La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó la queja que diversas organizaciones presentaron por el hostigamiento de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra la periodista Marcela Turati, la defensora Ana Delgadillo y la perita Mercedes Doretti, quienes investigaban las masacres y fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. 

Las organizaciones Artículo 19, Fundación para la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informaron sobre esta decisión de la CNDH. 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, sentencia condenatoria en contra de 18 personas por el secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra, quedando a disposición del Juez del conocimiento.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.