La construcción de la mentira oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada gobierno ha tenido un “constructor” de verdades oficiales que sirve para tapar hoyos o crear mentiras igualmente oficiales y creíbles. Uno de estos personajes importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es su amigo Tomás Zerón Lucio quien en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aparece como un personaje importante en la construcción de la “verdad histórica” de la PGR de la supuesta quema de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula.

La construcción de la famosa “verdad histórica” que expuso hasta que se cansó Jesús Murillo Karam cuando era procurador, se basó principalmente en el descubrimiento de dos bolsas negras con restos humanos que resultaron ser los del estudiante Alexander Mora.

Todo el proceso de la investigación gubernamental se fundamentó en esta revelación en la que tuvo que ver Zerón cuyo nombre no había aparecido en las notas periodísticas como un personaje importante en toda la zaga de la de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2013 en Iguala, Guerrero.

Obstaculizado por el gobierno para llegar al fondo del asunto, que usó a medios de comunicación como El Universal, La Razón y La Crónica para desacreditar a sus miembros y a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, junto con sus abogados, el GIEI hace una aportación importante al mostrar a Zerón al frente de la planeación estratégica de la “verdad histórica” fundada en los restos encontrados en una bolsa de plástico del río de Cocula.

A través de un video del periodista José Manuel Giménez y de fotografías de Daniel Rodríguez, el GIEI muestra a Zerón y a uno de los inculpados de la desaparición de estudiantes, Agustín García Reyes, alias El Chereje, a las orillas del río San Juan, donde otro grupo de peritos recogen algunos objetos que al parecer serían los restos de Alexander Mora.

Las imágenes del video y las fotos son del 28 de octubre, un día antes de que la PGR informara que había encontrado restos óseos en una bolsa de plástico. De acuerdo con el expediente oficial, el 29 de octubre de 2014 dos inculpados –uno de ellos Agustín García y Johnatan Osorio Gómez– fueron llevados al orillas del río San Juan, en Cocula, para reconocer el lugar donde habían tirado los restos incinerados de los normalistas.

La diligencia secreta del 28 de octubre de Zerón y los peritos de la PGR no consta en el expediente. Este hecho pone en duda toda la investigación judicial pues la presencia no consignada de Zerón, quien es director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en el mismo lugar donde supuestamente fueron descubiertos los restos de Alexander nos muestra cómo hay una mentira en el “hallazgo oficial” y cómo pudo construirse la “verdad histórica” con un escenario falso o artificial creado para justificar la quema de los cuerpos en el basurero de Cocula.

El vacío en el proceso de investigación de este dato, de la presencia de Zerón en el afluente del río Cocula un día antes de que la PGR manifestara el descubrimiento de la bolsa negra con restos humanos, es la que sostiene la afirmación del GIEI de que se “sembraron” estas pruebas para sostener la “verdad histórica” de la quema de los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero.

Toda la investigación de la PGR se tambalea con esta mentira. Zerón, el siniestro amigo del presidente, tiene ya un historial en la construcción de “verdades históricas” como bien apunta el reportero Álvaro Delgado en su artículo “El Fabricante”, donde nos recuerda que participó en la historia del hallazgo del cuerpo de la niña Paullette Gebara Farah, a la orilla de su cama diez días después de su desaparición en marzo del 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/438673/la-construccion-la-mentira-oficial

El terror de las mazmorras

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No sabe si es de día o de noche. Está boca abajo en el suelo, amarrado de las manos, inmóvil. Puede sentir una alfombra en un lado de su rostro. No está en un lugar clandestino sino en las oficinas de la PGR, en manos de policías ministeriales federales de la Agencia de Investigación Criminal.

“Me dicen que ya no hay regreso, que esto es el comienzo… En ese momento me bajan el pantalón y me quitan las vendas de los pies, me echan agua en los testículos y en ese momento proceden a asfixiarme nuevamente y me introducen algo en mi trasero. Es como si fuera de fierro por la forma en que me penetran. En esos mismos momentos me están asfixiando con la bolsa de plástico y una mano presiona mi nariz y la oprime, me la cierra con la presión de las manos. En ese momento siento también toques eléctricos en los testículos…

“El hombre está sentado sobre mí, sudando y nervioso; se oye muy agitado su cuerpo y entonces me ordena que me levante los pantalones. Estoy mojado, siento mis ropas mojadas y un dolor fuerte en el ano y en el ombligo y mi pecho, a la altura del corazón… y me dice el que ordenó la tortura que si ya voy a hacer lo que ellos dicen, les contesto que sí que haré todo lo que ellos ordenen.”

Lo entregan a otros agentes, que lo llevan a un nuevo calvario. Le duele cada parte de su cuerpo. Cuando lo dejan ir al baño se da cuenta que está sangrando del recto, además de que tiene costras de sangre en medio de sus piernas. Tiembla del susto.

Este es el testimonio de una de las 15 personas acusadas de participar en la ­desaparición de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa, quienes fueron detenidas y torturadas por integrantes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina, según denunciaron ante las Naciones Unidas y el Poder Judicial, así como en cartas enviadas directamente a esta reportera.

Se trata de Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, Felipe Rodríguez Salgado, Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés, Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado. Cinco de ellos fueron señalados por la PGR como testigos clave para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala.

El grupo incluye a funcionarios de las policías municipales de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.

En una carta del 10 de julio del año pasado, funcionarios de la ONU reclamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto las detenciones arbitrarias de 12 de los detenidos:

“También expresamos seria preocupación con las alegaciones según las cuales la tortura –que incluye las violencias sexuales y las amenazas de violación a familiares– y los malos tratos tuvieron como propósito extraer confesiones forzadas y prefabricadas, y que el uso de estos métodos no parece ser en casos aislados”, señalaron en la misiva Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky, presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes .

Los siguientes testimonios fueron recabados por la ONU y la autora de este reporte. Por respeto a las víctimas se omite su nombre en la descripción de los abusos.

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Quienes lo detuvieron nunca mostraron una identificación. Se lo llevaron en un vehículo con otros detenidos. Los transportan en helicóptero a otro lugar, donde una persona vestida de marino le atiende la ceja que le abrieron sus captores de un golpe. Sentado en el suelo, escucha los gritos de otros. Es su turno.

“Me fueron a traer dos personas vestidas de marinos y me metieron a un cuarto. Me empezaron a amarrar las manos con una venda hacia atrás y me amarraron los pies… me empezaron a dar toques eléctricos en mis testículos, también en mi ano y en la boca… y también me ponían una bolsa en la cara hasta el grado de perder la respiración, y en cuanto la perdía me pegaban en el pecho y el estómago. Así estuvieron unas tres horas, me decían que me iban a decir todo lo que tenía que decir.

“En cuanto a la foto de mi familia, me dijeron que si ahora sí iba a cooperar con ellos, que si no, iban a matar a mi esposa y que a mis dos niñas también las iban a matar, pero antes de matarlas las iban a violar y que les iban a meter el lado del cañón por el ano, y que a mi esposa la iban a violar entre todos… que de todos modos yo era un muerto de hambre.”

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Policías federales ministeriales le vendan los ojos, la meten a un cubículo y la sujetan a una silla donde la amenazan con quitarle su casa y violar a las mujeres de su familia. La golpean en las costillas, la patean en las piernas y aplican descargas eléctricas. Por el miedo se orina en la ropa y los policías que la torturan aprovechan para humillarla e insultarla. Se la llevan de la oficina donde estaba a las de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde la hicieron declarar lo que ordenaron.

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Mientras se encuentra vendado y maniatado, la Policía Federal Ministerial lo amenaza con desaparecerlo y hacerle lo mismo a toda su familia. Como si fuera un protocolo, igual que a los otros le ponen una bolsa para provocarle asfixia mientras le aplican descargas eléctricas en pies y testículos, mientras le preguntan el paradero de los estudiantes desaparecidos. Mientras se ensañaban con él, escuchaba los gritos de dolor de otros detenidos, como si no fuera un edificio de oficinas públicas, sino mazmorras de terror.

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Es detenido por personal de la Agencia de Investigación Criminal. Antes de ser presentado ante el Ministerio Público, es golpeado fuertemente en espalda, abdomen y testículos. Sabe que todo esto ocurre en oficinas de la PGR, pero no sabe cuáles. Cuando finalmente lo llevan ante el MP las cosas no mejoran. Incluso el encargado de tomarle la declaración lo amenaza con violar a su esposa y matar a toda su familia si no se declara culpable de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

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Está en oficinas de la Secretaría de Marina. Lo golpean en hombros, costillas y muslos; le aplican toques eléctricos en los pezones y testículos, mientras de otras formas le provocan asfixia. Los marinos lo presentan ante el Ministerio Público 12 horas después de su detención. Cuando la perito hace la inspección física encuentra tales daños que ella misma recomienda que lo manden al hospital para ser valorado por especialistas en oftalmología, traumatología y ortopedia.

En respuesta a la carta de la ONU, el gobierno de Peña Nieto reconoció que tuvo que abrir las averiguaciones previas 312/UEIDAPLE/DT/31/2015, 114/AP/DGDCSPI/2015, 185/API/ DGDCSPI/2015, 044/AC/ DGDCSPI/2015, y 047/AC/ DGDCSPI/2015 para indagar los hechos de tortura y abuso de autoridad en 10 de los 13 detenidos a los que se refirió la comunicación de la instancia internacional. Admitió también que las presuntas víctimas de tortura fueron detenidas por la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina.

Fuente: Proceso

Autora: Anabel Hernández

http://www.proceso.com.mx/437648/terror-las-mazmorras

Sobornos y torturas, atrás de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa

La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Esto se revela en expedientes judiciales –de los cuales se tiene copia–, y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.

A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.

La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa Organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Autora: Anabel Hernández

http://www.proceso.com.mx/437449/sobornos-torturas-atras-la-verdad-historica

Innsbruck no pudo identificar perfiles genéticos de los 43; hará más pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al Instituto de Medicina Legal (IMG) de la Universidad de Innsbruck no le fue posible obtener identificación de perfiles genéticos en las muestras de los restos óseos enviados para su análisis como parte de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que se emplearon las técnicas tradicionales de ADN STR Nuclear y ADN Mitocondrial, por lo que sólo falta que el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck aplique a estas muestras una técnica más, denominada de Secuenciación Masiva Paralela, cuyos resultados serán recibidos posteriormente.

En relación con las muestras de cabello, el IMG identificó que algunas eran de origen humano y otras de origen animal. En relación con las de origen humano, se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, por estar cortados y no tener bulbo, obteniéndose una misma secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias de las víctimas.

Esta muestra fue recolectada “en una zona de la retícula principal” en donde no hay restos óseos del basurero de Cocula, en el interior de un recipiente de metal mezclado con restos de basura.

El sobre que contenía el resultado enviado por Innsbruck se abrió en presencia de representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los padres de los normalistas desaparecidos, y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El documento contiene resultados referentes a 53 muestras de ropa y cabellos adheridos a la ropa que se encontraron en los autobuses, enviadas al IMG en septiembre de 2015, así como nueve muestras óseas y cabellos, provenientes del basurero de Cocula, y dos muestras óseas de una bolsa recuperada del río San Juan, remitidas para su análisis en diciembre del mismo año.

Las muestras, revisadas y clasificadas por peritos de la PGR y el EAAF, fueron sometidas por el IMG a un análisis de ADN para obtener los perfiles genéticos con los resultados ya descritos líneas arriba.

Fuente: Proceso

Autora: Patricia Dávila

http://www.proceso.com.mx/436460/universidad-innsbruck-logra-identificar-victimas-en-caso-ayotzinapa-hara-estudios

Insiste Murillo Karam en su “verdad histórica”; tercer peritaje en Cocula “así lo avala”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En privado y durante más de tres horas, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, recibió de la oposición cuestionamientos sobre la investigación que encabezó ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde buscó dar ‘carpetazo’ al tema cuando hace poco más de un año se refirió a la presunta quema de los jóvenes en el basurero de Cocula como “la verdad histórica”.

La reunión de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, presidida por la panista Guadalupe Murguía, siguió ante Murillo Karam la misma tónica del encuentro que por la mañana sostuvieron los legisladores, y donde la oposición se enfrentó a gritos con representantes del PRI.

Los diputados Víctor Sánchez, de MC; Aracely Damián, de Morena, y Marbella Toledo Ibarra, también de MC, acorralaron al exprocurador, quien se mostró molestó y luego intentó salirse por la tangente formulando chistes.

Sin embargo, en todo momento Murillo Karam sostuvo su “verdad histórica”, e incluso comentó que el último comunicado de la PGR del pasado viernes, sobre el tercer peritaje de fuego en Cocula, “así lo avala”.

Además, asumió como propio el reporte preliminar difundido de manera unilateral por la PGR el viernes pasado, en el sentido de que “al menos 17 cuerpos de adultos”, y no 43, fueron incinerados en el basurero de Cocula.

La única revelación de Murillo Karam fue el aceptar finalmente que el representante de la PGR en Iguala sí abrió un acta circunstanciada de lo que estaba sucediendo en ese municipio guerrerense.

Lo anterior revela que funcionarios de la PGR estuvieron enterados en todo momento de los acontecimientos. Murillo Karam también defendió el papel de los militares y, ante la pregunta de por qué no actuó si hubo un acta circunstanciada, el exprocurador evadió toda respuesta.

Antes, por la mañana, la comisión se reunió de manera extraordinaria para determinar si manifestaba o no su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pues así lo establecía el orden del día fijado desde hace una semana.

Sin embargo, el PRI decidió poner a votación el tema y, como en las últimas reúnes, frenó los acuerdos al hacer uso de su “mayoría ponderada”, donde con el respaldo de PVEM, Panal y PES, avasalla a PRD, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

Se pretendía avalar dos puntos por la mañana: uno dar respaldo al GIEI y pedirle al gobierno, como comisión, que los expertos independientes se quedarán el tiempo que fuera suficiente para cumplir con su encomienda. Y segundo, pedir que se investigue a todos los mandos y fincar las responsabilidades correspondientes.

No obstante, ambos puntos fueron rechazados por la “aplanadora” encabezada por el PRI.

Durante la discusión incluso se llegó a los gritos, pues el PRI insistía en someter a votación los temas, mientras que Marbella Toledo y Víctor Sánchez, de MC, asó como Cristina Gaytán, de PRD, y el perredista Roberto Guzmán Jacobo reclamaban a los priistas que estuvieran bloqueando los trabajos de la comisión. La oposición sostuvo que no está dispuesta a que se les trate como a una comisión “burocrática”.

El PRI reorientó la discusión sobre las responsabilidades políticas, regresó al viejo tema de que Iguala estaba gobernada por el PRD, por lo que ellos eran los responsables de lo ocurrido a los normalistas.

La perredista Cristina Gaytán no aguantó y cayó en la provocación cuando la priista Silvia Rivera dijo que los perredistas quieren “echarle la culpa” a su partido.

“Aquí la diputada del PRD como que quiere echarnos la culpa a nosotros de la situación que hubo en Iguala. En Iguala está muy claro: gobernaba el PRD el municipio, gobernaba en el estado el PRD. Quiero decirles que el PRI y el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, buscan darle seguimiento a la investigación, puntual”, sostuvo la priista.

Gaytán respondió que el PRD no es responsable de que el GIEI mostrara las inconsistencias de las investigaciones y también dijo que cuando ocurrieron las desapariciones, el PRD asumió las responsabilidades en la designación del exgobernador Angel Aguirre y del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.

“¡Permítame terminar, su tarea de reventar la sesión, no va a venir aquí, diputada, no, no!”, exclamó Gaytán Hernández cuando la priista intentó interpelarla.

“Señoras diputadas, se solicita moción de orden y el respeto que nos merecemos”, demandó Gaytán.

“Estoy en el uso de la palabra. La investigación y todos los señalamientos que ha hecho el Grupo Interdisciplinario hacia el gobierno federal no son responsabilidad del PRD. El uso político que está dando la PGR a la información que tiene, como ya lo vimos con el tercer dictamen del basurero de Cocula, no es responsabilidad del PRD. La pérdida de pruebas, los señalamientos claros hacia las instituciones federales, no son responsabilidad del PRD”, expuso.

Y añadió: “Abarca está en la cárcel, diputada. ¿Qué pasó con el alcalde de Cocula? ¿Qué pasa con los integrantes de la Policía Federal que han sido acusados? ¿Qué pasa con el actuar del Ejército Mexicano?, eso no es una tarea municipal ni estatal, esa es una responsabilidad del gobierno federal”, puntualizó la legisladora del PRD.

Intervino entonces la diputada presidenta, Guadalupe Murguía, quien reclamó también que se pretendiera “mayoritear” y no lograr los consensos como al arranque de la comisión. Incluso habló del bloqueo a la solicitud de información y de los trabajos.

También reclamó que ya no se puedan alcanzar acuerdos y que el PRI recurra al voto ponderado apoyado por Panal, PVEM y PES,

Luego se preguntó si debe continuar una comisión que es bloqueada, si se rechazan todas las propuestas y ya ni siquiera puede solicitar información.

“Yo lamento que la comisión haya perdido la capacidad de diálogo, desafortunadamente ahorita ya desde el orden del día se eliminan los temas y se acalla la expresión de fuerzas políticas representadas en esta comisión, que no pueden expresarse ni siquiera en un punto del orden del día, que se excluye. Creo que sería importante considerar el sentido de una comisión que ya no discute, que no puede pedir información y que no puede hacer solicitudes respetuosas a una autoridad”, sentenció Murguía.

Fuente: Proceso

Autor: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/436166/insiste-murillo-karam-en-verdad-historica-tercer-peritaje-en-cocula-asi-lo-avala

La impresentable señora Wallace

En las semanas recientes en diversos medios de comunicación han consignado las declaraciones de Maria Isabel Miranda Torres, mejor conocida como la señora Wallace, sobre una supuesta red de corrupción internacional en la que intervienen personas defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Según la señora Wallace “como se hace llamar“, las personas defensoras de derechos humanos han “fabricado” casos de tortura, defendido “delincuentes confesos” y han orquestado toda una campaña internacional para contradecir la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, según ella, todo con el fútil objetivo de obtener jugosos ingresos económicos.

Más allá de su palabra y suposiciones, la señora Wallace no tiene pruebas de sus dichos, simplemente porque esas pruebas no existen. Esta campaña de desprestigio que ha montado en contra reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos, lo ha hecho apropiándose de la voz de las víctimas, así en abstracto, y construyendo una ficticia defensa de los derechos humanos.

Estas declaraciones no se dan en el vacío, se presentan en un contexto donde las autoridades del Estado mexicano han mostrado una particular resistencia ante el escrutinio internacional y donde ha habido un deterioro crítico de la situación de derechos humanos en nuestro país.

Cuando se contrasta por un lado, la actitud negacionista de las autoridades mexicanas y por otro la virulencia en las declaraciones de la señora Wallace, al referirse a las personas defensoras y a las instituciones de protección de los derechos humanos, es fácil encontrar similitudes en el discurso, que incluso podrían llevar a sospechar que no se trata de una mera coincidencia.

Pareciera que en esta relación Wallace-Gobierno, la primera sirve de vocera de un discurso que el segundo, no puede decir directa y abiertamente. De actualizarse esta suposición, me surgen algunas interrogantes sobre la actitud de Wallace: cuando ésta dice hablar en defensa de las víctimas, ¿se referirá a las autoridades mexicanas que se consideran víctimas del escrutinio en derechos humanos? y ¿a cambio de qué habría asumido esta vocería virulenta y violenta?

Esta presunta relación Wallace-Gobierno, también me recuerda a la que tuvieron en Perú, Laura Bozzo y el gobierno de terror de Alberto Fujimori, donde ésta elogiaba al segundo, cuestionaba a la oposición y al “terrorismo” que combatía el régimen y hacía uso de su imagen para manipular a la opinión pública.

Así también podemos comparar la actitud que ha tenido el gobierno mexicano de cuestionar lo documentado por los organismo internacionales y su insistencia en negar la grave situación de violencia en nuestro país, como la que en su momento tuvo el gobierno de Alberto Fujimori ante los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Perú como ahora en México, se atacaba y denostaba a las personas defensoras y a las instituciones que evidenciaban las violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, el relator de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst señaló a México como “uno de los países más represivos contra los defensores de los derechos humanos”. Este señalamiento no es gratuito, considerando que a las campañas de desprestigio -como las que sufren en este momento algunos y algunas colegas- se suman otros tipo de ataques de los que son víctimas, ya sea por parte de agentes estatales o de particulares.

La historia ha demostrado que negar las violaciones y el ocupar vocerías virulentas, no contribuyen a mejor la imagen del gobierno sino que con ellas se ahonda en la falta de credibilidad y confianza en el gobierno mismo. Ojalá que el gobierno mexicano no replique este modelo, pues a todas luces fracasará.

Finamente, como reflexión general, cuando personajes impresentables utilizan el discurso de los derechos humanos para hacer una defensa del gobierno, parafraseando a Mario Benedetti: quizá sea momento de hablar de los izquierdos humanos.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Karla Micheel

http://desinformemonos.org.mx/la-impresentable-senora-wallace/

CMDPDH expone pruebas ante acusaciones infundadas de Miranda de Wallace en programa de radio

Este viernes, Isabel Miranda de Wallace, acusó, si presentar algún tipo de prueba, que el relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, les “facilita las cosas” a una red de corrupción que usa los derechos humanos para liberar criminales.

En entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, dijo que José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “obtiene recomendaciones, libera criminales y hasta les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

Ante estas declaraciones, Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), ha enviado este sábado una carta aclaratoria, con respecto a la “información inexacta y de mala fe presentada por la señora Isabel Miranda de Wallace”, en la entrevista realizada en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.

Sentencia que “dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona y de la organización que represento, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno”.

Wallace puntualizó sus acusaciones en contra de “Los 4 de Rosarito”, caso al que Revolución TRESPUNTOCERO ha dado seguimiento; “debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados”, afirma Guevara.

Quien a su vez explica que, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Dicha determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015, la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En ese mismo caso, reitera, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al reconocer los actos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015, asume la calidad de víctimas a esas personas por actos atribuibles a su personal. Dicho oficio firmado por el General José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores, quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”.

Guevara puntualiza en su carta que, “un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano, a pesar el compromiso político expresado desde el año pasado.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación de delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la señora Wallace pretende denostar, sin embargo es calificada como generalizada”.

Señaló que actos criminalizantes y difamaciones en su contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional. Además, tienen como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos”.

Guevara pidió que su carta sea leída íntegramente en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de Miranda de Wallace, así como también se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron y difundieron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”. Además de facilitar folios y documentación, asegurando a Gómez Leyva que sus auditorías están disponibles ante cualquier difamación.

Fuente: Revolución 3.0

Autor: Redacción

http://revoluciontrespuntocero.com/cmdpdh-expone-pruebas-ante-acusaciones-infundadas-de-miranda-de-wallace-en-programa-de-radio/

Innecesario, nuevo peritaje en el basurero: padres

Los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y sus abogados consideraron ‘‘absolutamente innecesaria’’ la pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo peritaje al basurero de Cocula, pues sólo ‘‘gastaría’’ los esfuerzos y recursos de las autoridades para reforzar las líneas de investigación trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Presentes en la conferencia de prensa donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó su dictamen pericial del basurero, los padres advirtieron que esta petición de la PGR podría retrasar la investigación del caso Iguala, en espera de que concluya el segundo mandato del GIEI sin resultados concluyentes.

Mario González, Melitón Ortega e Hilda Leguideño, padre y madre de alumnos desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, insistieron en que la supuesta ‘‘verdad histórica’’ de los hechos de Iguala ‘‘se ha hecho pedazos’’ con el dictamen presentado por el EAAF.

Tras asistir a la presentación del dictamen, los padres de familia, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y diversos colectivos realizaron la tarde-noche de este martes una manifestación frente a las instalaciones de la PGR, sobre Paseo de la Reforma, en la que exigieron ‘‘castigo’’ para el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam.


En declaraciones sobre el caso, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que el informe presentado refuerza que ‘‘la llamada verdad histórica fue sólo ficción’’.

Lo que México necesita, agregó, no es sólo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos, sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada, incluyendo al propio ex procurador Murillo Karam, para que respondan por su papel en perpetuar la impunidad.

Por otra parte, el abogado Vidulfo Rosales dijo que todavía realizan esfuerzos para poder entrevistarse con el papa Francisco, quien este viernes llega al país en una visita pastoral de cinco días.

Dijo que en caso de no concretarse la audiencia, se prevé entregarle una carta para hacerle saber el enorme dolor de los padres de familia por la desaparición de los 43 jóvenes.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/politica/004n1pol

El documental “La noche de Iguala”, mentira histórica

MÉXICO, D.F: Tras ver el documental dramatizado La noche de Iguala –dirigido por Raúl Quintanilla–, Omar García Velásquez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 escapó de ser asesinado, dijo desencajado y molesto: “¡Es una mentira! ¡Una mentira histórica!”.

El largometraje del director del Centro de Formación Actoral de TV Azteca se proyectó el 16 de octubre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional. Había más de 100 personas en la sala 10. En su introducción se señala que es una investigación de Jorge Fernández Meléndez, conductor de Todo personal en Proyecto 40 y de Imagen Informativa.

La película deduce que el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, está coludido con el grupo criminal Los Rojos, enemigo de Guerreros Unidos, y que recibió dinero para que 17 de los primeros se infiltraran con los estudiantes en los camiones.

Igual infiere que uno de los normalistas, Julio César Mondragón, pertenecía a Los Rojos (“aunque aún no está comprobado”, resalta la voz en off) y por eso los de Guerreros Unidos se ensañaron con él, desollándolo.

Durante un repaso histórico de la escuela, la misma voz en off acusa que ha estado coludida con grupos criminales.

De acuerdo con su investigación, aquel 26 de septiembre los normalistas querían secuestrar 25 camiones para llevarlos a Iguala “a reventar un acto político”. Además, se asegura que la Policía Municipal entregó a los estudiantes a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en el basurero de Cocula.

Al negar su pertenencia a Los Rojos, Omar García Velásquez levantó la voz: “No somos parte del crimen organizado, lo hemos dicho miles de veces. Y el director de la escuela no tiene nada que ver”.

También indignado, Alberto Arnaut, de la Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa, reforzó: “La película es una mentira a todas luces. Ya existe evidencia de que los normalistas no fueron incinerados en ese basurero, y la película oculta que la Policía Federal también participó en los enfrentamientos, hay testimonios de taxistas. Ni menciona que el Ejército estuvo al tanto de todo. Además, sabemos que Jorge Fernández Meléndez se presta al régimen, es chayotero. Nada le podemos creer”.

En entrevista, García Velásquez denunció que La noche de Iguala “sí viola la Ley General de Víctimas, y le vamos a exigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tome acciones contra los responsables de la cinta”.

Una de las disposiciones de esta ley dice: “Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”.

Dice a Proceso que a más de un año de los hechos ya se han investigado otros aspectos, “por lo tanto no tendría por qué ser definitiva la versión que se da en la película”. Recordó también que están los estudios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

Cineteca muda

Al normalista le llamó la atención que La noche de Iguala se exhiba en la Cineteca Nacional: “No esperábamos que se pasara aquí, ya que es una institución de gobierno y, por lo tanto, sería la que menos se prestaría a difundirla, y los documentales que se han estrenado aquí sobre Ayotzinapa han donado su taquilla al movimiento y padres de familia”.

Este semanario pidió entrevista con el cineasta Alejandro Pelayo, responsable de la Cineteca Nacional, y en la oficina de prensa se argumentó que “el propio doctor Pelayo nos ha dicho no tener ningún comentario sobre este tema”.

Al preguntarles por qué decidieron exhibirla ahí, respondieron que la razón “es la de dar cabida a otro filme más acerca del tema, como anteriormente se hizo con Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado, de Xavier Robles, y Un día en Ayotzinapa 43, de Rafael Rangel. Este nuevo filme ofrece otra perspectiva del tema y, de acuerdo con el comité de programación de la Cineteca, cumple con los estándares de proyección”.

Respecto a la página www.change.org, donde hay una carta dirigida a las exhibidoras Cinépolis y Cinemex para que retiraran la publicidad de La noche de Iguala, se buscó al director de Programación de Cinépolis, Miguel A. Rivera, para explicar el criterio de inclusión en cartelera, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

También a José Leonardo Martí, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), debido a que en las redes se exigía que el filme no se estrenara, y externó a través de su responsable de prensa:

“Por disposición de la Ley Federal de Cinematografía, estamos obligados a estrenar todas las películas mexicanas. Para mayor referencia transcribo el segundo párrafo del artículo 19 de dicha ley: ‘Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento’.”

Y sobre la pregunta de qué pasa si la cinta violara la Ley General de Víctimas, no hubo respuesta.

Témoris Grecko, productor y guionista de otro filme sobre el tema, Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala, próximo a estrenarse (Proceso 2032), califica así a La noche de Iguala: “Si tuviera una intención honesta, se dejaría constancia de que se manejan hipótesis que subsisten frente a otras, e hipótesis que en este caso han sido severamente cuestionadas por informes oficiales sustentados en investigaciones sólidas.

“Ese no es un documental, es una ficción que no se detiene antes de cometer transgresiones éticas, como presentar abusivamente como criminales a personas que no se pueden defender, y como lanzar a los rostros de los padres la certeza de que sus hijos fueron hechos polvo y echados al agua, a pesar de que no hay pruebas de ello y de que a los padres nadie les puede pedir que renuncien a encontrarlos con vida, mientras no haya certeza de que ya no están vivos.”

Para él hay una campaña lanzada desde instancias oficiales para defender la “verdad histórica” de la PGR:

“El gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo agua por todos lados y trata de tapar los hoyos con las manos. Hay columnistas y periódicos tratando de destruir reputaciones, de envolverse en la bandera para denunciar a los expertos del GIEI por ser extranjeros y de quitársela para descalificar a Emilio Álvarez Icaza (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por ser mexicano. Y tratan de presentar algunos argumentos para defender el dogma del exprocurador Jesús Murillo Karam, aunque sean tan débiles como hacer un “capítulo Cocula” de La Rosa de Guadalupe.”

Rafael Rangel, realizador de Un día en Ayotzinapa 43, opina:

“La libertad es el elemento vital del cine, una libertad que también le otorga al mentiroso, al manipulador, al torpe, al cínico, sólo que estos son tiempos diferentes: la hipercomunicación de hoy difícilmente permite el engaño. Cuando quienes nos dedicamos a formas de expresiones sensibles decidimos abordar temas tan delicados, nuestra primera obligación es hacerlo bajo una visión periférica y objetiva, considerando el lugar del otro, entender de qué modo impactará a los afectados.


“Lo que sucedió en septiembre de 2014 trasciende, con mucho, lo que es considerado, y no sin razón, un crimen de Estado, un despropósito, una barbarie, un acto salvaje, digno de depredadores y no de humanos. A quien intente minimizar o distorsionar lo anterior, le saldrá el tiro por la culata, llámese cineasta, periodista o político.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: COLUMBIA VÉRTIS DE LA FUENTE.