Más de 300 organizaciones y redes agrupadas en el Colectivo EPUMx urgieron al Estado mexicano a adoptar medidas “que coloquen los derechos humanos al centro de las políticas públicas, es decir, dejando de lado las políticas que promueven la profundización del poder militar sin controles o las políticas punitivistas violatorias de derechos”, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El colectivo, que durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) dio 318 recomendaciones a México, recordó que las medidas hechas por la comunidad internacional “fueron rechazadas por el Estado”, a pesar de que la violencia afecta “de manera desproporcionada a comunidades enteras y representa un desafío que requiere respuestas inmediatas y sostenibles que pongan al centro la dignidad humana”.

La militarización de la seguridad pública en México de los últimos 20 años es una estrategia “fallida, ya que no sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las fuerzas armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, aseguró Amnistía Internacional.

Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”.

Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.

“No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del ejército están involucrados”, denunciaron organizaciones de derechos humanos, tras el asesinato de seis migrantes a manos de militares en Villa Comaltitlán, Chiapas, el pasado 1 de octubre.

Quien se consideró a sí mismo el presidente más humanista, Andrés Manuel López Obrador, concluye su mandato con la firma de la reforma constitucional que entrega el control, ahora, de la seguridad pública al Ejército, protagonista histórico de masacres en México.

El de izquierda, que durante su campaña afirmó que de llegar a la silla presidencia regresaría a los militares a los cuarteles y su movimiento clamaba el “no a la militarización”, al estar en el poder no sólo no los sacó de las calles, al contrario, les entregó el poder de acaparar obras y con ellas el presupuesto.

Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, afirmó que la ONU reitera su ofrecimiento a México de asistencia técnica para que la reforma a la Guardia Nacional se alinee a los estándares internacionales.

El 4 de diciembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador recién celebraba sus dos años como presidente y fue a Nayarit para supervisar el Canal Centenario, la llamada “obra hidroagrícola del siglo, la más importante del sexenio”.

“Estoy seguro que en este sexenio, antes de que concluya nuestra función, vamos a terminar esta obra con los 8 mil millones de pesos de inversión”, aseguró López Obrador.