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miércoles, 21 de agosto de 2024

Condenan a 50 años de cárcel a 11 zetas por masacre de 122 personas en San Fernando

La FGR informó que entre los ahora sentenciados y condenados por homicidio calificado se encuentran "La Ardilla" y "El Kilo", quienes fueran jefes de plaza de "Los Zetas" en el estado de Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal emitió una sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en contra de dos jefes de plaza y nueve exsicarios del grupo delictivo “Los Zetas” acusados por el asesinato de 122 personas que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas cuando circulaban en autobuses por San Fernando, Tamaulipas.

La sentencia condenatoria fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en dicha entidad, con residencia en Matamoros, en contra de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “La Ardilla”, exjefe de plaza de “Los Zetas” en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

viernes, 29 de septiembre de 2023

CNDH desecha queja por hostigamiento contra periodista, defensora y perita que investigaban masacres en San Fernando

En 2016, la entonces PGR investigó arbitrariamente a la periodista Marcela Turati, a la defensora Ana Delgadillo y a la perita Mercedes Doretti, por indagar sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas; ellas presentaron una queja pero la CNDH ya la cerró.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó la queja que diversas organizaciones presentaron por el hostigamiento de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra la periodista Marcela Turati, la defensora Ana Delgadillo y la perita Mercedes Doretti, quienes investigaban las masacres y fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. 

Las organizaciones Artículo 19, Fundación para la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informaron sobre esta decisión de la CNDH. 

martes, 3 de mayo de 2022

Condenan a 18 por secuestro de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, sentencia condenatoria en contra de 18 personas por el secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra, quedando a disposición del Juez del conocimiento.

jueves, 25 de noviembre de 2021

En lugar de investigar desapariciones, el Estado persigue periodistas, defensores y peritos independientes

La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.

Con una rapidez pocas veces vista cuando se denuncia la desaparición de una persona, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) echó a andar, en 2016, toda su maquinaria para investigar a una periodista, una defensora de derechos humanos y una perito forense que buscaban esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, y acompañar a las víctimas.

martes, 23 de noviembre de 2021

PGR investigó a activistas por masacre de San Fernando; es posible espionaje: ONGs

La entonces Procuraduría General de la República investigó a tres mujeres activistas y periodista en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando: a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.

jueves, 29 de abril de 2021

10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

lunes, 24 de agosto de 2020

A una década de la Masacre de San Fernando, hay investigación abierta: AMLO

Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podrán intervenir sin límites en casos graves de violación de derechos humanos, como el ocurrido hace 10 años en san Fernando, Tamaulipas, si el Senado de la República aprueba una ratificación de acuerdo internacional que enviará hoy el Ejecutivo.


El convenio a ratificar no fue identificado con precisión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sí destacó que los gobiernos anteriores se habían negado a aceptar ese tipo de intervenciones, que enmarcó en los procesos de investigación por desaparición forzada.

Masacre de San Fernando: Tres gobiernos y aún no llega la justicia

A diez años de la masacre de 72 migrantes en un paraje de San Fernando, Tamaulipas, los familiares de las víctimas han lidiado con gobiernos de tres presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, conservando la misma exigencia: verdad, justica y reparación integral del daño.

De las 72 familias, seis de origen guatemalteco y uno brasileño, acumulan a su angustia la incertidumbre sobre la identidad de los cuerpos que les fueron entregados entre noviembre de 2010 y marzo de 2011.

miércoles, 22 de agosto de 2018

Familiares de víctimas de San Fernando recibirán compensación: CEAV

A ocho años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso para indemnizar económicamente a un grupo de ecuatorianos: una víctima directa y 47 víctimas indirectas.

Tras precisar que una de las tres sobrevivientes y cinco de las víctimas mortales eran de nacionalidad ecuatoriana, el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, destacó que la compensación que se dará a los familiares representa un reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de la masacre.

lunes, 28 de agosto de 2017

A siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 15 consignados pero ni un solo condenado

La Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR indicó a familiares de las víctimas la cifra de consignados, aunque no ha podido corroborarse esa información en el expediente, porque las autoridades no han dado acceso, señaló la organización Fundación para la Justicia.

Han transcurrido siete años desde que se cometió la masacre de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola condenada.

Esa fue la información que la Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR, a cargo de Leonor Figueroa, dio a conocer a las familias de las víctimas, quienes estuvieron en México la semana pasada para recordar que en todo este tiempo las autoridades mexicanas poco han hecho para aclarar el caso, y administrar justicia a los deudos.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Siete años de inconsistencias en San Fernando: 10 cuerpos sin identificar y ocho detenidos sin sentencia

CIUDAD DE MÉXICO: A siete años de distancia, la investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes centro y sudamericanos, sigue envuelta en la oscuridad.

Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han logrado dar claridad a la indagatoria.

Por el contrario, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), denunció que las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en el rancho El Huizachal, en 2010, siguen sin tener acceso a los expedientes a la fecha.

lunes, 21 de agosto de 2017

Masacre de San Fernando, parteaguas en la historia de la migración: CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió al Estado mexicano que reconozca las omisiones y faltas cometidas durante la investigación.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exigió la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en dicho municipio de Tamaulipas y que dejó como saldo 72 personas migrantes asesinadas.

“El caso de San Fernando fue un parteaguas en la historia de la migración en tránsito ya que da cuenta del contexto de violencia sistemática e impunidad a la que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, convirtiéndose en cifras y casos olvidados”, afirmó la CDHDF en un comunicado difundido este lunes.

lunes, 7 de agosto de 2017

Seis años después PGR sigue sin entregar expedientes de masacre de San Fernando a víctimas

Después de seis años, la Procuraduría General de la República (PGR) se sigue negando a entregar la copia de los expedientes a los familiares de las víctimas encontradas en las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, a pesar de tener reconocimiento como víctimas y por tanto el derecho a la información de los expedientes, denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

La organización señala que han pasado más de seis años desde que se descubrieron las fosas en las que se encontraban los cuerpos, entre otros 174, de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, de nacionalidad salvadoreña y a cuyas familias acompaña. Desde entonces, las madres y hermanas emprendieron un litigio para que se les reconociera la calidad de víctimas y así pudieran tener acceso total a la información contenida en los expedientes “para ejercer su derecho a la justicia”.

miércoles, 28 de junio de 2017

Por primera vez, la CNDH declara como “grave violación a los DDHH” la masacre de San Fernando

La resolución emitida ahora por la CNDH es trascendental porque anteriormente, incluso en su recomendación, la institución nunca había dicho que la masacre “se tratara de un caso de violaciones graves”, aseveró Sergio Méndez, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció que la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando (Tamaulipas) en 2010 debe ser calificada como una “grave violación de derechos humanos”, informó hoy una organización civil.

Este pronunciamiento de la CNDH responde a un juicio de amparo llevado a cabo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se obligó a la institución a determinar si con la tragedia, atribuida al cártel de Los Zetas, se había producido o no una violación grave.

martes, 11 de octubre de 2016

Tamaulipas y Coahuila en el desamparo

Después de leer a Dostoievsky afirmar que si Dios no existiera todo estaría permitido, Jean Paul Setre reflexionaba sobre el desamparo en el que está envuelta la existencia humana. Su conclusión era tan contundente como angustiante: “el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre”.

Poco ganaríamos debatiendo si Dios existe o no, lo que es indiscutible es la condena social que tenemos de reinventarnos como seres humanos, en lo individual y en nuestros diferentes colectivos. Entonces, la pregunta clave se responde con el resultado de esa condena. El informe “En el desamparo” que presentaron de la mano el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no podría tener mejor título. Revela la opacidad de expedientes judiciales, la niebla que cubre las masacres pero sobre todo, la negligencia del Estado. Hace evidentes las formas en las que el hombre se ha ido inventando.

Con la pluma de los Dr. Sergio Aguayo y el especialista en derechos humanos Jacobo Dayan, se describe la brutalidad de dos tragedias: Allende, Coahuila (marzo del 2011) en donde coincidieron cientos de desapariciones forzadas y San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010) en donde se perpetró el asesinato masivo de 72 migrantes. Lo dicen con todas sus letras: estos dos hechos fueron perpetrados por la organización criminal de Los Zetas.

Después de una revisión exhaustiva de expedientes encontraron un sinfín de contradicciones por parte de las autoridades implicadas en la investigación. Para el nivel de violencia experimentado en San Fernando, nos ofrecen cifras escalofriantes que efectivamente demuestran que “ese municipio tamaulipeco, era en 2010 un campo de exterminio”. Comparan el 2009 en el que se presentaron casi 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, con el 2010 en donde los homicidios se incrementaron a 100.5 por cada 100 mil habitantes.

Los autores del informe demuestran como las averiguaciones en el caso de Allende replican las debilidades típicas del sistema penal mexicano, de modo que las investigaciones se reducen a presentación de testigos que den testimonios inculpatorios. Advierten entonces las consecuencias de no poder probar la veracidad de los dichos: “No hay precisión para determinar los hechos, es complicado asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación del daño a las víctimas”.

Otra de las evidencias documentadas en este Informe, es el papel del Estado como perpetuador de la impunidad y por lo tanto como operador de complicidad. Uno de los obstáculos que debieron sortear fue el acceso a la información, en donde les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Coahuila y el CEAV les proporcionaron acervos de los hechos, encontraron omisiones y errores garrafales.

El informe describe omisiones por parte del Estado en el seguimiento de las dos tragedias. Por lo que respecta a los hechos de Allende, la CNDH durante la administración de Raúl Plasencia “hizo una investigación sobre la masacre, pero nunca se interesó por entender el papel jugado por la policía y los gobiernos municipales”. Nos relatan después cómo fue que el Gobierno de Estados Unidos a través del cónsul se interesó por las fosas clandestinas tras los rumores de que dos de los cuerpos correspondían a ciudadanos estadounidenses. De aquí se deriva la conclusión de que hubo colaboración directa de policías municipales con los zetas. A esto se suman una nota escueta de la SIEIDO que parafrasea a un delincuente “Los policías y agentes de tránsito de San Fernando ayudaban a la organización de los zetas”.

La narrativa de las investigaciones obligó a los autores del Informe a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué papel jugaron los gobiernos locales, el Gobierno federal y los organismos autónomos de derechos humanos?

En su respuesta, señalan las negaciones y la ineficiencia de Torre Cantú en Tamaulipas y las omisiones e insuficiencias del Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila. Concluyen que “las víctimas de San Fernando y en, menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de parte de los gobiernos de los estados”. Por lo que se refiere a la CNDH afirman que no cumplió con sus obligaciones para prevenir la violación de derechos humanos. En actos constantes de autolimitación favoreció la impunidad de los crímenes. En el caso del Gobierno federal, se preguntan cuál fue la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los zetas en esa zona. No hay datos que la justifiquen.

El desamparo de las víctimas y sus familiares rebasó el abandono y se consolidó en omisiones voluntarias que inevitablemente nos hacen sentir en carne propia el miedo, la angustia y la desolación que implica carecer de protección y defensa cuando los criminales tienen de su lado a las autoridades. ¿Son sólo los habitantes de Coahuila y los de Tamaulipas quienes viven a expensas del crimen y la obcecación de las autoridades? ¿Hay algún camino para impedir la institucionalización de este desamparo?


Por lo pronto, este informe es un diagnóstico elaborado desde la academia y la sociedad civil que da luz para que, condenados a inventarnos a nosotros mismos, reconstruyamos un Estado que ampare la vida y arrope los derechos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAITE AZUELA (OPINIÓN).
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102573

lunes, 10 de octubre de 2016

‘Los Zetas’, detrás de tragedias de San Fernando y Allende

El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias.

Las policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011, destaca un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.

El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.

El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.

El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.

“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.

En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.


Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.

Omisiones e indiferencia de los gobernadores

El reporte elaborado por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México también hace señalamientos concretos sobre losgobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.

Por lo que respecta a San Fernando, Tamaulipas, se indica que el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.

En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.

La Procuraduría General de Justicia de Coahuila solo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende, pero una cifra extraoficial sobre este evento, proporcionada por un sicario que se convirtió en testigo protegido de la justicia norteamericana, habla de 300 víctimas, cantidad que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza en Coahuila.

El reporte agrega que la actuación del gobierno de Coahuila se modificó sustancialmente con la llegada a la gubernatura de Rubén Moreira Valdéz, quién se comprometió con las familias de las víctimas a investigar el caso.

La indiferencia de los ex gobernadores Egidio Torre y Jorge López para actuar en ambos eventos lleva al informe a cuestionar sobre la incompetencia o vinculación de sus respectivas administraciones con el crimen organizado, situación que se agrava por la falta de investigación de las procuradurías locales y las instancias federales que han intervenido.

Procuradurías omisas, descuidadas, lentas

El informe sobre el desamparo de las víctimas añade que las Procuradurías de Tamaulipas y Coahuila casi no han desarrollado labores de investigación para llegar a la verdad de los hechos, debido a que los fiscales se limitan a construir imputaciones en contra de los involucrados con el apoyo de pruebas testimoniales y confesiones autoinculpatorias.


Las omisiones de la procuraduría tamaulipeca incluyen un descuido evidente al momento de levantar y resguardar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, lo que dificultó la identificación de las víctimas y provocó errores al momento de entregar los restos a sus familiares.

Por lo que se refiere a la tragedia de Allende, el documento confirma que la Procuraduría de Coahuila no investigó de manera inmediata por la desaparición masiva de personas. En los días y semanas posteriores al hecho ocurrido entre el 18 y 20 de marzo del 2011, cuando se llevaron al mayor número de víctimas, las autoridades solo realizaron una visita ocular y recabaron un testimonio entre la población.

Las primeras declaraciones ministeriales y diligencias formales sobre este evento, se realizaron hasta el año 2014, es decir, tres años después.

La ineficiencia y falta de actuación no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales, puesto que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En el caso de Allende, fue la CNDH quien se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Debido a la deficiente actuación de gobernadores, organismos de derechos humanos y procuradurías, el reporte concluye que las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y las de Allende, Coahuila, no han recibido un trato adecuado a nivel municipal y estatal.

La pasividad del gobierno federal en Allende y San Fernando

Las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, tuvieron lugar en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuyo nombre apenas aparece en el reporte del Colegio de México. Sin embargo, el documento sí advierte que la presencia del crimen organizado en ambas regiones fue producto de la omisión y pasividad de dependencias federales.

A pesar de esta primera conclusión, el estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del gobierno federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.

La CNDH tampoco sale bien librada en el informe, derivado de que si titular al momento de ambas tragedias, Raúl Plascencia, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.

“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.


Una de las principales debilidades en el trabajo de la CNDH es que no se interesó en los vínculos del crimen organizado con la policía municipal de San Fernando, pese a que existen documentos y declaraciones de que al menos 16 agentes locales participaron en la masacre de los 72 migrantes, señala el reporte.

Por lo que respecta a Allende, se resalta que el organismo ni siquiera inició una investigación de oficio como ocurrió en San Fernando. La responsabilidad principal de las omisiones en que incurrió la CNDH se atribuye a su anterior titular, Raúl Plascencia, quien llegó al cargo muy cuestionado por diversos actores. El análisis añade que su sucesor en el cargo, Luis Raúl Gónzalez Pérez, tampoco ha dado continuidad a estas investigaciones.

Pero más allá de sus titulares, el informe cuestiona que la CNDH no haya ejercido su facultad de calificar como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en San Fernando y Allende, decisión que habría dado a las víctimas y a la sociedad mayores recursos para exigir la verdad y obtener la reparación del daño a las víctimas.

“Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos”, enfatiza el reporte.

Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.

Pese a todos los hallazgos negativos, el reporte concluye con tres recomendaciones básicas para mejorar la atención a las víctimas en el país: reestructurar a profundidad los organismos destinados a este fin como la propia CEAV, mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad para que haya mayor empatía entre las partes y favorecer la búsqueda de la verdad en todos lo casos de violaciones a derechos humanos.


Sólo con el cumplimiento de estos enunciados, señala el reporte, se podrán entender las lecciones dejadas por los casos de San Fernando y Allende, desde la penetración del crimen organizado en todos los sectores de la sociedad como ocurrió con Los Zetas, hasta la autonomía aparente de los alcaldes que responden más a los grupos delictivos que a los gobernadores de sus propios estados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/los-zetas-detras-de-tragedias-de-san-fernando-y-allende-informe-especial/

Autoridades y CNDH sabían que Los Zetas abusaban y mataban migrantes en San Fernando

Según un estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la CNDH, pudieron prevenir la masacre de 72 migrantes, ya que sabían que los Zetas habían convertido a San Fernando en un "campo de exterminio".

El 21 de agosto de 2010, al menos 74 migrantes indocumentados fueron secuestrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando viajaban a bordo de dos vehículos hacia la frontera con Estados Unidos. Al día siguiente, todos, excepto dos, fueron asesinados.

Tal como se ha logrado reconstruir a partir de investigaciones judiciales, periodísticas y testimonios de los sobrevivientes, al menos ocho hombres armados pertenecientes al Cártel de Los Zetas interceptaron al grupo de migrantes cuando viajaba por carretera. Tras someterlos, fueron trasladados primero a un inmueble en el que pernoctaron, y al día siguiente a un rancho, donde todos fueron ejecutados mediante disparos en la cabeza. Los cuerpos quedaron abandonados a la intemperie.

Ese no fue el final de la tragedia: luego comenzó para los familiares de las víctimas un largo peregrinar en busca de los restos de sus seres queridos, manipulados tan deficientemente por las autoridades estatales y federales que, al menos en un caso comprobado, se entregó el cuerpo de un ciudadano brasileño a una familia de Honduras y por ello, hasta la fecha, prevalecen dudas en torno a la correcta identificación del resto de las víctimas.

Tal como explica el estudio “En el Desamparo” (http://eneldesamparo.colmex.mx/), publicado este domingo por El Colegio de México, la masacre de San Fernando fue el parteaguas que permitió “meter en la agenda nacional e internacional el viacrucis vivido por los migrantes que cruzan México”, presas no sólo de las autoridades migratorias que los extorsionan, asaltan, golpean y deportan, sino también de las bandas del crimen organizado, que los esclavizan, asesinan o secuestran para cobrar rescates a sus familias, ya sea en sus países de origen o en Estados Unidos.


Sin embargo, destaca el estudio, a seis años de que la masacre fue perpetrada, todas las instituciones públicas involucradas en la investigación del caso y en la atención a las víctimas han fracasado en su labor.ç

Todos sabían

La noche del 21 de agosto de 2010, señala la narración que hace uno de los sobrevivientes, ecuatoriano, para la televisión de su país, “nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas (…) nos sacaron del carro y nos metieron a otro carro. Llevó a una casa, ahí nos amarró de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenía una noche. Siguiente, para amanecer domingo, nos llevó a otra casa (…) una casa vieja que estaba llena de hierba por adentro, ahí nos botaron adentro (…) y vendaron los ojos (…) ellos estaban bien armados (…) no nos pidieron nada, sólo dijeron ‘quieres trabajar con nosotros?’, y nadie quiso trabajar con ellos (…) sólo eso y no nos dijo nada más”.

Según el segundo sobreviviente, de nacionalidad hondureña, luego de que se negaran a sumarse a Los Zetas, los migrantes fueron enfilados boca abajo e hincados.

“Yo estuve hincado, escuché las balas de aquí arriba a abajo, por todos lados disparaban, disparaban, a un lado estaba un amigo, a él le disparaban, ahí sentí, está matando, y después me disparó a mí (…) a todos mató (…) Seguían disparando a otros, yo me hice que estuve muerto, para que no me dieran más balazos y de ahí ya se fueron”.

La matanza pudo ser denunciada debido al hecho fortuito de que hubo dos víctimas sobrevivientes; sin embargo, subraya el estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pudieron prevenirla, ya que, de forma previa, sabían del control criminal que Los Zetas ejercían en la zona, y de la especial vulneración que en este contexto sufrían las personas migrantes.

Para el año 2010, señala el estudio coordinado por Sergio Aguayo, el municipio tamaulipeco de San Fernando era “un campo de exterminio”, a raíz de la guerra iniciada un año antes entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, por el control de esta localidad, surcada por dos importantes carreteras que llevan a los puentes fronterizos de Reynosa y Matamoros.

En sólo cuatro años, explica el estudio, en el Valle de San Fernando se triplicaron los homicidios, al pasar de 12.8 casos por cada 100 mil habitantes en 2009, a 29.6 para el año siguiendo –cuando fue cometida la masacre de los 72 migrantes–, y siguieron aumentando hasta llegar a 47.9 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2012.

La estadística sobre casos de desaparición forzada también dejan ver el contexto de violencia en el que se enmarcó la masacre: en los años previos a 2009, en el Valle de San Fernando no se tenía registro de ninguna persona desaparecida; sin embargo, a partir de 2010 hubo una explosión en el número de casos, ese año se dieron 39.50 desapariciones por cada 100 mil habitantes, que aumentaron a 49.74 para 2011 y alcanzaron su punto más alto en 2013, con 51.21 desapariciones por cada 100 mil personas.

De cero a 51, sólo en tres años.

“La CNDH y las demás instituciones federales, estatales y municipales sabían de la situación cada vez más crítica de las personas migrantes en su cruce por México –señala el estudio del Colmex–, y no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de actos”.

Peor aún: “El hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando en 2011, con 196 cadáveres, dio cuenta de que la situación no mejoraba, y que las autoridades seguían sin tomar medidas para prevenir estas graves violaciones a derechos humanos”, situación que prevalece hasta la fecha.

Defensores de derechos, violadores de derechos

En diciembre de 2013, más de tres años después de los hechos, y sin haber contactado nunca a los deudos de las 72 víctimas mortales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados de sus investigaciones en torno a la masacre, a través de su Recomendación 80/2013.

En ella, la CNDH concluyó que, debido a las deficientes investigaciones, y al incorrecto manejo de los cuerpos recuperados, las autoridades mexicanas (estatales y federales) violaron los derechos de las víctimas a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno, al honor, a la privacidad y a protección de sus datos de identidad.

El Colegio de México, sin embargo, detectó distintas deficiencias en la Recomendación 80/2013, así como en el proceder en general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En primera instancia, la investigación de la CNDH “no señala en ningún momento violaciones a los derechos a la vida y a la integridad” de las víctimas que fueron secuestradas y asesinadas, por grupos criminales que operaban en San Fernando, y en otros importantes puntos de Tamaulipas, con el aval de autoridades.

De hecho, se subraya, la CNDH no abordó en su Recomendación las responsabilidades de las instituciones que fomentaron la operación del crimen organizado en San Fernando, o de las autoridades que lo fomentaron por omisión.

“La CNDH –señala el estudio– en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión y/o aquiesencia de funcionarios públicos en la masacre”, esto a pesar de que, durante sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó evidencias de que las autoridades municipales estaban subordinadas al crimen organizado, y también de que esa subordinación era conocida por autoridades estatales y federales.

Además, aunque la CNDH reconoció que las autoridades estatales y federales cometieron anomalías durante el manejo de los restos y la investigación del homicidio en masa, las recomendaciones emitidas para revertir estas fallas fueron redactadas de tal forma que puedan acatarse sólo mediante la emisión de oficios, es decir, sin que en realidad se tomen acciones concretas.

“La forma en la que la CNDH redacta recomendaciones –denuncia el estudio del Colmex– limita los posibles efectos positivos que pudieran llegar a tener (…) y es utilizada por las autoridades como una excusa para no tomar medidas verdaderamente efectivas”, además de que “es notable la facilidad con la cual la CNDH consideraba que sus recomendaciones habían sido cumplidas”.

Un ejemplo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le recomendó a la Procuraduría General de la República que “se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen medidas necesarias para que los agentes de esa institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”.

La PGR dio por atendida la recomendación, emitiendo un oficio ordenando que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas. Eso fue todo lo que hizo para garantizar que toda víctima del delito sea adecuadamente atendida.

La razón que la PGR expuso para no hacer nada más que emitir un oficio fue que “la interpretación y el alcance de de cada punto recomendatorio es de aplicación estricta y no puede ampliarse ni modificarse su contenido”.
En términos prácticos, apunta el estudio, las recomendaciones de la CNDH “fueron regaños públicos sin consecuencia alguna”.

Prueba de ello es que “no hubo seguimiento para verificar si se estaba haciendo (lo recomendado por la CNDH) y si con ello se mejoraba la situación de las víctimas”.


La negativa de la Comisión a investigar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de San Fernando, concluye el estudio de El Colegio de México, genera “la impresión de que (la CNDH) se autocensuró”, y de que “desgraciadamente, en los casos analizados no ha cumplido con sus funciones de manera eficiente, y no ha tenido presente a las víctimas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/cndh-masacre-migrantes-san-fernando-colmex/

miércoles, 5 de octubre de 2016

Sergio Aguayo exhibirá omisiones oficiales en masacres de Allende y San Fernando

CIUDAD DE MÉXICO: La investigación realizada por el académico y politólogo Sergio Aguayo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, en 2010 y 2011, respectivamente, se presentará el próximo domingo 9 en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, en la capital mexicana.

Bajo el título “En el Desamparo”, el informe de Aguayo –en el que también participaron Delia Sánchez, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán– se dará a conocer en el marco del “Seminario sobre violencia y paz” que realiza el Colegio de México, según información difundida por el diario Vanguardia.

De acuerdo con el politólogo, en la investigación se analiza a profundidad lo que hicieron y dejaron de hacer las diferentes dependencias de gobierno, desde municipales, estatales y federales, en las masacres de San Fernando y Allende, así como la reacción de los ciudadanos y la comunidad internacional.

“En 2010, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en San Fernando y en Allende desaparecieron a 300 personas, según se dice. En San Fernando hubo una atención inmediata, mientras que en Allende el caso fue olvidado por casi tres años”, señaló.

Destacó, asimismo, que de la investigación surgirán dos resultados: en primera instancia se emitirá una serie de recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre las acciones que podrían tomar, dado que tienen la facultad de sugerir a las dependencias gubernamentales, y por otro lado se generará un informe que aparecerá de manera digital para consulta de cualquier persona.

“Generaremos un informe que aparecerá en forma de libro digital para aquellos interesados en estos temas de violencia, de memoria, de verdad. En la biblioteca del Colegio se harán colecciones especiales para ser consultadas por especialista y así se da otro paso para contribuir a la comprensión de la violencia y que se generen políticas que ayudarán a la sociedad a entender las causas de la barbarie”, puntualizó el académico.

Luego de un artículo que publicó en el diario Reforma, Aguayo fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

“Quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila, de 2011. Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300”, destacó Aguayo en julio pasado.


Mientras tanto, la Subprocuraduría de Desaparecidos en Coahuila informó que de los más de tres mil 400 restos óseos que han sido rescatados del ejido Patrocinio, en la Región Laguna, solamente se han podido establecer las secuencias anatómicas de tres personas, sin que hasta el momento hayan sido identificadas. La dependencia informó que las investigaciones siguen abiertas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457641/sergio-aguayo-exhibira-omisiones-oficiales-en-masacres-allende-san-fernando

jueves, 7 de abril de 2016

A 5 años de la masacre en San Fernando, las desapariciones siguen en los caminos de Tamaulipas

Tras la masacre de 72 migrantes, San Fernando se posicionó en el ojo internacional, pese a los operativos de seguridad federales, las desapariciones y secuestros continuaron. Estas son sus historias.

A pesar de que el municipio de San Fernando, Tamaulipas, estuvo ocupado por fuerzas federales y era foco de atención internacional por los escándalos suscitados a partir de la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 y siete meses después del hallazgo de 47 fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas, las desapariciones de personas continuaron.

Las carreteras no dejaron de ser peligrosas: la captura, retención y desaparición de pasajeros no cesaron pese a que la Marina y el Ejército, así como funcionarios de la PGR tenían presencia en la zona debido al levantamiento de los cadáveres.

Evidencia de ello son los casos de Josué Axel y Natanael Arturo Román García, hermanos de 21 y 35 años, quienes fueron secuestrados en un restaurante al pie de la carretera 101, dos días después de la masacre de 72 migrantes ocurrida en el rancho El Huizachal.

Los amigos Daniel Galindo Acosta y Karla Cruz García desaparecieron entre el 20 y 21 de abril de 2011, cuando pasaban por ese municipio con rumbo a Poza Rica, Veracruz, a pesar de que en ese momento el Ejército realizaba las exhumaciones de las fosas clandestinas y la Marina hacía patrullajes.

Las autoridades nunca alertaron sobre el peligroso recorrido, a pesar de las denuncias acumuladas por desapariciones. Los autobuses de pasajeros comerciales tampoco dejaron de vender boletos.

Las intercepciones en las carreteras y la captura de los viajeros se extendieron incluso a otros municipios y estados controlados por Los Zetas.

El guanajuatense Santiago Vázquez García, proveniente de Los Mezquites, Celaya, es otra de las víctimas. Él salió con un amigo, llamado Juan Carlos, el 14 de septiembre de 2011, con destino a Monterrey, Nuevo León, con el fin de tratar de cruzar a Estados Unidos. Pero un día después fueron secuestrados en General Treviño, Nuevo León: zona Zeta, al igual que San Fernando.

En el año 2011 fueron asesinados sin piedad, o capturados y enviados a campamentos, decenas de viajeros que se trasladaban en autos particulares o autobuses por Tamaulipas o Nuevo León.

Estas son tres historias de mexicanos desaparecidos en esos trayectos. Sus familias siguen buscándolos.

Arturo y Axel Román: dos hermanos desaparecidos en San Fernando 

Cuando cerraron la puerta de la cajuela, Axel atinó a mandar un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo solo avísale a mis papás. Gracias, los quiero. A mi me metieron a la cajuela, no me marques ni nada”.


Era la noche del 25 de agosto de 2010. Los hermanos Axel y Arturo Román, de 21 y 35 años, habían viajado desde la Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos y comenzaron el regreso a casa. Arturo solía hacer estos viajes desde hacía más de 10 años para comprar y vender patinetas en los tianguis de la capital.

Don Arturo Román, padre de los jóvenes, los esperaba por la mañana del día 26. Como no llegaron, comenzó su búsqueda y el amigo le avisó del mensaje. De inmediato tomó un vuelo para indagar sobre su paradero.

Llegó a Reynosa y condujo hasta San Fernando. No encontró policías en la oficina para pedir auxilio. Tampoco había instalaciones de Servicio Médico Forense en el municipio. Entonces acudió a las cuatro funerarias que había y rogó para que le permitieran ver los cadáveres. En una de ellas encontró los cuerpos apilados en el piso espolvoreados con cal, lo cual daña los restos para identificaciones genéticas. Ninguno de los cuerpos pertenecía a sus hijos.


Después, don Román acudió al restaurante Don Pedro, de donde le llamaron sus hijos por última vez. Ahí supo que llegaron la noche del 25 de agosto a cenar carne asada y, cuando esperaban los platillos, llegó un grupo de  hombres armados a bordo de una camioneta negra y un automóvil gris y se los llevaron. A Arturo lo subieron a la camioneta, a Axel a la cajuela del automóvil. Antes de partir, uno de los delincuentes se llevó la camioneta Gran Caravan donde los hermanos viajaban.
Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva.
El restaurante donde secuestraron a sus hijos está ubicado en el libramiento de San Fernando, a menos de 500 metros del cuartel de la Policía Federal, pero nadie los auxilió.


Con esa reconstrucción, don Román se dirigió a la oficina de la Procuraduría estatal en San Fernando, pero no pudo denunciar el secuestro de sus hijos, porque el ministerio público Roberto Jaime Suárez había sido desaparecido por encabezar la investigación de la masacre de 72 migrantes, ocurrida 3 días antes, también en San Fernando. El funcionario apareció muerto en la semana siguiente.

Don Román tuvo que conducir 130 kilómetros hasta Matamoros para poner la denuncia penal, cuyo expediente terminó de vuelta en San Fernando, empolvándose.

Desesperado, sin encontrar apoyo en ninguna parte, acudió ante un retén de marinos, quienes le dijeron: “Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva. Aquí no puede hacer nada y está haciendo muchas preguntas, mejor sálgase porque lo van a matar, aquí está la plaza muy caliente ahorita”.

En abril de 2011, cuando se descubrieron las 47 fosas clandestinas con 193 cadáveres en su interior, don Román viajó de nuevo a San Fernando para buscar alguna pista de sus hijos. Con otros cientos de familias reclamó al Servicio Médico Forense de Matamoros ver los cadáveres, pero solo pudo acceder a las fotografías. Durante más de dos horas observó detenidamente cerca de 200 fotos. No reconoció a sus hijos.


Las autoridades le tomaron pruebas de ADN, pero a la fecha, casi cinco años después, no le han dado respuesta alguna.



Daniel y Karla: desaparecidos a pesar de la Marina

Los veracruzanos Daniel Galindo Acosta y su excuñada Karla Cruz García vivían en Reynosa, Tamaulipas. Querían pasar las vacaciones de Semana Santa con sus familias en Poza Rica, Veracruz, así que se organizaron para irse juntos.

Planeaban un viaje tranquilo: a temprana hora del miércoles 20 de abril Karla metió a la agencia el automóvil Avenger, en el que siempre viajaban, para no tener complicaciones mecánicas. Daniel le avisó a su familia que saldrían la mañana del jueves para no tomar la carretera de noche, debido a la inseguridad; sin embargo, ese mismo miércoles les entregaron el auto, terminaron unos pendientes y comenzaron el viaje por la tarde. No llegaron a su destino.

Las familias empezaron con la búsqueda al día siguiente. Preguntaron en casetas, hospitales y cárceles, pero no encontraron pistas.

En la compañía telefónica, alguien les ayudó a revisar los registros de sus celulares: su último movimiento fue en San Fernando.

Luego acudieron a las instalaciones de la Marina, ahí les informaron que el día de los hechos hubo un retén a la altura de San Fernando: pero que los marinos se fueron a las diez de la noche y dejaron sola la carretera, de acuerdo con un familiar que pide el anonimato.

Justo en esos días, en ese municipio seguían los movimientos de militares, marinos y funcionarios de la PGR, así como de periodistas, asignados ahí por el hallazgo de las fosas que se exhumaban.

La denuncia por desaparición fue interpuesta el 23 de abril de 2011 en Reynosa y, al mismo tiempo, en Veracruz, en el municipio de Poza Rica, donde quedó asentada con folio PZR-1/281/2011-III.
A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de Daniel y Karla su caso sigue sin avances.


El horror no se detuvo

A cinco meses del hallazgo de las fosas de San Fernando, el horror para los viajeros continuaba en las carreteras del norte.
El guanajuatense Santiago Vázquez García salió con su amigo Juan Carlos el 14 de septiembre de 2011 de Celaya, con destino a Monterrey, para tratar de llegar a Estados Unidos. Un día después fueron secuestrados en el municipio de General Treviño. 

La última vez que alguien supo de Santiago fue el 19 de septiembre. Un hombre, prisionero como él, lo vio en una bodega amarrado junto a otros 27 hombres que Los Zetas habían  capturado cuatro días antes y que venían a bordo del mismo camión. El hombre pudo escapar e informó lo que vio en un retén militar, donde lo ignoraron.

“Si le hubieran hecho caso sabrá dios qué hubiera pasado”, lamenta María de Jesús García, su madre.

Ella sabe que dos días después, otro hombre logró escapar y regresó malherido a su pueblo para contar lo que había sucedido. Éste aportó la mayor cantidad de datos y dio una posible ubicación de la bodega a la Procuraduría General de la República. Pero María de Jesús dice que no lo escucharon a tiempo.

Cuando la PGR armó el operativo para entrar a la bodega señalada, ésta ya no existía: había sido  derribada. Y no volvió a saberse del resto de prisioneros que habían sido vistos con vida.

Cuatro años después del suceso en General Treviño, la investigación sigue sin avances. María de Jesús cuenta que cuando buscaba a su hijo —al lado de un grupo de familias de jóvenes desaparecidos en el mismo trayecto rumbo al norte— tuvieron una reunión con el subprocurador de Justicia de Celaya, Armando Amaro Vallejo. María lo cuestionó sobre los avances del caso, él se limitó a responder: “Parece que se los hubiese tragado la tierra”.

El 30 de enero de 2012, Enrique Aurelio Elizondo Flores, de apodo “El Árabe” y quien controlaba la zona de Nuevo León para Los Zetas, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) y confesó por lo menos 75 asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran pasajeros de autobuses interceptados entre marzo de 2010 (cinco meses antes de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando) hasta octubre de 2011.

El modus operandi que explicó —según las autoridades— consistía en bajarlos de los camiones, torturarlos, asesinarlos y calcinar los cuerpos.


En la conferencia de prensa que se llevo a cabo el día del anuncio de su captura, el procurador estatal, Adrián de la Garza, sostuvo que esta persona “privó de la libertad y asesinó a decenas de pasajeros de mínimo tres distintos autobuses procedentes de Reynosa, porque supuestamente al menos los 50 ocupantes de uno de los camiones pertenecían a una banda rival”.

Esta fue la misma versión que las autoridades dieron a María de Jesús y a los familiares del grupo con el que viajaba Santiago. En total, la Procuraduría recibió 28 denuncias por desaparición de pasajeros de ese mismo camión. Aunque pueden haber sido más los secuestrados.

La Procuraduría informó a esas familias que el 21 de enero de 2013 encontraron restos calcinados que correspondían a los viajeros desaparecidos.


“Pero son rumores, sólo son rumores”, dice la hermana de María de Jesús, Concha Vázquez, quien hasta ese momento escuchaba en silencio la entrevista.
No voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo
La familia de María de Jesús insiste en la búsqueda de su hijo. Las demás familias perdieron la  esperanza el día que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los mandó llamar a Monterrey para mostrarles un video de la supuesta ejecución de las víctimas. A ella no le permitieron verlo.

“Ese día me quedé esperando a los compañeros pero nunca pasaron por mí, acordaron ir puros hombres y nadie tuvo el valor de ver los videos”. En la Comisión les advirtieron que las imágenes eran sumamente violentas. Les comentaron que los habían mutilado y después asesinado y que en realidad sería difícil reconocerlos porque todos tenían el rostro cubierto.

A pesar de ello, María insiste en que ella reconocería la silueta o las manos de su hijo si le hubieran permitido ver las imágenes. “Yo a lo mejor me hubiera desmayado, me hubiera vuelto loca, lo que dios hubiera querido, pero sí me hubiese gustado ver esos videos para ver si estaba”.

El 6 de diciembre de 2013 entregaron a dos familias las cenizas de dos cuerpos que, resignadas, los recibieron.

“Soy la persona que menos tiene dinero del grupo, pero yo no voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo”, asegura ella, valiente, a pesar de haber recibido en su hogar visitas “sospechosas” de hombres armados que mintieron diciendo que eran de la PGR.

Fue una vez en marzo, otra en septiembre de 2015. Los primeros dijeron ser de Durango, los segundos de Michoacán. La procuraduría negó que fueran enviados suyos.

La mujer vive una tortura todos los días cuando entra a trabajar en la maquiladora donde laboraba junto a Santiago, a quien ahora ve en sueños: a veces entrando a casa, otras pintando la ropa. A ratos alucina y cree que está cerca. Cuando dice esto sus lágrimas escurren por sus mejillas y mojan su puño cerrado.

“Yo no entiendo porqué las personas de acá ya no hicieron caso —dice—, pero yo seguiré”.


*Masde72.org es un proyecto de investigación realizado por un equipo de periodistas dedicados a investigar las masacres recientes de migrantes. En el sitio se puede consultar información forense de 120 de los cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando, leer las historias de algunas víctimas y lo que enfrentan para obtener justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas de a Pie.

FUENTE: PROCESO, #MÁSDE72.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/terror-en-carreteras-de-tamaulipas-historias-de-mexicanos-que-desaparecieron-en-esos-caminos/

#Másde72: Las víctimas del pacto de silencio en las carreteras

CELAYA, Gto. (apro).- Rosa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.

Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo descuelgue el celular y no escuche voz alguna.

Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.

Francisco Lara Rodríguez fue forzado a bajar del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, por una célula de Los Zetas coludida con policías municipales. El había salido de la ciudad de Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.

Francisco Lara tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al “detinmarín”. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el resto de los pasajeros, siguió el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.

“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”, asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capturados con su hijo; entre ellos el coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericanos, aunque no tiene datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.

Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos.

Lo que la madre sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus identificaciones. Después les ordenaron recoger su equipaje: estarían retenidos.

Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros, “como si nada hubiera pasado”.

Entrevistada en su domicilio una tarde de domingo, Rosa recrea la escena con agobio, cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.

Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su refresco”. Y se fue.

Nunca nadie más volvió a ver a los hombres que fueron forzados a bajar. Una semana después, en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, comenzaron a descubrirse cadáveres enterrados en fosas clandestinas con 196 cadáveres.

En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los días que desapareció Francisco.

Pero la captura y desapariciones de viajeros no fueron sólo esa semana. Por lo menos siete meses el gobierno mexicano cedió a Los Zetas el control de los caminos que llevan a la frontera. Los integrantes de la célula criminal apostada en ese municipio bisagra, paso obligado para llegar a las ciudades de Matamoros o Reynosa, cual si fueran dioses ebrios definieron todo ese tiempo a quién permitían el paso, a quién secuestraban, a quién mataban.

La desgracia tocó especialmente a varones, jóvenes, mexicanos y extranjeros, que viajaban en autobuses o en autos particulares y que a sus verdugos les parecieron sospechosos. Sospechosos de haber sido reclutados –o con posibilidad de ser reclutables– por el cártel rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las dos ciudades fronterizas donde desembocaba esa carretera.

Operaron siempre con el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal. Nunca se ha informado el papel que jugó durante esos tiempos de barbarie el alcalde en turno Tomás Gloria Requena, hoy delegado nacional de la CNC. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron a pesar de que tenían presencia en la zona.

Aunque familiares de las personas desaparecidas en ese municipio pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No hicieron nada para evitar más muertes. Fallaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.

El 27 de abril de 2011, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo 21 días después del hallazgo de las fosas.


No desaparecieron, se los llevaron
“Para nosotros es muy evidente que los querían reclutar”. Rosa está convencida. “Cuando me dicen no sé qué de los desaparecidos yo les respondo es que no son desaparecidos, se los llevaron”.

La madre conserva el boleto de autobús Ómnibus con folio: TCH00852219. Se lo dio la persona sobreviviente. Tiene una leyenda que dice: Este boleto ampara el seguro de viajero.
“Ya había sabido que secuestraban los autobuses, muy poco sabía pero sí, pero lo raro es que casi todos los autobuses que secuestraban eran de esta línea de autobuses, llegué a escuchar que pararon lo más seguro a tres de la misma marca”.

A cinco años de la desaparición de su hijo Rosa sigue sin tener noticias de su paradero. Sólo esas llamadas “misteriosas”, cada tanto, que alimentan su fe de que su hijo está vivo y en el silencio intenta decirle que lo sigue buscando.

Hasta abril de 2014, la PGR había citado a declarar a 34 choferes de autobuses y dos representantes legales de líneas de transporte (uno de ellos de Ómnibus), así como cinco empleados de centrales camioneras, quienes son considerados testigos en la investigación de las fosas clandestinas. Uno de ellos declaró que desde que comenzaron a registrase los secuestros avisó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas para que avisara a la PGR, pero nadie intervino.

Hasta hace dos años 67 personas estaban presas y 16 habían sido liberadas. Se desconoce cuál fue el destino de los 17 policías municipales acusados de colaborar con Los Zetas. Muchas madres, como Rosa, siguen sin conocer el paradero de sus hijos.



Fuente: Proceso
Autora: Maricela Turati
http://www.proceso.com.mx/436181/las-victimas-del-pacto-silencio-en-las-carreteras