Aún se ven en Coahuila algunos de estos hombres que avanzan despacio, mirando con insistencia a los extraños.

Las focas se apoyaban en los “halcones”, miembros de menor rango en la organización que alertaban sobre la presencia de “infantes de marina, y también otros carteles”, desde las esquinas o a bordo de vehículos modestos, agregó Uribe.

Se comunicaban mediante mensajes de Blackberry –que consideraban más difíciles de interceptar por la Marina de México o el gobierno de Estados Unidos– y radios que transmitían desde sus propias torres. Así mantenían también el contacto con la policía local.

“Los Zetas tienen sus propios códigos y la policía tiene su propios códigos, pero utilizan las mismas frecuencias”, indicó Uribe en la corte en San Antonio.

Los jefes de plaza se ocupaban de los acuerdos políticos, en especial del control policiaco. Cuando alguno de estos mandos oficiales no aceptaba trabajar con ellos, o un integrante de Los Zetas era detenido en una población bajo su mando, el jefe policiaco era “eliminado”.

“La policía del estado, algunas de las federales, locales, policías locales, políticos, alcaldes”, estaban entre quienes recibían pagos regulares por dejar operar al grupo, de acuerdo con Uribe. Esto incluía a los agentes migratorios en el lado mexicano.

Entre las familias de los desaparecidos, no hay mayores dudas de que existió un alto nivel de complicidad de los narcotraficantes con las autoridades.

Guadalupe Fernández es madre de un ingeniero desaparecido en 2009 en Monclova, al sur de Piedras Negras. Como miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, compareció ante una comisión de Naciones Unidas en Ginebra, sobre la situación de los derechos humanos en México.

“En la mayoría de casos que tenemos nosotros de desaparecidos en el estado de Coahuila, han seguido un patrón muy recurrente. Fueron detenidos por alguna policía, por policías de alguna corporación, y entregados a ese grupo delincuencial”, explicó a Univisión.

Uribe coincide con esa descripción. El testigo protegido aseguró que el primer filtro de Los Zetas en las ciudades era la misma policía. Cualquier extraño que se internara en su territorio en fechas en que ocurriría una entrega de droga podría ser detenido por los uniformados.

“Les llevarían directamente al jefe de esa plaza”, explicó.

Los acuerdos con el gobierno, se lee en el testimonio, incluían una patente de impunidad. Ante las denuncias de homicidios “se presentarían las quejas, pero no harían investigaciones”, declaró el exmiembro de Los Zetas.

El código de la organización incluía prohibiciones para robar en casas, violar mujeres o asesinar sin permiso. La traición se pagaba con desapariciones masivas que incluían familias enteras. Los sicarios, de acuerdo con el testimonio de un empresario local que era amigo y confidente de uno de ellos, recibían mensualmente 2,000 dólares, sin importar el número de personas a quienes quitaran la vida. Como ganancia extra tenían autorizado robar los menajes de las casas que intervenían para secuestrar a sus víctimas.

En Texas otros exmiembros de la organización, también convertidos en testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, han relatado con detalle los crímenes cometidos al amparo de esta amplia estructura. Los más escalofriantes se ventilaron en julio pasado, durante el juicio contra el sicario Marciano Millán, condenado entre otros homicidios por el asesinato a hachazos de una niña de seis años enfrente de sus padres.

El sicario era un asiduo feligrés de la iglesia de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras, según se lo comentó un amigo de Millán a Univisión Investiga.

Posiblemente en algunas de sus visitas a la iglesia debió ver, junto al altar, los improvisados cartelones que revelan los nombres de desaparecidos y que aún están allí. Al lado, los familiares han colocado otro con fotos de las víctimas.

Millán vivía a unas cuadras de la iglesia, en una casa modesta que comparte terreno con una pequeña tienda. El sicario fue detenido en otra residencia, igualmente humilde, en San Antonio, procesado y declarado culpable por los crímenes cometidos en México. Los periodistas que cubrieron el juicio afirman que Millán no se inmutó cuando uno de los testigos describió la manera como mató a la niña de seis años. El intérprete oficial del acusado no pudo contener las lágrimas, lo mismo que uno de los miembros del jurado.

El testigo fue Adolfo Tavira, un exempleado de Los Zetas en Piedras Negras. En su relato explicó cómo pudo sobrevivir a uno de los peores crímenes en los que participó Millán: la desaparición masiva de al menos 300 personas durante los meses de marzo y abril de 2011, en los municipios de Allende y Piedras Negras, separados por 35 millas con un paisaje colmado de polvo y tierra seca.


UNA MASACRE OLVIDADA

La madrugada del 19 de marzo de 2011, Tavira fue sacado de su casa por varios sicarios de Los Zetas, organización a la que también él pertenecía. Según su testimonio, entre los captores estaba David Loreto, alias Comandante Enano, el mismo jefe zeta que ordenó la desaparición de las 14 jóvenes que fueron invitadas a una fiesta y no volvieron.

Sin que mediara una explicación, Tavira fue esposado y llevado a un paraje en las afueras de Piedras Negras. Allí vio a personas de rodillas, incluidos niños. Los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales, jefes máximos del cartel en ese momento, comandaban la operación.

Dos fuentes en Texas confiaron a Univisión que los Treviño habían sido informados por personal de la Procuraduría General de la República de México, de que tres de sus empleados en la región estaban pasando información al gobierno de Estados Unidos.

Los exsocios del cartel Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y José Luis Garza primero filtraron datos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Más tarde se convirtieron en testigos protegidos. Los Zetas secuestraron a cada una de las personas que conocían, trabajaban, eran familiares o tenían alguno de estos tres apellidos.

Tavira había trabajado en algún momento para Cuéllar, pero logró salvarse gracias a la intervención de Raúl Hernández, alias el Z-100, quien era su jefe directo en ese momento y respondió por él ante los Treviño Morales, de acuerdo con su testimonio.

En su insólito relato de supervivencia Tavira añadió entre lágrimas cómo escuchó los disparos contra los secuestrados, cuando él ya se había salvado. Las víctimas habitaban o laboraban en enormes residencias en Piedras Negras y Allende, que fueron quemadas y saqueadas. Muchos fueron secuestrados en pleno día y ninguno ha regresado.

Entre quienes desaparecieron el día en que comenzó la operación, el 18 de marzo, está Rodolfo Sánchez, quien manejaba un camión de carga. Su hija Gabriela Sánchez, de 23 años, cuenta de memoria los años, meses y días en que su padre ha estado ausente, aunque se refiere a él como si estuviera vivo.

Ella asegura que fue una de los pocos habitantes de Allende que presenció cómo quemaban y destruían con maquinaria de construcción las casas. Los escombros de estas enormes residencias de estética narco continúan allí, como un recuerdo vivo del infierno.

“Yo iba ir pa’la escuela. Eran las seis, 6:20, 6:30 de la mañana cuando nosotros vimos, escuchamos la explosión y cuando di vuelta a ver, estaban las llamaradas”, relató.

La intervención de los Zetas comenzó un viernes en Piedras Negras y varias fincas en las afueras de Allende. El domingo por la noche, quemaron y asaltaron la casa de Víctor Garza, tío de uno de los exsocios, a menos de 20 pasos de la residencia de Sergio Lozano, entonces alcalde de la ciudad.

Cinco años después, Lozano continúa operando su negocio de venta de productos para el campo. No ha sido imputado por algún delito relacionado con la masacre. La procuraduría de Coahuila dijo a Univisión que aún se encuentra en calidad de testigo sujeto a investigación y no hay otras acciones legales en su contra.

“En este momento él está sujeto a investigación y seguimos nosotros con su colaboración y con la colaboración de algunas otras personas para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el procurador.

Las autoridades estatales sostienen que solo 54 víctimas han sido confirmadas como desaparecidas en las tres semanas trágicas de 2011.

“Hay investigaciones abiertas. En ellas caben todo tipo de líneas de investigación”, aseguró el procurador Ramos. Como responsables, las autoridades han detenido a ocho miembros de Los Zetas y seis policías municipales.

La hija del chofer rompe a llorar apenas comienza la entrevista. En su recuerdo, la parte más difícil ha sido la impotencia. “Niños chiquitos, de un año, dos años, envueltos en llamas y uno sin poder hacer nada. Miraba las casas y no podías ayudar a nadie. En la casa de enfrente de los bomberos, la casa de frente de gente que podía hacer algo, no podías hacer nada, nada”, recordó.

Ana María Sandoval, cuyo hijo desapareció un año después de la masacre, luego de negarse a trabajar como vigilante para Los Zetas, apunta directamente a la complicidad oficial.

“Los policías andaban en lo mismo, ellos andaban haciendo eso. Participaban, simplemente checaban, cerraban las calles. Eso es participar. Y son cómplices, ¿o qué no?”, apuntó.

Durante tres años, fuera de Allende la desaparición era desconocida. El periodista Juan Alberto Cedillo, corresponsal en la región del semanario Proceso de México, fue el primer reportero de un medio nacional que viajó allí para conocer detalles del caso.


“Se pueden esconder uno o dos crímenes por un tiempo pero desaparecer 300 personas y que no se conozca eso habla del nivel de protección que tenían”, consideró en entrevista.

LA LAVANDERÍA TEXANA

Además de compartir los secretos de su complicidad, políticos y narcotraficantes de la zona fronteriza encontraron un campo común para invertir el dinero sucio de sus actividades: el vecino estado de Texas.

Allí abrieron cuentas bancarias, compraron mansiones, lotes, automóviles de lujo y caballos de carrera. No existe ninguna acusación contra bancos ni firmas inmobiliarias que se prestaron para mover los millones de dólares.

Los secretos de las operaciones han salido a flote en procesos de incautaciones y acusaciones criminales. La más conocida quizás es la que señala que José Treviño Morales, hermano de los líderes que comandaron la desaparición masiva en Allende, lavó al menos 60 millones de dólares del cartel en Texas mediante la comercialización de caballos de carreras.

Los Zetas utilizaron bancos con JP Morgan Chase, HSBC, Federal Capital Bank o UBS para guardar las ganancias, de acuerdo con documentos judiciales consultados por Univisión.

En una serie de investigaciones por lavado de dinero producto de la corrupción contra políticos de Coahuila y empresarios locales, las autoridades decomisaron en enero de este año propiedades en San Antonio, Texas, con valor de 24 millones de dólares. Las propiedades figuraban a nombre de testaferros de Javier Villarreal, quien fuera el principal encargado de las finanzas de Coahuila cuando Humberto Moreira era gobernador. Los decomisos de un edificio donde opera una farmacia, un edificio de bodegas y dos residencias estuvieron fincados en acusaciones de que los inmuebles se habían comprado con dinero robado del erario coahuilense, según los registros que revisó Univisión.

Sin mencionar su nombre, la acusación identificó a Moreira solo como co-conspirador 1, o CC1 pero la descripción de su cargo y la época en que ocurrieron los hechos no deja dudas de que se trata de él. Esta referencia se conoció en una causa penal contra Rolando González, empresario en Coahuila. Desde 2009 González es padrino de bautizo del hijo mayor de Uribe, el exempleado de Los Zetas, quien testifico que lavó 50 millones de dólares del cartel en Piedras Negras.

Uribe declaró directamente contra Moreira en julio pasado. En su testimonio, del que Univisión Investiga obtuvo una copia, el exmiembro del cartel indica haber pagado sobornos por unos 3.5 millones de dólares que iban dirigidos al entonces gobernador. En esta versión, los pagos se habrían realizado en dos entregas.


El primer traspaso habría sido de dos millones de dólares guardados en maletines, en el hotel Quinta Real de Saltillo, la capital de Coahuila. El intermediario era Vicente Chaires, director de administración estatal y uno de los colaboradores más cercanos a Moreira.

“La segunda fue hecha allí mismo en Saltillo, en una estación de gasolina”, declaró Uribe. En esta ocasión, el testigo aseguró haber estado acompañado de otros tres comandantes de Los Zetas.

“Nos dirigíamos hacia Puebla y paramos allí en esa estación de servicio para realizar el pago (…) El Cien y El Danny se quedaron allí hablando con Jesús Torres Charles”. El funcionario mencionado como recipiente era entonces procurador estatal y ha negado a la prensa la veracidad de los dichos de Uribe.

El testigo abundó que en la segunda entrega pagaron en efectivo, en bolsas selladas al vacío, “aproximadamente entre 1.5 y dos millones de dólares también”. Ante la pregunta del fiscal Russell D. Leachman de cuál fue el beneficio que obtuvieron Los Zetas a cambio de estos pagos, Uribe respondió:

“El control sobre las plazas de todo el estado de Coahuila”.

El exgobernador Moreira negó estos hechos en un comunicado y un mensaje enviado a Univisión Investiga. Aseveró que no conoce a Uribe, que sus dichos son “fantasiosos” y que cuando sucedió la masacre en Allende él ya no gobernaba el Estado.

Dos meses antes de la masacre de Allende, en efecto, Moreira había dejado el cargo para convertirse en presidente de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo desde el que trabajó para la candidatura del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Pero una revisión de los documentos judiciales refleja que Uribe expresamente aclaró que los pagos de sobornos ocurrieron durante su época como Gobernador.

“(Los pagos) eran para protección y cualquier acuerdo al que habían llegado era con Humberto Moreira, que en ese momento era el gobernador de Coahuila”, testificó.

Los negocios de Uribe en Piedras Negras, descritos en la acusación, también coinciden con el periodo de Humberto Moreira en el gobierno.

Moreira ha exigido a los medios que dejen de involucrarlo con el grupo criminal que asesinó en 2012 a su hijo mayor, José Eduardo Moreira. Las autoridades estatales de Coahuila, ya bajo el mando como gobernador de Rubén Moreira, hermano de Humberto, divulgaron que el asesinato del joven de 25 años fue una venganza de Los Zetas. Menos de 24 horas antes de la ejecución, un comando especial del gobierno de Coahuila había ultimado en una esquina de Piedras Negras a Alejandro Treviño, sobrino del Z-40. En la ciudad el grupo criminal colocó mantas con la consigna “familia por familia”, dirigidas a Rubén Moreira.


EL REINO DE LOS URIBE

Rodrigo Uribe era conocido en Piedras Negras como un joven jactancioso que llevaba una agitada vida social. Es hijo de un político. Una fuente cercana a la familia confió a Univisión Investiga que Uribe ingresó al cartel por medio de su hermano, Miguel Uribe, desaparecido en 2012 y quien tenía rango de comandante.

“Él [Miguel] manejaba lo que eran los cobros de cuotas, lo que era mercancía para la exportación hacia Estados Unidos y lo que era el control de Cinco Manantiales y Piedras Negras”, dijo bajo petición de anonimato un empresario de Piedras Negras que conoció las operaciones del cartel y a Miguel gracias a un amigo que trabajaba con Los Zetas.

Sobre su hermano, Rodrigo declaró en San Antonio que había sido asesinado.
“Él estaba a cargo de toda la coordinación de las drogas y secuestros. Prácticamente la misma función que un sicario”, dijo. La muerte de Miguel y su otro hermano, Mauricio, se debió a que un mando local de Los Zetas descubrió que Miguel había robado un dinero y lo había reinvertido en una casa de cambio.

“El jefe mandó a llamar a Miguel y al dueño de la casa de cambio, y nunca volvieron”, refirió una fuente cercana a la familia, quien pidió omitir su nombre.

Mauricio Uribe, el tercer hermano que también trabajó para Los Zetas, estaba encargado de “hacer conexiones con personas en la política”, refiere la declaración de Rodrigo.

La operación bajo el control de Miguel Uribe incluyó el manejo del penal de Piedras Negras, de acuerdo con el testimonio de su hermano en Texas y dos fuentes locales en Piedras Negras. La cárcel se convirtió bajo el mando de Uribe en un centro de operaciones de Los Zetas.

Entre 2008 y 2011, como han aceptado las autoridades estatales, el penal fue controlado por el grupo criminal. El empresario contó que allí “se utilizaba como el taller, prácticamente el taller de sus autos para blindaje (…) hacían un compartimiento entre la transmisión y el chasís para poder guardar lo que era droga”.

Agentes de la DEA se enteraron que también permitían la salida de reos. “Verificamos que el fin de semana si había un trabajo que hacerse afuera de la cárcel, un asesinato o algo así, dejaban que salieran unos tres o cuatro”, reveló el exagente entrevistado en Texas. “Después del trabajo regresaban a la cárcel”.

Rodrigo reveló en San Antonio que los acuerdos políticos de Los Zetas permitían a su hermano Miguel, quien estaba preso, usar la cárcel como si fuera prácticamente un hotel.

“Estaba libre para seguir con su día fuera de la cárcel y simplemente dormir en la cárcel”, añadió.

El penal de Piedras Negras, bajo el mando de su hermano, era “un lugar donde era muy fácil esconderse, robar cosas, hacer cosas allí”, de acuerdo con el testigo. La investigación oficial ha encontrado que en la época descrita en el juicio fueron asesinadas y calcinadas en esa cárcel al menos 150 personas, algunas de ellas, las víctimas de la masacre de Allende.


Entre los testigos que incriminaron a políticos locales, Efren Tavira aseguró haber tenido conocimiento de que le pagaron sobornos al actual gobernador del Estado, Rubén Moreira, en una camioneta atestada de maletas con billetes, cuando estaba en campaña.

“Tan inverosímiles son dichas versiones que notas publicadas en la red señalan que este testigo se encontraba detenido por autoridades norteamericanas durante el periodo en que él menciona que sucedieron los hechos”, afirma un comunicado de prensa de la gobernación. El comunicado agregó que, según lo que publicaron los medios, se trataba de apoyos para una campaña electoral entregados en el 2012, “cuando es de sobra conocido que la campaña a gobernador fue en el 2011”.

La hija de Juana Rodríguez, quien desapareció en la administración de Rubén Moreira, no ha vuelto a casa ni han tenido pistas de ella. Tampoco del hijo de Ana Sandoval, desaparecido en marzo de 2012, igualmente en la actual administración. El procurador estatal, Ramos, afirmó en entrevista con Univisión que por los 1,600 desaparecidos en Coahuila actualmente hay 24 funcionarios en la cárcel. Todos son policías. Entre los detenidos no hay mandos medios ni superiores de la administración actual, ni de las dos anteriores.

La masacre de Allende ha sido ya denunciada ante la Corte Penal Internacional de La Haya por Armando Guadiana, un empresario local. Un grupo de investigadores de El Colegio de México, una de las universidades con mayor prestigio en México, está desarrollando una pesquisa independiente por el caso.

El encargado de dicha investigación, Sergio Aguayo, actualmente enfrenta una demanda por daño moral de Humberto Moreira por haber escrito en una columna de opinión en el diario mexicano Reforma, que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto”.

En entrevista con Univisión, Aguayo sostuvo que la demanda fue presentada casi medio año después de la publicación de la columna, cuando comenzó a conocerse su investigación paralela.


“Pasan seis meses. No me parece lógico. Por tanto es que a raíz de eso yo digo, bueno, tiene que haber otra, otra, otra razón. ¿Cuál es la otra razón? ¿Qué he hecho en relación a su gobierno?”, afirmó.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: REDACCIÓN/PENILEY RAMÍREZ, GERARDO REYES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-08-2016/3080906

Las familias de Allende llevarán a los Moreira a la corte de La Haya

La organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila. La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Recientemente, Sergio Aguayo,  académico del Colegio de México, fue demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por difamación. Por su parte, el también articulista sostuvo que el trasfondo es precisamente una investigación que realiza sobre lo sucedido en Allende.

El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdez será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas.

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional.

“Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista.

En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.

Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.

Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.

La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.

“Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes”, dijo García.

La mayoría de desapariciones en Coahuila fueron realizadas en grupo, detalló Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hace un mes y durante la presentación del informe “Atrocidades innegables” de Open Society. Para muestra un botón, dijo, pues el Centro Juan de Larios registró entre el 2007 y el 2015 un total de 494 personas desaparecidas, agrupadas en 164 casos.

En entrevista con SinEmbargo, García Bosque explicó por qué se puede decir que los Gobiernos de los hermanos Moreira cometieron desapariciones forzadas:

—¿Cómo están documentando la información de desapariciones forzadas?

—Tenemos tres años trabajando. Sabemos de antemano que presentar una denuncia de esa naturaleza en la CPI no se trata sólo de ir a decir que está pasando algo. Al día de hoy tiene más sustento lo que estamos trabajando, porque es de todos sabido que en Estados Unidos hay un juicio, en contra de una persona que tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ya se recopiló la totalidad de los documentos que se necesitaban, de los testimonios y ahorita estamos trabajando para presentar todo esto ante la CPI.

—¿Qué testimonios incorporan y qué relación tendrá el juicio con la denuncia?


—Tenemos lo vertido y que es público, a través de diferentes publicaciones como el San Antonio Express News. Y, obviamente, los archivos que se convierten en públicos del juicio. Tenemos testimonios donde aparecen nombres que son de personas que nosotros registramos como desaparecidas. Es por eso que se vincularía este testimonio con lo que ha acontecido en el estado. Además, tenemos casos desde el 2007, pese a que la asociación empezó a trabajar en el 2013. Se han acercado a nosotros personas que tenían temor de denunciar la desaparición, a raíz del reproche de la propia autoridad, de hacerlos desistir, con la consigna de que si denunciaban podía suceder algo peor.

—¿Tienen ustedes registrado algún indicio de ocultamiento u alteración de los casos de desapariciones por parte de las autoridades estatales?

—Han sido dos ocasiones en las que el estado ha manejado teorías de lo que supuestamente aconteció en Allende. La primera de ellas fue en el 2014 con un hallazgo de hasta 4 mil fragmentos de osamentas, de acuerdo con la versión del Procurador. Públicamente dijeron que estos fragmentos eran imposibles de cotejar con el ADN de sus familias. No pasaron ni 15 días, cuando ya teníamos publicaciones en las que les estaban entregando los restos a las familias. Pero más allá de eso, el Gobernador del estado [Humberto Moreira] en una entrevista pública reconoció que no eran restos sino que se les había entregado tierra del lugar de los hechos, e hicieron una justificación de que esto había sido una entrega simbólica a petición de las familias. Lo que preguntamos fue que si esto era una entrega simbólica por qué también se han estado entregando actas de defunción.

—¿De cuántos actas estaríamos hablando?

—Se hace presumible, por información de quien aquel entonces era Subprocurador en el área de no localizados, de que se trataba de 11 casos.

—¿Y cuántos testimonios integrarán la denuncia que presentarán ante la CPI?

—No podríamos dar una cifra en cuanto a los testimonios, porque de un solo caso podrían desprenderse varios testimonios. Aquí el punto es que hablamos de dos etapas en las que se han perpetrado desapariciones en el estado. Una es el desafortunado caso de Allende en donde se empiezan a perpetrar desapariciones desde el 2009, aunque no es sino hasta el 2012 cuando se habla del terror que implementaron estos grupos criminales. Y a partir del 2013, tenemos otro tipo de desapariciones, documentadas por nosotros como desaparición forzada y que fueron perpetradas por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales [GATE] del Gobierno del Estado, que ahora se denomina Fuerza Coahuila.

—¿Cómo operaba el GATE?


—El detalle es que realizaron detenciones arbitrarias, después de eso mantenían oculta a la persona. Los testimonios que se desprenden aseveran que privaban de la libertad a una persona. La familias salían a las instituciones a buscarlos, para ver si se encontraban detenidos en alguna celda, y encontraban una negativa. A veces pasaban hasta tres o cuatro días para que las familias pudieran tener conocimiento de dónde estaban. A esto se le llama desaparición forzada, porque es una desaparición, seguida por el ocultamiento de una persona, y sus perpetradores fueron directamente una corporación policial. Tenemos 15 personas aún no localizadas [15 de 85 casos de desaparición forzada].

—¿Qué sucedió con los que sí aparecieron?

—Las demás, al se encontrados, tenemos testimonios vivos de que fueron objetos de tortura por parte de esa corporación. Esta corporación llamada GATE no tenía sustento legal cuando comenzó a operar. Se habla de su creación desde el 2009, y para el 2015 esta corporación no había sido reconocida dentro de un marco jurídico. Que omite la ley orgánica de la Comisión estatal de Seguridad, porque no existía. Posterior a ello, pues hacen un cambio de denominación llamarle a esa corporación Fuerza Coahuila.

—Tanto las presuntas desapariciones cometidas por la GATE, como las de Allende se cometieron durante el Gobierno de Humberto Moreira y del actual Gobernador Rubén Moreira. ¿La denuncia tendrá alguna implicación para ellos?

—Obviamente, aquí hablamos de una participación de los perpetradores. Pero también hablamos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, todos los funcionarios superiores: es decir, Gobernador, Secretario de Gobierno, Procurador y Comisionado de Seguridad, todos tienen responsabilidad por omisión. Ellos estaban obligados por ver y velar por la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Resulta a veces imposible de creer que estas personas no se dieron cuenta jamás de lo que estaba sucediendo. Entonces, cabría una posibilidad de responsabilidad para los funcionarios. Ya en su momento cada instancia tendría que advertir si sí o no, de acuerdo a las obligaciones de cada funcionario. Y ver si tenía la obligación o el deber de saber lo que estaba sucediendo.

—¿Cómo influirá la denuncia ya presentada por un aspirante a Gobernador Armando Guadiana a la que ustedes pueda presentar?

—Supongo que es un proceso muy aparte. Desconozco exactamente los rubros que están manejando en esa denuncia. Nosotros estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Los más evidentes son homicidio, tortura y desaparición forzada. Existe la participación de un ente del Estado, concretamente, de los directivos del centro penitenciario. Esto va documentado en la denuncia por los manejos que han hecho el estado. Tomando en cuenta la pura declaración del estado en cuanto este supuesto error de que se introdujeron personas al centro penitenciario y que ahí fueron calcinadas. Se habla de un número de hasta 150 personas. Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2016/3069074