La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”.
¿Será posible que el arresto de un hombre se convierta en el silencio de un pueblo? Eso se pregunta Margarita Pech, una mujer maya habitante del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo.
Para ella como para miles de pobladores originarios de este territorio maya que a lo largo de toda la península de Yucatán vio florecer la Guerra de Castas, la ilegal detención y tortura de Pedro Celestino Canché Herrera se ha convertido en un símbolo de lo que les espera a quienes disientan frente al régimen priísta encabezado por el gobernador Roberto Borge.
Pedro es un periodista indígena, un activista que durante toda su vida ha promovido el habla del idioma maya y ha denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas y niños mayas.
Las abogadas de Pedro, especialistas en derechos Humanos, han demostrado puntualmente las violaciones procesales en el encarcelamiento de este compañero reportero, pero su condición de hombre indígena en el sureste le ha dejado incluso en mayor indefensión que a cualquier periodista perseguido en México.
El ministerio público abrió una averiguación previa por órdenes del gobernador Borge; me asegura un agente judicial de origen maya.
Se le acusa de haber participado en una demostración en contra de CAPA (la proveedora de agua potable y alcantarillado del estado) que se niega a dar servicios públicos vitales a la población que desobedece las órdenes del PRI en la localidad.
Desde hace años se conformó el Consejo de Colonias Populares en Felipe Carrilo Puerto (COCOP), cuya meta es defender a la población de los abusos de poder y la pobreza extrema en que el gobierno estatal ha sometido al pueblo originario del estado. La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”. El apoderado legal de CAPA declaró que el reportero Canché había impedido el paso de los empleados a las instalaciones durante el 11 de agosto de 2014; pero se ha demostrado frente al juez que Canché pasó los días 11 y 12 de ese mes en Cancún haciendo diligencias y compras.
Las pruebas testimoniales en su contra están armadas por servidores públicos que se contradicen en sus declaraciones. Toda la evidencia en contra de Canché consiste en declaraciones tan erradas como aquella en que el juez ordena una diligencia de investigación judicial incluso antes de que el supuesto delito fuera cometido.
El grueso expediente está plagado de mentiras y confusiones. Uno de loa más grandes absurdos es aquél en que los policías judiciales asisten a las oficinas de CAPA a las 23 horas y describen que es claro que las instalaciones “están cerradas a causa del sabotaje de los manifestantes”;mientras omiten reconocer que esta oficina burocrática cierra sus puertas diariamente a las 18 horas. Los mismos peritos determinan que no hay absolutamente ningún daño físico a las instalaciones, por tanto no existió el sabotaje.
La abogada Araceli Andrade se reunió con el secretario de gobierno Gabriel Mendicuti para con el expediente en mano demostrar que Pedro es un preso político y que no existe delito que perseguir. Mendicuti reaccionó violentamente y aseguró que no se pueden contravenir las ordenes del gobernador Borge.
Lo cierto es que Pedro Canché había llevado a Carrillo Puerto, unos días antes de su detención, a Marisol Ceja Gálvez, activista con quien organizó un evento público para explicar el movimiento Cherán, Michoacán, que defiende los derechos indígenas y se ha movilizado contra las desapariciones forzadas. Desde esa fecha, según fuentes del régimen local, Pedro fue seguido por agentes de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo por sospechas de querer incitar a la disidencia indígena.
Consta en las actas que a tan sólo 4 horas de que se girara la orden de búsqueda y localización de Canché, la ministerio público recibe testimonios de una decena de policías judiciales que reportan haber acudido varias veces a casa del acusado sin encontrarlo.
En menos de doscientos cuarenta minutos fueron siete veces a buscar al sospechoso (eso es efectividad). En menos de 49 horas la ministerio público había ejercido acción penal contra Pedro Canché por el “delito grave de sabotaje”.
Pedro lleva seis meses preso sin evidencia alguna por un delito que nunca cometió.
Margarita, al igual que muchos de sus amigos y vecinos aseguran que a Pedro lo detuvieron porque desde hace años ha dicho que los mayas de Quintana Roo tienen derechos y éstos deben ser respetados, porque no quieren ser esclavos del PRI, porque se rehúsan a ser utilizados para procesos electorales.
“Lo encarcelaron y torturaron por ser maya” dice su vecino; “lo torturaron para espantarnos a todos” dice su vecina. “Ser maya es más peligroso para Borge que ser Zeta, porque esos sí hacen tratos, nosotros no” asegura un amigo de Pedro que estuvo en la reunión para entender cómo se han unido los indígenas de Michoacán.
Lo que está claro es que Pedro ha sido torturado, que se le niegan servicios médicos y que está allí por ser periodista, por ser indígena, por levantar la voz por la justicia social. Su deplorable estado de salud me consta, lo mismo que la crueldad y el racismo que el gobierno de Quintana Roo ha mostrado a la población maya, esa que les es útil sólo para vender turismo, para mostrar vestigios arqueológicos o artesanías.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
Para ella como para miles de pobladores originarios de este territorio maya que a lo largo de toda la península de Yucatán vio florecer la Guerra de Castas, la ilegal detención y tortura de Pedro Celestino Canché Herrera se ha convertido en un símbolo de lo que les espera a quienes disientan frente al régimen priísta encabezado por el gobernador Roberto Borge.
Pedro es un periodista indígena, un activista que durante toda su vida ha promovido el habla del idioma maya y ha denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas y niños mayas.
Las abogadas de Pedro, especialistas en derechos Humanos, han demostrado puntualmente las violaciones procesales en el encarcelamiento de este compañero reportero, pero su condición de hombre indígena en el sureste le ha dejado incluso en mayor indefensión que a cualquier periodista perseguido en México.
El ministerio público abrió una averiguación previa por órdenes del gobernador Borge; me asegura un agente judicial de origen maya.
Se le acusa de haber participado en una demostración en contra de CAPA (la proveedora de agua potable y alcantarillado del estado) que se niega a dar servicios públicos vitales a la población que desobedece las órdenes del PRI en la localidad.
Desde hace años se conformó el Consejo de Colonias Populares en Felipe Carrilo Puerto (COCOP), cuya meta es defender a la población de los abusos de poder y la pobreza extrema en que el gobierno estatal ha sometido al pueblo originario del estado. La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”. El apoderado legal de CAPA declaró que el reportero Canché había impedido el paso de los empleados a las instalaciones durante el 11 de agosto de 2014; pero se ha demostrado frente al juez que Canché pasó los días 11 y 12 de ese mes en Cancún haciendo diligencias y compras.
Las pruebas testimoniales en su contra están armadas por servidores públicos que se contradicen en sus declaraciones. Toda la evidencia en contra de Canché consiste en declaraciones tan erradas como aquella en que el juez ordena una diligencia de investigación judicial incluso antes de que el supuesto delito fuera cometido.
El grueso expediente está plagado de mentiras y confusiones. Uno de loa más grandes absurdos es aquél en que los policías judiciales asisten a las oficinas de CAPA a las 23 horas y describen que es claro que las instalaciones “están cerradas a causa del sabotaje de los manifestantes”;mientras omiten reconocer que esta oficina burocrática cierra sus puertas diariamente a las 18 horas. Los mismos peritos determinan que no hay absolutamente ningún daño físico a las instalaciones, por tanto no existió el sabotaje.
La abogada Araceli Andrade se reunió con el secretario de gobierno Gabriel Mendicuti para con el expediente en mano demostrar que Pedro es un preso político y que no existe delito que perseguir. Mendicuti reaccionó violentamente y aseguró que no se pueden contravenir las ordenes del gobernador Borge.
Lo cierto es que Pedro Canché había llevado a Carrillo Puerto, unos días antes de su detención, a Marisol Ceja Gálvez, activista con quien organizó un evento público para explicar el movimiento Cherán, Michoacán, que defiende los derechos indígenas y se ha movilizado contra las desapariciones forzadas. Desde esa fecha, según fuentes del régimen local, Pedro fue seguido por agentes de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo por sospechas de querer incitar a la disidencia indígena.
Consta en las actas que a tan sólo 4 horas de que se girara la orden de búsqueda y localización de Canché, la ministerio público recibe testimonios de una decena de policías judiciales que reportan haber acudido varias veces a casa del acusado sin encontrarlo.
En menos de doscientos cuarenta minutos fueron siete veces a buscar al sospechoso (eso es efectividad). En menos de 49 horas la ministerio público había ejercido acción penal contra Pedro Canché por el “delito grave de sabotaje”.
Pedro lleva seis meses preso sin evidencia alguna por un delito que nunca cometió.
Margarita, al igual que muchos de sus amigos y vecinos aseguran que a Pedro lo detuvieron porque desde hace años ha dicho que los mayas de Quintana Roo tienen derechos y éstos deben ser respetados, porque no quieren ser esclavos del PRI, porque se rehúsan a ser utilizados para procesos electorales.
“Lo encarcelaron y torturaron por ser maya” dice su vecino; “lo torturaron para espantarnos a todos” dice su vecina. “Ser maya es más peligroso para Borge que ser Zeta, porque esos sí hacen tratos, nosotros no” asegura un amigo de Pedro que estuvo en la reunión para entender cómo se han unido los indígenas de Michoacán.
Lo que está claro es que Pedro ha sido torturado, que se le niegan servicios médicos y que está allí por ser periodista, por ser indígena, por levantar la voz por la justicia social. Su deplorable estado de salud me consta, lo mismo que la crueldad y el racismo que el gobierno de Quintana Roo ha mostrado a la población maya, esa que les es útil sólo para vender turismo, para mostrar vestigios arqueológicos o artesanías.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
