El colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) exigió respetar los resultados de la consulta que como pueblo maya hizo desde 2017 para rechazar la megagranja porcícola de la empresa PAPO en los cenotes de Homún, Yucatán, luego de que un juez federal ordenó a las autoridades cancelar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto y realizar una consulta previa a la comunidad, cuando ésta ya existe.

Kanan Ts’ono’ot recordó que el 8 de octubre de 2017 realizó la consulta “que el gobierno omitió” sobre si el pueblo maya de Homún quería la megagranja porcícola en su territorio, después de un proceso de información y deliberación a los habitantes. Los resultados arrojaron que de las 789 personas que votaron, 732 rechazaron la megagranja.

Ejidatarios y pobladores mayas del municipio de Chapab, Yucatán, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del amparo en contra de una megagranja porcícola «Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán», que desde 2017 se instaló y opera en su territorio sin su consentimiento.

En un comunicado conjunto, el Colectivo Kanan Lu’um Moo, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible resumieron que desde su imposición, la megagranja, que produce 48 mil cerdos por ciclo de producción, ha operado con irregularidades y sin haber consultado a los pobladores, quienes en 2020 interpusieron un amparo por las violaciones a sus derechos a un medio ambiente sano.

Un juez federal otorgó medidas cautelares al pueblo de Sitilpech tras ordenar la suspensión de plano para no incomunicar a la comunidad y cesar los actos de agresión que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán iniciaron contra la población el pasado 18 de febrero, cuando reprimieron a los defensores del territorio en un plantón contra la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Organizaciones internacionales y especialistas ambientales pidieron al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, que resuelva a favor de los niños que interpusieron un amparo contra la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), por violentar su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

A través de un amicus curiae, documento que permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, las organizaciones y especialistas citaron los estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense con las granjas porcícolas, responsables de la contaminación de los mantos acuíferos superficiales y subterráneos, la polución del aire y la propagación de patógenos peligrosos.

El Juzgado Segundo de Distrito decidió concluir el juicio de amparo contra la megagranja de Yuca Agroalimentos sin haber resuelto las violaciones a los derechos del pueblo de San Antonio Chel, Yucatán, y la contaminación a los cenotes en la región.

Con la decisión del Juzgado, la granja podría reiniciar sus actividades, señaladas por contaminar con desechos de ganado los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones, acusó la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel.