Integrantes de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales por las «graves afectaciones al medio ambiente y sobre todo a las fuentes de agua de las comunidades» que ocasiona la imposición y operación de megagranjas porcícolas.
La denuncia incluye la petición de que se revisen las autorizaciones de operación de las granjas industriales porcícolas, sin descartar su clausura definitiva, «porque además no se realizó la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos mayas en cuyo territorio se construyeron las granjas denunciadas».