Al menos 500 personas fueron desplazadas por la violencia del crimen organizado en Apatzingán, mientras que otras mil están “atrapadas” en cuatro comunidades de Tierra Caliente.
Al menos 500 personas fueron desplazadas por la violencia del crimen organizado el pasado 15 de marzo en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán, Michoacán, mientras que otras mil personas están “atrapadas” en otras cuatro comunidades de Tierra Caliente, donde grupos del crimen organizado no permiten la entrada ni salida de personas, ni de ayuda humanitaria, reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.
Las cuatro comunidades donde al menos un millar de personas no pueden salir son El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles.
Todo lo anterior se da en un contexto en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca entrar y establecerse a la cabecera municipal de Apatzingán y en las comunidades aledañas, donde otros grupos delictivos, como el Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios, ya están establecidos. En la mitad de esa ‘guerra’ entre grupos criminales, se encuentran atrapados miles de ciudadanos.
En un boletín urgente que emitieron la tarde del miércoles, ACNUR señaló que el pasado 16 de marzo un observatorio de derechos humanos de Apatzingán notificó a las autoridades de que al menos 150 personas sí lograron escapar de sus comunidades para desplazarse a la cabecera del municipio y otras comunidades de los alrededores, donde algunos, sobre todo jornaleros agrícolas provenientes de otros estados que no cuentan con redes de apoyo en la zona, fueron resguardados en albergues del DIF.
Violencia en Michoacán y desplazamientos forzados
Desde noviembre de 2024, la violencia en Tierra Caliente y en las áreas limítrofes con los estados de Colima y Jalisco ha “escalado”, debido a la confrontación entre diferentes grupos del crimen organizado, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas.
Asimismo, en diciembre pasado cuatro soldados del Ejército mexicano fueron asesinados en Buenavista, Apatzingán y Cotija por minas terrestres, mientras que varios agricultores fueron lesionados y asesinados en los meses siguientes, también por minas. InSight Crime ha señalado que 40 % de los explosivos incautados en México en 2024 provenían de esta región de Tierra Caliente, mientras que el 30 % de las escuelas cerró en enero de este año debido a hechos de violencia.
Hasta el momento, al menos 700 personas de Michoacán han sido desplazadas por la violencia hacia albergues en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde buscan pedir asilo. Una situación que en enero de este año documentó Animal Político en varios refugios de esa ciudad de Baja California. “A Michoacán no podemos volver por el narco”, refirieron varias de las personas entrevistadas por este medio.
Asimismo, en Michoacán existen comunidades como Coahuayana, ya colindando con el estado de Colima, donde ante la acción del crimen organizado se crearon grupos de autodefensas.
En Coahuayana se creó también una ‘colonia de la paz’, a la que llegan personas desplazadas de las comunidades vecinas que huyen del crimen organizado.
Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán iniciaron hoy la Jornada Estatal por la Seguridad y Paz Comunal, en Contra de la Discriminación y en Defensa de los Derechos Colectivos, a través de la toma pacífica de nueve carreteras en la entidad.
Entre las demandas de las comunidades que participan en la jornada, acordada por la Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), se encuentra un mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que conozca «de manera directa» los problemas de inseguridad, discriminación e injusticia que sufren los pueblos originarios de la entidad y que no le son reportados por sus subordinados».
Los pueblos también exigen que una mesa de trabajo con los titulares de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, «toda vez que sus instituciones discriminan a 40 comunidades en Michoacán que dejaron fuera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM)», a pesar de que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos para su incorporación.
«Al pueblo de Michoacán le pedimos disculpas, pero las autoridades no nos dejan otro camino, es tiempo de exigir seguridad, paz y justicia para los pueblos y comunidades originarias», señaló el CSIM en el inicio de la jornada que comenzó a las 9 horas de este miércoles.
COMUNICADO:
JORNADA ESTATAL POR LA SEGURIDAD Y PAZ COMUNAL, EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Comunidades originarias y afromexicanas de #Michoacán a 19 de marzo de 2025.
Por resolutivo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, el día de hoy se realiza colectivamente una Movilización General mediante la toma pacifica de las siguientes carreteras:
1) Toma de la Carretera Cheran-Zamora en Huáncito.
2) Toma de la Carretera Cheran-Pátzcuaro en Sevina.
3) Toma de la Carretera Cheran-Uruapan en Paracho.
4) Toma de la Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.
5) Toma de la Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.
6) Toma de la Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.
7) Toma de Carretera Uruapan-Los Reyes en Zacán.
8) Toma de Carretera Ramal Camelinas en Morelia
9) Toma de Carretera en Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre.
Al pueblo de #Michoacán le pedimos disculpas, pero las autoridades no nos dejan otro camino, es tiempo de exigir seguridad, paz y justicia para los pueblos y comunidades originarias.
PLIEGO PETITORIO:
▪️Mesa de trabajo con la #Presidenta de la República Claudia Sheinbaum para que conozca de manera directa los problemas de inseguridad, discriminación e injusticia que sufren los pueblos originarios de la entidad y que no le son reportados por sus subordinados.
▪️Seguridad y paz para las comunidades indígenas. Instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en #Sevina y en Santa Fe de la Laguna. Que el Ejército, la Guardia Nacional y Civil permanezcan en Sevina hasta la instalación de la BOI, así como el fortalecimiento de su sistema de Defensa Comunal Juchári K’uajpiricha.
▪️Mesa de Trabajo con los titulares de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino Montes, toda vez que sus instituciones discriminan a 40 comunidades en #Michoacán que dejaron fuera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM), esto a pesar de que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos para su incorporación.
▪️Al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, le exigimos que no traicione a las comunidades autónomas, al ordenar de manera unilateral y mediante la Secretaría de Finanzas la regresión administrativa que obliga a los autogobiernos a facturar a nombre de los municipios, toda vez que muchos de ellos son enemigos históricos de las comunidades.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El acuerdo también contempla la colaboración con otras entidades federales y organismos internacionales que han apoyado a más de 40 Estados (países) en el desarrollo de leyes sobre desplazamiento forzado.
El Congreso del Estado de Michoacán firmó un acuerdo para desarrollar legislación específica destinada a atender las necesidades de las personas desplazadas dentro de la entidad, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El representante de la agencia, Daniel Macguirre, oficial senior de Protección de la agencia internacional, destacó la urgencia de una respuesta estatal efectiva para mitigar los efectos del desplazamiento forzado en el estado, que ha sido provocado por diversos factores, principalmente la violencia.
Macguirre expresó su agradecimiento por la invitación a participar en el Congreso y afirmó que este acuerdo es un paso fundamental para abordar las necesidades de las personas desplazadas en Michoacán.
“Cuando hablamos de cualquier ley, es trabajo del gobierno responder a las necesidades de sus ciudadanos. Este acuerdo y la ley propuesta permitirán tener una respuesta más eficaz para los desplazados dentro de este contexto específico. Es crucial que no esperemos a que la crisis se agrave para abordar este tema, como ocurrió en otros momentos de crisis en Michoacán”, señaló Macguirre.
Uno de los puntos clave del acuerdo firmado es la creación de una ley estatal específica que aborde el desplazamiento forzado de manera estructurada.
Macguirre explicó que el desplazamiento es un tema transversal que afecta a diversas áreas, como la salud, la educación y la reintegración social.
“Es fundamental que esta ley no sea genérica, sino que tenga respuestas específicas a las necesidades de las personas desplazadas. Desde el acceso a servicios médicos hasta la educación de los niños, cada aspecto debe ser considerado en la legislación”, detalló el representante de ACNUR.
Además, el oficial destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar que las políticas públicas sean eficaces.
“El desplazamiento forzado involucra diversas autoridades, por lo que es necesario tener claridad sobre el rol de cada uno dentro de la ley. Esto es esencial para garantizar una respuesta adecuada y bien coordinada”, comentó Macguirre.
Financiación y sostenibilidad
Otro aspecto que abordó Macguirre fue la importancia del financiamiento para la implementación de la ley.
Subrayó que, aunque el tema es sensible desde el punto de vista del presupuesto estatal, existen ejemplos internacionales, como en Colombia, donde se ha implementado un presupuesto gradual y flexible para la atención de desplazados internos.
“Si bien es un tema delicado, hay formas de establecer un presupuesto progresivo que permita a los estados comenzar con inversiones modestas y luego ajustarlas conforme aumenten las necesidades. Esta flexibilidad es clave para asegurar que el apoyo no se interrumpa a medida que la situación evoluciona“, señaló.
El acuerdo también contempla la colaboración con otras entidades federales y organismos internacionales que han apoyado a más de 40 Estados (países) en el desarrollo de leyes sobre desplazamiento forzado.
“Es importante que Michoacán pueda ser uno de los próximos estados en implementar una legislación sobre este tema. Este tipo de leyes no solo protegen a las víctimas, sino que también permiten una mayor integración de los desplazados en la sociedad”, agregó Macguirre.
Legislación en otros estados
Actualmente, en México, hay cuatro estados que ya cuentan con leyes específicas para atender el desplazamiento interno y otros dos estados han tipificado las actividades criminales que provocan este fenómeno, dijo Macguirre.
Mencionó que el trabajo realizado con el gobierno de Oaxaca en diciembre pasado, donde se realizaron más de 50 consultas con comunidades indígenas sobre una ley similar, puede servir de modelo para Michoacán.
“La esperanza es que Michoacán pueda ser el siguiente estado en avanzar en esta batalla legislativa, tomando en cuenta la experiencia que ya hemos acumulado en otras partes del país”, indicó Macguirre.
Finalmente, manifestó su compromiso continuo de apoyar al gobierno de Michoacán en la implementación de esta legislación.
“Este es un tema urgente, pero con las acciones correctas, Michoacán puede liderar el camino en la protección de las personas desplazadas”, concluyó.
Durante la reunión, la diputada Fabiola Alanís Samano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, subrayó el interés del Congreso local en abordar el fenómeno del desplazamiento forzado, un tema de relevancia internacional.
“Tenemos mucho interés de escuchar sus planteamientos sobre un tema, un fenómeno internacional que tiene diferentes raíces y connotaciones geográficas, geoestratégicas, pero que para nosotros es fundamental en la intención sobre todo de identificar aquellos aspectos en donde desde el Congreso podamos intervenir para garantizar que todas las personas tengan todos los derechos”, expresó la diputada.
Enfatizó que la promoción de los derechos humanos es una premisa que orienta el trabajo legislativo de la 76ª Legislatura de Michoacán, la cual ha trabajado para integrar este enfoque en las decisiones del Congreso.
“Este es un enfoque que hemos promovido desde el Congreso del Estado. Es una premisa que atraviesa transversal y horizontalmente la promoción de los derechos humanos“, agregó.
La diputada también destacó la importancia de generar un espacio abierto al diálogo en el que las propuestas y experiencias internacionales pudieran ser analizadas y discutidas en conjunto con los legisladores locales.
El evento también contó con la participación de diversas figuras clave dentro del Congreso, como la diputada Jacqueline, presidenta de la Comisión de Migración; el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Antonio Magaña de la Mora; y el diputado Reyes Galindo, quien representa un distrito afectado por altos niveles de violencia.
Este fenómeno, según la diputada Alanís, afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños.
Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también estuvo presente, resaltando la importancia de la legislación local en el marco de la crisis de desplazamiento forzado.
La participación del ACNUR y el análisis conjunto sobre las posibles intervenciones del Congreso de Michoacán fueron aspectos centrales de la reunión, con la esperanza de avanzar hacia una legislación que pueda abordar de manera efectiva los retos del desplazamiento forzado en el estado.
El gobernador Ramírez Bedolla culpa a jueces de los hechos donde habrían muerto 5 elementos militares, porque las emboscadas fueron encabezadas por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, responsabilizó a Jesús R., alias “El Chuy”, de estar detrás del ataque a elementos de la Guardia Nacional en Jalisco y Michoacán.
De paso agregó que el Poder Judicial está coludido, debido a que hace unas semanas un juez dejó en libertad al presunto criminal.
Ramírez Bedolla informó que los hechos violentos registrados este 16 de marzo, en los límites de Jalisco y Michoacán, donde murieron dos elementos de la Guardia Nacional y tres del Ejército Mexicano, fueron encabezados por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días por un juez federal.
Ramírez Bedolla explicó que Jesús Rivera Aguirre, alias “El Chuy” o “La Hamburguesa”, líder del CJNG en la región, fue detenido en Zacapu y liberado días después por un juez federal, esto pese a ser considerado un objetivo criminal:
🚨🔥 Tensión en Michoacán 🔥🚨
Tras los enfrentamientos que dejaron 5 militares fallecidos 🕊️, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla culpó a los Jueces de Distrito ⚖️ de la violencia en el estado. ¡Los responsabilizó de tener nexos con la delincuencia organizada ! 😡💥 pic.twitter.com/HeKI1urjvX
“Hay un despliegue intenso que vamos a intensificar. Son células de la delincuencia organizada que tenemos bien ubicadas, eh, con un alto nivel de violencia, lo que se le llama “generadores de violencia” muy altos.
Entre ellos está, precisamente—, todo indica, los indicios apuntan a que está—una de estas personas, una de estas células comandadas por, eh, una persona que fue liberada por un juez federal en días pasados.
Entonces, lo vuelvo a repetir: el esfuerzo es constante, es continuo, pero la impunidad de los jueces federales es impresionante. Su corrupción, sus ligas con la delincuencia organizada están claras y, bueno, eso hace más difícil el combate”.
En redes sociales circularon imágenes de balaceras.
Ramírez Bedolla responsabilizó al Poder Judicial y manifestó que era necesario “zarandearlo” pues, cuando se captura a un implicado en delitos federales, es común que sea liberado en 24 o 72 horas, lo que fortalece a la delincuencia.
CON PONCHA LLANTAS EMBOSCARON A LA GUARDIA NACIONAL
El conflicto entre integrantes del CJNG y las fuerzas armadas inició en San Antonio de Rivas, municipio de La Barca, Jalisco. Durante los enfrentamientos, al menos cinco vehículos fueron incendiados, y en distintos puntos de las carreteras se localizaron estrellas ponchallantas, las cuales provocaron que una unidad del Ejército Mexicano quedara varada en la carretera que conecta Chilchota con Zamora.
— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 17, 2025
Cuando los soldados descendieron del vehículo para cambiar los neumáticos, fueron emboscados por varios civiles armados ocultos en la orilla del camino, lo que derivó en un enfrentamiento y el asesinado de dos integrantes de la Guardia Nacional y 3 del Ejército.
CARRETERAS SIN NARCOBLOQUEOS
Tras el incendio de 5 vehículos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó la activación de un operativo en apoyo en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan. Asimismo, aseguró que las carreteras están libres de narcobloqueos.
Tras la agresión a elementos del #EjércitoMexicano y la @GN_MEXICO_ en Chilchota y Jalisco, con un saldo de cinco oficiales fallecidos y dos heridos, la #GuardiaCivil desplegó un operativo interinstitucional en Zamora, La Piedad y Jiquilpan para localizar a los responsables. pic.twitter.com/E2oJ4YyWZh
Cabe recordar que el pasado 5 de marzo se registraron hechos similares, cuando un grupo armado atacó una patrulla de la División de Seguridad de Carreteras sobre la autopista Guadalajara-Morelia-México. En ese incidente, dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos y ocho vehículos fueron incendiados.
LA DETENCIÓN DE “EL CHUY”
A inicios de marzo, Jesús Rivera Aguirre, alias “El Chuy”, presunto jefe de plaza del CJNG en Zacapu, fue detenido en un operativo conjunto de las tres órdenes de gobierno. Su arresto desató una ola de violencia en el centro de Zacapu, donde un grupo de civiles armados, a bordo de cinco vehículos, protagonizó un enfrentamiento contra personal castrense y la Guardia Nacional.
Los hechos generaron pánico entre la población, suspensión de clases y refuerzo de patrullajes en la zona. A pesar de ser señalado por sus vínculos con el CJNG y su historial delictivo en otros grupos criminales, así como de agredir a fuerzas de seguridad federales y militares, un juez federal resolvió su no vinculación a proceso, de acuerdo con medios locales, esto debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó una investigación sólida.
De acuerdo con el amparo 272/2025, se deberá elaborar un programa nacional de desminado, así como contemplar recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución de dicho programa y revisar los criterios, indicadores y mecanismo de evaluación.
Un juez del primer Distrito del estado de Michoacán, ordenó mediante un amparo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla junto con las dependencias a retirar y localizar lugares donde existan minas terrestres utilizadas por el crimen organizado.
De acuerdo al amparo 272/2025, consideró que hay una omisión de desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de mina terrestre por parte del crimen organizado.
En ese sentido, el documento señaló que se violaron derechos constitucionales considerados en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 21 y 29.
“Deberán elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar: La extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas. Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa, así como los criterios, indicadores y mecanismo de evaluación sobre la eficacia de dicho programa y el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano”, indicó el documento.
Familias afectadas por explosivos en minas terrestres
Tres jornaleros murieron tras la explosión de una mina terrestre en un camino en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero cuando los campesinos se trasladaban a bordo de una camioneta en la comunidad de Las Cruces, a la altura de la ranchería El Tabanero.
Un habitante de la zona reportó la explosión a las autoridades y al llegar encontraron la camioneta volcada y completamente destruida, así como los cuerpos de los jornaleros.
Habitantes señalan que grupos delictivos plagaron caminos con artefactos explosivos
Por su parte, los habitantes del municipio de Santa María del Oro, en Jalisco, dieron a conocer que, en la zona fronteriza con el estado de Michoacán, el Cartel Jalisco Nueva Generación plagó caminos y cerros de artefactos explosivos improvisados.
En el camino están los vestigios de vehículos siniestrados, de montones de cartuchos percutidos de proyectiles de grueso calibre, así como del ganado que ha activado en su caminar algún artefacto explosivo.
Con drones, los habitantes logran identificar los puntos de concentración, seguir el avance y rastrear los recorridos de quienes, desde el otro lado, descargan con furia sus fusiles de asalto, lanzan drones cargados de explosivos y detonan minas terrestres para destruir caminos y bloquear el acceso de las autoridades y los comunitarios.
En febrero de 2024, el Ejército Mexicano estableció una base de operaciones en la localidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán, donde el CJNG se había adueñado y había hecho un narcocampamento, desde donde desplegaba a sus tropas.
En esa ocasión, habitantes de al menos 10 localidades del municipio de Santa María del Oro pidieron al gobierno federal que ampliara la presencia militar en sus comunidades, ya que habían sido objeto de ataques.
Los pobladores de El Vallecillo, Las Higueras, Santa Rosa, Higuerillas, San Vicente, La Taberna y La Soledad, entre otras, también de Santa María del Oro, fueron desplazados recientemente por el CJNG.
A pesar del llamado de decenas de familias, “la federación y el gobierno de Jalisco nos han dejado solos y hoy tenemos que vivir de la caridad, porque nos salimos solo con la bendición de Dios”, expone Javier, un padre de familia y jornalero.
“Demasiada gente ha muerto por las minas; animales, gente y de todo lo que se atraviese por una mina, muere. Tienen muchos lugares donde concentrarse, como a un lado de Zipoco, en Las Pilas, en Lourdes, en El Santuario. Hay muchos lugares en dónde está concentrado el Cártel Jalisco. Ellos vienen del lado de Jalisco, vienen acá a Michoacán. Están molestando a la gente de acá. La gente ya no puede darle de comer a sus vacas, no puede cultivar, ni nada, por culpa de esas gentes”, señalan los comunitarios.
Tras considerar que hubo una mala integración del proceso en contra del presunto líder delincuencial, Rubén García Mateos, juez de Distrito, adscrito al Centro De Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resolvió, el 5 de marzo de 2025, no vincular a proceso a Jesús Rivera Aguirre, alias “Don Chuy”, “El Gordo Chuy” y/o “La Hamburguesa”, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en dicha entidad.
El juzgador federal ordenó su liberación, luego de que “El Chuy” permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, con sede en Morelia -también conocido como “Mil Cumbres”-, desde que, el 25 de febrero de 2025, fue detenido en Zacapu, Michoacán. Ello a pesar de que estaba acusado de delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Tras su detención -junto a otras tres personas-, en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), se reportaron enfrentamientos armados en varios puntos de la cabecera municipal, así como bloqueos y quemas de unidades en Zacapu, Tzintzuntzan y Morelia.
Además, la Fiscalía General de la República informó que, tras la detención de “La Hamburguesa”, el cuartel militar de la Guardia Nacional (GN) -ubicado sobre la avenida de Las Rosas, en la carretera Zacapu a Villa Jiménez-, fue blanco de un ataque a tiros, causando daños a nueve vehículos oficiales, así como a muros, ventanas, puertas y cortinas del inmueble.
El gobernador de Michoacán y militante de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró, el 25 de febrero de 2025, la detención del presunto capo. Indicó que fue una operación ordenada desde la Ciudad de México y adelantó que había “muchas órdenes” de aprehensión que se estarían ejecutando en días próximos.
“Fue una acción que venía con planeación desde la Ciudad de México y por eso la respuesta [ataques y narcobloqueos] de este grupo delictivo, pero logró la captura del objetivo, que eso es muy importante, relevante en esa zona del estado”, apuntó el gobernador.
“Hubo un cateo y una detención de un objetivo criminal, acciones que están en conjunto con el Gobierno Federal, es una operación que se ejecutó directamente por la FGR por una orden de cateo federal, dimos el respaldo y se capturó a una persona que ya está siendo puesta a disposición de las autoridades federales”, enfatizó Ramírez Bedolla.
Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, criticó, el 5 de marzo de 2025, al juzgador y defendió la forma en la que se efectuó la detención del presunto lugarteniente del CJNG.
“La no vinculación a proceso de ‘El Chuy’, presunto líder de plaza de Zacapu, por parte de un juez federal, constituye un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”, consideró el funcionario estatal.
“A pesar de haberse ejecutado la legal detención, que el objetivo está plenamente identificado y que se detuvo en flagrancia, el juez determinó dejarlo en libertad, poniendo en peligro a la población”, agregó Oseguera Cortés.
En contraste, durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N”, alias “El Cuchillo”, otro presunto líder del CJNG detenido en Michoacán, tres días antes de la aprehensión de “Don Chuy”.
“Con la vinculación a proceso del líder delincuencial Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Cuchillo’, detenido el pasado 22 de febrero [de 2025], en Álvaro Obregón, se consolida el avance de la estrategia interinstitucional en materia de seguridad en Michoacán”, afirmó Oseguera Cortés, quien también informó que en el mes de febrero del presente año fueron detenidos cinco objetivos prioritarios que operaban en las regiones de Zacapu, Tierra Caliente, Morelia y Pátzcuaro.
Las detenciones se dan ante las denuncias del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales durante la gestión de Silvano Aureoles.
Al menos tres exfuncionarios de la administración del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron detenidos la mañana de este sábado por diversos delitos.
Entre ellos se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, quien de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, fue capturado durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
A esta detención se suma la de Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y la de Elizabeth Villegas Pineda, exdirectora de Catastro.
De acuerdo con Latinus, La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Maldonado Mendoza y a Mario Delgado Murillo por presuntamente autorizar la entrega de 4 millones de pesos para la construcción de una obra pública en el municipio de Zitácuaro, de la cual no existe evidencia de que se haya realizado.
Asimismo, indicó que la FGR está a la espera de una orden de aprehensión en contra del exgobernador por el presunto delito de peculado.
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los cargos que pesan sobre las personas mencionadas.
Silvano Aureoles Conejo se desempeñó como gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, convirtiéndose así en último gobernador emanado del PRD en el país.
A pesar de ser uno de los miembros fundadores del partido, su militancia se vio marcada por un desencuentro en 2018 derivado del apoyo que expresó a favor del entonces candidato presidencial priista, José Antonio Meade Kuribreña. El PRD consideró el gesto como una falta de respeto e inició un procedimiento en su contra para sancionarlo o expulsarlo, sin embargo, el asunto se dio por terminado como una forma de mantener la unidad interna.
En 2023, Aureoles Conejo intentó ser candidato presidencial de la alianza PAN PRI, PRD, en el proceso interno del Frente Cívico, pero dicha candidatura recayó en la panista Xóchitl Gálvez, a cuya campaña se sumó en 2024.
En meses previos, estuvo presionando a la dirigencia del PRD para dejar la alianza con el PAN y PRI y que su partido compitiera solo en las elecciones presidenciales, pero finalmente desistió.
Además de unirse a la campaña de Gálvez, Aureoles compitió por una diputación por el distrito 3 de Zitácuaro. Sin embargo, fue derrotado por Mary Carmen Bernal, integrante del Partido del Trabajo (PT) con casi el doble de votos. Tres días después de la jornada electoral compartió un carta en la que expresó su resignación y que sirvió como una despedida de su vida pública.
Denuncias contra Silvano Aureoles
Estas detenciones de exfuncionarios se dan ante las acusaciones del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades en el manejo del gasto público halladas durante el gobierno de su antecesor y que ascienden a más de 5 mil millones de pesos.
Las irregularidades están relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales en predios que fueron adquiridos a sobreprecio y que incluían diversas amenidades, entre ellas un helipuerto, de uso exclusivo del entonces gobernador.
Las denuncias fueron presentadas desde inicios de 2022 e implican delitos por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad.
El pleno del Congreso de Michoacán aprobó el dictamen que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo de manera legal y segura en cualquier hospital del estado.
El dictamen fue aprobado con los votos de Morena, PT, PVEM y del PRD, mientras que los votos en contra fueron del PAN y uno del PT; los legisladores del PRI se ausentaron de la sesión.
El diputado del PT, Baltazar Gaona, se desmarcó de la postura mayoritaria de su bancada, quien argumentó que, de aprobarse, se estaría obligando a los médicos a realizar procedimientos que podrían contradecir sus valores personales y su formación profesional.
Finalmente, las reformas a la Ley de Salud se aprobaron con 23 votos a favor y seis en contra. Mientras transcurría la sesión y se emitían las diversas posturas de los legisladores, manifestantes protestaban a favor y en contra.
Salud tiene 180 días para emitir lineamientos
El decreto entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. En tanto, la Secretaría de Salud local tendrá 180 días para emitir los lineamientos específicos.
El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad, así como la objeción de conciencia para el personal de salud, siempre y cuando no obstaculice el acceso a las personas que así lo requieran.
También se prevé la creación de un registro estatal de procedimientos realizados en instituciones públicas y privadas, asegurando la protección de datos personales.
El 10 de octubre de 2024, con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
De esta manera se reformaron los artículos 118, 141, 142, 143 y 146 del Código Penal de Michoacán, y se derogaron el 144 y el 145, en los que se establecían castigos tanto para las mujeres y personas gestantes, como para el personal de salud que interrumpiera el embarazo.
Actualmente el aborto está despenalizado en 21 entidades, en 19 de las cuales es permitido hasta las 12 semanas de gestación. En Sinaloa se permite hasta la semana 13, y en el caso de Yucatán se despenalizó con una orden judicial pero sigue como delito en el Código Penal estatal.
