En 2011 un comando de Los Zetas y policías ingresó a Allende, Coahuila, y mató a unas 300 personas. Desde entonces sobrevivientes y familiares de las víctimas han padecido indolencia y omisiones de la autoridad y de los órganos creados para garantizar los derechos humanos. Por ese motivo los afectados pidieron la protección de la justicia, cuya solicitud de amparo fue admitida el 21 de marzo último. En entrevista, el defensor de los sobrevivientes y deudos, Jesús González Schmal, expone la inacción de la CNDH y de la Comisión de Atención a Víctimas, pese a la promesa de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas de reparación integral del daño.
Víctimas de una de las peores matanzas perpetradas en México durante el sexenio de Felipe Calderón, las familias de Allende, Coahuila, han sido revictimizadas reiteradamente: a la falta de justicia, el Estado mexicano ha empantanado la reparación integral del daño que corresponde, haciéndoles a las víctimas vivir un calvario, denuncia su abogado, Jesús González Schmal.
Decenas de escritos, solicitudes de audiencia y negativas a las peticiones de cumplimiento de una recomendación por violaciones graves, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), admitida y con compromiso público, el caso encierra una serie de disfuncionalidades que en estos años corresponden tanto al ombudsperson, la Comisión de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV), la secretaría de Gobernación y ahora al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora paralizado en su funcionamiento.
