Familiares de las víctimas acudieron a una misa dedicada a los jóvenes y tienen la esperanza de entrevistarse con el Papa Francisco en su próxima visita a esa frontera,
El 30 de enero de 2010, un grupo de hombres armados llegó a una casa donde se realizaba una fiesta de cumpleaños, asesinaron a los estudiantes y dejaron varias personas heridas, de las cuales algunas quedaron con secuelas permanentes.
Entre las víctimas había alumnos del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Hasta el momento, ninguna familia ha recibido indemnización y hay personas responsables que están en libertad.
Al respecto, el diputado panista Rogelio Loya Luna presentó al Congreso del Estado un exhorto al gobernador César Duarte Jáquez para que publique la Ley de Víctimas y se indemnice a las víctimas.
“Estas víctimas desde el punto de vista constitucional y legal no solamente tienen derecho a recibir justicia en el sentido de aprehender a todos los asesinos y cómplices que actuaron esa noche, sino a ser debidamente indemnizadas por el Estado a través de la reparación integral del daño sufrido que es terriblemente doloroso para todas esas familias”, explicó el legislador.
Agregó que los familiares de los fallecidos han sido revictimizados por las autoridades a pesar de que han agotado los recursos para exigir justicia.
Precisó que ellos se entrevistaron con el presidente Enrique Peña Nieto en Ciudad Juárez el 16 de enero del 2015, asistieron a la Procuraduría General de la República (PGR), con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la subsecretaria de Gobernación del área de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con el fiscal especial de Atención a Víctimas del estado.
Loya afirmó que en el último encuentro acordaron que el gobierno del estado asumiría la responsabilidad de las obligaciones previstas en la Ley General de Víctimas para la reparación integral del daño a los ofendidos en el caso Salvárcar y que la CEAV ayudaría a hacer las cuantificaciones correspondientes.
A los familiares de las víctimas les han cancelado reuniones con funcionarios y aunque se iniciaron procesos para las indemnizaciones, expuso el legislador, éstas están trabadas y los ofendidos solicitaron a la CNDH que proceda a agilizar el cumplimiento de la recomendación.
El panista aseguró que agotaron todos los trámites legales, sin éxito.
Loya dijo que la PGR no ha resuelto reconocerles el carácter de víctimas de un delito federal como son los cometidos por la delincuencia organizada.
La CNDH por su parte no ha emitido el acuerdo a la petición de agilizar el cumplimiento de la recomendación 50/2011, incluyendo el concepto de reparación integral digna que señala dicho organismo en su misma resolución.
“La casa donde sucedieron los hechos, donde fueron asesinados y lesionados permanece idéntica, sólo destruyéndose con el paso del tiempo, tienen que verla diariamente, sabiendo que ahí murieron sus familiares. A pesar de que han existido muchas ofertas de que la derrumbaran y hacer un memorial ahí”, indicó el panista.
Precisó que todos los familiares de los jóvenes, excepto uno, son trabajadores de ingresos mínimos: ocho trabajan en maquiladora, tres son empleados de gobierno con sueldo bajos, tres son familias sin ingresos, dos con autoempleo, un jubilado, dos sin datos, un empelado de comercio, una empleada doméstica, una estilista y un transportista que es el único que tiene ingresos superiores a los mínimos de supervivencia.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva el caso de la desaparición de César Ávila, padre de uno de los adolescentes que sobrevivió a la masacre.
Con la ola de violencia que se desató a partir de aquella tragedia, la familia de César Ávila optó por huir de Ciudad Juárez y se fue a vivir con familiares a Zacatecas, por lo cual se llevaron su vehículo con placas fronterizas.
En el 2013, cuando César Ávila viajaba en su automóvil lo detuvieron agentes policiacos por portar placas de Chihuahua y desde aquel día no se sabe nada de él, explicó Patricia Galarza, coordinadora del área psicosocial de la asociación civil.
La familia tiene esperanzas de que aparezca porque las detenciones “así funcionan” en Zacatecas.
“Estas personas merecen justicia a secas, por ello apelamos a la buena voluntad del gobernador del estado para culminar con esta sinuosa y dolorosa situación y se pueda indemnizar a las víctimas y ofendidos del delito”.
Por su parte el diputado Rogelio Loya pidió que el Ejecutivo estatal adopte las medidas legales para que se inyecten recursos suficientes al Fondo de Auxilio para Víctimas u Ofendidos del Delito, previsto en la ley vigente de atención y protección a víctimas u ofendidos del delito, con el fin de cubrir las obligaciones de la reparación integral del daño a los afectados y que el gobernador del estado publique a la brevedad el decreto 915/2015 II P.O. que expide dicha legislación, aprobada por esta representación popular el 29 de junio de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428274