3 mil 260 adolescentes cometieron delitos de narcomenudeo en 2021: Inegi

La información con la cual trabaja el gobierno federal sobre el consumo de alcohol, tabaco, mariguana, cocaína y otro tipo de sustancias adictivas está rebasada, pues los datos al respecto más “recientes” se recabaron en 2016.

En 2021, se responsabilizó a 3 mil 260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo, más de un 90% se debió a la posesión simple de narcóticos, como es el caso de la marihuana que se ubicó como la principal droga que se les detectó. Siguió la posesión y comercio de metanfetaminas, lo que significa un aumento de 47.5% respecto a 2015, cuando se realizó la última encuesta, señala el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

El domingo 17 de abril de 2022, Proceso publicó que por “razones de austeridad” el gobierno de la 4T decidió cancelar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encuesta Nacional de Adicciones-Encodat), que debía realizarse este 2022.

Con cárceles viejas, corrupción y sin personal, la CDMX busca reinsertar a jóvenes infractores

Los dos motines ocurridos en mayo pasado en el centro tutelar para menores de San Fernando de la CDMX dejó al descubierto las estructuras de poder allí operantes; por esos hechos se investiga a 26 funcionarios, la mayoría custodios, que privilegiaban la entrada de sexoservidoras y objetos prohibidos.

Las paredes y techos de San Fernando, una de las seis comunidades para jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, se caen literalmente a pedazos por la corrosiva humedad. Los baños de los dormitorios son cuartos nauseabundos, donde varios garrafones de agua hacen la función de cisternas rotas. El drenaje de las duchas está tapado desde hace meses. Y por los pasillos oscuros brotan charcos de agua que se filtran por los recovecos de esta vieja cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad.

En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.

Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo,  han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.

De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió  en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.

Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.

Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.

En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.

En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.

En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.

Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.

Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió a 40 funcionarios e interpuso 26 denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.

El despido de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”.

Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:

Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –tienen recomendaciones acumuladas desde 1995-, la situación que se ha agravado en el presente año, pues la instancia a su cargo ha recibido 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de internamiento para adolescentes.

Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja.  Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.

Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.

“Cicatrices de batalla”

Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.

-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.

Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.

-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.

Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.

Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio. 

Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.

Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.

Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.

Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.

-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.

La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.

-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.

La mujer encoge los hombros.

-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.

Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.

“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”. 

Otra realidad

En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.

En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.

-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.

Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.

Décadas de abandono

Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.

Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.

En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios. 

-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.

Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.

-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.

-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.

Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.

“Háganle como puedan”

La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.

Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.

Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.

-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.

En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.

“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.

Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.

Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.


-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falla-reinsercion-menores-infractores-cdmx/

7 de cada 10 pesos para reinserción de jóvenes en CDMX son gastados en burocracia

Un informe señala las carencias de instalaciones, personal y presupuesto del sistema de reinserción de adolescentes infractores en la capital mexicana.

Por cada 10 pesos que se invierten en la Ciudad de México para la reinserción de adolescentes que cumplen una condena por haber cometido algún delito, 7 se los ‘come’ la burocracia y el pago de salarios a funcionarios, mientras tanto sólo 3 van destinados a los poco más de 500 jóvenes infractores, revela un informe de actividades elaborado por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA), que depende de la Secretaría de Gobierno capitalina.

Aunado a esto, la precaria situación de las instalaciones de algunas de las comunidades de internamiento, que superan los 100 años de antigüedad, y la falta de personal especializado como terapeutas contra adicciones, psicólogos o talleristas, han desatado las críticas de organismos de derechos humanos y de organizaciones civiles, quienes denuncian que en la Ciudad de México no existe una política pública real para la reinserción de los jóvenes.

De 121 millones, sólo 30 van dirigidos a las 6 comunidades

Así, de los 125 millones 688 mil pesos que la DGTPA recibió en 2016 como presupuesto, el 74% (92 millones 732 mil pesos) fue absorbido por el pago de salarios, dietas y prestaciones a funcionarios.

Mientras que el 26% restante, 32 millones 956 mil pesos, se distribuyó entre las seis comunidades que hay en la capital.

O en otras palabras, cada comunidad recibió 5 millones de los 125 presupuestados. Apenas el 4%.

Asimismo, en el análisis de cada rubro se aprecia que, aunque el dinero destinado al pago de funcionarios (servicios personales) sí aumentó ligeramente en 2016 –un 3% en comparación con 2015-, otras partidas que la DGTPA califica como “indispensables” para desarrollar planes de atención y educación para los jóvenes se quedaron en ceros.

Por ejemplo, a pesar de que la DGTPA solicitó 300 mil pesos para adquirir materiales y útiles de enseñanza, en este 2016 no les otorgó ni un peso para tal fin, mientras que en 2015 sí se les dio la cantidad solicitada. Lo mismo sucedió con otras partidas básicas como ‘Medicinas y productos farmacéuticos’, ‘Materiales, accesorios y suministros médicos’, ‘vestuarios y uniformes’, ‘artículos deportivos’, o incluso ‘extintores’. Todas en cero.

Sin presupuesto ni para la comida de los perros

Tampoco se dieron recursos para la compra de artículos de limpieza, ni para cementos, maderas, yeso, vidrios, u otros materiales necesarios para las reparaciones y el mantenimiento de las comunidades. Esto, a pesar de que la comunidad conocida como ‘San Fernando’, que alberga al mayor número de internos -108 al corte del 15 de julio-, fue abierta en 1908 del siglo pasado, por lo que sus instalaciones acumulan numerosas deficiencias.

“Las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y estructurales están dañadas. El circuito cerrado (de vigilancia) es obsoleto, hay deterioro en el mobiliario (sillas, mesas, pizarrones, pupitres y escritorios) y precariedad de otros recursos como aulas, computadoras, y el equipamiento propio de cada actividad educativa o cultural”, expone la DGTPA en su informe.

Así también lo advirtió en julio del año pasado la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en un documento que puedes leer aquí, en el que exhibe con fotografías irregularidades como cables expuestos con riesgo de electrocución; humedad en paredes y posible contagio de hongos, bacterias e infecciones urinarias; o botellas de agua que se emplean como orinales ante la falta de baños en dormitorios.


En este 2016 no les dieron presupuesto ni para comprar comida para los perros de seguridad, revela el informe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/burocracia-absorbe-el-presupuesto-para-reinsercion-de-adolescentes-en-cdmx/

La corrupción, el otro castigo para los jóvenes infractores

Los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan situaciones como la de agentes que les piden dinero para "arreglar su situación"; además no hay un trabajo adecuado para lograr la reinserción social.

Enriqueta y Pablo iban caminando por Paseo de la Reforma cerca de las 10 de la noche cuando Federico y Enrique intentaron asaltarlos.

Federico forcejeó con Pablo para quitarle la mochila. “¡Ya valió madre, saquen sus cosas!”, les dijo.

Enriqueta comenzó a gritar lo que puso nerviosos a sus agresores, quienes huyeron. No tardaron en sonar las sirenas de las patrullas y en menos de tres minutos un grupo de cinco unidades llegaba a la zona, en una estaba detenido Federico.

Enriqueta y Pablo les contaron del intento de asalto, y les pidieron reconocer al agresor, al hacerlo les pidieron que los acompañaran a la delegación a denunciar el hecho.

Lee >> 9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La conversación en la patrulla fue informal. Preguntas y respuestas sobre el incidente. Entonces un oficial hizo una petición que los jóvenes no podían creer.

—¿Qué le parece si me da su celular —se dirigió a Enriqueta— y decimos que nosotros lo recuperamos después del asalto?

Si no hacían eso el robo quedaría solo en tentativa y no en un delito consumado lo que repercutiría en la sentencia de Federico.

—Si metemos el celular como que lo recuperamos la sentencia es más grande para el chamaco —replicó.

El ambiente se tensó en la patrulla que se dirigía a la delegación Miguel Hidalgo, ya ahí ambos rindieron su declaración.  A Enriqueta le fue retirado su celular dentro de la delegación. Terminaron el trámite después de las cuatro de la mañana y dieron seguimiento a las audiencias.

Federico tiene 17 años y recibió una medida de dos años en privación de su libertad, lo que determinó su sentencia fue que no era la primera vez que era detenido. Tenía antecedentes por el robo de una motocicleta.

Sin confianza en la policía

El 70.3% de los adolescentes no se siente seguro en las calles, el 19.5% dice haber sufrido violencia y el 17.4% (83,392) participado en actos violentos, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la consulta participaron 2 millones 916,686 niñas, niños y adolescentes de los 6 hasta los 17 años.

19,079 adolescentes entre 14 y 17 años revela que han sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes.

Si se habla de confianza, 2l,7% dice confiar en la policía, el 25.2% en el ejército, el 4.9% en los partidos políticos y el 5.2% en los gobernantes. El factor confianza se centra en la familia con un 95.9% y en las amistades con un 70.3%

Sólo el 35% de los adolescentes encuestados pediría ayuda a un policía en una situación de peligro y el 5% a una institución de gobierno.

La corrupción abona a esta desconfianza en las instituciones.

Son los padres de familia los que denuncian este tipo de atraco, ya que cuando sus hijos son detenidos reciben ofertas por “arreglar” la situación, “porque efectivamente el familiar del adolescente no tiene conocimiento jurídico o de los pasos por lo menos que debe haber en el sistema de justicia para adolescentes”, dice María Guadalupe Chávez Contreras, directora del Área de Adolescentes en la Fundación Reintegra.

Los agentes les solicitan dinero “les dan sus teléfonos y les piden que les depositen, incluso en cuentas”.

Además no hay un trabajo de las autoridades para reinsertar a los jóvenes que tienen problemas con la ley.

“Hay muchos jóvenes que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, porque como autoridades lo están botando, ellos llegan por delitos no graves y cuando salen no trabajan con ellos. Creo que tiene que haber este apoyo, trabajar con los jóvenes y con sus familias para poder incidir, si no, no se puede incidir en generar procesos de cambio”, dice Chávez.

Un cambio de vida exitoso

Josué, Gil y Juan pensaron que sería una buena idea salir a asaltar en el Bosque de Aragón, sólo tenían 15 años.

Josué y Gil venían preparados, el primero traía unos nudillos de acero, mejor conocidos como bóxer y el segundo una navaja, además traían mariguana y pastillas de Rivotril, un medicamento controlado.

El plan era el siguiente: identificarían a una posible víctima y dos de ellos se encargarían del asalto mientras un tercero estaría pendiente de echar aguas y avisar si se acercaba un policía o alguna autoridad.

El trío logró asaltar a un adolescente, corrieron y después de unos metros fingieron que nada había pasado, pero siete vigilantes del bosque los detuvieron.

Josué y Gil ofrecieron entregarles todo el dinero que traían si los dejan marcharse, pero los guardias no aceptaron.

Al rato llegó un oficial en una cuatrimoto que funciona como patrulla en el bosque y continuaron los insultos: “Son bien marihuanos y ya se chingaron se van a ir a la chingada”. Revisaron sus mochilas, por el contenido determinaron que no habían entrado a la escuela y llamaron a otra patrulla, ahora una de la PGJ del Distrito Federal.

Nadie les informó por el motivo de su detención o sus derechos y fueron trasferidos a la delegación Gustavo A. Madero donde llegó el adolescente asaltado con su madre. En su declaración se agregó que había sido agredido verbalmente y que había sido golpeado, aunque ello no concordaría nunca con la declaración de los otros tres adolescentes.

Frente a ellos desfiló un policía que los llamó marihuanos y comenzó a insultarlos. Esculcaron sus teléfonos y se burlaron de la música que escuchaban.

De la Delegación Gustavo A. Madero fueron trasladados a la Agencia 57 y en el camino trataron de negociar. “Los hubiéramos dejado en el bosque pero ahora no se puede, el niño ya metió su demanda”, dijeron los oficiales.

En la Agencia 57 Especializada en Justicia para Adolescentes pasaron la noche en los separos y esperaron al día siguiente para que fuera tomada su declaración. Los tres recibieron una sentencia de 9 meses 11 días en internamiento por robo calificado con armas blancas y violencia moral.

Josué durmió en una colchoneta en malas condiciones. Poco se fue haciendo de algunas cosas, cuando les ganaba a sus compañeros en el frontón o apostando con los postres de la hora de la comida. Si corría suerte, algún compañero que se fuera en libertad le heredaría sus cosas.

Aunque estaba encerrado, Josué podía ir a la escuela y a los talleres de artes plásticas, como el de cartonería, su preferido.

Su libertad vendría pronto después de un mes una semana de internamiento y salió por medidas cautelares. Su sentencia incluía: terapia, vigilancia familiar, libertad asistida.

Su proceso en externación fue dirigido y acompañado por  la Fundación Reintegra.

Dice Josué que después de esa experiencia “maduras a temprana edad, como que te roban la infancia y te das cuenta lo que es la vida real. Como niño haces las cosas como son, no piensas lo que va a pasar después”. En la comunidad aprendió a valorar la comida de casa porque su experiencia no fue grata, no sólo eso, supo también valorar el papel de baño porque ahí “hasta por un cuadrito te peleabas”.

Ahora piensa “que los verdaderos amigos son los papás porque ellos siempre van a dar la cara por ti”. En sus nuevos días procura no dar preocupaciones, su padre está al pendiente y se siente orgulloso de la conducta de su hijo.

Actualmente, Josué está por terminar el último semestre de la preparatoria y espera hacer examen al Politécnico Nacional porque le gustaría estudiar mecánica.

Cómo es la reinserción de un joven

Lo que determina las sentencias y medidas de los adolescentes en conflicto con la ley, es el tipo de actividad tipificada como delito que cometieron.

La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal califica como delitos graves: homicidio, femnicidio, lesiones cometidas con armas o explosivos, retención o sustracción de menores o incapaces corrupción de menores de edad, robo calificado cometido con violencia, daño a la propiedad y la asociación delictuosa.

Después de recibir los beneficios, obtener su libertad y continuar con su medida en externación, los adolescentes deben sujetarse a la Comunidad de tratamiento, donde les darán seguimiento a sus medidas educativas, de trabajo y de atención psicológica.

Otra opción para los adolescentes es acercarse a organizaciones de asociación civil, Josué dio seguimiento a su medida en la Fundación Reintegra que ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicosocial, servicio de orientación y apoyo legal.

La Fundación  elabora un reporte del contexto familiar, un perfil escolar y un diagnóstico sobre el contexto sociocomunitario del joven infractor.


Actualmente trabaja con 60 jóvenes y en un año llegan a atender a 150 jóvenes en externación desde 1992. La Fundación Reintegra mantiene un convenio con la Dirección de tratamiento para Adolescentes en la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes, dicho convenio los faculta como la única institución en el Distrito Federal para la ejecución de la medida legal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-corrupcion-el-otro-castigo-para-los-jovenes-infractores/

Culpables o inocentes, adolescentes infractores sufren las fallas del sistema de justicia

Ramiro tenía 17 años cuando apeló por su libertad absoluta. Llevaba cuatro meses privado de su libertad por homicidio y solicitó audiencia a una magistrada para explicarle que no había cometido el delito del que se le acusaba.

—La neta vengo con mucho respeto a pedirle que me dé una oportunidad, porque pus, yo no fui —le dijo Ramiro a la magistrada—. No tengo nada que hacer aquí y  la verdad no es justo que yo esté aquí.

La magistrada lo miró y le preguntó:

—¿Qué es justo?

—Lo justo es que estén pagando los que fueron —no tardó Ramiro en responder.

—¿Estás seguro que tú no fuiste? —cuestionó mientras no le quitaba la vista de encima para formularle una pregunta más— ¿Has viso la película Presunto culpable?

—No, la verdad no.

—A ti te pasa algo como eso, pero para no alegar tanto, te voy a dar tu libertad en absoluta.

Ramiro sintió bien chido hasta que la magistrada advirtió:

—Pero si no te encuentro culpable… porque si te encuentro culpable te vas a quedar a pagar lo que sentencié.

—Sí, sí, sí. —aceptó Ramiro y pensó que las cosas marcharían bien con conciencia de que él no era culpable del crimen del que se le acusaba y por tanto, nada podía salir mal.

—Te voy a mandar a hablar en 12 días —prometió la magistrada.

Ramiro pensó que nada podía fallar confiado en su inocencia. Esperó 12 días pensando que se iba a la calle. Pensó que recibiría la noticia de irse a casa tras la revisión de su caso, en su lugar, le notificaron que por dictamen del juez tendría que quedarse a cumplir su sentencia.

El joven se enojó, quería un juez y que le mostrara las pruebas de su culpabilidad: un cuchillo con sus huellas impresas. Pero eso no ocurrió.

Ramiro cumple con algunas de las características del perfil que establece la UNICEF como un patrón en los adolescentes mexicanos en conflicto con la ley: De sexo masculino, de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales, y ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos.

Un presunto culpable

Sucedió un 15 de septiembre, Ramiro estaba en casa con los preparativos de la fiesta de independencia y el cumpleaños de su abuela. La policía irrumpió en casa de su abuela buscando a dos de sus tíos, acompañados de alguien que se presentó como un elemento judicial exhibiendo un arma, además de los familiares de Rubén, un joven de 24 años asesinado.

Exigieron presentar a Pedro y Enrique, tíos de Ramiro y presuntos homicidas de Rubén. La abuela de Ramiro los dejó revisar su casa para que comprobaran que no estaban aquellos a quienes buscaban.

“Esto no se va a quedar así” y se marcharon.  Volvieron a los 15 minutos y señalaron a Ramiro como cómplice y responsable. Ramiro tenía a su primo en brazos y era el único varón entre niños y mujeres.

“¡Tú también estabas ahí con ellos!” gritaron y Ramiro lo negó. Lo subieron a la patrulla y pensó que nada habría de pasarle pues no tenía ninguna relación con el delito.

En la delegación no hubo declaración, sólo cuestionamientos sobre sus tíos y la amenaza de vincular a la madre como cómplice. Los judiciales le pidieron 35 mil pesos, pero eso sólo incluía no involucrar a la madre de Ramiro porque alguno de ellos debía quedarse a pagar.

Al día siguiente, Ramiro fue trasladado a la entonces Agencia 57 especializada para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, se le acusaba de haber asesinado con un cuchillo a Rubén de 24 años.

En las declaraciones se decía que Ramiro había sido detenido en el lugar del homicidio por un “judicial” que afirmaba haberlo aprehendido cuando trataba de escapar.

Tras un proceso de casi seis meses se le condenó a cuatro años de prisión por homicidio. Trató de tramitar un amparo y explicar a la magistrada su situación pero nada pasó.

Después de la ratificación fue trasladado a la Comunidad de Tratamiento en San Fernando. “Yo creo que aquí vine a malearme con las personas que ya vienen de afuera maleadas. Yo no conocía muchas cosas que ahorita ya conozco. En vez de aquí componerte, te descompones. Sales más descompuesto de aquí, la neta. Aquí no te vas a componer jamás”.

Pese a su sentir, la comunidad de tratamiento es también el lugar donde volvió a la escuela que había abandonado estando en libertad. Ha aprendido a tocar el violín en la clase de ópera y eso le gusta.

¿Qué es justo? “Justo es que estén pagando aquí los que fueron”, expresa Ramiro.

México cambia justicia para menores…a medias

Hasta el 2005, México contaba con el Sistema Tutelar de Justicia para Adolescentes, este se hacía cargo de los adolescentes en situación de abandono, calle y pobreza con aquellos que habían cometido conductas señaladas como delitos.

Pero una evaluación dio cuenta de que no se podía tratar igual a un menor en situación de calle que a uno que había cometido un delito, por lo que en 2005 se instauró el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, detalla la especialista Erika Bardales.

En 2012 se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes norma que aplicable para los menores de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años que incurran en “conductas tipificadas como delito en las leyes federales”. Los menores estarán sujetos a rehabilitación y asistencia social, además de una medida socio-educativa para su reintegración social y familiar.

El decreto del 12 de diciembre de 2005 le dio a las entidades federativas tiempo de 180 días para adecuar su marco normativo, con lo que empezaron a existir 32 procesos estatales paralelos al federal sin margen de referencia.

La ley publicada en 2015 nunca logró entrar en vigor y “se convirtió en letra muerta”, pues el decreto obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe “Justicia para adolescentes en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Como la ley federal no se reformó ahora los adolescentes participaban en actos tipificados como delitos de competencia federal, por ejemplo: los delitos contra la salud tales como posesión, venta o tráfico de droga.

Cuando un adolescente era detenido por delitos contra la salud era llevado ante un juez federal que no podía juzgarlo como un adulto, y en ausencia de una ley federal para adolescentes “se generó un montón de impunidad, porque no había ley qué aplicarles”, lamenta Bardales.

La ley establece que desde el inicio del proceso estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia para adolescente, que los procesos se realicen con la menor duración posible y que el sistema privilegie las medidas preventivas o alternativas.

Sin embargo, la justicia no es expedita ni especializada para los adolescentes. De los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector, según el informe.

“Lo triste de esto es que siendo el adolescente el punto más frágil, vulnerable de captación de la delincuencia, jurídicamente es el más desprotegido porque no tenemos un debido proceso, no lo existe, lo hemos intentado, las entidades lo están intentando, hay jueces de justicia para adolescentes que lo intentan”, dice Bardales. 

10 mil pesos por la libertad

Damián pudo escuchar que sus amigos lo llamaban desde la calle, traían un auto robado y todavía no se deshacían del dueño.

Lo buscaron para ofrecerle un trato: 10 mil pesos para que se declarara culpable si la policía los detenía. Si los mayores de edad eran detenidos pasarían hasta 16 años en prisión por robo y secuestro exprés, mientras que Damián pasaría solo unos meses encarcelado.

Damián pensó que con esos 10 mil pesos podría comprar una moto chocada para arreglarla y aceptó.

Este no era el primer delito que cometía Damián: había robado autos y transeúntes, además portaba una pistola calibre 25.

Damián y sus amigos dejaron al dueño del auto en Avenida Central, amarrado y amordazado. Al ver que una patrulla los seguía, Damián – quien era el chófer – se puso nervioso y se pasó un alto, en la huida chocó contra un poste.

Fue trasladado a la delegación, sus amigos quedaron libres porque no intentaron huir. Los policías trataron de hacerlo confesar que pertenecía a alguna banda de robo de automóviles.

Durante cinco días, narra, recibió golpes en la cabeza – que no dejan marcas – además le sumergieron la cabeza en un tambo con agua, lo patearon y cachetearon.

Al quinto día y tras confesar que sí robó, lo trasladaron a la Agencia 57 especializada en adolescentes donde estuvo retenido tres días más en un cuarto, pasó 15 días más en el tutelar y luego lo trasladaron a la comunidad de tratamiento donde pasó dos meses y medio.

Durante el tiempo que estuvo en la comunidad de tratamiento regresó a la escuela y en el taller de electrodomésticos recibió el primer diploma en su vida.

Los 10 mil pesos del trato se fueron para sus gastos dentro de la comunidad de tratamiento y para el transporte de su madre.

Los pasos de la justicia para adolescentes

El sistema de justicia empieza desde el momento de la detención donde los agentes de la policía deberán operar con base a los principios, derechos y garantías de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en la Constitución Federal y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de los instrumentos y convenios integracionales de los que México forma parte.

Los agentes de la policía tienen la obligación de presentar al adolescente inmediatamente y sin demora ante el Ministerio Público después de su detención e informarle de forma inmediata sobre sus derechos.

Si el primer contacto entre adolescentes y agentes policíacos es violado cualquier derecho o garantía esto “causa nulidad del acto en el que ocurra y se determinará la responsabilidad del o los servidores públicos federales” según la ley federal.

Por su parte, al Ministerio Público corresponde investigar las conductas tipificadas como delitos atribuidas al adolescente, desde la denuncia o querella para acreditar la probable responsabilidad.

En el caso de acreditar responsabilidad, el expediente será turnado al Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 48 horas a partir de la detención aunque en algunos casos la conformación de los expedientes toma más tiempo.

El juez en función del nuevo sistema de justicia para adolescentes procurará que la medida otorgada al adolescente ayude a su reintegración social y familiar considerando el internamiento como último recurso.

En una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio), más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente durante la detención.

6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

Los centros de tratamiento serán los encargados de dar seguimiento a las medidas otorgadas en internación o externación y así, diseñar un programa individualizado de ejecución que cubra diferentes áreas para el desarrollo del adolescente.


En el caso de recibir una medida en externación las medidas incluirán volver a la escuela o conseguir un empleo. Se harán revisiones de los expedientes cada seis meses y un supervisor designado vigilará el cumplimiento de las medidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA DEL CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/culpables-o-inocentes-adolescentes-infractores-sufren-las-fallas-del-sistema-de-justicia/

Reforman el proceso de justicia para adolescentes; el internamiento será el último recurso

Los adolescentes infractores serán procesados a través de un sistema de justicia oral y sólo se impondrán medidas proporcionales a las faltas que hayan cometido aquellos mayores de 14 años.

Los adolescentes infractores serán procesados a través de un sistema de justicia oral y sólo se impondrán medidas proporcionales a las faltas que hayan cometido aquellos mayores de 14 años, considerando al internamiento como último recurso y por el menor tiempo posible.

Así lo acordaron los diputados en las reformas constitucionales en materia de justicia penal para adolescentes que deben ser avaladas por al menos 17 entidades federativas para su promulgación.

De acuerdo con los legisladores, las medidas serán acorde a las faltas, disposición que pretende evitar que los centros de detención se conviertan en “escuelas del crimen” y los menores que comentan faltas menores no lleguen a los centros de internamiento que poco abonan a la reinserción social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 23 entidades del país, los adolescentes reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de internamiento.

En Chiapas, por ejemplo, las sanciones por parte del personal de custodia consiste en rociar a los menores con gas lacrimógeno, encierro en una celda insalubre, permanecer en posturas forzadas, vendados de los ojos, maltratos físicos, insultos, amenazas e inmovilización con esposas por lapsos prolongados.

Pero esas prácticas se replican en 37 de los 56 centros de internamiento de todo el país, según lo documentó la CNDH con base en 743 entrevistas anónimas a internos y entrevistas a directores, personal médico, de seguridad y custodia y de áreas técnicas.

Hasta febrero de 2014, cuando se realizaron las visitas, había 4 mil 448 hombres y 286 mujeres recluidos en los centros de internamiento; de ellos, mil 841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2 mil 893 estaban cumpliendo una medida de tratamiento.

Se comprobó que en 45 centros no se respeta el derecho de audiencia, no se elabora una resolución escrita al respecto; se imponen sanciones en régimen de aislamiento, por lapsos excesivos y sin recibir atención de las áreas técnicas; se restringe la visita familiar, las comunicaciones telefónicas y el acceso a las actividades relacionadas con los programas individualizados de ejecución.

Además, en la práctica, el internamiento no es una medida para reencauzar al menor infractor, sino que, incluso, rompe con los lazos familiares o de contacto con el exterior. En 48 centros se limita la visita familiar entre uno y tres días a la semana y como caso extremo se encuentra Chihuahua, donde la visita sólo se autoriza cada 15 días.

¿Qué aprobaron los diputados?

Los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron con 398 votos a favor y ninguno en contra, el sistema integral de justicia para adolescentes durante la sesión de este martes 21 de abril.

Se aplicará a quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se atribuya la comisión de un delito y para aquellos menores de 12 años, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

“El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”, advierte la minuta.

Se establece que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, con la garantía del debido proceso y la independencia de las autoridades. Las medidas impuestas deberán ser “proporcionales” al delito cometido y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente.

Se aprobó que siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva , como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.


En tanto, los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.