Tanhuato: 6 años y 4 meses de la ejecución arbitraria de 22 civiles en Michoacán

Tras seis años y cuatro meses de la masacre ocurrida en el Rancho de El Sol, en la frontera con Jalisco, donde fueron ejecutadas 22 personas por las fuerzas federales, siete exagentes fueron sentenciados a prisión por homicidio, según medios nacionales.

Ocurrió a primera hora de la mañana el viernes 22 de mayo de 2015. Fue un enfrentamiento entre la Policía Federal, elementos de seguridad, y supuestamente personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el Rancho de El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán, fueron asesinados 42 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluiría que 22 de esas muertes fueron ejecuciones: se trató de una masacre.

“Se acreditaron transgresiones al derecho a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de [22 personas], atribuibles a servidores públicos de la PF”, sentenció el informe de la CNDH publicado un año después de la masacre.

Detienen a ocho policías federales implicados en la masacre de Tanhuato

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y puso a disposición de un juez federal a ocho (de 40) ex elementos de la Policía Federal (PF) relacionados con la masacre de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrida en un rancho de Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.

Entre los ex agentes federales que ya tienen orden de aprehensión se encuentra Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, quien ya es considerado prófugo de la justicia.

Los ex agentes detenidos están acusados, al igual que otros 32 elementos de la desaparecida PF, del delito de homicidio en contra de 42 civiles que estaban en el llamado rancho El Sol.

Ordenan a PGR entregar versión pública sobre caso Tanhuato

Ciudad de México. Por considerar que en los hechos registrados en Tanhuato, Michoacán, en 2015, donde murieron 42 civiles y un policía federal en un presunto enfrentamiento entre esta corporación y miembros del crimen organizado se registraron violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República entregar las versiones públicas de las declaraciones de los policías federales contenidas en la averiguación previa correspondiente.

De manera unánime, el pleno del Inai sustento su determinación a partir de la recomendación que sobre el caso realizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pronuciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde quedo claro que hubo ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena, disparos en la cabeza a algunos de los delincuentes fallecidos, uso excesivo de la fuerza, entre otras irregularidades.

El comisionado ponente, Oscar Guerra dio a conocer que era improcedente la clasificación que pretendía la PGR por tratarse de una investigación en proceso, toda vez que las consideraciones del caso caen en el supuesto de excepción de ley. Es decir, cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos es posible abrir versiones públicas parcial o totalmente de averiguaciones previas


Guerra dijo que para el caso de Tanhuato quedo claro que una institución del estado mexicano incurrió en practicas violatorias de derechos humanos según lo acredito la propia CNDH, por lo cual, al revisar la solicitud de acceso a la información que fue denegada por la PGR, es procedente entregar la versión pública de: declaraciones de los policías federales involucrados en los hechos; pruebas de balística , los oficios incluidos en la investigación que remitieron tanto la Policía Federal como la Secretaría de la Defensa Nacional.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/ordenan-a-pgr-entregar-version-publica-sobre-caso-tanhuato

Abuso de autoridad, peritajes a modo: las claves del informe sobre ejecuciones en Tanhuato

En un informe de más de 700 páginas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció lo ocurrido el 22 de mayo del 2015, en un supuesto enfrentamiento armado que dejó 42 civiles y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.  Casi la mitad de esas personas fueron ejecutadas arbitrariamente por los policías que incurrieron en abuso de la fuerza.

A eso se suman actos de tortura, manipulación de los cuerpos, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades más.
El informe apoyado en más de 150 peritajes, reportes y pruebas recabadas por la CNDH, también muestra como la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mintió en sus informes sobre lo ocurrido en Tanhuato y en las declaraciones públicas que se difundieron tras el hecho, en las que negaban haber cometidos irregularidades durante el operativo.

Animal Político resume las claves que se desprenden de esta investigación de la CNDH asentadas en la Recomendación 4VG/2016  que la CNDH dirigió a la CNS y al gobierno de Michoacán por lo que considera graves violaciones a los derechos humanos, y que también servirá de punto de partida para presentar una denuncia ante la PGR.

La versión  oficial

El parte oficial de la Policía Federal, incluido como punto de partida del informe de la CNDH, sostiene que a las 8:30 de la mañana del 22 de mayo, al “realizar funciones propias de disuasión y en seguimiento a un oficio de investigación”, un convoy de la dependencia que circulaba en la carretera Nogales México fue atacado a balazos por los “tripulantes de una camioneta marca Toyota blanca”.

El parte señala que se repelió la agresión por lo cual se inició una ·”persecución” de la camioneta, que concluyó cuando  el vehículo ingresó al “Rancho Del Sol” y se impactó contra un árbol en el interior del predio. Eso “dio inicio a un enfrentamiento armado”.

Ante la potencia de fuego de los agresores, según la Policía Federal, el grupo inicial de 41 agentes  pidió refuerzos, llegando al sitio 54 agentes más con el apoyo de un helicóptero artillado. El saldo final fue de 42 presuntos civiles muertos, un policía fallecido, otro lesionado, y tres detenidos.

“En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró tres días después de aquellos hechos el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo. La CNS recalcó lo anterior sosteniendo que pruebas químicas confirmaban que todos los civiles muertos dispararon armas de fuego.

Se dijo que el helicóptero se utilizó como un “mecanismo de disuasión”, que se pidió primero a los civiles que se rindieran pero estos respondieron a balazos.

La realidad según la CNDH

La Policía Federal falseó la información de lo ocurrido, según la CNDH. Las evidencias recabadas por el organismo  evidenciaron que nunca hubo ninguna persecución de un vehículo blanco ni un ataque previo en la carretera contra los policías, como la versión oficial argumenta. Es más, los hechos no iniciaron a las 8:30 de la mañana sino dos horas antes y en una situación muy distinta.

“Se pudo establecer que entre las 6:00 y 7:00 horas del 22 de mayo, servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al rancho, aseguraron a las personas que estaban en la entrada y posteriormente se llevó a cabo el operativo en el interior, lo que contradice la versión oficial”, establece el informe que derivó en una recomendación.

Fotos evidencian que 17  cadáveres estaban descalzos y algunos vestían solo una trusa, lo que permite presumir que estaban dormidos cuando comenzó “el operativo”.

La CNDH señaló que del cruce de evidencias y testimonios, entre ellos del personal de Protección Civil del municipio,  de vecinos y de testigos, se establece que todo inicio entre las 6 y 7 de la mañana. Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó el helicóptero artillado de la Policía Federal.

Animal Político publicó el 25 de mayo de 2015 las versiones de testigos que corroboraban que los federales entraron en realidad de forma sigilosa, y que el helicóptero artillado estuvo disparando sin cesar, no de forma disuasiva. Los testimonios y pruebas de la CNDH  corroboran lo anterior: el helicóptero hizo más de cuatro mil detonaciones.

“No tuvieron oportunidad” señalaron los testimonios recabados por este portal. La comisión  confirmó que en efecto, por lo menos 22 de ellos perdieron la vida víctimas de abuso de autoridad

Ejecuciones arbitrarias

La CNDH estableció que si bien los civiles murieron con disparos de larga distancia, como lo dijo la Policía Federal, las pruebas confirman que en 22 casos, el uso de fuerza letal en contra de estas personas no fue “racional ni proporcional”, lo que de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota” se califica como “ejecuciones arbitrarias”.

“La distancia  del disparo no es el único elemento para determinar una ejecución arbitraria. En el presente asunto se advirtió que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto a sus victimarios; en 5 casos el disparador se encontraba en un plano superior, desde el helicóptero”, resume el informe.

A esto se suma el caso de una persona que aunque ya estaba lesionada fue quemada con vida, así como tres casos de personas que ya sometidas fueron asesinadas.

En el caso de las 13 personas que tienen disparos en la espalda, los cuerpos de ocho de ellos quedaron en una parcela localizada la norte del rancho en una zona abierta, por que corresponderá a las autoridades determinar si fueron emboscados cuando intentaban darse a la fuga.

Además de estas 22 ejecuciones, la CNDH estableció que en otros cuatro casos hubo exceso de fuerza aunque no se pudo acreditar la intencionalidad de asesinarlas por las ubicaciones en donde se encontraron los cuerpos. Por ejemplo, hubo una persona que murió a consecuencia de un incendio que provocó el uso excesivo de los disparos hechos desde el helicóptero.

Escena contaminada

La revisión de todo el expediente, de las fotografías de distintas fuentes y los peritajes realizados por especialistas de la CNDH acredita que la escena del crimen fue contaminada para alterar múltiples evidencias.

El informe destaca, por ejemplo, que a 11 de las víctimas les fueron colocadas armas de fuego deliberadamente. Esto se aprecia en fotografías donde a un costado de ellos aparece un arma y en otra foto un arma distinta, o simplemente donde no había un arma antes y después sí.

Otro ejemplo de la manipulación fue que uno de los cuerpos presentaba un impacto de arma de fuego que entró por el pectoral y salió por la región perineal, pero el pantalón con que fue encontrado no presentaba rastros de sangre, lo que permite presumir que se lo pusieron ya muerto. Por lo menos siete de los cuerpos encontrados fueron movidos de la posición original.

¿Cómo fue posible todo esto? La CNDH destaca que durante al menos cuatro horas luego de concluido el enfrentamiento, la Policía federal no permitió el acceso a los peritos.

Todas estas anomalías, sugiere la CNDH, impiden establecer las circunstancias en que perdieron la vida otras 16 personas en el rancho, pero no se descarta que también hubieran sido ejecutadas.

La tortura

El informe establece que dos de las personas detenidas en el rancho fueron víctima de actos de tortura, toda vez que de las evidencias recabadas se advierte que fueron sometidos a un “sufrimiento severo” luego de que los agentes de la Policía Federal los obligaron a presenciar la ejecución de tres personas del rancho.

“Posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio sobre los motivos  por los que se encontraban en el inmueble, la ubicación de armas y drogas, entre otros, mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares”, concluye la CNDH.

Peritajes  a modo

El trabajo pericial realizado luego del enfrentamiento por la Procuraduría de Michoacán fue incompleto, erróneo e ineficiente según el informe, lo que también representa violaciones a derechos humanos.

En el caso de los peritajes para verificar si los civiles abatidos dispararon, la prueba de rodizonato de sodio y la de absorción molecular señalan en los 42 casos que fue así, sin embargo, la CNDH estableció que la prueba omitió detectar uno de los tres elementos que se requieren. El motivo de la Procuraduría fue que no lo hicieron “por falta de presupuesto”.

A lo anterior se suma que del análisis de las constancias ministeriales del lugar de los hechos se detectaron “prácticas no idóneas” para referir características del sitio, mientras que las fotos no se tomaron con la técnica pericial adecuada.

Por otro lado se descubrieron irregularidades en las 42 necropsias de los cadáveres. En algunos casos se encontraron versiones distintas de un solo dictamen. Los cuerpos fueron apilados en un cuarto del Servicio Médico Forense de Morelia con hielo y aserrín. Esto entre otras anomalías.

Las recomendaciones

Por violaciones graves a derechos humanos la CNDH emitió seis recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad. La primera de ellas es colaborar con la indagatoria en la PGR que se inicie para determinar la responsabilidad de los mandos y elementos que resulten responsables del abuso de la fuerza que derivaron en la ejecución de 22 personas en Tanhuato y de los actos de tortura descritos.

La segunda es que se reparen o daños ocasionados a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente y se inscriba a todos ellos en el Registro Nacional de Víctimas. La tercera que se diseñe e imparta un curso integral de derechos humanos a la Policía Federal. La cuarta que se actualicen los Lineamientos Generales que Regulan el Uso de la Fuerza pues estos datan de 2012 y corresponden a la inexistente Secretaría de Seguridad Pública.

La quinta recomendación es que se giren instrucciones para que se proporcionen equipos de videograbación a los agentes de la Policía Federal que permiten evidenciar las acciones que realizan, y la sexta es que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones sobre la legalidad de los agentes en operativos, hasta que no se cuenten con resultados de una indagatoria.

Por otro lado la CNDH extendió dos recomendaciones al gobierno de Michoacán, la primera de ellas para que se colabore con al Comisión en la denuncia que se presentará ante al Procuraduría por la actuación deficiente de peritos y servidores públicos que incurrieron en irregularidades en la indagatoria relacionada con los decesos en el rancho.

La segunda es para que se imparta un curso integral a todos los servidores públicos de la Procuraduría en materia de derechos humanos y específicamente en aplicación del protocolo de Autopsia, así como de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/informe-cndh-ejecuciones-tanhuato/

Rechaza INAI difundir información sobre Tanhuato

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) rechazó una apelación para difundir los reportes de autopsia de los 42 sospechosos que murieron durante un enfrentamiento con la policía federal el año pasado, respaldando la postura del gobierno con una decisión criticada este miércoles por grupos de derechos humanos.

Un policía murió en lo que las autoridades describen como un enfrentamiento con sospechosos de un cártel de narcotraficantes en Michoacán, el 22 de mayo de 2015, pero el abultado saldo de 42-1 levantó sospechas.

El INAI falló el mes pasado en contra de una solicitud de libertad de información presentada en octubre por The Associated Press. La agencia decretó que la información debe mantenerse como secreto de Estado durante cinco años.

El instituto también apoyó al gobierno al negar que hubiera evidencia de violaciones a los derechos humanos en el rancho en donde ocurrió el tiroteo. Señaló que se revisaron 12 volúmenes de reportes sobre el caso de Tanhuato, Michoacán, y en esencia determinó que la policía federal actuó de manera apropiada.

"No se advierten elementos indispensables que permitan apuntar una conducta (de acción y/o de omisión) dolosa del estado mexicano en los hechos de referencia, que pudieran configurar, por ejemplo, una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria", se lee en el fallo del organismo. "No se apreciaron, a primera vista, factores o elementos que permitan detectar conductas sospechosas o poco claras del despliegue de las fuerzas de seguridad".

Las muertes en Tanhuato fueron uno de tres casos de un saldo de muertes disparejo en México que fueron citados por un reporte publicado el miércoles por parte de la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos.

"Estas situaciones demandan una revisión del uso de la fuerza en México de apegarse a los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalmente", comentó la comisión. "Además, exige la adopción e implementación de medidas de responsabilidad por parte de un organismo que es independiente a todas las fuerzas de seguridad".

La comisión de la OEA también criticó lo que llamó "una gradual regresión en términos de políticas activas de transparencia e información pública respecto a la muerte de civiles", sobre dichos casos. Indicó que las fuerzas militares mexicanas han dejado de reportar de manera pública el número de sospechosos abatidos por sus tropas.

La Procuraduría General rechazó en octubre la solicitud inicial de la AP de reportes de balística y autopsias de los fallecidos en Tanhuato, argumentando que dicha información podría afectar la investigación.

La AP apeló el rechazo bajo una regla que permite que las versiones redactadas de los reportes sean difundidas en casos que involucren violaciones serias a los derechos humanos. Pero el instituto indicó que no encontró evidencia de ese tipo de irregularidades.

El director para el continente americano de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el fallo es un paso atrás para el INAI.

"Con este fallo, el INAI no sólo abandona su principio básico de apertura y transparencia que supuestamente debe mantener, sino que también le otorga a la Procuraduría General luz verde para mantener al público ignorante sobre los severos abusos a los derechos humanos", escribió Vivanco.

El gobierno mexicano rechazó haber cometido asesinatos extra judiciales en el caso, y aseveró que la policía federal respondió luego de que abrieran fuego en su contra.

Pero el gobierno inicialmente también rechazó cualquier irregularidad en la masacre ocurrida en 2014 en el Estado de México, en donde el ejército informó que se había abatido a 22 supuestos integrantes de un cártel de narcotráfico durante un tiroteo en el que un soldado resultó lesionado. Una investigación de la AP en el lugar indicó que las víctimas fueron alineadas y fusiladas contra una pared. Debido a ese caso se presentaron cargos contra tres soldados.


Las fuerzas de seguridad mexicanas han tenido desde hace tiempo altas tasas de "fatalidad", un radio de sospechosos abatidos con respecto a soldados o policías muertos durante enfrentamientos. En los últimos años, el índice del ejército llegó a ser hasta de 19-1, lo que la comisión de la OEA definió como "alarmantemente elevado", y con cifras similares o incluso más altas para las confrontaciones en las que se involucró la policía federal.

FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/02/rechaza-ifai-difundir-informacion-sobre-tanhuato-1266.html

Policía Federal debe ampliar su versión pública sobre Tanhuato, ordena el INAI

La PF debe realizar nuevamente una versión pública sobre los reportes generados por los elementos que participaron en los hechos de Tanhuato, Michoacán, que derivaron en la muerte de 42 personas.

La Policía Federal deberá preparar y dar a conocer una versión pública, más amplia que la emitida originalmente, sobre los cruentos hechos de Tanhuato.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la PF realizar nuevamente una versión pública sobre los reportes generados por los elementos que participaron en los hechos de Tanhuato, Michoacán, que derivaron en la muerte de 42 personas en mayo pasado.

Esto, luego que la versión generada por la PF para entregar a un particular se reservó, además de los datos personales de los elementos que participaron y otros datos sensibles, las condiciones de tiempo, modo y lugar descritas en las narrativas realizadas por los elementos participantes.

La solicitud de la información derivó en un recurso de revisión debido a que inicialmente la PF reservó los datos durante 12 años, argumentando que formaba parte de una averiguación previa, que contenía detalles sobre la estrategia de seguridad en el país e incluso porque vulneraba la seguridad nacional.

Sin embargo, durante los alegatos la Policía generó una versión pública de la información requerida, misma que a criterio del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, no debía reservar las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidas en el relato que hicieron los policías, en razón del interés público inmerso en ellas y de que la información que entregue al particular debe ser lo más completa posible.

“Consideramos que en el presente caso impera el interés público por encima de la restricción temporal de la reserva que caracteriza la información contenida o relacionada directamente con las averiguaciones previas conforme al artículo 13 fracción V”, dijo.

A pesar de ello, tanto los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Patricia Kurczyn Villalobos y la comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora, apoyaron el sentido del proyecto pero emitieron votos en particular con relación a que consideraron que revelar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos sí pone en riesgo la facultad investigadora del Estado.

Asimismo, los comisionados Joel Salas Suárez, Óscar Mauricio Guerra Ford y Areli Cano Guadiana, emitieron sus votos particulares en el sentido de que la información debe darse a conocer en los términos propuestos por el proyecto pero no por el interés público que representa, sino que al ser datos generados por elementos de la PF como consecuencia de sus funciones, ya constituyen por sí información de carácter público.


En consecuencia, el pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Policía Federal para que elabore una versión pública de las notas informativas número 518 y 519 testando los datos personales de los presuntos responsables, el número de elementos que participaron, el nombre de los mismos, y el hospital donde fueron atendidos, números y tipo de armas, así como el nombre de las víctimas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2511/mexico/policia-federal-debe-ampliar-su-version-publica-sobre-tanhuato-ordena-el-inai/

En Tanhuato hubo disparos a corta distancia, pero no ejecuciones: procurador de Michoacán

La declaración de Martín Godoy ocurre a casi dos semanas de que el comisionado de la Policía Federal descartó la existencia de disparos a corta distancia.

Luego de que la investigación del tiroteo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, quedara en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), el procurador de Michoacán, Martín Godoy, reconoció este martes 25 de agosto que en el lugar hubo disparos a corta distancia, pero no ejecuciones extrajudiciales.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Godoy dijo lo anterior con base en el peritaje realizado por la dependencia que dirige, y que hasta el momento es el único reconocido oficialmente por las autoridades.

Esto contradice lo dicho por el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien el 12 de agosto pasado dijo a Gómez Leyva que “ninguno (de los 42 cuerpos presuntos delincuentes que murieron en el lugar) tiene el tatuaje de pólvora que indica que el disparo fue a corta distancia”.

Además, Galindo descartó la existencia de un peritaje sobre ese hecho realizado por el Ministerio Público federal, como aseguró a principios de agosto en una columna de opinión el periodista Carlos Loret de Mola, quien afirmó que en el rancho El Sol hubo ejecuciones en al menos el 70% de los 42 cuerpos hallados.



Sobre la investigación del enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo pasado, Godoy dijo que “no porque una persona tenga un disparo a una distancia de dos metros significa que fue ejecutado”.


Agregó que será la PGR –quien este lunes 24 de agosto recibió el expediente del caso– la dependencia que emita una conclusión definitiva. “Vamos a dejar que la Procuraduría General de la República se pronuncie hasta el final”, indicó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Concluye PGJ de Michoacán peritajes del Caso Tanhuato; remitirá expediente a la PGR

La PGJE, detalló, que en el expediente del caso, constan de pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), informó que en relación a los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el “Rancho de El Sol”, donde murieron 42 civiles en un operativo de la Policía Federal,  se han concluido las diligencias periciales especializadas, por lo que se ha determinado remitir el expediente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La Fiscalía, señaló, que en torno a las actuaciones de los hechos, se harán llegar a la PGR.

La PGJE detalló que el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística,  química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.

“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.

Apenas el pasado 15 de julio se entregó el penúltimo de los 42 cuerpos a sus familiares; se trata de Juan Ávalos Martínez de 47 años de edad, originario del municipio de Tala, Jalisco, informaron funcionarios de la dependencia estatal.

A pesar de que ya dieron por concluidas las actuaciones en el ámbito del fuero común, todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado.

Se trata de una persona del sexo masculino de entre 40 y 45 años de edad, tez morena, cara ovalada y cabello castaño semiondulado, además, de que trae tatuajes en gran parte de cuerpo; uno de ellos en el cuello, con las iniciales del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el cual las autoridades, aducen que es lo que ha impedido a que se acerquen sus familiares.

“Seguramente tienen temor a ser cuestionados o investigados a la hora de reclamar el cuerpo; eso los ha de haber detenido”, dijo la fuente consultada por Animal Político, quién además agregó, que de acuerdo a la ley, el cuerpo no podrá estar más de cinco meses en la morgue, por lo que el plazo se cumple el próximo 22 de octubre.

Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora,  han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.

Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.

Asimismo, la PGJE, detalló, que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en la ciudad de Guadalajara, por Robo con Violencia; y, José Manuel Aguilar, fue detenido mese antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos ellos murieron al interior del Rancho del Sol.


Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en la zona colindante con el estado de Jalisco, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.