Reportaje sobre matanza de Apatzingán gana Premio Latinoamericano de Periodismo

CIUDAD DE MÉXICO: El reportaje “Fueron los federales” –que reconstruye la matanza ocurrida en Apatzingán el 6 de enero de 2015–, escrito por la periodista Laura Castellanos, obtuvo el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2016, informaron este sábado 3 las organizaciones que otorgan dicha presea: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.


La investigación –difundida de manera simultánea el 19 de abril de 2015 por la revista Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena de televisión Univisión–, “desbarató la versión oficial sobre la muerte de 16 personas en un supuesto ‘fuego cruzado’ en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; y concluyó que, en realidad, agentes policiales, con respaldo militar, ejecutaron  extrajudicialmente a ciudadanos desarmados”, señala el acta del jurado del premio, cuyos integrantes consideraron que “el reportaje refleja el esfuerzo periodístico independiente, sistemático y, en ciertos momentos, solitario de la reportera para investigar crímenes de lesa humanidad, cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, que permanecían encubiertos”.

“Castellanos desplegó una búsqueda incansable de testimonios en una zona de alto riesgo, y luchó para asegurar que la historia fuera conocida por el público, a pesar de los intentos de censura para evitar que circulara”, añade el acta del jurado, en referencia a que el diario El Universal –que originalmente encargó dicha investigación– decidió no publicarla, según denunció la propia Castellanos el pasado 4 de octubre cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo justamente por este mismo reportaje.

El premio –consistente en un diploma y 15 mil dólares– se otorga durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) que esta semana sesiona en la ciudad de Panamá.

“El reportaje sobre la masacre en Apatzingán visibiliza cómo en México está imperando la violencia organizada y cómo ésta manifiesta los intereses más oscuros del aparato de Estado”, declaró Castellanos en un video que envió a COLPIN para agradecer el galardón, el cual, dijo, le “llena de orgullo”.

Recordó que los sobrevivientes de la matanza señalaron como responsable intelectual a Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, y “funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto”. Sin embargo, subrayó la reportera, “hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha revelado las investigaciones ministeriales del caso. No hay un solo detenido y se mantiene la persecución y casos de desplazamiento forzado”

En el video, Castellanos expresa sus reservas por el hecho de que la Fundación Open Society, del financiero estadunidense George Soros, sea uno de los patrocinadores del premio que otorgan IPYS y Transparencia Internacional. Señala que a Soros unos lo consideran un filántropo comprometido con los derechos humanos, mientras que otros lo señalan como “el más grande especulador del mundo”.

“No me gusta cómo funciona el sistema y no me gusta que haya multimillonarios, aunque sean filántropos”, dice en el referido video, para enseguida anunciar su decisión de “no apropiarme de los 15 mil dólares y destinarlos a las víctimas de la masacre de Apatzingán”, por lo que “lo conducente es encontrar una instancia intermediaria que haga llegar el dinero a los familiares de las víctimas de la matanza”.

El jurado otorgó el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación al reportaje “Tierra Bruta”, que revela una cadena delictiva dedicada al tráfico de madera y de tierras en el centro y centro-oeste de Brasil, y escrito por reporteros del diario O Estado de S. Paulo.


Y entregó el tercer lugar a “Memoria Robada”, investigación trasnacional que expone la participación de redes de crimen organizado en el tráfico del patrimonio cultural en América Latina. Esta investigación fue coordinada por el periodista peruano David Hidalgo y en ella participaron reporteros de Ojo Público (Perú), La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Chequeando (Argentina) y Animal Político (México).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465113/reportaje-matanza-apatzingan-gana-premio-latinoamericano-periodismo-investigacion

Víctimas y familiares de la masacre en Apatzingán, en tremenda vulnerabilidad: Castellanos

Por su trabajo periodístico, la autora recibe el viernes el Premio Nacional de Periodismo 2015, en un acto en el Castillo de Chapultepec.

La masacre ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015 tiene dos versiones; una es la oficial, la cual contrasta con la segunda, revelada a raíz de una investigación periodística de Laura Castellanos, que indica que hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de la Policía Federal.

En entrevista con Aristegui Noticias, la periodista ganadora del Premio Nacional de Periodismo que se entrega este viernes, explicó que dentro de la versión oficial de los hechos, el entonces comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que las muertes ocurrieron a consecuencia de un fuego cruzado, mientras que la investigación periodística revela que hubo un operativo en el que estuvieron involucrados agentes del Estado a nivel federal, estatal y municipal para realizar una acción violenta en contra de manifestantes.

De acuerdo con la investigadora, la masacre tuvo dos momentos que dejaron un saldo de 16 ejecuciones.

“A diferencia de otras masacres ocurridas en el gobierno de Peña Nieto, no se ha revelado los resultados, no hay un solo detenido. Hay una tremenda vulnerabilidad en los sobrevivientes y testigos, ya que han vivido acoso y desplazamiento y hasta donde he tenido contacto, no hay indemnización por los hechos y están en un acoso cotidiano“, dijo.

Castellanos indicó que actualmente hay personas heridas o enfermas, familiares que tras los hechos fueron detenidos, torturados y encarcelados en el penal de Nayarit y los hechos siguen sin cambios.


“No ha habido una comisión investigadora. Es verdaderamente alarmante la condición en que están en este momento”, concluyó.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/victimas-y-familiares-de-la-masacre-en-apatzingan-en-tremenda-vulnerabilidad-castellanos/

Cumple 1 año masacre en Apatzingán; Castillo, “impune”: Laura Castellanos

Hoy se cumple un año de cometida la masacre de Apatzingán por parte de la Policía Federal (PF) sin que hasta el momento la PGR dé a conocer sus investigaciones, haya detenido a algún responsable y mucho menos llame a cuentas a Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán.

Castillo sigue siendo el gran impune de la matanza del Día de Reyes en la que se cometieron por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Federal.

No obstante la protección federal que goza se extiende ahora al flamante gobierno perredista de Silvano Aureoles, que no sólo ratificó a José Martín Godoy como procurador estatal, sino también al único funcionario que la PGR vio como probable involucrado en los hechos y que es de las confianzas del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Me refiero a Andrés Becerril, el fiscal de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), que fue titular de la delegación de la PGR en el estado al suceder la masacre, y que anteriormente fue subordinado de Castillo cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

La PGR anunció la destitución de Becerril a días de los hechos pero en realidad éste renunció con un cordial saludo de agradecimiento, no lo investigó, y luego se le nombró en la citada fiscalía estatal que precisamente investiga los casos de homicidios dolosos, como bien lo documentó la reportera Peniley Ramírez de Univisión.

La protección oficial a Castillo se debe a que fue el responsable de la estrategia en la que el gobierno armó a civiles para combatir a civiles criminales y se les dotó de acompañamiento de las fuerzas federales en sus operativos. Es decir, fue el legitimador de una guerra civil acontecida bajo un estado de excepción en el que se realizaron todo tipo de atropellos.

Tal acompañamiento fue, sin embargo, relativo. Más bien a esos civiles se les utilizó como la carne de cañón.

No hay que olvidar que los autodefensas e integrantes de la Fuerza Rural atacados pertenecían al grupo elite G-250 creado por Castillo para combatir a Servando Gómez Martínez La Tuta.

Diversos testimonios de jornaleros que integraron el G-250 aseguran que en la sierra estuvieron ocho meses, a su suerte y sin paga, en los que llegaron a enfrentarse a pedradas y palazos no con criminales, sino con militares que impedían su avanzada en rancherías de la zona o pretendían desarmarlos. Los civiles dicen que atestiguaron que había una red de protección de fuerzas federales a La Tuta.

Como se sabe, Castillo disolvió al G-250 días antes de salir como comisionado en diciembre de 2014 sin que se detuviera a La Tuta, por lo que dichos civiles se inconformaron en un plantón y los atacó la PF en un operativo en el que también intervino el Ejército.

Y es precisamente en la víspera de que se cumple un año de la masacre que en una declaración ministerial de un caso totalmente ajeno al de Apatzingán, el del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, que Castillo muestra el tamaño de su cinismo.

Negó haber armado a grupos de civiles en Michoacán y que haya habido una estrategia de articulación de operativos conjuntos con las fuerzas federales. “Lo desconozco”, dijo por escrito a la autoridad judicial.

Verdad es que en los crímenes acaecidos el 6 de enero Castillo no es el único responsable. Hubo una cadena de responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal que de igual forma ha sido protegida mientras agentes del Estado han perseguido a sobrevivientes y se torturó y encarceló a familiares de los mismos.

El informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de los hechos, si bien fue laxo y limitado, reconoció que hubo una ejecución extrajudicial y cinco casos de privación ilegal de vida. ¿Cuándo la PGR revelará sus investigaciones? Es el colmo: la PGR se estará investigando a sí misma.

Ante la falta de procuración de justicia en México el caso de una víctima llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero aún se ve lejana la creación de una comisión investigadora externa bajo su cobijo.

Habrá que ver si organismos civiles de derechos humanos llevan el caso de esta masacre, y el de las otras masacres cometidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a tribunales internacionales para que se les juzgue por crímenes de lesa humanidad.


No obstante, por ahora, a un año de la matanza, el promotor nacional del deporte ha sido exonerado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ LA JORNADA DE SAN LUIS.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0601/mexico/cumple-1-ano-masacre-en-apatzingan-castillo-impune/.
LINK #2: http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/castillo-el-gran-impune-de-apatzingan/ 

Matanza de Apatzingán: un año y no hay responsables

APATZINGÁN, Mich: A un año de registrarse la masacre de esta ciudad, no se ha consignado a un solo culpable por los hechos de violencia del 6 de enero del 2015, en los que perdieron la vida nueve personas.

Michoacán aparece en el informe preliminar de la visita que hizo a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta, Rose-Marie Belle Antonie. En el documento se destacan los casos de Apatzingán y Ecuandureo, como muestra de que en México ocurren ejecuciones extrajudiciales.

De Apatzingán menciona la matanza del 6 de enero y destaca que 16 personas desarmadas fueron asesinadas por elementos de las fuerzas federales, aunque las autoridades se han defendido diciendo que fue un enfrentamiento entre civiles armados.

El organismo internacional autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos señala que el 23 de mayo, en Ecuandureo, también se pretendió hacer creer que las muertes de civiles fueron resultado de un enfrentamiento.

Tanto en Apatzingán como en Ecuandureo, los testimonios e indicios apuntan a ejecuciones extrajudiciales, pues se alteró la escena del crimen para presentar las cosas simulando que ocurrieron agresiones contra la fuerza pública. La CIDH apunta que hay irregularidades en las investigaciones.

El 6 de enero de 2015, el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, habló de sólo nueve muertos y 44 detenidos; éstos últimos fueron liberados pocos días después por orden de un juez que no encontró elementos para procesarlos.

Castillo detalló dos eventos ocurridos en las primeras horas de ese día, uno en la presidencia municipal y otro en la avenida Constitución; del primero, según el entonces gobernador de facto de Michoacán, había resultado un muerto, y del segundo ocho, y para ilustrar exhibió un video en el que bajaban de camionetas varias personas “armadas” (en realidad llevaban palos) para después retroceder corriendo.

Esa mañana, policías federales que escoltaban varios vehículos asegurados en un operativo para la liberación de la presidencia municipal local, fueron alcanzados por decenas de hombres en varias camionetas sobre la avenida Constitución de 1814.

De acuerdo con la versión de Castillo, los tripulantes de las camionetas comenzaron a disparar contra los uniformados, por lo que al repeler la agresión se dio muerte a nueve personas.

Pero fue una verdadera masacre, dijeron a este corresponsal decenas de lugareños que observaron la refriega desde los comercios aledaños a la plaza municipal, y quienes proporcionaron declaraciones verbales, grabaciones, videos, en los que ninguno se ve que se haya registrado un enfrentamiento y sí que las armas “fueron plantadas a los muertos, después de su deceso”; cargadores y armas no compatibles, cartuchos de escopetas sin detonar y de calibres diferentes a las armas. (Proceso 18 de enero del 2015).

La investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que participaron visitadores adjuntos, peritos en las materias de medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, reveló serias inconsistencias.

Según la CNDH, aproximadamente a las 07:46 horas, en la Avenida Constitución de 1814, entre Luis Moya y Plutarco Elías Calles, se registró un enfrentamiento entre personal de la Policía Federal y miembros de “autodefensas”, específicamente con los tripulantes de una camioneta RAM tipo pickup color blanco, que dio como resultado 9 personas fallecidas (7 en el lugar de los hechos, uno cuando era trasladado en ambulancia y uno que apareció fuera del Hospital General de Apatzingán).

De las 9 personas fallecidas, 3 eran tripulantes de la camioneta RAM y 5 los tripulantes de una camioneta GMC Acadia color negra, mientras que otra resultó lesionada al interior de un restaurante y posteriormente apareció muerta afuera del Hospital General de Apatzingán.

Los peritajes de la CNDH revelaron que por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Federal perdieron la vida cinco personas, mientras que una más fue ejecutada, igual por policías.

Los otros cuatro occisos perdieron la vida debido a la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal, lo que provocó que sufrieran choque hipovolémico que derivó en su muerte.

Se encontraron también irregularidades en la preservación del lugar de los hechos, al no embalar algunos de los indicios, evidencias o medios probatorios asegurados; omisiones en la realización de 10 necropsias; en la identidad y la asignación de nombres a dos cuerpos sin vida que se encontraron cerca de la camioneta GMC Acadia, toda vez que en la diligencia de levantamiento de cadáver un Ministerio Público y un perito en materia de criminalística invirtieron las lesiones que presentaron, lo cual no fue revisado y detectado posteriormente por personal del servicio médico forense, todo esto atribuible a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Actualmente las autodefensas se han desmovilizado y el comisionado Alfredo Castillo se ha ido, pero el clima de inseguridad prevalece en Apatzingán y en la Tierra Caliente, y los enfrentamientos están de regreso en esa región, cuna de La Empresa, que luego cambió de nombre por La Familia Michoacana y finalmente por los Caballeros Templarios.

Ahora se suman los presuntos cárteles los Troyanos, H3, los Viagras, y Cártel Jalisco Nueva Generación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425373

Alfredo Castillo debe responder por masacre en Apatzingán: PAN

"Es una vergüenza que el secretario de Educación (Aurelio Nuño) solape" al excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aseguró Marko Cortés, coordinador de los diputados de Acción Nacional.

Alfredo Castillo debe responder por el uso excesivo de la fuerza y la ejecución extrajudicial de -según la CNDH- al menos una persona en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, cuando se desempeñaba como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, afirmó el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

“Debe responder ante la autoridad por el uso excesivo de la fuerza de la Policía Federal, en la privación de la libertad de cinco personas y por la ejecución extrajudicial de una persona más el 6 de enero pasado en Apatzingán”, dijo Cortés Mendoza.

Hay que recordar que en ese entonces, en su papel de Comisionado para Michoacán, era el responsable del mando de la Policía Federal, advirtió el diputado de acuerdo con un comunicado del Grupo Parlamentario panista.

“Es una vergüenza que el secretario de Educación (Aurelio Nuño) solape al señor Castillo, que ahora también tiene un desastre en la Comisión Nacional del Deporte, en lugar de exigirle que acuda ante las autoridades para esclarecer acerca de su desempeño en funciones de seguridad en Michoacán”, añadió Cortés.

“Así que Aurelio Nuño debe tener cuidado en no convertirse en cómplice de Alfredo Castillo”, concluyó.

Cortés también recordó que “Castillo se negó a atender el citatorio de un Juez Federal de Uruapan, en torno a diversos hechos ocurridos en relación con las autodefensas en el estado (…) el funcionario decidió no dar la cara para afrontar su responsabilidad”.

A la luz de los hechos, dijo, todo parece indicar que se está escondiendo. “Dicen que quien nada debe, nada teme. Pero por su actitud, es probable que deba mucho”, aseveró.


El 19 de abril de 2015 la reportera Laura Castellanos publicó en este sitio de noticias el reportaje Fueron los federales, en el que afirmó que el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, policías federales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de por lo menos 16 muertos y decenas de heridos. Alfredo Castillo, excomisionado para Michoacán, dijo que los acontecimientos fueron producto de “fuego amigo”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/alfredo-castillo-debe-responder-por-masacre-en-apatzingan-pan/

‘Astillero’ retoma las preguntas a la CNDH sobre la masacre en Apatzingán

¿Hubo una estrategia para encubrir el número total de cadáveres y su grado de lesiones porque fueron ejecuciones extrajudiciales?, es una de las preguntas de la periodista Laura Castellanos.

El columnista de La Jornada, Julio Hernández, escribe este lunes sobre la masacre en Apatzingán y las recomendaciones de la CNDH:

Aun cuando en la inmediatez noticiosa pudiera parecer positiva la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de sangre acontecidos en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero del presente año, el saldo podría quedar en realidad en una maniobra atenuante, encubridora de la gravedad de lo que se ha señalado desde un principio como ejecuciones múltiples por parte de policías federales.

La periodista Laura Castellanos publicó el 19 de abril de este año un documentado reportaje en Aristegui Noticias, titulado Fueron los federales, en el que se asienta que agentes de la PF ejecutaron a civiles desarmados, no solo uno, como considera la CNDH. En función del material que recopiló Castellanos, y de las investigaciones que ha realizado en cuanto a lo sucedido en Apatzingán, son de tomarse en consideración, y demandarían respuesta, algunas de las preguntas que ella planteó en la rueda de prensa donde se dio a conocer el informe de 400 páginas de la CNDH sobre el caso:

“¿Por qué la comisión no investigó la razón por la cual ningún cadáver se dejó en el servicio médico forense (Semefo) de Apatzingán, con capacidad para 10 cuerpos?

¿Por qué se trasladó por lo menos a siete cadáveres a los Semefos de Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas, a dos o tres horas de distancia de Apatzingán, como lo prueban sus actas de defunción?

¿Por qué será que uno de estos cuerpos es el de un joven que la CNDH señala que, ‘indiciariamente’, la PF lo privó de su vida, del que la PGJ del estado de Michoacán no le facilitó las fotografías forenses y no indagó las razones de su traslado al Semefo de Lázaro Cárdenas?

¿Por qué a dos de los cuerpos que la CNDH no consideró como ejecuciones extrajudiciales (sino como privaciones de vida, aunque reconoció que no iban armados: uno recibió 27 tiros y otro siete), se les llevó al Semefo de Morelia y en su acta de defunción presentaron ‘penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo’?

¿Hubo una estrategia para encubrir el número total de cadáveres y su grado de lesiones porque fueron ejecuciones extrajudiciales?

¿La CNDH se hace cómplice de esa estrategia al omitir investigarlo?”. 


Aquí la participación de Laura Castellanos en la conferencia de la CNDH:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3011/mexico/astillero-retoma-las-preguntas-a-la-cndh-sobre-la-masacre-en-apatzingan/

(Actualizado) PF ejecutó a uno y cometió graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán: CNDH

En su recomendación sobre el caso Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza" en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extrajudicial en contra de otra.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que integrantes de la Policía Federal cometieron graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero contra integrantes de autodefensas.

En su recomendación, la CNDH resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza” en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extra judicial en contra de otra.

“Hubo uso excesivo de fuerza que derivó en ejecución extrajudicial cometida en perjuicio de una persona, tripulante de la camioneta Acadia negra”, señaló la CNDH en su recomendación contra la Policía Federal presentada este miércoles 25 de noviembre.

En las pruebas periciales, se determinó que las personas que murieron durante los dos eventos estaban desarmadas.

De acuerdo con la CNDH, entre las 2:30 y las 7:40 horas del 6 de enero, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo donde se encontraban en plantón de elementos de las autodefensas. En ese evento murió una persona en el estacionamiento de la Alcaldía de Apatzingán.

La CNDH explicó que en el primer evento se documentó la violación del derecho a la vida, debido al fallecimiento de una persona que fue atropellada; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de 5 personas no identificadas que se encontraban en el jardín ubicado frente al Palacio Municipal; el derecho a la integridad personal, por el trato cruel, inhumano y/o degradante, por las lesiones innecesarias que se infligieron a 8 personas detenidas.

Además se documentó la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la indebida procuración de justicia “derivada de las inconsistencias en el levantamiento del cadáver y las omisiones en el protocolo de necropsia de la persona fallecida”.

En el segundo evento, ocurrido entre las 7:41 y las 11:31 horas, perdieron la vida nueve personas: tres de ellas estaban en una pick-up blanca, cinco en una Acadia negra y el último dentro de un restaurante, aunque luego apareció afuera de un hospital.

En este segundo evento, se violó el derecho a la vida, por el uso excesivo de fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuible a policías federales.

También se acreditó la violación del derecho a la integridad personal, “por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a 4 personas, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal (…) además, por la inadecuada atención médica prehospitalaria de dos personas por dicho personal paramédico y una
atribuible a Protección Civil del Municipio de Apatzingán.

Por esa razón, la recomendación de la CNDH sobre el operativo realizado en Apatzingán es para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al presidente municipal.

“A los titulares de la Sedena y de la CNS se les recomienda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente con motivo de la detención arbitraria de cinco personas que estaban en el jardín, de otras siete que dijeron haber sido detenidas por elementos de ambas instancias, así como por las lesiones innecesarias infligidas a una persona más, a quien se deberá reparar el daño.

“Al gobernador de Michoacán se le pide instruya la colaboración con la CNDH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, así como en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios recabados en el lugar de los hechos.

“Se solicita al Presidente Municipal de Apatzingán, colaborar en la queja que presente la CNDH por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”, indicó la CNDH.

#ViolacionesGraves a #DDHH consistieron en uso excesivo de fuerza, privación de la vida de 5 personas y #EjecuciónExtrajudicial de una más

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

#CNDH solicita a Presidente Municipal #Apatzingán colaborar en queja por inadecuada atención médica prehospitalaria brindada a adolescente

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

Horas después de que se presentó la recomendación, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, explicó que están analizando el documento presentado por la CNDH para que, en su momento, puedan realizar precisiones sobre el mismo.

Señaló que las autoridades federales aceptan la recomendación por el abuso de fuerza y la ejecución extrajudicial. “Hemos instruido desde este momento a las áreas correspondientes abocarse la cumplimiento puntual de los puntos recomendatorios dentro de los plazos establecidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si se suspenderá a los mandos involucrados en el caso Apatzingán, Sales Heredia respondió: “Lo que el punto recomendatorio señala en particular es que hay que colaborar con las instancias investigadoras y con la integración del procedimiento administrativo (indagatoria interna de PF) y es lo que haremos. Colaboraremos con la instancia investigadora que es la PGR y acataremos en sus términos, no solo lo que dice la propia CNDH, sino lo que determine la PGR”.

De acuerdo con la recomendación, desde el 20 de diciembre de 2014, un grupo de personas se encontraba en “plantón” en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad, la disolución del “G250” y la omisión en el pago de sus salarios por los servicios prestados.

Tres días después, un grupo de autodefensas tomó las instalaciones de la presidencia municipal de Apatzingán para exigir la captura de los responsables de la muerte de Manolo, el hijo de Hipólito Mora, y la detención de Servando Gómez, La Tuta, líder del grupo de Los Caballeros Templarios.

Fue hasta el 6 de enero de este año, cuando el desalojo del Palacio Municipal ocasionó un saldo de al menos nueve personas muertas.


La recomendación de la CNDH:

  Recomendación CNDH Por Caso Apatzingan

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/federales-cometieron-una-ejecucion-extrajuduicial-y-graves-violaciones-a-derechos-humanos-en-apatzingan-cndh/

NOTA: EL POSTO ANTERIOR CON EL MISMO TITULO FUE BORRADO Y SUSTITUIDO POR ESTA VERSIÓN ACTUALIZADA.

Ex Subprocuradora General simuló despido de delegado tras matanza en Apatzingán

Ciudad de México, 9 de septiembre: La ex Subprocuradora General de la República de México, Mariana Benítez, mintió al anunciar el pasado enero que esa dependencia había destituido a un delegado federal por una conducta irregular en relación con la muerte de un grupo de civiles en Apatzingán, según documentos obtenidos por Univision Investiga.

El funcionario, Alfredo Becerril, no fue destituido sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego fue nombrado en Michoacán el nuevo fiscal para los delitos de alto impacto. En teoría, estos son los crímenes que más afectan a la población y más preocupan a las autoridades. Él se negó a hablar con Univision.

Benítez, quien hoy es Diputada federal por el PRI, hizo el anuncio de la falsa destitución en una comparecencia ante el Congreso.

“Cometió una grave falta. Mentir es algo grave y mentirle al Congreso yo diría que es todavía más grave’’, dijo el ex Diputado de oposición Fernando Belaunzarán.

Benítez respondió a Univision que no puede comentar sobre su intervención porque ya no trabaja en la PGR.


El gobierno mexicano no investigó ni sancionó a Becerril y tardó dos meses en responder a Univisión que no existía la destitución.

UNA FALSA DESTITUCIÓN

Habían pasado apenas 24 horas de que ocho civiles fueran abatidos a tiros en el municipio de Apatzingán, en el occidente de México. Las muertes violentas sucedieron poco antes de las ocho, en la mañana del Día de Reyes, una fiesta católica en México que congrega a los niños en cada casa alrededor del árbol de Navidad, en espera de recibir juguetes.

Varios de los vecinos de Apatzingán estaban entregando los regalos, cuando escucharon disparos y gritos. Luego vieron cuerpos tendidos en las calles. Los charcos de sangre cubrían el suelo debajo de varias camionetas. Había cabezas destruidas por las balas, cuerpos hasta con 20 heridas, enormes boquetes por los que las víctimas se desangraban en el suelo.

El entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, convocó en la mañana del 7 de enero a una conferencia urgente. A su lado estaba el representante del mismo cuerpo de seguridad que ya cuestionaban las primeras versiones de la prensa, el mando local Fausto Arenas, de la Policía Federal.

Castillo presentó videos, diagramas, explicaciones, que condujeron a una conclusión: “La Policía Federal fueron a darles alcance, fueron e inclusive una emboscada y en este caso la Policía Federal lo que hizo fue repeler la agresión”.

En los propios videos de seguridad que mostraron, se observa cómo los civiles corren en sentido contrario al lugar donde se ubican los policías. En la conferencia, Castillo afirma que en ese momento es cuando comienza “el enfrentamiento”.

El saldo oficial fue de ocho civiles muertos, uno más “atropellado” y 44 detenidos, de los cuales 43 salieron de prisión 10 días más tarde, por falta de pruebas. Ninguno de los uniformados fue detenido en ese momento, ni lo ha sido durante los ocho meses que han transcurrido desde el suceso.

El 20 de enero, Mariana Benitez, quien entonces ocupaba el cargo de Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Allí dijo que los legisladores debían comprender que la Procuraduría no había tenido “mucho tiempo para armar la investigación”.

Añadió un anuncio, como muestra de la eficacia de la PGR: “Se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.

Ese delegado era Alfredo Becerril, un maestro en Derecho con experiencia en instituciones de procuración de justicia. Había llegado al cargo en febrero de 2014, menos de un mes después de que Castillo, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, fuera nombrado el Comisionado del Gobierno federal para Michoacán.

El delegado había sido subordinado de Castillo en sus últimos tres puestos. Estuvo bajo su mando como subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras Peña Nieto era Gobernador y Castillo era Procurador.

Cuando Peña llegó a la presidencia, Castillo se convirtió en el Procurador Federal del Consumidor y Becerril en su director general adjunto. A Michoacán, Becerrril llegó como el enlace de Castillo con la PGR.

A pesar de esta cercanía, Benítez anunciaba que el Procurador, entonces Jesús Murillo Karam, había destituido a Becerril.


Univision Investiga solicitó a la PGR, mediante los mecanismos mexicanos de acceso a la información pública, la destitución y las comunicaciones oficiales que se hubieran marcado con copia a Benítez.

Después de meses de litigio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR confirmó que no existe en sus archivos tal destitución ni alguna comunicación oficial dirigida a Benítez al respecto.


El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, ponente en la resolución del caso de acceso a la información, consideró: “no cuadra que habiendo ido a una comparecencia pública ante el Congreso diga: lo destituimos y luego aparezca el sujeto obligado (PGR), ya no ella, el área de transparencia, nos contesta a través del jurídico cuando nos responde: Mire, lo que hay es una renuncia de este señor, coincide el señor, es la misma persona y bueno, hay una renuncia”.

La diferencia entre una renuncia y un cese no es menor. La ley laboral en México señala que una renuncia voluntaria significa para un trabajador cobrar sus pagos pendientes y retirarse del puesto sin ninguna consecuencia.

Pero los protocolos de otra ley, que aplica para los servidores públicos, marcan que una destitución habría estado seguida por aviso a la contraloría interna de la PGR, a la que seguiría el inicio de una investigación contra Becerril por las irregularidades. La resolución del INAI determinó que la PGR tampoco tiene algún documento de que este aviso haya existido.


La renuncia ocurrió varias horas después de la comparecencia de Benítez ante el Congreso. Tiene un sello de recibido a las 11:55 de esa noche. En el documento, Becerril agradece “el alto honor concedido del encargo” y deseaba a sus compañeros “el mejor de los éxitos en la larga y difícil tarea de procurar justicia por nuestro país”.

Los ocho meses que han transcurrido desde los hechos en Apatzingán, engrosaron dos averiguaciones previas, pero no afectaron la carrera política de Benítez. Un mes después de la comparecencia, ella renunció a su puesto en la PGR y se dedicó a hacer campaña.

Realmente no lo necesitaba. Fue incluida como candidata a diputada del PRI, por la región de Oaxaca, en los primeros lugares de una lista de candidatos plurinominales, un esquema del sistema político mexicano que permite a algunos candidatos llegar a puestos de elección popular sin ser electos, únicamente como parte de una cuota por los votos globales que obtiene su partido.

En esta posición, Benítez tomó posesión como Diputada del PRI en la Cámara baja el 29 de agosto, lo cual le garantiza un fuero constitucional de tres años. El Código Penal Federal mexicano indica que mentir en informes dados a una autoridad podría acarrear una pena “de cuatro a ocho años de prisión.

“No hubo tal destitución y por lo tanto no hubo investigación y entonces quedó en la impunidad. Un mal funcionario que hizo mal su trabajo sobre la masacre en Apatzingán es premiado, fue primero protegido y después premiado” agregó el Diputado Belaunzarán.

En efecto, Becerril fue nombrado recientemente como en nuevo Fiscal de Delitos de Alto Impacto, que incluyen el secuestro, el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, precisamente en Michoacán, donde la investigación sobre las muertes de los civiles el 6 de enero continúa abierta.


El director ejecutivo para México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, considera que este nombramiento es grave: “Si los delitos de alto impacto son los que más le importan al Estado mexicano y en donde en teoría está poniendo más la lupa, tendrías que poner a las personas más capacitadas y que tuvieran un perfil plenamente confiable.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-09-2015/1479969.

Nueva evidencia insiste en ejecuciones en Apatzingán: víctimas estaban de espaldas

Una investigación preliminar de las muertes de ocho civiles en un supuesto enfrentamiento con policías federales el 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, muestra que las autoridades dieron explicaciones que contradicen la versión oficial de un fuego amigo o una confrontación.

Una ficha inédita de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenida por Univision Investiga, presenta nuevas evidencias de que las víctimas pudieron ser abatidas por los cuerpos de seguridad del gobierno mientras huían de la escena o ya estaban en el suelo.

“Son demasiados disparos y son disparos en regiones [del cuerpo] no muy comunes de un enfrentamiento”, sostuvo el perito Fernando Elzaurdia, quien analizó el documento a solicitud de Univision.


Las actuaciones de la autoridad se concentraron en desmentir versiones periodísticas sobre el caso, que han apuntado a que los civiles fueron ejecutados por los policías mientras estaban armados solo con piedras y palos.

LAS VÍCTIMAS DE ESPALDAS Y ACOSTADAS

Parte del cuestionamiento alrededor de la versión del enfrentamiento surge del reporte de la necropsia de uno de los seis hombres y dos mujeres que fallecieron esa mañana. Él presentó 20 heridas por arma de alto poder y los otros promediaron siete lesiones cada uno.

El hombre de 25 años identificado por la PGR como Miguel Ángel Madrigal Marmolejo y/o Guillermo Gallegos Madrigal, tenía 20 heridas, la mayoría en el lado derecho de su cuerpo. En la fotografía que le fue tomada ese día, aparece precisamente acostado sobre ese lado.

Elzaurdia explica que esto sucede porque “ya en esa posición fue agredido. No es tan normal que en un enfrentamiento como tal, dos personas disparándose, una persona reciba tantos disparos, esto más bien me habla que esta persona estaba recibiendo disparos sin repeler agresión alguna’’.

Las pruebas están contenidas en una “ficha de seguimiento de asunto relevante” de la PGR, fechada el 28 de abril. Una copia de este documento se remitió a la oficina de la titular de esa institución, Arely Gómez, según confió a Univision una fuente interna con acceso al documento.

Seis días después de que la noticia de estas muertes en Apatzingán se convirtiera en un tema de interés para la prensa mexicana, el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo, declaró: “Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros”.

Otros de los fallecidos presentaron disparos en la espalda, la parte posterior de la cabeza y los glúteos. El perito considera que las víctimas “no estaban de frente” a que les disparan “sino que estaban de espaldas”.


Los videos de las cámaras de seguridad cercanas y otro de un celular que grabó una de las sobrevivientes coinciden con esta explicación. En ellos se ve a un grupo de personas que baja de unas camionetas, armados con piedras y palos. En pocos segundos regresan corriendo a cubrirse, cuando los tiros comienzan a sonar.

PRUEBAS NO CONCLUYENTES

En la averiguación previa no hay indicios de que las autoridades hayan realizado pruebas periciales encaminadas a probar la versión que descarta el enfrentamiento y plantea una posible masacre.

El perito en criminalística consultado por Univision Investiga considera que “hay una disociación de las armas que se encuentran con el tipo de casquillos que se encuentran. No coinciden, y tampoco coinciden el número de armas con el número de participantes en el hecho, hay muchas cosas que están muy vagas en los documentos oficiales”.

Así se aprecia en los números que consigna el documento, los cuales no cuadran: participaron 43 policías federales, de los cuales 28 declararon haber disparado. A todos se les hizo pruebas de pólvora y solo 12 dieron positivo.

Cuatro armas de los civiles y 20 fusiles de alto poder de los policías federales fueron disparados, pero en la escena solo hallaron 15 casquillos, cuyos modelos no coinciden con las armas encontradas. En el documento, no aparecen otras pruebas periciales que aclaren ninguna de las divergencias.

También hay dudas respecto a otras pruebas. A los federales les analizaron para comprobar si tenían restos de pólvora el 8 de enero, más de dos días después de los hechos.

Elzaurdia explicó que una prueba de pólvora, en un ser humano vivo, no tiene valor después de ocho horas. Añadió que “no es una prueba confirmativa de que hayan disparado. Es más, es una prueba que se puede amañar, tan solo con frotar la mano con una superficie, una tela, un pantalón, se puede borrar el indicio”.


Todas las víctimas dieron positivo a restos de pólvora en su manos, pero ninguno en su ropa. El perito considera que si verdaderamente la persona disparó “sí tendría que salir positiva esa prueba de Walker en sus ropas”. Con esta evidencia, el especialista no descarta que también esa prueba en los fallecidos haya estado falseada.

Los dos sobrevivientes del caso fueron entrevistados por las autoridades en un hospital local. Dijeron que no habían disparado, que solo llevaban palos y que los policías los habían atacado. Ellos resultaron negativos en sus pruebas de pólvora.

“Algunas de las víctimas están siendo perseguidas, ellas hablan de elementos policiacos estatales y de la policía federal, y hablan también de casos de detención, tortura y encarcelamiento de algunos de los familiares de las víctimas”, contó a Univision la periodista Laura Castellano, quien más ha seguido el caso.

En abril, Univision publicó un reportaje de Castellanos que ya arrojaba dudas sobre la versión del enfrentamiento, basado en decenas de testimonios de sobrevivientes y testigos. Varias de las diligencias de la investigación de la PGR después de la publicación estuvieron encaminadas a desmentir fragmentos de este trabajo periodístico.


Con el análisis conjunto de la investigación, el especialista consideró que “sería adecuado hablar de que hay ciertas cifras y ciertos datos que no nos coinciden, que no son claros y habría que pedirle algún resultado más concreto y más apegado a la realidad a nuestras autoridades. Esos datos que se tienen hasta este momento no hablan de un enfrentamiento sino más bien de una ejecución”.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: REDACCIÓN/ PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481124.

Peña Nieto visitó Apatzingán, marcado por la masacre.

El mandatario inauguró el Hospital Regional de Apatzingán a 226 días de la masacre en la que murieron 16 civiles, por intervención de policías federales y militares.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Apatzingán un hospital regional en el poblado El Cafetal del mismo municipio. Su presencia acontece 224 días después de la masacre del 6 de enero de 2015 en la que, por lo menos, murieron 16 civiles desarmados tras dos hechos en los que intervinieron policías federales y militares.

La masacre se inscribe en la oleada de matanzas que involucran a agentes del Estado durante el gobierno de Peña Nieto. En menos de un año presenciamos cómo al caso de Tlatlaya le sucedieron los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación y el de Tanhuato/Ecuandureo.

Sin embargo, sorprende el silencio sobre lo acaecido en Apatzingán. Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revelado avance alguno de sus investigaciones.

Esto, a pesar de que el 18 de abril, un día antes de la difusión de la primera de tres investigaciones de mi autoría en este espacio -con el nombre de “Fueron los federales”, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado difundido por Notimex que había recibido un “video anónimo” del que se podían inferir “actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán”.

La “coincidencia” de ese anuncio con la inminencia –anunciada un día antes- de la difusión de la investigación con los testimonios de 39 sobrevivientes y testigos de ejecuciones extrajudiciales y de un número indeterminado de casos de desaparición forzada ese 6 de enero, como es sabido, provocaron también el ataque cibernético a este portal.

El 20 de abril, un día después de la publicación del reportaje, el secretario de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en conferencia de prensa que se abriría una indagatoria ministerial.

¿De qué video hablaba la Segob y por qué hasta ahora no lo ha revelado?  ¿Qué impulsó al gobierno federal, y luego lo refrenó, para reconocer que ese día en Apatzingán la policía federal habría cometido violaciones graves a los derechos humanos?

Muy por el contrario, no sólo se ocultó lo que evidencia ese “video anónimo”,  sino que dos meses después el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, se dio a la tarea de dar a conocer a la prensa y a organismos de derechos humanos que el actuar de policías federales contra civiles en Apatzingán fue “en legítima defensa”.

Mientras tanto a los señalados por las víctimas como los responsables de los hechos se les reubicó de lugar. Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, señalado como el responsable intelectual de la masacre, se le nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Al comandante Fausto Arenas, al frente de la Policía Federal de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero, y al general Miguel Ángel Patiño, al mando de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, se le trasladó a Monterrey.

No es de sorprender entonces que testigos que afirman presenciaron  ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales ese 6 de enero, pidan apoyo a instancias internacionales ante la persecución que dicen sufren ellos y sus familias.


La cadena de impunidades prevalece sobre la masacre de Apatzingán. El silencio oficial la encubre. El inexplicable desdén mediático sobre el tema la posibilita. La visita de Peña Nieto sólo la agiganta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Apatzingán: aberrante respuesta federal

MÉXICO, D.F: El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente.

En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar.

Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa.

Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje.

Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas.

Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar.

La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes.

Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos.

Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad.

Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal.

El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador.

“El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue.

Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial.

Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación.

Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes.


La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Cancelan conferencia de Osorio y anticipan cambios en Segob

Para este jueves se había programado un "mensaje" del secretario Osorio Chong.

La Secretaría de Gobernación canceló un “mensaje” de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, el cual estaba programado para este jueves.

El miércoles, la Segob primero invitó a un “mensaje a medios” del secretario Osorio; pero horas después informó que “queda sin efecto el mensaje a medios anunciado”.

El tema del “mensaje” no quedó establecido, pero se daría en un contexto: tras un reportaje sobre la masacre en Apatzingán, y mientras circulan versiones -en medios como El Universal- sobre el cambio de Roberto Campa, de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En tanto, la Presidencia de la República no programó actividades de Enrique Peña Nieto para este jueves.


La invitación de la Segob y la cancelación del mensaje:

Invitación SEGOB 22-04-2015 by Aristegui Noticias:

  Invitación SEGOB 22-04-2015

Aviso SEGOB 22-04-2015 by Aristegui Noticias:

  Aviso SEGOB 22-04-2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desestima Rubido video sobre hechos violentos en Apatzingán

No aporta ningún elemento novedoso, dice el comisionado nacional de Seguridad. "Son dichos en off’’, señala. Remite a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados por la PGR a raíz del enfrentamiento del 6 de enero. ‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación’’.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que el nuevo video difundido sobre los hechos violentos ocurridos la madrugada del 6 de enero de este año en Apatzingán no aporta ningún elemento novedoso respecto de lo informado en su momento por la Policía Federal (PF).

‘‘Estoy cierto que este evento se desarrolló, tanto en la madrugada en la plaza de la ciudad de Apatzingán, como en el traslado de los vehículos al corralón, como se anunció en su momento, producto de las investigaciones realizadas’’, dijo el funcionario al ser entrevistado tras la inauguración de la Feria Aeroespacial organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea de Santa Lucía.

Rubido García remitió a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados a raíz del enfrentamiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

‘‘Con toda objetividad, y lo digo de manera muy respetuosa, es un video (el recientemente presentado) que no muestra nada. No hay un solo hecho contundente y son dichos en off’’, apuntó el comisionado.

Apenas el sábado pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer la recepción de un video anónimo del cual podían ‘‘inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal’’, y que del mismo se notificó a la PGR y a su propia unidad de asuntos internos.

Esta vez, el comisionado Rubido apuntó: ‘‘Dijimos que íbamos a dar parte (a la PGR) ante la eventualidad, y quiero enfatizar eso, eventualidad, de una presunta’’ acción de ese tipo por parte de los elementos federales.

A partir de ello, añadió, ‘‘se está trabajando puntualmente porque la averiguación previa sigue radicada, sigue abierta en la PGR, y será la que tenga que dar parte de cómo va’’ esa investigación. Respecto de la indagación de su oficina de asuntos internos, el funcionario aseguró que hasta el momento no se ha obtenido nada que apunte a una mala actuación de la Policía Federal.

‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación de cómo se dieron los acontecimientos. Desde el mismo 6 de enero se hizo la investigación y se mostraron las pruebas a través de las conferencias que en su momento se dieron’’, indicó.


Los más de 60 elementos que participaron en esos operativos en el municipio de Apatzingán ya fueron investigados entre enero y marzo pasado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, a fin de que se establezcan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en el ámbito administrativo, una vez que se deslinden responsabilidades.

El pasado 6 de enero, en el municipio de Apatzingán, se produjeron dos enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Fuerza Rural, y oficialmente –de acuerdo con información del ex comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo– nueve personas fallecieron en los tiroteos. Aseguró que sólo dos de los cadáveres presentaban impactos de bala coincidentes con los calibres que utilizan las armas de los agentes federales.

‘‘El resto presenta impactos sobre todo de calibre 9 milímetros, mismo que no coincide con las armas oficiales.’’

Durante una conferencia de prensa ofrecida el 12 de enero en la ciudad de Morelia, Castillo Cervantes señaló en esa fecha: ‘‘Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros, y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego tanto de la PF (como) del grupo civil, y que también son heridas mortales, por lo que es imposible determinar cuál de los balazos provocó la muerte’’.

Enfatizó: ‘‘No estamos frente a hechos de homicidio por parte de autoridades, ni el Ejército (cometió) abuso de autoridad, sino fue legítima defensa’’.

Sin embargo, una investigación periodística señala que los agentes federales habrían abatido a mansalva a los ciudadanos y que incluso hay al menos una persona desaparecida.

Ayer, funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que las indagatorias realizadas y entrevistas sostenidas con los pobladores tras los sucesos violentos no arrojaron ninguna evidencia de abuso o uso excesivo de la fuerza.


Sin embargo, tras la entrega anónima de un video en el que presuntamente existirían imágenes que demostrarían la comisión de actos ilícitos en contra de ciudadanos durante esos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República iniciaron procedimientos de tipo administrativo y una investigación penal para fincar responsabilidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Gustavo Castillo.