"Muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió a puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático”, dijo.
El Comité 68 señaló que el expresidente no fue exonerado, sino que al contrario: “murió sentenciado por el pueblo mexicano, como el genocida que es”.
En un comunicado compartido en redes sociales, la organización señaló que el abogado Juan Velázquez, “su acérrimo defensor”, con la publicación del libro “se ha encargado de difundir la mentira que el expresidente Luis Echeverría Álvarez fue exonerado”.
El Gobierno federal creó una Comisión de la Verdad que busca esclarecer y dar justicia sobre las torturas, asesinatos y desapariciones forzadas a manos de elementos policiales y militares entre los años de 1965 y 1990.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el sábado un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990 con el fin de hacer justicia por esos crímenes, buscar a las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época —en torno al millar— y reparar a las víctimas.
Luis Echeverría Álvarez “no ha sido exonerado por el delito de genocidio” cometido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Su caso “está vivo”, el expediente “sigue abierto” y es posible continuar las investigaciones en su contra, afirma Víctor Guerra, abogado del Comité del 68.
El expresidente Luis Echeverría Álvarez “no ha sido exonerado por el delito de genocidio” cometido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Su caso “está vivo”, el expediente “sigue abierto” y es posible continuar las investigaciones en su contra, afirma tajante Víctor Guerra, abogado del Comité del 68.
De hecho, comenta que la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo 154 diligencias después del 27 de marzo de 2009, fecha en que Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la revocación de la prisión domiciliaria del expresidente y ordenó su liberación con “las reservas de ley”.
“¡Ni perdón, ni olvido!”. La marcha por el 68 agrega en estos 51 años más y más demandas de justicia
Estudiantes de escuelas normales, universidades, activistas se sumaron a la movilización que aglomeró a miles. A este movimiento se suman nuevas demandas: justicia para el caso Ayotzinapa; alto a la ola de desaparecidos y a la violencia.
Al grito de “¡Dos de octubre, no se olvida. Es de lucha compartida”, inició la marcha por el 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.
“Ni perdón. Ni Olvido”, se lee sobre una bandera.
“Ni perdón. Ni Olvido”, se lee sobre una bandera.
Lamentaron que a un año de haber hecho esa exigencia -cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aún era mandatario electo-, la FGR aún no la haya atendido al negarse a abrir una fiscalía o unidad especial para atender los crímenes del pasado.
BRUSELAS (Proceso).- El video, tomado en la oscuridad con un teléfono celular, es confuso y angustiante. Un grupo de jóvenes de la normal de Ayotzinapa les grita a los policías que les disparan que ya le “dieron” a uno de sus compañeros: se trata de Aldo Gutiérrez, de 19 años, quien yace en el suelo con un balazo en la cabeza que lo dejó en coma desde entonces.
“¡Ya mataron a uno! ¡Espérense! ¡Llamen a una ambulancia!”, clama desesperada una voz. De fondo y en aparente contradicción con el drama que se intuye, se escucha una música triste que aumenta la pesadumbre de esa escena ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, episodio en el cual la Policía Municipal detuvo a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, quienes desde entonces están desaparecidos.
La imagen forma parte de un documental holandés; la siguiente es una toma diurna de esa normal guerrerense. Jóvenes alumnos caminan, van de un aula a otra. El narrador interviene: “Hacia afuera (México) parece una democracia, pero hacia adentro existe una represión que no quedaría mal en una dictadura. La tiranía invisible que controla México se hizo visible para el mundo entero en 2014 con la desaparición de 43 estudiantes…”.
El documental fue producido por la televisora pública holandesa VPRO y transmitido el 6 y el 10 de enero pasados como parte de la serie histórica Speeches (Discursos).
La periodista que realizó el documental, Stefanie de Brouwer, explica a Proceso que “la idea fue partir de un hecho de actualidad y después acudir a la historia.
“Cuando me puse a investigar –relata–, me percaté de que había una relación entre esos casos, el del 68 y Ayotzinapa, e incluso me enteré que el historiador Sergio Aguayo estaba escribiendo un libro sobre el tema. Mi intuición fue correcta y decidimos realizar el documental.”
Autoritarismo histórico
El documental arranca con un filme de archivo en blanco y negro de un mitin en 1968, en el cual una joven estudiante se dirige a sus compañeros. Nerviosa y a punto del llanto, dice que hay tanques en el Zócalo. “Agreden a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabra. ¡No somos guerrilleros, somos estudiantes! ¡Que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos su juventud!”.
El narrador expone una síntesis de lo que el programa plantea a los televidentes, mientras se observa en la pantalla una manifestación de protesta contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa:
“Cada discurso tiene su propia historia. En México, un país fracturado por la guerra contra las drogas, desaparecieron 43 estudiantes después de un enfrentamiento violento con la policía. Los estudiantes estaban en autobuses; querían ir a conmemorar un evento que sucedió hace casi 50 años.
“En ese entonces (1968), decenas de estudiantes, cientos según algunos, fueron asesinados por disparos de metralletas salidos de la nada. ¿Por qué tenían que morir? Nadie puede responder esta pregunta de manera satisfactoria: es uno de los misterios históricos del país”, prosigue.
Las palabras que dan título al documental forman parte del discurso que pronunció Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1968, un mes antes de la matanza de Tlatelolco:
El discurso original, con todo y la interrupción de los diputados al presidente para aplaudirle de pie, aparece en cuadro: “Se cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República en que estudiantes o seudoestudiantes se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores y maestros, llegando inclusive a su secuestro (…) Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo”.
Esta última parte se repite varias veces a lo largo del documental para situar al telespectador holandés en el fondo del tema: el autoritarismo –pasado y presente– del régimen mexicano.
De Brouwer recabó los testimonios de Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, y Luis González de Alba, líderes del 68, y entrevistó al periodista Jacinto Rodríguez Munguía, quien, luego de una investigación en el Archivo General de la Nación, sostiene la hipótesis de que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, manipuló a Díaz Ordaz para que usara mano dura contra los estudiantes, y que incluso pudieron ser francotiradores a su servicio quienes iniciaron el tiroteo en Tlatelolco.
La periodista holandesa también charló con el normalista José Luis Méndez Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala en septiembre de 2014.
El documental de la televisora holandesa está estructurado como un juego de espejos: continuamente salta de una época a otra, de tal modo que el televidente comprenda los paralelismos entre el 68 y la desaparición de los 43 normalistas.
La realizadora incluye un diálogo con Omar García, uno de los voceros de los estudiantes, mientras se dirigen a una actividad política en un autobús de la compañía Costa Line “secuestrado”.
El narrador del documental señala que el Estado cerró los fondos para la normal de Ayotzinapa por su “potencial amenaza” contra la autoridad, pero que los estudiantes tienen “formas no muy ortodoxas” para seguir funcionando. “El estacionamiento (de la escuela) está lleno de camiones de Coca-Cola y autobuses secuestrados”, precisa la voz.
–¿Este autobús es uno detenido? ¿O cómo lo veo? –le pregunta, medio confundida, la periodista holandesa.
–Hasta el momento no ha habido ninguna queja de las empresas de autobuses. Ninguna ha denunciado o le ha pedido al gobierno: “Queremos que rescaten nuestros autobuses o a nuestros choferes” –responde García, y explica que hay convenios con las líneas de autobuses para utilizarlos.
–¿Entonces la empresa está con ustedes?
–No es un convenio… ¿cómo se puede decir?… de plena voluntad, pues… Más bien es un convenio que nos conviene a ambos: nosotros nos transportamos (…) y la empresa se ve beneficiada en que sus autobuses no sean maltratados.
–¿Entonces hay un contrato social?
–Algo parecido…
Desprotegidos
El documental deja notar cierto pesimismo al afirmar que los estudiantes de Ayotzinapa “perdieron toda la inocencia y no esperan nada del Estado”, en tanto que los muchachos que se manifestaban en el 68 “todavía creían que con argumentos podrían convencer al gobierno” de sus exigencias de mayor apertura.
El comentario final es un balde de agua helada: “Las familias y padres de los 43 estudiantes todavía se encuentran en la oscuridad. Pero no quieren dejar de pensar que siguen vivos… en contra del sentido común”.
–El documental muestra que en México hay un problema estructural de violencia de Estado, de violaciones a los derechos humanos, de represión contra los estudiantes –le comenta este corresponsal a De Brouwer.
–Sí, es la información que contiene el documental.
–¿Y qué lectura de los hechos pretende transmitir a los televidentes holandeses?
–Quería explicar sobre todo qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa. Su desaparición fue una noticia que llamó mucho la atención en Holanda. Quería contar la historia detrás de esta noticia de actualidad. Sobre México siempre se habla del narcotráfico, un problema que existe y que es enorme; pero yo quería informar que hay algo mucho más grave en el país y que existe desde hace mucho tiempo. El objetivo es dar un panorama más profundo de lo que sucede.
–¿Y cuál es ese problema más profundo?
–Lo que más me ha impactado de México es la falta de orden jurídico. Nadie está protegido contra la fuerza del Estado, contra la policía. Eso me parece más importante tratándose de un país que se considera una democracia.
De Brouwer comenta que ha viajado por todo el mundo, y asegura que su experiencia en México ha sido “la más asfixiante” por ese abuso impune del poder de la autoridad: “Más que en los países africanos que también se presentan como democracias y que todos saben que no lo son”.
En el documental no hay una referencia directa al presidente Peña Nieto ni a su gobierno. Sólo aparece un instante una pancarta con su imagen y su nombre durante una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.
Según la periodista holandesa, “la prioridad no era denunciar a algún gobierno, sino explicar un fenómeno político” más amplio.
Peña Nieto visitará Holanda los próximos 30 y 31 de mayo. A finales de enero pasado, un grupo de mexicanos residentes en ese país lo declaró persona non grata. En una carta pública declararon: “La invitación hecha a un presidente que encabeza un gobierno corrupto y violador de derechos humanos demuestra que para los Países Bajos, igual que antes para el Reino Unido y Francia, los intereses económicos siempre tendrán prioridad”.
–¿El gobierno de Holanda debe abordar con Peña Nieto los problemas que plantea en su documental, o al menos el tema de Ayotzinapa? –se le cuestiona a De Brouwer.
–Sí. El papel de Europa, y de Holanda, es hablar de estas cosas. El problema de siempre es cómo, cómo hacerlo de una manera que pueda influir para demostrar que sí somos críticos. Tendríamos que hacer más, pero es muy difícil.
Fuente: Proceso
Autor: Marco Appel
http://www.proceso.com.mx/433980/tlatelolco-a-ayotzinapa-continuidad-del-autoritarismo
Los documentos sobre crímenes durante esas etapas de la vida del país carecen de clasificación ya que están mal archivados, de acuerdo con el diario Reforma.
La publicación precisa que durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la fecha.
La dependencia respondió que la información no se encuentra en sus archivos.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI, recordó en entrevista que en julio de 2014 la PGR advirtió que el envío de datos de la Femospp presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).
En aquella ocasión el particular se inconformó con una respuesta de la PGR a cifras de delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, toda vez que éstos no coinciden con los del AGN.
Acuña Llamas advirtió de que no hay garantía de que la información que se encuentra en el AGN se hubiese clasificado correctamente.
“Hubo envíos que no fueron ordenados porque por decreto presidencial fueron enviados allá como si fuera un cajón o una bodega y así llegaban cajas y cajas, entonces tampoco el Archivo… quizá no ha podido ordenar todos los fondos que le fueron depositados de forma tan arbitraria y tan descomedida”.
Los archivos de la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico, agrega el diario Reforma.
También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las averiguaciones previas sobre los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 -PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002- actualmente están inmersas en los expedientes números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respondió inicialmente al particular que requirió la información que dicha documentación forma parte de en una averiguación previa en trámite, por lo que “tiene el carácter de reservada por un periodo de 12 años”.
El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai que fue turnado a la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora. El requirente argumentó que se trata de un tema de interés nacional y pidió que el órgano de transparencia analizara la respuesta de la PGR.
La dependencia, actualmente a cargo de Arely Gómez, confirmó que las dos averiguaciones previas contienen información relacionada con ambos sucesos pero reiteró que están en trámite y su información “es reservada”.
Además, destacó que la Coordinación General de Investigación de la PGR no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos por ambas averiguaciones.
Al analizar el caso, la comisionada a cargo constató que se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas porque en las investigaciones se advirtió, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación, la probable participación de otra u otras personas como probables responsables.
Con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias —SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007—que se encuentran en integración por el delito de genocidio. Además la PGR no declaró su inexistencia y en ellas obra la información que le interesa al particular.
Por ello, la comisionada consideró que la PGR sí cuenta con documentos que puede atender lo solicitado por el particular y la Procuraduría no puede argumentar una imposibilidad material para entregarla.
Además, argumentó que en ambas averiguaciones aplica el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de las investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos sostuvo que el asunto es trascendente ya que han pasado 47 años y siguen las dudas de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968.
“Se aproximaban los Juegos Olímpicos y para México era algo muy importante, desde luego. A esta fecha no hemos sabido qué pasó, cuáles fueron realmente las razones”, expresó.
Por su parte, el comisionado Oscar Guerra dijo que es importante que se sepa la verdad histórica de estos casos, para aprender de ellos.
“Creo que es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo sucedido en estos lamentables acontecimientos del 68, que bueno, como en la paradoja de la historia es lamentables lo que sucedió pero finalmente, ya visto en la perspectiva histórica, pues sembraron una semilla de democracia y de democratización del país que todavía se sigue en este proceso de la transición democrática.
“Es importante que la gente sepa que el acceso a la información, sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”, dijo.
El comisionado Joel Salas Suárez, agregó que no es posible continuar con la denegación sistémica de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada.
“La creciente violencia que vive el país, obliga a que se establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad, a través del derecho a la verdad y la rendición de cuentas”, subrayó.
Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el derecho a la información, consiste en la veracidad de la narración de los hechos.
“Esos hechos encogieron el corazón, angustiaron y dejaron desolada a una población que atestiguó hechos lamentables en la capital del país, con un ejército que salió a perseguir a civiles, a jóvenes que reclamaban otro mejor momento”, apuntó.
Finalmente, los comisionados aprobaron por unanimidad revocar la respuesta de la PGR e instruirla a entregar al particular versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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