La empresa inició la construcción de la planta hace 24 meses. Pero se ha encontrado con la oposición de habitantes de Mexicali y de colectivos de activistas.
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lunes, 4 de marzo de 2019
¿Habrá plebiscito sobre la planta cervecera en Baja California? Se define este lunes
La empresa Constellation Brands inició la construcción de la planta hace 24 meses, pero se ha encontrado con la oposición de habitantes de Mexicali y activistas.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California decidirá este lunes si procede el plebiscito que solicitaron activistas, para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la operación de una planta de la empresa Constellation Brands en el estado, después del permiso que otorgó la Secretaría de Protección al Ambiente para hacerlo en el Valle de Mexicali.
La empresa inició la construcción de la planta hace 24 meses. Pero se ha encontrado con la oposición de habitantes de Mexicali y de colectivos de activistas.
La empresa inició la construcción de la planta hace 24 meses. Pero se ha encontrado con la oposición de habitantes de Mexicali y de colectivos de activistas.
jueves, 25 de octubre de 2018
Megaproyectos extractivos, principal problema de pueblos indígenas: ONU
miércoles, 24 de octubre de 2018
Violencia contra ejidatarios para autorizar la construcción de la Presa en Milpillas
“Hubo represión. Se violentaron derechos humanos y políticos, [así como] la autonomía ejidal en El Potrero (…). La idea era intimidar y amedrentar para sacar un resultado positivo, aunque en este intento, se pasara por encima de la dignidad y la legalidad”, publicó el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac), a través de su página oficial.
lunes, 13 de agosto de 2018
Tren Maya también a Campeche y Yucatán: AMLO
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la ampliación del proyecto para el Tren Maya, que recorrerá Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, en una ruta de mil 500 kilómetros, con una inversión mixta gobierno-empresas, estimada entre 120 mil y 150 mil millones de pesos.
domingo, 5 de agosto de 2018
Hidroeléctricas y mineras amenazan a pueblos indígenas en México
domingo, 3 de junio de 2018
El homicidio de dos opositores de megaproyectos indigna a ONGs y activistas: ¿Qué pasa en Puebla?
La organización Servicios y Asesorías para la Paz informó que de julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, ataques que colocaron a la entidad en la segunda con más casos de este tipo a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México, que registró 10 ataques, según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Durante este 2018, en 15 días, fueron asesinados en Puebla dos activistas indígenas que defendían su territorio de la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso y por estar en lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental de la entidad.
Organizaciones de la sociedad civil, indígenas, campesinos y activistas se pronunciaron con indignación por el asesinato de los dos líderes campesinos en Puebla. Ambos fueron atacados con apenas 15 días de diferencia. Las organizaciones condenaron los homicidios y exigieron justicia a las autoridades.
El día ayer cayó el segundo. Era un activista en contra de los llamados “proyectos de muerte” de la Sierra Nororiental de Puebla, Adrián Tilihuit. Su cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza.
jueves, 1 de marzo de 2018
Exigen frenar la entrega de territorio mexicano para la explotación de gas y petróleo por fracking
“El fracking como técnica, independientemente dónde, cuándo y cómo se haga, representa una violación grave a los derechos humanos, amenaza el agua y pone en peligro el clima del planeta”, puntualizó la organización en un comunicado.
jueves, 1 de febrero de 2018
Criminalizan a indígenas que se oponen a proyecto de la CFE en Cuetzalan
Un grupo de indígenas de Cuetzalan protestaron a las afueras de la PGR en un acto de solidaridad con los activistas de las agrupaciones y aseguraron que las autoridades buscan criminalizar la oposición legal y pacífica encabezada por municipios de la Sierra Norte y organizaciones contra un proyecto de Subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
miércoles, 30 de agosto de 2017
ONU documentará violaciones en la presa El Zapotillo, en Jalisco
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estará hoy en las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, para documentar las violaciones a los derechos humanos ocasionados por la construcción del proyecto El Zapotillo.
Con la construcción de este megaproyecto podrían afectarse a más de 600 mil personas: 1 mil 500 de forma directa, pues sus comunidades serían totalmente inundadas, y 600 mil de forma indirecta.
martes, 22 de agosto de 2017
Foro realizado en Oaxaca repudia megaproyectos y zonas económicas especiales
El foro que contó con la participación de representantes de 23 municipios de nueve estados, quienes manifestaron que los gobiernos de todos los partidos políticos, “con el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales”.
Gobiernos hacen “trabajo sucio” para imponer mega proyectos en comunidades: REMA
La REMA aseguró en un comunicado que “con el falso discurso del progreso, han despojado del territorio y destruido los bienes comunales naturales de los habitantes”, iniciando un proceso de desplazamiento, forzando a familias enteras que pierden así su vida sana, procesos culturales y de identidad.
lunes, 3 de julio de 2017
Temacapulin en pie de lucha ante anuncio de su inundación por presa Zapotillo: la decisión está en la SCJN
A diferencia de otros años, que un anuncio de este tipo los impactaba demasiado, ahora el sentimiento común fluctúa entre la molestia y la incredulidad, porque no es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. “Aristóteles es un político más, va de salida, así han sido siempre” señala don Alfonso Iñiguez habitante de Temacapulín al Diario NTR de Guadalajara. No es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. Tienen claro que la determinación para reactivar la construcción de la presa está en la cancha del poder judicial.
viernes, 28 de abril de 2017
Tepoztlán ante la SCJN, 26 de abril de 2017
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentan que los comuneros que interpusimos el amparo no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio. Nos están negando nuestro legítimo derecho de libre autodeterminación, seamos doce o seamos mil. Avalando la ampliación La Pera-Cuautla están legitimando la desaparición forzada de Tepoztlán.
lunes, 17 de octubre de 2016
Los megaproyectos rompen el tejido social, la historia y la identidad de los pueblos: defensores del territorio
La tribu yaqui, la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, los defensores del Territorio Comcaac, El Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, son algunos de los pueblos que con otros movimientos han identificado 91 conflictos en defensa del territorio a nivel nacional.
“Los grandes empresarios y gobiernos atentan contra los recursos naturales o buscan obligar a las comunidades a ceder su territorio. Usando métodos como la simulación de asambleas y la imposición de megaproyectos se pretenden imponer proyectos comerciales o inmobiliarios en el territorio de los pueblos. Muchos hemos dado la batalla por varios años pero el problema aumenta, la situación se complica y por eso tomamos la decisión de unir esfuerzos”, advierte a Desinformémonos, Gustavo López, integrante de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
La alianza de pueblos que integra también al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, al Pueblo Náyeri, al Frente de Pueblos del Anáhuac, el Movimiento del Vida y el Territorio (MOVITE, Chiapas), el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde en Oaxaca y a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, documentó los conflictos directos de los pueblos con empresas y gobiernos que implementan proyectos depredadores; 34% proyectos de generación de energía; 32% minas y mineras; 15% privatización del agua; 12% infraestructura transporte; 11% urbanización, entre otros.
A través de pronunciamientos, foros comunitarios y universitarios, talleres comunitarios, recorridos por las comunidades, protestas y marchas en diversas regiones del país y videos, representantes de los pueblos visibilizan “el despojo de los procesos extractivos como la minería, los megaproyectos de infraestructura, la agroindustria y la urbanización salvaje”.
Acuerpados en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra que inició el 10 de abril de este año y que culminará su primera etapa el 20 de noviembre próximo, pueblos, comunidades y barrios, luchan contra “las lógicas de depredación natural y el despojo social que el mercado y las inversiones realizan sobre los territorios”.
Aquí el avance del video Hablan los pueblos y los barrios, el cual se hará público este 17 de octubre a las 18:00 Hrs. vía internet y redes sociales y se presentará en diversas comunidades en los próximos días.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-megaproyectos-rompen-el-tejido-social-la-historia-y-la-identidad-de-los-pueblos-defensores-del-territorio/
jueves, 15 de septiembre de 2016
En riesgo 130 comunidades por gasoducto Tuxpan
Tan sólo en la zona indígena del municipio de Pahuatlán, se intentan destruir más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, reserva ecológica de la que sólo queda menos del 1 por ciento en México, resaltó el Consejo.
“Si la empresa quiere construir su gasoducto, por qué no lo hace allá, en Canadá, no en nuestras tierras”, reclamó.
Las mujeres responsabilizaron al alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, de amenazar a los habitantes de las comunidades luego de advertirles que el gasoducto pasará por sus tierras, a pesar de que no hubo consulta previa a los pueblos sobre su construcción.
Agregaron que Hernández Santos declaró que “el gasoducto pasa, porque pasa”, así como que “está a favor de la empresa y el gobierno, porque el gasoducto es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad”.
Por su parte, en el pueblo de Montellano el gasoducto atravesará las tierras de al menos 80 familias, las cuales organizaron una resistencia contra el proyecto que procede de Veracruz.
El Consejo Xagu Yamui demandó a los gobiernos estatal y federal que respete la consulta previa a los pueblos indígenas sobre los proyectos previstos para la instalación en sus tierras, tal como marcan los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México.
Con información de La Jornada de Oriente
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-130-comunidades-por-gasoducto-tuxpan/
jueves, 25 de agosto de 2016
Confían en que Tribunal Agrario cancele contratos a empresas eólicas en Oaxaca
Sin embargo, consideró que se trata de una acción tramposa de la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la compañía española Renovalia Energy, debido a que la acción se da en vísperas de la sentencia agraria y la visita que realizará un Grupo de Trabajo de la ONU por la crisis de los derechos humanos en el país como resultado de las llamadas “reformas estructurales”.
También adelantó que la demanda agraria de los posesionarios de Unión Hidalgo continuará para que sea el Tribunal Agrario de Tuxtepec el que emita la sentencia de nulidad de los 24 contratos firmados mediante engaños para la instalación de un parque eólico en esa comunidad del Istmo de Tehuantepec.
Luego agregó que continuarán con la demanda en contra de la notario público de Juchitán y el Registro Público de la Propiedad que cambiaron los terrenos comunales por propiedad privada pasando por encima de la Ley Agraria.
López Cruz precisó que el equipo de la ONU llegará a Oaxaca el 1 de septiembre, donde expondrán sobre la demanda de nulidad de contratos que interpuso la comunidad agraria de Unión Hidalgo –con el acompañamiento de ProDESC– en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México, ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil, siendo que las tierras de Juchitán son agrarias.
En caso de que la sentencia sea favorable a los comuneros, implicaría que todos los contratos de las empresas eólicas en las 68 mil hectáreas del territorio comunal del distrito de Juchitán podrían ser nulos si el posesionario así lo demanda.
Además recordó que en junio de 2013 presentaron la demanda agraria ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec, donde solicitan la nulidad de los contratos porque se realizaron por la vía civil sobre tierras del régimen agrario.
La demanda la nulidad de contratos podría darse a conocer en estos días o principios del mes de septiembre, y la prueba que va a reinar es la topográfica, ya que si las tierras se encuentran dentro de la comunidad agraria y sus anexos, los contratos serán nulos, toda vez que el mismo gobierno dio autorizaciones sin verificar los requisitos de la tenencia de la tierra.
Aclaró que esto “no quiere decir que el parque se tiene que retirar inmediatamente, pero sí permite que cualquier otro comunero puede demandar nulidad de contratos”.
De igual forma, ProDESC acompaña a los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que se ampararon en contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo, de la empresa Gas Natural Fenosa.
También por las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán en 2014 para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, documentadas por la misión de observación integrada por PODER y ProDESC, junto con otras organizaciones locales.
Cabe destacar que esta consulta fue para el gobierno mexicano el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO MATÍAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/452403/confian-en-tribunal-agrario-cancele-contratos-a-empresas-eolicas-en-oaxaca
lunes, 15 de agosto de 2016
Los pueblos yaqui, zapoteco y maya se unen contra megaproyectos
En el marco del Encuentro sobre experiencias de consulta indígena entre los pueblos yaqui, zapoteca y maya, realizado el pasado 13 de agosto en Hopelchén, Campeche, representantes de comunidades originarias exigieron a Enrique Peña Nieto el respeto a la autonomía, al libre desarrollo y a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que pretenden imponerse en territorio indígena.
A través de un pronunciamiento, representantes indígenas como Bettina Cruz Velázquez (Oaxaca) y Mario Luna (Sonora) advierten que de concretarse dichos proyectos, además de los impactos en su flora y fauna, verían trastocados también su alimentación, economía y el tejido social que por siglos han preservado.
En ese sentido, demandan al gobierno federal “el reconocimiento y respeto a su diversidad cultural; definir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo; participar en el establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional”.
Los pueblos reunidos demandaron el respeto al artículo 2 de la Constitución y a los Convenios y Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ejercer su derecho a la autodeterminación, a la información adecuada, y a sus sistemas normativos; y a cesar las agresiones y criminalización en su contra por defender sus bosques, agua o aire.
El documento fue firmado por integrantes del pueblo zapoteca de Juchitán, Oaxaca; del pueblo maya del estado de Campeche; el Secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam de la tribu yaqui; el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; el Comité del municipio de Tenzbo y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, quienes se organizarán con otros pueblos indígenas de México que también están viendo amenazado su territorio por la imposición de megaproyectos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-yaqui-zapoteco-y-maya-se-unen-contra-megaproyectos/
Pueblos indígenas deben tener la última palabra sobre proyectos que afecten su territorio: CNDH
Según la CNDH la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ha generado conflictos sociales en las comunidades indígenas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades federales y estatales mexicanas la emisión de leyes específicas que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, de forma previa e informada, en torno a los proyectos y políticas públicas que afectan sus territorios.
En México, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en la Constitución, aunque se trata de una garantía reiteradamente violada por autoridades de todos los órdenes de gobierno, lo que ha derivado en al menos 270 “situaciones conflictivas” en todo el país, tal como concluyó la CNDH en su más reciente “Recomendación General”, con número 27/2016.
En la actualidad, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está reconocido en 25 entidades de la república, mientras que otras siete no lo contemplan en sus marcos jurídicos (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas).
Pero aun cuando este derecho está reconocido en la Constitución y algunos ordenamientos estatales, en los hechos “son diversas las ocasiones en que la implementación del derecho a la consulta previa ha sido incumplida –señaló la CNDH– o su proceso ha sido objeto de situaciones adversas que transgreden la libertad de decidir de los pueblos”.
Para la CNDH, entre los proyectos y políticas públicas que han sido impulsados por autoridades (federales y estatales) y que han suscitado conflictos sociales por la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, se encuentran la extracción de agua del Río Yaqui a través del Acueducto Independencia, en Sonora; el otorgamiento de concesiones mineras sobre el “territorio sagrado” de Wirikuta, en San Luis Potosí; la autorización para “liberar al ambiente soya genéticamente modificada”, en agravio de comunidades indígenas de siete estados del país.
Otros ejemplos de omisión en la consulta pública fueron la aprobación de proyectos eólicos en Juchitán, Oaxaca, sobre territorios de comunidades zapotecas, así como el proyecto La Parota, con el que se busca inundar 14 mil hectáreas de tierras pertenecientes a pueblos indígenas, en Guerrero.
La falta de una ley específica que establezca la obligatoriedad y el procedimiento a seguir para las consultas a pueblos indígenas, subrayó Derechos Humanos, “impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Además, en los casos en los que sí se ha aplicado un proceso de consulta, la falta de la una ley específica en la materia ha permitido que la falta de consentimiento por parte de las comunidades indígenas a determinados proyectos o políticas públicas sea, finalmente, ignorada.
Por esta razón, concluyó la CNDH, las autoridades estatales y federales, así como el Congreso de la Unión, no sólo deben analizar y votar una ley específica en la materia, sino que “es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante”.
Esto quiere decir, abundó, que la consulta previa quede establecida en una ley, bajo la premisa de que este procedimiento permita “llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento”.
Así, esta ley debe establecer que las autoridades no puedan “sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta”.
La recomendación de la CNDH es enfática, la nueva ley debe asegurar “que la realización de los proyectos estatales sólo pueden ser viables como resultado del consentimiento (de los pueblos indígenas) en el proceso de consulta”, y nunca sin dicho aval.
Por último, destacó Derechos Humanos, esta ley debe ser redactada, asegurando “la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país”, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pueblos-indigenas-deciden-proyectos-territorio/
En México, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en la Constitución, aunque se trata de una garantía reiteradamente violada por autoridades de todos los órdenes de gobierno, lo que ha derivado en al menos 270 “situaciones conflictivas” en todo el país, tal como concluyó la CNDH en su más reciente “Recomendación General”, con número 27/2016.
En la actualidad, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está reconocido en 25 entidades de la república, mientras que otras siete no lo contemplan en sus marcos jurídicos (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas).
Pero aun cuando este derecho está reconocido en la Constitución y algunos ordenamientos estatales, en los hechos “son diversas las ocasiones en que la implementación del derecho a la consulta previa ha sido incumplida –señaló la CNDH– o su proceso ha sido objeto de situaciones adversas que transgreden la libertad de decidir de los pueblos”.
Para la CNDH, entre los proyectos y políticas públicas que han sido impulsados por autoridades (federales y estatales) y que han suscitado conflictos sociales por la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, se encuentran la extracción de agua del Río Yaqui a través del Acueducto Independencia, en Sonora; el otorgamiento de concesiones mineras sobre el “territorio sagrado” de Wirikuta, en San Luis Potosí; la autorización para “liberar al ambiente soya genéticamente modificada”, en agravio de comunidades indígenas de siete estados del país.
Otros ejemplos de omisión en la consulta pública fueron la aprobación de proyectos eólicos en Juchitán, Oaxaca, sobre territorios de comunidades zapotecas, así como el proyecto La Parota, con el que se busca inundar 14 mil hectáreas de tierras pertenecientes a pueblos indígenas, en Guerrero.
La falta de una ley específica que establezca la obligatoriedad y el procedimiento a seguir para las consultas a pueblos indígenas, subrayó Derechos Humanos, “impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Además, en los casos en los que sí se ha aplicado un proceso de consulta, la falta de la una ley específica en la materia ha permitido que la falta de consentimiento por parte de las comunidades indígenas a determinados proyectos o políticas públicas sea, finalmente, ignorada.
Por esta razón, concluyó la CNDH, las autoridades estatales y federales, así como el Congreso de la Unión, no sólo deben analizar y votar una ley específica en la materia, sino que “es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante”.
Esto quiere decir, abundó, que la consulta previa quede establecida en una ley, bajo la premisa de que este procedimiento permita “llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento”.
Así, esta ley debe establecer que las autoridades no puedan “sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta”.
La recomendación de la CNDH es enfática, la nueva ley debe asegurar “que la realización de los proyectos estatales sólo pueden ser viables como resultado del consentimiento (de los pueblos indígenas) en el proceso de consulta”, y nunca sin dicho aval.
Por último, destacó Derechos Humanos, esta ley debe ser redactada, asegurando “la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país”, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pueblos-indigenas-deciden-proyectos-territorio/
miércoles, 10 de agosto de 2016
Pide CNDH legislar sobre consultas de proyectos a pueblos indígenas
En conferencia de prensa para presentar la recomendación general 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, el ombudsman detalló que entre 2009 y 2010 la CNDH sólo recibió cuatro quejas por violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a someter a consideración de los pueblos indígenas los proyectos de infraestructura que modificarán su entorno físico y cultural.
Sin embargo, de 2014 a 2015 el número de denuncias recibidas aumentó a 12, y en lo que va de 2016 suman 18.
“Hay quejas en función de las reformas estructurales”, destacó González Pérez, luego de señalar que el crecimiento en el número de denuncias se debe a la proliferación de “proyectos que afectan y pueden afectar a los pueblos indígenas, pero no han sido consultados”.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordó que los gobiernos federal y estatales están obligados por los tratados internacionales a realizar consultas durante las distintas etapas de la consolidación de proyectos, “con información precisa de sus alcances y efectos, incluida la que tienen que proporcionar las autoridades de medio ambiente, pero no se está entendiendo adecuadamente cuáles son los parámetros internacionales para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
De acuerdo con el presidente de la CNDH, para la elaboración de la recomendación general se tomaron en cuenta las quejas recibidas, así como las recomendaciones 56/2012, 23/2015 y 43/2015, relacionadas con las violaciones al derecho a la consulta del pueblo indígena Wixárika, el de la soya genéticamente modificada y el proyecto Acueducto Independencia.
De esa revisión, dijo, se llegó a la conclusión de que el carácter previo de la consulta “es constantemente vulnerado”, toda vez que las obras de infraestructura, así como las concesiones y permisos para la explotación de recursos se otorgan sin el conocimiento de los pueblos indígenas.
Y cuando se hacen las consultas, añadió, en ocasiones se dan en “un contexto de violencia, amenazas, hostigamientos, represión, criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades”.
Abundó que de acuerdo con las quejas recibidas, “los defensores de derechos humanos en materia de consulta previa o representantes de comunidades indígenas se ven presionados a partir de que les inician averiguaciones previas, los acusan de tal o cual cosa por la defensa de su derecho, y muchas veces se ve presionados o criminalizados”.
González Pérez destacó que en los procesos de consulta, las autoridades han incurrido en omitir información “sobre posibles riesgos ambientales y el impacto que conllevaría el desarrollo de los proyectos”, e incluso han impulsado “campañas de desinformación entre las comunidades, o las consultas se han formulado como un medio para legitimar una propuesta”.
Además, algunas de esas consultas se hicieron sin tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos que serían afectados. “En ocasiones se llevaron a cabo en una biblioteca de alguna ciudad, y no en las comunidades”, o bien sólo se tomó en cuenta al sector comunitario que estaba de acuerdo con el proyecto en cuestión.
Advirtió, asimismo, que el Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas que “han sido objeto de la denegación de sus derechos”.
A pesar del marco regulatorio nacional e internacional, agregó, siguen sufriendo violación a sus derechos. “No debemos olvidar que de los millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, un porcentaje más alto se da en comunidades indígenas, y parte de los derechos que tienen es el derecho a la identidad cultural y a su territorio”.
González Pérez urgió a las autoridades correspondientes a legislar en materia de consulta previa a los pueblos indígenas, por ser “no sólo una herramienta fundamental para preservar los derechos de las comunidades y mitigar los efectos de los proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales, sino para que sean coparticipes de esos beneficios”.
La cuarta visitadora Norma Inés Aguilar León destacó que a pesar de las reformas en materia de derecho indígena impulsadas en México desde 1992, sólo Durango y San Luis Potosí “tienen una ley específica que regula y desarrolla el derecho a la consulta previa”, aunque 25 entidades reconocen ese derecho.
Tras un análisis comparado de las legislaciones locales, la visitadora enlistó ocho recomendaciones dirigidas a las autoridades federales y estatales, así como a las legislaturas federal y locales.
En su recomendación general, la CNDH exhorta al Presidente de la República a “presentar una iniciativa al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del país”, que recoja como mínimo los estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al Congreso de la Unión le pide estudiar la iniciativa que en su caso envíe el Ejecutivo federal, es decir, que vigile que cumpla con los estándares internacionales para su regulación y que “se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país, realizando consultas a las mismas, y se integre a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas durante el proceso legislativo”.
La CNDH también exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los Ejecutivos de las entidades federativas a proponer una iniciativa “sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, en las mismas condiciones que a nivel federal, y que se someta a discusión en los congresos locales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450353/pide-cndh-legislar-consultas-proyectos-a-pueblos-indigenas
lunes, 1 de agosto de 2016
Pobladores denuncian invasión descontrolada de construcciones en Xochimilco
Pobladores de la delegación de Xochimilco denunciaron la invasión descontrolada que sufre a través de las construcciones de desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales y recientemente dos panaderías, las cuales no cuentan con estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad, denunciaron Alejandro Velázquez Zúñiga y Minerva Hernández Trejo de la Coordinación de Pueblos Originarios, Barrios y Colonias de Xochimilco.A marchas forzadas se erigen los inmuebles en el centro y la zona de Tepepan, sin manifestación de construcción, aun cuando ambas fueron clausuradas en las pasadas semanas, explicaron los integrantes de la Coordinación.
Los habitantes del pueblo originario de Santa María Tepepan tienen derecho a ser consultados previamente a iniciar los trabajos de cualquier construcción, además de que deben otorgar un permiso para que puedan empezar las obras. Como esto no ha sucedido, existe el riesgo de que por el incremento de construcciones, la zona “colapse, agotando todos los recursos a su alrededor”.
“Queremos que se impida la apertura de las plazas Paseo de Xochimilco y Terrazas; así como las tiendas Wal-Mart, Soriana y Chedraui, que traerán mayores problemas de movilidad y dotación de servicios, y acabarán con los comerciantes y productores locales”, sostuvieron.
Ante esto, indicaron que impulsarán planes y programas delegacionales desde la misma comunidad para evitar cambios de uso de suelo y la construcción de megaproyectos habitacionales y comerciales.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/pobladores-denuncian-invasion-descontrolada-de-construcciones-en-xochimilco/
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