CFE entrega material de construcción a quienes sí aceptan acueducto para la termoeléctrica en Huexca

La mañana de este jueves 21 de julio empezaron a llegar a vecinos de la calle Primera de Oriente en Apatlaco, municipio de Ayala,  Morelos, los paquetes de material de construcción que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prometió a vecinos que sí aceptaron que por ahí pase el acueducto para proveer de agua a la Termoeléctrica construida en el pueblo de Huexca.

Informaron lo anterior vecinos del Callejón Niño Artillero y de la calle La Huerta, que se han negado a permitir que pase por esas vías el citado acueducto, al considerar que se pretende consumar el despojo del vital líquido a productores campesinos que tienen derechos reconocidos para emplear el agua del río Cuautla para regar sus tierras.

Esos paquetes de construcción se entregan “como indemnización” , por el paso del citado acueducto por la calle Primera de Oriente, indicaron los denunciantes, quienes  afirmaron que “éste recurso fue promovido por  personas que trabajan con Ramón González Ortíz, empleado de CFE,  quienes amenazan a los propietarios de casas que si no admiten el paso del acueducto en forma voluntaria, ´va a pasar con granaderos´, además de que desde hace unos meses estas personas han venido acarreando gente de otras colonias y del municipio de Cuautla, para convencer  a los vecinos para que acepten el paso” de la obra mencionada.


Los vecinos del Callejón Niño Artillero y algunos de la calle La Huerta reafirmaron que ellos continuarán “en resistencia sin pedir, ni recibir  nada” para evitar el paso del acueducto por sus calles.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/cfe-entrega-material-de-construccion-a-quienes-si-acepan-acueducto-para-la-termoelectrica-en-huexca/

Con apoyo del Gobierno, los megaproyectos pisotean DDHH de indígenas y arrasan la naturaleza: Cemda

Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas del país. Entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire, agua, flora y fauna; los conflictos sociales y la división de comunidades, la mayoría de ellas conformadas por indígenas, denunció el Cemda.

La legislación en México favorece el desarrollo de megaproyectos de distintos tipos, capaces de pisotear los derechos humanos de los habitantes –principalmente de comunidades indígenas– y de arrasar con los recursos naturales, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante el “Seminario de Agua, Ambiente y Derechos Humanos”, realizado en Cuernavaca, Morelos.

En entrevista para SinEmbargo, Andrea Daviede Ulisse Cerami, del Cemda, definió que un megaproyecto es cualquier obra o actividad de grandes dimensiones que produce un impacto ambiental, social o sobre los derechos humanos, y que no necesariamente es negativo: puede, por ejemplo, tener consecuencias en la forma de vida, en las actividades diarias y el desarrollo cotidiano de los seres humanos.

“Las personas tienen una forma de desarrollarse y un proyecto que modifique esa forma de desarrollo puede ser considerado un megaproyecto”, comentó.

Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas, entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire y agua; daños a la flora y fauna; los conflictos sociales y la división de las comunidades, ya que algunas están a favor de las obras y otras más en contra.

Por ello, Ulisse Cerami aclaró que el Cemda no tiene una postura absolutamente contraria a todos los megaproyectos, pues siempre es necesario evaluar cada caso.

“Hay megaproyectos que son muy útiles como la construcción de una escuela o de un hospital. El punto es que la sociedad debería fiscalizar las decisiones que toma la autoridad, no aceptar la decisión porque la tomó un Gobernador o un Presidente. Los ciudadanos deberían exigir que todos los megaproyectos cumplan con los requisitos, ya que estos deben ser necesarios, racionales y proporcionales”, destacó.

En ese sentido, el especialista denunció que muchas veces no existe control sobre los megaproyectos ni un sistema de gestión ambiental verdaderamente efectivo, y agregó que diversas empresas tienen una lógica que no les permite detenerse a pensar y evaluar los daños o la excesiva utilización de los recursos naturales y los efectos nocivos que podrían causar a las comunidades, principalmente indígenas.

EL ESTADO FAVORECE MEGAOBRAS

En México existen innumerables megaproyectos que afectan comunidades indigenas en todo el país, desde los mineros, turísticos, de infraestructura hidráulica, de generación de energía eólica, de agriculturas transgénicas, entre otros.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades mencionadas, “requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental” de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

No obstante, el ambientalista expuso que uno de los problemas más graves “es que muchas veces la decisión empresarial del proyecto se basa solamente sobre una cuestión de gastos, de costos y no sobre una cuestión de cumplir con determinados tipos de criterios, ahí el Estado es quien debería exigir el cumplimiento de criterio, pero eso es lo que falta muchas veces en la implementación normativa”.

Aunado a ello, dijo, el Gobierno federal ha continuado con la política de otorgamiento de concesiones sobre recursos naturales en materia de megaproyectos, “es una política que venía ya de los gobiernos anteriores y han continuado con el otorgamiento de concesiones y hasta han cambiado el marco legal para hacer más fácil el emprendimiento empresarial sobretodo en materia energética, en materia de hidrocarburos para abrir el mercado a empresas privadas, pero más allá de eso nos preocupa el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras, de eólicos, de recursos naturales cuando no hay una evaluación clara, estratégica del impacto sobre el territorio”.

“La legislación en materia podría ser mejorada, se le podrían dar más atribuciones a los organismos de control, sin embargo, falta la implementación de la legislación, más que la legislación”, aseguró.

MINERÍA, LA ACTIVIDAD MÁS NOCIVA


De acuerdo con Cerami, la minería es una de las actividades más nocivas para el medio ambiente, sin embargo, –reconoció– “es necesaria porque si no no tendríamos aparatos tecnológicos que actualmente la mayoría utilizamos: todos usamos computadoras, todos usamos celulares, es, lo llamamos, un mal necesario, el punto es dónde la llevan a cabo, si la hacen sobre un sitio sagrado de un pueblo indígena o sobre un área natural protegida, entonces sí tengo mis dudas”.

En cambio, dijo, si es realizada en lugares donde hay menos afectaciones y con una serie de medidas ambientales, puede traer más beneficios que perjuicios. Para ello propuso que no sea ejecutada a cielo abierto, sino subterránea.

No obstante, según el ambientalista, en nuestro país existen 29 mil concesiones mineras otorgadas por el Estado

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3059544

Vecinos de Ciudad Deportiva contra estadio de béisbol para los Diablos Rojos de México

En estas delegaciones pobres, en que las casas no son muy grandes, el espacio público hizo la diferencia. “Tengo recuerdos de niña muy agradables y ahora creo que estudié agronomía porque tuve a 3 cuadras de mi casa hectáreas y hectáreas de árboles, pasto y juegos.

Todos los de esa generación tuvimos una infancia sana y no por nuestras casas. Podías hacer natación, yoga, tenis en un espacio que costaba muy poco. ¡Eran albercas olímpicas, no era ningún chapoteadero! Son fosas dónde aprendes a bucear. Ver que ya son moles de cemento y que no te dejan entrar, que quitaron todos los juegos y las canchas de básquetball, causa indignación. Destruyen lo común para favorecer intereses de negocios particulares”

Nayibi tiene 58 años y ha vivido toda su vida frente a la Deportiva Magdalena Mixihuca, un predio gigantezco que se extiende a lo largo de 3 delegaciones de la Ciudad: Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. ¿La amenaza? La construcción de un nuevo estadio de béisbol para los Diablos Rojos de México, impulsada por el dueño del equipo, Alfredo Harp Helú, primo hermano de Carlos Slim.

Para promover el avance del cemento sobre el bosque aquel, con el que ensueña Nayibi, el gobierno de la ciudad de México, entonces Distrito Federal, quitó a la Magdalena Mixihuaca la categoría de Área de Valor Ambiental que la protegía como el único pulmón verde de la zona Oriente de la ciudad.
El decreto que le quitó la categoría de bosque urbano -y la protección que conlleva-, fue publicado en el diario de la federación el 9 de julio de 2014, pero los vecinos recién se enteraron de la noticia cuando la vieron publicada días más tarde en una revista.

“¿Quién lee el diario de la federación? La justicia de la ciudad no ha querido aceptar nuestra demanda, argumentando que fue extemporánea, que nos pasamos del plazo que empieza a correr una vez publicada en el diario oficial” explica Naiyibi.

Los vecinos recurrieron a ProDESC, una organización no gubernamental que trabaja, fundamentalmente con la representación legal en conflictos por el territorio, en distintos puntos del país. Es el coordinador de justicia, Juan Antonio López Cruz, quien explica a Desinformémonos lo actuado hasta el momento en el terreno judicial.

Los vecinos y el ProDESC presentaron una demanda de nulidad contra el decreto de Mancera que desprotegió el bosque y promovió el avance de las construcciones, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tres veces fue rechazado con el mismo argumento: llegan tarde.

“Lo que buscamos ahora es que la justicia se promueva sobre el fondo del asunto”: la privatización del espacio público en manos privadas, sobre todo de un área que tiene un gran valor ambiental, en un contexto de contingencia ambiental en la Ciudad.

“Presentamos una demanda de amparo ante la Oficialía de Partes, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el 20 de abril, en contra de los sistemáticos rechazos del tribunal a dar entrada al amparo en contra del decreto de Mancera” explicó el abogado. Este puede hacer que el TCA atienda la demanda ciudadana y que, adopte una medida cautelar que detenga las obras. Sobre todo la tala de árboles, que avanza sin pausa.

“Queremos que por lo menos acepten nuestro amparo y que nos den posibilidad de impugnar el decreto, o al menos hacer lo posible para lograrlo. Sabemos que estamos luchando contra grandes intereses, pero lo peor es no hacer nada, ver y dejar cómo destruyen tu zona, dónde uno transita todos los días. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero aquí parece que el estado de derecho sólo se aplica para los ciudadanos de primera”, explica Naiyibi.

Los vecinos denuncian que 75 mil metros cuadrados de áreas públicas que pertenecían a la Ciudad Deportiva y que formaban parte de la protección como bosque urbano de la Magdalena Mixhiuca, fueron enajenados para la construcción del estado de los diablos rojos sin contrato ni estudios de impacto ambiental o urbano en la zona.

Los vecinos ya tienen la prueba de las dificultades que ocasiona cualquier espectáculo en el Foro Sol, que está dentro del predio, debido a cómo la movilidad se ve afectada por el cierre de calles y vías de salida que provocan los operativos para la afluencia de público. Quedan encerrados adentro de los perímetros. O los días que demoran en limpiar el parque de la basura que queda acabados los recitales.

La relación de los vecinos no es sólo un recuerdo en el pasado que evocan con añoranza. Aún, esquivando las moles de cemento intentan usarlo como espacio de esparcimiento y ejercicio, como el único pulmón verde de la zona Oriente de la ciudad, que se ve amenazado.


Además de la caída del decreto mencionado, la detención de cualquier obra y el comienzo de las tareas de reforestación, exigen que se forme el Comité de Representantes Vecinales, que estaba previsto en el decreto de protección de 2006 pero nunca se conformó. Los vecinos exigen participar activamente en la gestión de un espacio público que sientes suyo, porque explican, es ese aire, esos árboles y esa calidad de vida la que los ha hecho parte de lo que son ahora.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/vecinos-de-ciudad-deportiva-contra-estadio-de-beisbol-para-los-diablos-rojos-de-mexico/

Vecinos anuncian cancelación de la rueda de Chapultepec; Sedema lo rechaza

CIUDAD DE MÉXICO: A menos de una semana de las elecciones del próximo 5 de junio, vecinos de la colonia Roma informaron que la construcción de la llamada Gran Rueda de la Ciudad de México fue cancelada por el gobierno capitalino; sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, lo negó.


Este lunes por la mañana, vecinos de la colonia Roma Norte informaron que la empresa Rueda Bicentenaria SA de CV –misma que instalaría la atracción turística en un espacio ubicado al costado del Auditorio Nacional–, solicitó al gobierno capitalino la terminación anticipada del proyecto.

Mario Rodríguez, integrante del comité ciudadano de la Roma Norte 3, dijo en entrevista en Radio Fórmula, que mediante una respuesta a una solicitud de información vía transparencia fechada el 9 de mayo, el director ejecutivo jurídico de Secretaría de Medio Ambiente, Roberto Sanciprián Plata, informó que la empresa Rueda Bicentenaria SA de CV solicitó la terminación anticipada del proyecto denominado La Rueda de la CDMX.

La cancelación, añadió, se debió a que hubo muchas inconsistencias en el proceso y que, de continuar con el proyecto, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tendría que volver a contratar a una empresa e iniciar “desde cero” toda la propuesta que se tenía.

El representante vecinal aseguró que la empresa no tenía los permisos necesarios antes de empezar la obra ni las autorizaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

De acuerdo con los vecinos, el hecho es “un nuevo triunfo de los ciudadanos, que lucharon por que (la rueda) no fuera instalada primero en un espacio del Museo de Arte Moderno y posteriormente, a un lado del Auditorio Nacional”.

El primero, dijeron, fue la cancelación del Corredor Cultural Chapultepec; incluso, adelantaron que se opondrán a la construcción del Centro de Transferencia Modal Chapultepec.

“Fue error”: Sedema

El anuncio fue difundido por la mañana y generó algunas reacciones secundarias de diputados que se manifestaron en contra de la obra.

Sin embargo, un par de horas más tarde, la titular de la Sedema, Tanya Müller, afirmó que el proyecto de la instalación de la Gran Rueda sigue en pie, según informó en entrevista con la misma radiodifusora.

La funcionaria explicó que en la respuesta que la dependencia que encabeza dio al representante de la colonia Roma, hubo “un error” en el área jurídica. Aclaró que no se precisó que la cancelación del proyecto correspondía únicamente al estacionamiento contiguo del Museo de Arte Moderno, donde inicialmente se proyectó su instalación.

Agregó que la empresa solicitó la suspensión debido a que en ese terreno no se realizaría el proyecto y “no tenía razón de mantener vigentes los permisos”.


Müller García reconoció que aún no tienen definida la fecha de inauguración de la Gran Rueda en el terreno ubicado frente al Auditorio Nacional. La funcionaria reiteró que el proyecto continúa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442222/vecinos-anuncian-cancelacion-la-rueda-chapultepec-sedema-lo-rechaza

El Gobierno cuida megaobras y no mueve un dedo mientras se ataca a opositores: activistas

Parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras cedidas a grandes empresas constructoras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas, denunció el activista Carlos Mazo.

Organizaciones que han luchado para defender el medio ambiente, los recursos naturales y la salud de los mexicanos, acusaron que durante la actual administración priísta se han endurecido los ataques contra activistas.

“Nosotros sentimos que Enrique Peña Nieto se pone cada vez más rabioso cuando tocamos sus intereses y eso pasa en diferentes resistencias. Hemos escuchado de hostigamientos, asesinatos y encarcelamientos de muchos compañeros nuestros”, denunció José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México.

En el marco del foro “La lucha de Berta Cáceres, la lucha de los pueblos”, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el activista subrayó las dificultades a las que se enfrentan él y sus compañeros de distintas luchas:

“Los defensores de los derechos humanos hemos vivido y seguimos viviendo diferentes agresiones. Siguen las amenazas, siguen las persecuciones, los hostigamientos, entonces es algo muy difícil”, lamentó.

Asimimo, acusó que cada frente, cada comunidad y cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios protocolos de seguridad, ya que el Estado mexicano no ofrece garantías de protección. Y reconoció el trabajo que cada una de las anteriores ha implementado para proteger los recursos naturales: “cada quien ha puesto su granito de arena, cada comunidad ha aportado en la lucha”, comentó.



El pasado 13 de abril, habitantes de la comunidad de Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.

Sin embargo, al defender su territorio y lograr detener los proyectos del Gobierno en Xochicuautla “han sido más los hostigamientos y las amenazas que estamos recibiendo. Esa es la forma en que demuestra el Gobierno su rabia, igual que las empresas por no dejar avanzar sus proyectos”, dijo el defensor.

El pasado 9 de julio, Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.

Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.


No obstante, el pasado 11 de abril, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado gobernado por el priísta Eruviel Ávila Villegas, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista.



Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.

En su oportunidad, Carlos Manzo, de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunció que parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas.

No obstante, lamentó que la respuesta permanente del Estado mexicano al esfuerzo y ejercicio de autonomía y libre determinación, ha sido de represión, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.

“Hemos sentido en este último tiempo, aunado a la imposición de los megaproyectos neoliberales, el recrudecimiento de la represión por parte de los malos gobiernos, tanto en México como en la gran mayoría de países de nuestro continente, lo que nos incita emergentemente a buscar alianzas ya impostergables con los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de nuestro propio país como en otras partes del mundo”, urgió.

Además, el defensor puntualizó que en el caso particular de Oaxaca, estado gobernado por Gabino Cué Monteagudo, y el Istmo de Tehuantepec, “la resistencia comunal se expresa en contra de megaproyectos que en su conjunto y por sus impactos, implican el más grave ecocidio que esta región haya registrado en su historia”.

Finalmente, acusó a “los representantes del Gobierno” de entregar ilegalmente grandes extensiones de tierras, bosques y aguas a las empresas extranjeras a nombre de un supuesto progreso y desarrollo. “En la actual coyuntura electoral, por ejemplo, no hay un solo candidato o partido político que repare en la perversidad de los proyectos, señaló.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661608

Megaproyectos profundizan pobreza en Oaxaca, alertan ONG

OAXACA, Oax: A pesar de contar con una gran cantidad de programas sociales de combate a la pobreza y de instalar grandes proyectos como la refinería Antonio Dovalí Jaime y 27 proyectos eólicos, particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec, las brechas de desigualdad y pobreza no sólo se han ampliado sino que incluso se profundizaron.

En su informe Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo, Oxfam México y Servicios para una Educación Alternativa (Educa), centraron su atención en esta entidad, donde iniciativas como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) sólo atentan contra las costumbres de las comunidades, conllevan problemas ambientales y pueden originar aún más polarización del ingreso, esto sin contar que a los habitantes de la región no se les ha consultado su puesta en marcha.

El informe fue centrado en los municipios de Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza y San Mateo del Mar, en donde se midió el nivel de pobreza, el acceso a la alimentación y la calidad de los espacios, lo que derivó en que se reflejaran resultados que indican que el “gasto social no ha sido ejecutado de manera equitativa”.


Esta situación coloca a Oaxaca como uno de los estados con desigualdad extrema en un país con la desigualdad más alta del mundo.

Aunque la Iniciativa para las ZEE busque desarrollar económicamente a los territorios rezagados, los beneficios parecen recaer en particulares y externos, mientras que los habitantes locales se han visto del todo relegados, no se les ha consultado sobre la instalación de los requerimientos de los proyectos que, entre otros problemas, conllevan despojo de tierras, desplazamiento, exclusión y constantes violaciones a los derechos humanos, en especial hacia grupos indígenas.

También se menciona que la refinería Antonio Dovalí Jaime es uno de los centros petroleros más importantes en el país y ha convertido al puerto de Salina Cruz en uno de los municipios con mayor crecimiento económico desde hace décadas. No obstante, también ha generado nuevas brechas de desigualdad.

Y es que la economía se encuentra desarticulada, pues aunque los recursos que genera impactan los servicios, éstos suelen tener poco valor agregado. La producción local ha disminuido y las consecuencias negativas al medio ambiente no se han hecho esperar: la pesca de camarón, una de las actividades principales de la región, se ha visto severamente afectada por la contaminación de las aguas y ha dejado sin empleo a los istmeños.

Además, los habitantes de la localidad no figuran como proveedores de mano de obra calificada, por lo que no han contado con la oportunidad de incorporarse a las actividades de la zona, lo que los deja en rezago y desprotegidos.

La única opción de trabajo con la que han contado es ejercer labores en la construcción, dejándolos, por ejemplo, sin acceso a seguridad social y representando solamente opciones temporales de empleo que no les permiten acceder a mayor ingreso.

En tanto, los proyectos eólicos han convertido a la zona del Istmo en la principal generadora de energía, sin embargo, no han generado derramas económicas en la región.

Al contrario, a causa de este megaproyecto los zapotecos e ikoots se han movilizado en protestas, debido a que no se los ha consultado sobre la instalación de los aerogeneradores. Asimismo, se han visto despojados de sus tierras y sienten una clara amenaza a sus formas tradicionales de subsistencia, a saber, la agricultura familiar y la pesca artesanal.

El informe destaca que la disputa por las tierras ha sido otro factor de descontento, toda vez que habitantes de San Mateo del Mar y de Juchitán de Zaragoza han sido amenazados y despojados de sus tierras. Las rentas que las compañías extranjeras ofrecen a los dueños –que es gente de las comunidades–, aunque ínfimas, han agudizado las brechas de desigualdad (el costo debería ser de 3.9% y el pago que se ofrece hoy en la región oscila entre .025 a 1.5%).

Una preocupación más tiene que ver con las violaciones a los derechos que han sufrido los habitantes del Istmo por los generadores eólicos, aparte de la nula importancia que se ha dado a su cosmovisión, cuando para los ikoots la tierra es sagrada.

En conclusión, el informe revela que la pobreza no sólo toca los ámbitos de ingreso, sino los de los derechos sociales y humanos, aparte de que las inversiones económicas han polarizado a Oaxaca y ninguna región deja de presentar serias carencias.

Los promotores del estudio destacaron que la desigualdad en la distribución de ingreso ha sido mayor a la media nacional y la población indígena es a la que más le aqueja el tema de la desigualdad, del rezago social, de la pobreza y de la pobreza extrema.

También hicieron hincapié en que a escala federal el gasto público aún es muy pobre en política social y los programas han resultado poco efectivos. En cuanto a lo estatal, la Estrategia Bienestar para el Combate ha disminuido su presupuesto y la gente local no participa y, a nivel municipal, hay prácticamente nula coordinación entre los tres municipios, no hay recaudación y la ciudadanía no conoce los programas.


Lo anterior sin contar que las inversiones que se han hecho en el Istmo de Tehuantepec no han tenido los efectos positivos que se esperarían en las comunidades, debido a que la refinería en Salina Cruz no ha logrado impactar en el bienestar de la población; los proyectos de instalación de aerogeneradores de energía eólica constituyen una amenaza a las tradicionales formas de vida en la región y la ZEE puede asimismo impactar negativamente en el Istmo al potencializar el rezago y la marginación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435342/megaproyectos-profundizan-pobreza-en-oaxaca-alertan-ong

León, Guanajuato necesita 32 mil árboles

León, Gto.- Para reparar el daño ambiental ocasionado por la tala de árboles correspondiente a la tercera y cuarta etapa del SIT se necesitan 32 mil árboles, consideraron ambientalistas.

Sobre algunas raíces que quedaron como restos de la tala de árboles realizada la semana pasada en el bulevar Hidalgo, ayer, integrantes de la Asociación Civil "Déjame Plantado" y vecinos de la zona señalaron que en el proyecto del SIT, existen irregularidades y sus propuestas no fueron escuchadas.

"Sentimos que hay muchísimas irregularidades en todo el proceso del SIT. Consideramos que es ilegal.No fuimos escuchados y nosotros vamos por la legalidad y por un verdadero desarrollo, un desarrollo integral.No estamos en contra del SIT, mas bien el SIT se puede adecuar a las zonas arboladas", expreso Celia Garza Vera, Integrante de la Asociación Civil, Déjame Plantado.

En un documento, los inconformes expusieron en tres puntos nuevamente la petición de que se analice la modificación al proyecto, pues los cambios realizados no cumplen las solicitudes realizadas por los ambientalistas y vecinos.

"Sí modificaron el plan, pero no hicieron una modificación trascendente. Modificaron el plan pero se llevan estos árboles que tenían 60 años. Están en riesgo mezquites en el bulevar Talabateros, en realidad su modificaciones no cumplían con las demandas.

"Además nosotros hicimos una propuesta de ubicar paraderos y no nos dieron ninguna argumentación técnica sólida de por qué no iba nuestra propuesta", señaló Garza Vera, ambientalista.

Dentro de los tres puntos, piden que el proyecto del SIT se apegue a la nueva Ley de Movilidad recientemente aprobada en el Estado.

"Exhortamos a la autoridad a que sea coherente con sus compromisos y a que se adelante a la entrada en vigencia de la ley de movilidad, la cual promueve un verdadero desarrollo; permitiendo a la zona metropolitana de León, mantener su liderazgo histórico en el Bajío",comentó Rodolfo Estrada, vecino.

En cuanto al acercamiento con las autoridades, los ambientalistas señalaron que no existe.

"A partir del 18 de diciembre, nosotros entregamos a los Regidores un pliego petitorio, ese documento fue contestado hasta el 15 de marzo pero en sentido adverso"

"La regidora Bety Yamamoto, al ver que nosotros no estábamos de acuerdo con las modificaciones que se habían planteado, se paró y cortó toda la comunicación. Acto seguido lo que tenemos son los lamentables hechos del 21 de marzo donde son talados estos árboles en total desacuerdo con los vecinos", explicó Garza Vera.

Aseguraron sentirse desconcertados por la respuesta de las autoridades, e informaron que las talas suscitadas en días pasados ya fueron reportadas a otras dependencias.

"Parecía que esta administración iba a ser una diferencia, que se iba a modificar el proyecto, pero en realidad (con la tala) fue darnos una bofetada. Esto es una bofetada no solo para nosotros sino para todos los ciudadanos", agregó Garza Vera.

Recalcaron que la principal función de los árboles que estaban plantados era la purificación del dióxido de carbono y que sin su presencia en la zona se están recibiendo las emisiones de dióxido de carbono de 5 mil automóviles diariamente.

"Para reparar el daño de la tala que se realizó en la tercera y cuarta etapa del SIT, necesitamos 32 mil árboles pues debemos de considerar la edad de los ejemplares que fueron retirados y el servicio que nos brindaban"

"Nosotros lo que estamos solicitando es que se reconsidere el SIT que se apegue a la nueva ley de movilidad en la que se contempla el tránsito de peatones y el tránsito de cilistas", enfatizó Garza Vera.

Señalaron que las consecuencias de la tala realizada no solo afecta a los ciudadanos sino que también las aves locales y migratorias por lo que ya realizaron denuncias ante la SEMARNAT , PROFEPA y PAOT.

"Hemos hecho las denuncias a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Es claro que las instancias municipales han quedado rebasadas por mucho ante esta situación.

"Lo que quermos dejar muy claro es que en lo que estamos en contra es de la ilegalidad de la arbitriaridad y autoritarismo en este asunto", finalizó Gabriela Arreola, ambientalista.

Fuente: Periódico AM

Autora: Mariana Ramos

http://www.am.com.mx/2016/03/26/leon/local/leon-necesita-32-mil-arboles-272272

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.

Fuente: Contralínea

Autor: Emilio Godoy

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/25/chicoasen-ii-despojan-a-zoques-de-chiapas/?utm_content=buffer156a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Barrios de los Pedregales fijan postura de rechazo ante consulta ciudadana en Coyoacán

Desde que Miguel Ángel Mancera anunció la cancelación de la “Ciudad del Futuro” en la delegación Coyoacán, se han abierto algunas redes gubernamentales para decidir sobre el futuro de la Planta de Asfalto, espacio prominente que pretendía ser usado para la iniciativa privada y que ahora, será destinado para algún proyecto paraestatal o popular, según indiquen los resultados de una consulta ciudadana propuesta por el IEDF y las autoridades de la ciudad.

El Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales (adherido al Movimiento de Barrios en Defensa de los Pedregales) fijó su postura en una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México A.C. en la que dice que “no aceptará ninguna consulta ciudadana a menos de que la planta de asfalto vuelva a la comunidad, que se convierta en un espacio público”. Se dieron presencia también integrantes del Centro Vitoria de Derechos Humanos, que respaldan la posición disidente de los barrios de Coyoacán.

Se espera que la consulta ciudadana se aplique en estas semanas, a lo que la organización popular pretende ser una herramienta para derrotar esta iniciativa del Estado mexicano, tal como sucedió el pasado 6 de diciembre con el Corredor Cultural Chapultepec.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YuYisAi1Xiw

Fuente: Ruptura Colectiva

Autor: RC

http://rupturacolectiva.com/barrios-de-los-pedregales-fijan-postura-ante-consulta-ciudadana-en-coyoacan/

“¡Ni una plaza más en Coapa!”, protestan vecinos

Ciudad de México. Con la consigna “¡Ni una plaza más en Coapa!”, vecinos de por lo menos diez colonias de Tlalpan realizaron una brigada de volanteo, en el cruce de Canal de Miramontes y Acoxpa, para manifestar su rechazo a la construcción de un centro comercial, de tres niveles, con locales comerciales, salas de cines, tiendas anclas y un estacionamiento para alojar a cerca de tres mil vehículos.

Los inconformes desplegaron mantas y repartieron volantes en los que explicaron a los automovilistas y peatones, sobre las afectaciones en los servicios urbanos, como el agua, drenaje y movilidad que traerá este desarrollo inmobiliario denominado Gran Terraza Coapa, que promueve el Grupo Gigante Inmobiliario (GGI) en Acoxpa 610, entre canal de Miramontes y Prolongación de División del Norte.

De acuerdo con los vecinos este sería el primer proyecto, que detonaría tres de igual magnitud que transformaría por completo la zona, por lo que pidieron a las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino, a realizar una consulta ciudadana, antes de emitir algún permiso para su construcción.

Los manifestantes que constituyeron la Unión de Vecinos Coapenses indicaron que con esta acción iniciaron una serie de movilizaciones, para impedir que continúen estos megaproyectos en esta zona, saturada ya de comercios y de vehículos.

“Cuando construyeron la Glorieta de Vaqueritos nos quitaron un área verde recreativa, nunca la repusieron, después de eso han autorizado edificios sin ton ni son. Quién está ganando con eso, en este caso los ciudadanos no. Dicen que van a generar empleos, pero son empleos precarios, merecemos una mejor ciudad”, expuso Dunia Rodríguez, vecina de lugar.

Detallaron que la zona ya padece de escasez de agua potable y el drenaje, durante la época de lluvias, se satura, por lo que las “coladeras parecen fuentes. Con los nuevos proyectos nos vamos a inundar”, expusieron.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/05/201c-ni-una-plaza-mas-en-coapa-201d-protestan-vecinos-6571.html

Derriban casas en Tlaxcalancingo, Puebla para paso de Radial

Aparentemente sin haberles reparado el daño, desde hace unas semanas el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ha realizado la demolición de algunos inmuebles para el paso de la Radial a Tlaxcalancingo.

El jueves pasado personal de Obras Públicas se constituyó en la Avenida Camino Real a San Andrés Cholula y calle Los Álamos en la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo en dónde realizó la destrucción de la parte de enfrente de dos casas que se encontraban justo en la esquina.

Tanto el director de Obras Públicas como los afectados, se negaron a dar entrevistas. Uno de los propietarios se limitó a decir que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento en el cual también se les pidió no dar declaraciones, “ya tenemos un acuerdo mi hermana y yo, somos los dueños de estas dos casas. Estamos de acuerdo con esto, porque nos van a hacer la reparación del daño”.

A decir de los vecinos del barrio de Coyotepec en esta junta auxiliar, suman alrededor de cinco propiedades dónde la maquinaria del Ayuntamiento ha derribado parte de su construcción con la promesa de regresar a pagarles.

“Hace como un mes tiraron la casa de doña Ricarda enfrente del Panteón y le prometieron que le pagarían, pero es la hora que no regresan a darle lo que le prometieron. Sólo la convencieron y ahorita ya nadie le responde por el daño”, expresó uno de ellos en entrevista.

Hasta el momento se desconoce cuándo arranquen la construcción de la Radial a Tlaxcalancingo, obra que consiste en la pavimentación de 2.4 kilómetros de carretera, ampliación a cuatro carriles, banquetas, un camellón y espacio para ciclovía en ambos sentidos y tendrá un costo de 25 millones de pesos, en dónde el Gobierno Estatal aportará un 70 por ciento y el Ayuntamiento el resto.

Fuente: Metropolitano Puebla

Autora: Marisa Nolasco

http://www.metropolitanopuebla.com/noticia.php?id=19027

Crece oposición a la rueda de la fortuna de Mancera en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO: Pese a la manifestación realizada ayer por diputados locales y asociaciones vecinales contra la instalación de una rueda de la fortuna en pleno Bosque de Chapultepec, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera defendió el proyecto y aseguró que la obra “está en curso”.

En una nueva polémica por planes de infraestructura en la Ciudad de México, particularmente en la zona de Chapultepec, el funcionario aseguró que el proyecto no provocará “ninguna afectación al patrimonio histórico” de la zona.

Convocada a través de redes sociales con las etiquetas #ElBosqueNoSeToca y #SalvemosChapultepec, la protesta de ayer se realizó en el Paseo de la Reforma, frente al Museo de Arte Moderno. Como principales críticas se mencionó el hecho de que presuntamente atenta contra la normatividad del Área de Conservación Patrimonial y la normativa de Uso de Suelo de Área Verde.

“Al pulmón de la ciudad le quieren quitar árboles para poner negocios”, decía la invitación y las mantas de protesta. Además, según los vecinos de distintas colonias de la delegación Miguel Hidalgo, el proyecto no tuvo los estudios necesarios ni se les consultó al respecto.

Entre los diputados que acudieron a la manifestación estuvieron César Cravioto, presidente del grupo parlamentario de Morena, y Margarita Martínez Fisher, integrante del PAN y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana; ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El primero informó que impulsará una consulta ciudadana sobre el proyecto; en tanto, la segunda dijo que solicitará la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente Tanya Müller para que explique el proyecto que, a su juicio, “viola el uso de suelo establecido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Miguel Hidalgo en materia urbana, ambiental y patrimonial”.

Ante esas críticas y en respuesta a las preguntas de la prensa, este lunes Miguel Ángel Mancera minimizó los señalamientos de los legisladores:

“Yo creo que está muy claro ahí quiénes son, los están atendiendo, si han tenido reuniones con los mismos actores que estuvieron por ahí, ya se han tenido reuniones, no se dejarán de tener reuniones y vamos a ver lo que más le pueda funcionar a la Ciudad de México”, dijo.

El pasado 30 de enero, el mandatario local dijo que la Sedema ha hecho estudios y análisis en coordinación con el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec.


“Los integrantes de este Consejo son los que han revisado estos temas y son los que están viendo y tienen los estudios correspondientes” aseguró. Luego, ofreció a los medios de comunicación que la Sedema les daría los resultados de dichos estudios.

El proyecto

El proyecto de instalación de la “Gran Rueda CDMX” se ubica en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la zona de estacionamiento del Museo de Arte Moderno.

De 60 metros de altura, con 42 góndolas climatizadas con capacidad para ocho personas cada una, y muy al estilo de algunas ciudades de Europa, tiene la intención de convertirse en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, según el gobierno capitalino.

El diseño, fabricación e instalación está a cargo de la empresa holandesa Dutch Wheel International, que ha instalado ruedas en las principales ciudades del mundo. La inversión aproximada es de 200 millones de pesos y según las proyecciones de los involucrados, se estiman ventas anuales por 35 millones de pesos y utilidades entre ocho y 10 millones de pesos cada año.

Según informó la empresa la Gran Rueda CDMX el pasado 1 de febrero, este proyecto “recibirá ocho millones de pesos por concepto de renta del espacio, 30 mil boletos gratis al año y aportaciones adicionales para proyectos especiales del Bosque de Chapultepec. El costo del boleto fluctuará entre 70 y 100 pesos y ofrecerá continuamente promociones de 2×1”.

Al respecto, la organización social “Ecomunidades” alertó que el proyecto amenaza con la privatización de uno de los espacios públicos de mayor valor cultural del país:

“Un sitio sagrado de los habitantes del Valle de México desde la época Teotihuacana – 100 aC-600 dC,  ligado a la cultura mexica, (pues) tuvo templos de  Moctezuma Ilhuicamina, Ahuizoltl, Moctezuma Xocoyotzin, así como de Netzhulacoyotl ;situado en el más viejo bosque de esta ciudad,  junto al cerro de Chapultepec, rodeado de sitios históricos, museos y rincones apacibles. Los mercaderes en el templo”.

Su construcción, advirtió, es un “atentado mayor a la cultura y al medio ambiente de la Ciudad de México, bendecido por las autoridades de la cultura y el medio ambiente de esta ciudad y del país”. Incluso, comentó que su instalación puede acelerar la construcción del Cetram del Metro Chapultepec y una torre de más de 40 pisos.


Esta nueva polémica en la zona de Chapultepec se presenta a menos de tres meses de que los habitantes de la zona, a través de una consulta ciudadana, frenaron la construcción del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa promovida por Simón Levy, director de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430996/crece-oposicion-a-la-rueda-de-la-fortuna-de-mancera-en-chapultepec

La Profepa sale en defensa de otro proyecto en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) salió en defensa de otro proyecto en Quintana Roo. Se trata de “Desarrollo Inmobiliario Aerogolf”, promovido por el Club de Pilotos Isla Cozumel, S.A. de C.V.

La Profepa precisó que dicho proyecto cuenta con autorizaciones de carácter federal y estatal, y subrayó que durante un vuelo verificó que no existe remoción de vegetación forestal ni construcciones recientes.


A igual conclusión llegó el pasado 28 de enero, cuando aseguró que en el polígono Malecón Tajamar no hubo ni ecocidio ni devastación ambiental, y detalló que la zona ya estaba impactada previo a ese desarrollo, por lo que no contaba con las características para calificarlo como humedal.

Desarrollo inmobiliario #AeroGolf #QRoo cuenta con autorización federal y estatal: #PROFEPA https://t.co/xit8WJRz0F pic.twitter.com/Fz8gcFGmwD

— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) febrero 16, 2016

La respuesta de Profepa sobre el proyecto “Desarrollo Inmobiliario Aerogolf” se dio después de recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre un plan de edificación de hoteles, residencias, tiendas departamentales, canales y lagunas artificiales en la zona de playa Corona, cerca del Área Natural Protegida de Chankanaab.

En un comunicado, señaló que su personal realizó una visita de inspección del 22 al 26 de enero, en la que corroboró que el Club de Pilotos Aerogolf cuenta con una autorización en materia de Impacto Ambiental Federal con fecha 3 de abril de 2009.

Dicha autorización fue signada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), puntualizó.

Destacó que el proyecto también cuenta con la autorización estatal INIRAQROO/DG/DIA/064/2008 otorgada el 27 de marzo de 2008 por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del gobierno del estado de Quintana Roo.

Y detalló que el predio donde se encuentra el club es de 580 hectáreas, en tanto que el aeródromo de servicio público ocupa 7.9 hectáreas y cuenta con pista, franja de seguridad, calle de rodaje, niveles de eje, rosa de los vientos, hangar, oficinas, áreas verdes, laguna, alambrado y franja de vegetación perimetral de amortiguamiento con seis años de funcionamiento.

La Profepa sostuvo que durante la visita de inspección a través de muestreos en campo, determinó la condición natural de la vegetación en el predio, identificando la presencia de selva mediana subperennifolia, ecosistema que es de vital importancia para hacer frente a los ciclos ecológicos de la isla que sufre de abatimientos por huracanes, sin encontrar obras en proceso de construcción.


Señaló que personal de inspección realizó un sobrevuelo en la zona sin detectar remociones de vegetación, por lo que continuará con la vigilancia a través de recorridos y patrullajes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430300/avala-profepa-otro-proyecto-en-quintana-roo

Cuñado de Salinas, detrás de proyecto depredador en La Paz

CIUDAD DE MÉXICO: La mañana del pasado 2 de febrero, pescadores de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos mantenían bloqueado el camino que sale del Ejido Todos Santos, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, y desemboca hacia la playa Punta Lobos, donde se desarrollan obras del proyecto urbano-turístico “Tres Santos”.

A las 9 de la mañana, granaderos desalojaron con violencia a los 50 pescadores, así como a 40 familiares y una veintena de residentes solidarios que los acompañaban.

En entrevista con Apro, el abogado Miguel Ornelas recuerda que los granaderos bloquearon el acceso a la playa. Únicamente vio pasar algunas ambulancias, pues un joven resultó herido del codo y un señor se desmayó. A la una y media de la tarde se pudo detener el operativo con un amparo obtenido de emergencia en La Paz.

Los pescadores de la cooperativa se quejan de la obra; sostienen que ésta no respeta las normas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) –que prohíbe la construcción de edificios a menos de 20 metros de la pleamar más alta registrada–, y afecta los humedales y ecosistemas costeros.

En septiembre se acumularon los efectos del mar de fondo con la temporada de lluvias y las olas chocaron contra el muro rompeolas, lo que aceleró la erosión de la playa, esparció grandes piedras en las orillas del mar –contra las cuales chocaron y se dañaron sus embarcaciones– e incluso les impidió lanzar sus lanchas al agua.

Ante la falta de respuesta de la empresa, en octubre los pescadores instalaron un plantón y cerraron el acceso a la obra para los trabajadores.

Además, elaboraron un pliego petitorio de ocho puntos en el que exigían a la empresa Tres Santos, filial de Mira Companies, la cual, a su vez, tiene vínculos con Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, que modificara su obra para respetar su área de trabajo.

El 30 de ese mes, la empresa se comprometió a llevar a cabo una reunión pública en los días siguientes; esta promesa quedó letra muerta.

A raíz del desalojo y del amparo promovido el 2 de febrero, los pescadores inconformes sostuvieron el jueves pasado un primer encuentro con la empresa, a la que asistieron funcionarios del gobierno estatal.

La conexión Salinas

A partir de fondos de inversión multimillonarios, la empresa Mira Companies compra vastas superficies de terrenos baldíos sobre las cuales erige sus “comunidades”, verdaderas ciudades en miniatura que incluyen condominios de lujo, centros comerciales, oficinas, hoteles, así como infraestructura y servicios, convirtiéndolas en zonas de alta plusvalía.

En Todos Santos, la empresa compró 435 hectáreas con un acceso al mar a la altura de la playa Punta Lobos. En su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) consigna que planea construir 4 mil 472 viviendas y departamentos en condominios, dos hoteles, espacios para comercios y restaurantes; así como una planta de desalinización.

La Mira Companies es una de las filiales mexicanas de Black Creek Group, un fondo de inversión inmobiliaria implantado en Denver, Colorado, que financia proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y México.

En México, el grupo estadunidense tiene un aliado poderoso: Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard Rivero –la esposa de Carlos Salinas de Gortari–, quien preside Mexico Retail Properties (MRP) e Infraestructura Institucional (I2), dos de las filiales de Black Creek Group en el país, según el portal financiero Bloomberg.

John A. Blumberg, uno de los tres fundadores de Black Creek Group, co-creó MRP con Gerard Rivero en 2003. En una década, el fondo de inversión se convirtió en un gigante inmobiliario: a finales de 2013, el fideicomiso Fibra Uno adquirió portafolios de 49 propiedades que pertenecían a MRP por 23 mil 155 millones de pesos, en lo que se consideró “la mayor transacción inmobiliaria de México”.

En 2009 Black Creek Group lanzó Infraestructura Institucional (I2) cuyo director y co-fundador es el mismo Gerard Rivero, el cuñado de Salinas.

El reportero Arturo Rodríguez documentó en Proceso que I2 inyectó fondos a proyectos de obra federal concesionados a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la Casa Blanca de Las Lomas, en la que residía la pareja presidencial.

Previo a iniciar el proyecto de Tres Santos, Mira Companies erigió “comunidades” de lujo en Nuevo León, en el proyecto Nuevo Sur Monterrey –por el que gastó 17 mil millones de pesos–, así como en Quintana Roo, con Puerto Cancún, ubicado a menos de un kilómetro del polémico Malecón Tajamar.

Desarrollo turístico

Tres Santos tiene sus orígenes raíces en el Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pescadero y las Playitas que emitió el municipio de La Paz en 2007, para detonar la economía de la costa Pacífico en “un marco de sustentabilidad”. Preveía la construcción de corredores turísticos y comerciales en la zona sin perder el “carácter e imagen propia”.

Debido a su ubicación y sus atractivos locales, las guías de viajero nacionales y extranjeros destacan a Todos Santos como una etapa que los turistas de visita en Baja California Sur no pueden evitar. En enero pasado, el New York Times lo incluyó en su selección de 52 lugares que visitar este año.

En 2006, la Secretaría de Turismo (Sectur) otorgó a Todos Santos –en el que residen 5 mil 148 personas, parte de ellos son extranjeros– la apelación de Pueblo Mágico. Según los datos de Sectur, el 63% de los turistas que pasan por Todos Santos son extranjeros, y gastan ahí entre mil y dos mil dólares durante su estancia, que dura 3.5 días en promedio.

En un primer tiempo, el Ejido Todos Santos promovió un amparo contra el programa de desarrollo urbano-turístico, y no fue sino hasta mayo de 2012 que el Ayuntamiento de La Paz lo aprobó formalmente.

En diciembre de 2013 la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aceptó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de Desarrollo Integral Playa Santos, Todos Santos BCS, que era entonces el nombre del proyecto que promovía la Mira Companies.

Meses después, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se percató que el documento que la empresa entregó a la Semarnat plagiaba páginas enteras del proyecto de desarrollo turístico “Punta Brava”, promovido por el golfista Tiger Woods en Ensenada, Baja California. El reclamo no procedió, pues la fecha límite para impugnar había vencido. Las obras arrancaron en verano de 2014.

El proyecto provocó molestias en Todos Santos, donde se abrieron varios frentes de rechazo, ya sea por las consecuencias ambientales y sociales de un proyecto de tales dimensiones –a mediano plazo duplicará la población de la localidad–; por el temor que se agotaran los escasos recursos acuíferos de la zona; o por el muro de contención del hotel ubicado en la playa.

En Todos Santos existen dos cooperativas de pescadores, la de Todos Santos y la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos. Si bien la primera aceptó el proyecto desde un inicio, los 74 pescadores de Punta Lobos se quejaron de las afectaciones que generaba el muro e instalaron el plantón.

El pasado 22 de enero, los cuatro integrantes de la mesa directiva de la cooperativa inconforme tenían que entregar un informe de rendición de cuentas. Como no lo hicieron y además ya no acudían al plantón, los demás 70 integrantes de la cooperativa les suspendieron de sus funciones.

El día siguiente a la suspensión, los medios locales exhibieron un “acuerdo de colaboración” que supuestamente firmaron los representantes de las dos cooperativas pesqueras de Todos Santos y la empresa el 21 de enero anterior. En el documento, aparentemente firmado ante notario público, aparecen funcionarios del estado como testigos.

Este documento fue utilizado por la empresa y el gobierno de Baja California Sur para desalojar el plantón.

Lucha por el agua

De acuerdo con los residentes, la Mira Companies se comprometió desde un inicio a no tomar una sola gota de agua del sistema municipal, pues los habitantes ya sufren de la escasez del líquido.

Sin embargo, a finales de octubre pasado los residentes se dieron cuenta que la empresa bombeaba grandes cantidades de agua, que almacena en un tinaco de gran tamaño. La empresa, a través de la arquitecta Beatriz Ledesma, respondió que el municipio le había otorgado 72 tomas domiciliarias de agua de la red municipal y añadió que los domicilios no habían abierto.

“Por lo anterior, la situación de escasez que está viviendo ahorita, no está atribuible a Tres Santos”, aseveró, al reconocer de inmediato: “Hemos bombeado para probar la línea de la infraestructura y el agua que requiere la obra para construir”.

Apenas dos semanas después, el pasado 13 de noviembre, Héctor García González, director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) reveló, en entrevista con canales locales de televisión, que si bien la empresa se conectó al sistema de aguas municipales, hasta esa fecha no tenía ni contrato ni medidor para extraer líquido.

García González también explicó que la empresa firmó un convenio con el municipio de La Paz para subsanar una deuda de un millón 800 mil pesos a cambio de un permiso de extracción de agua.

Ricardo Madrazo, residente de Todos Santos, explicó a Apro que las interrupciones en el abasto de agua coincidieron con el bombeo por parte de la empresa. “Dicen los vecinos que todos los días entre las 6 y 7 de la tarde se prende la bomba y bombea toda la noche”, sostuvo, al añadir: “Hay colonias que no tienen agua”.

El descontento creció entre los residentes cuando la empresa utilizó un permiso de 1981 para destruir un sistema de humedales, en el cual vivían 380 individuos de mangle dulce Maytenus phylantoides, que la normatividad mexicana no considera como manglar.

En enero pasado se llevó a cabo el festival de música de Todos Santos. Durante el evento, Peter Buck, ex guitarrista del grupo REM y residente del pueblo, repudió el proyecto y arremetió contra los políticos mexicanos “corruptos” que lo autorizaron. El 23 de este mes, cerca de 200 residentes aprovecharon del último día del festival y marcharon contra Tres Santos.

Esta movilización desató una cacería contra los opositores al proyecto. El 27 de enero, Fabricio González Rodríguez –director estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)– llamó a castigar con “todo el peso de la ley” a los extranjeros que participaron a la manifestación. Quería aplicarles el artículo 33 constitucional que prohíbe a los no mexicanos involucrarse en asuntos políticos.

Ese día, dos policías municipales acudieron a la casa de Ricardo Madrazo para advertirle que la empresa FRBC Dos Santos S de RL de CV –una de las razones sociales de Mira Companies en Todos Santos– había interpuesto una denuncia en su contra y la de Jamie Sechrist –su novia– por “despojo” e “invasión”.

Esta denuncia estaba fechada del 15 de diciembre, o sea 43 días antes.

En ella figuran también John Moreno, apoderado legal de los pescadores inconformes, la documentalista Lisa Jackson, así como Jesús Cota y el abogado Guillermo Traslinia, señaló Madrazo.

El 28 de enero, funcionarios del gobierno de Baja California Sur respaldaron la denuncia de González y, con el apoyo de ciertos medios locales, lanzaron acusaciones directas contra los extranjeros.

Al día siguiente, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) acudieron a la casa de Buck, que encontraron vacía. Ante las amenazas, tanto el músico como Sechrist salieron del país.

“Cállate y colabora”

Cuando los pescadores iniciaron el plantón, Ricardo Madrazo solicitó una entrevista con representantes de la Mira Companies, a la que pedía acudir con un pescador. Tras un intercambio de correos, le citaron para el 20 de octubre, en sus oficinas.

Ese día, la empresa no respondió a Madrazo, quien imaginó que la cita había sido cancelada. En el último minuto le advirtieron que Francisco Javier Barrios Torres, director general de la empresa, lo iba a recibir. El pescador no pudo llegar y Madrazo se presentó sólo.

Durante más de una hora, Barrios desplegó sus argumentos con el acento y los modismos de la clase acomodada chilanga, puntuando sus frases con tecnicismos en inglés. Barrios no sabía que Madrazo había prendido la grabadora de su celular, y proporcionó el audio de la plática a Apro.

Así, según Barrios los incentivos al turismo en Baja California Sur llevarán de manera mecánica a un disparo poblacional en el corredor turístico entre La Paz y Los Cabos, en un fenómeno similar al que ocurrió en Playa del Carmen.

“Con esta presión va crecer, cabrón, estemos o no estemos”, aseveró, al añadir que en Todos Santos “forzosamente el resultado va a ser mucho mejor de lo que pasó en Playa del Carmen o en Los Cabos, porque tienes un terrateniente suficientemente interesado en que la zona evolucione bien”.

También sostuvo que la empresa no tiene nada en contra de los pescadores, sino al contrario los considera como un argumento de mercadotecnia, pues “todo el mundo está buscando autenticidad”. “¿Sabes lo auténtico que es ver a dos pescadores por la mañana lanzar sus lanchas al agua? No mames, es una experiencia que se queda por toda la vida”, aseveró.

“Ahorita están en nuestras instalaciones, les estamos dejando que se metan en nuestra propiedad. ¿Cómo le corto el camino a los pescadores, si les abro un pinche espacio público? Tú dime cuántas comunidades existen en el país que abran una cicatriz en medio de su propiedad para el beneficio público. Yo te pregunto. ¿Cuántas? Ni una, cabrón”, añadió.

Al preguntarle sobre el manejo del agua, Barrios aseveró que “Son 60 tomas (sic) del municipio, que son ni madres de agua. Es algo, pero vamos: lejos de perjudicar, el municipio y el sistema de agua municipal necesitan recursos. (A los operadores del sistema de agua) les pregunte cincuenta veces ¿Tienes agua o no tienes agua cabrón? No tienen ni puta idea”.

A los críticos, Barrios declaró: “Yo les digo a estos hijos de la chingada, a ver: ¿Pagas agua? ¿Pagas drenaje? ¿Pagaste una licencia de construcción? ¿Tienes terminación de obra? ¿Pagas prediales? Entonces cállate cabrón, cállate, acércate, escucha y colabora”.

Respecto al muro, el director de la Mira Companies explicó que la elevación del nivel del agua es un fenómeno anormal, consecuencia de la actividad de “El Niño”, y resaltó que la obra respectó todas las normas del país.

“Tienes que cumplir con la marea media o un pedo así, la pleamar. De ahí mides ciertos metros verticales. Luego hay otra medida, la lluvia de cien años, la lluvia de mil años. Pones todo en la licuadora, cabrón, y de ahí te dice donde construir tu descarte. Cuando yo la puse dije ‘oye cabrón, ¿Por qué tan lejos del mar?’ Curiosamente, cabrón, porque así es”.

Y añadió: “A mí me rompe la madre que haya gente que desinformadamente perjudique a terceros. Y también me rompe la madre, o sea me duele, porque esta comunidad, cabrón, ya lo validé porque me senté con los ejidatarios, no tiene pedos, cabrón. Sus pinches hijos se van todos de aquí, cabrón. No tienen empleos”.

Cuando Madrazo mencionó la destrucción del manglar, Barrios le cortó la palabra y se puso serio. “No era mangle. Te puedo mostrar las pruebas. ¿Tú crees que nos hubiera dejado destruir el mangle?”, sostuvo, y añadió: “Yo tuve un desarrollo en Cancún. El mangle es la especie más protegida de este país. Tú te vas al bote si tocas mangle”.

Apenas tres meses después de esta entrevista estalló en Cancún el escándalo de Tajamar, a espalda del proyecto de la Mira Companies.

“Era una zona de inundación pero no un mangle”, abundó Barrios. “Un mangle es una especie protegida. No hubiera habido manera de obtener una Manifestación de Impacto Ambiental como la que tuvimos”, aseveró, al insistir: “De hecho vas a ver la embellecida que le vamos a dar a este mierdero, lo estamos empezando a limpiar para que se vea bonito”.


En su página de Internet, la guía de viajeros Lonely Planet plantea: “Como muchas otras partes de Baja California, Todos Santos está cambiando y el desarrollo local está descontrolado. Entonces véngase ahora, antes de que cambie para siempre”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430122/cunado-de-salinas-detras-de-proyecto-depredador-en-la-paz