La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento de percepciones para el Ejército mexicano: “Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz y la seguridad (…) los llevamos en la mente y en el corazón siempre”, consideró.  

En el día del Ejército Mexicano, en las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, en Cerralvo, Nuevo León, la mandataria federal dijo que a este agrupamiento, además de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se dirigía con “un profundo sentido de respeto y gratitud”.

Como una imposición y no una negociación calificó Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto al envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Estados Unidos, con el objetivo de evitar el cruce de migrantes y fentanilo.

Durante su visita a Mexicali para respaldar a los candidatos de su partido, el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano habló sobre diversos aspectos de la vida pública del estado y del país, donde aseguró que la militarización que se está propagando tendrá consecuencias severas.

Consideró que los tres principales retos del país actualmente son el abasto y la generación de energía, la disponibilidad de agua y la seguridad, ya que estos impactan en diversos ámbitos, entre ellos la inversión.

Comentó que es urgente un cambio en el modelo de política de seguridad, orientado hacia una visión civil, pues —consideró— la problemática no es exclusiva de Baja California, donde aún existen condiciones para hacer un cambio y mejorar la situación, a diferencia de otras entidades como Sinaloa. Al respecto, señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya debería hacerse a un lado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el que rechaza que haya militarización en México.

Además, el organismo destaca que hay una disminución notable en el número de quejas interpuestas ante el organismo contra las Fuerzas Armadas respecto a administraciones pasadas.

Más de 300 organizaciones y redes agrupadas en el Colectivo EPUMx urgieron al Estado mexicano a adoptar medidas “que coloquen los derechos humanos al centro de las políticas públicas, es decir, dejando de lado las políticas que promueven la profundización del poder militar sin controles o las políticas punitivistas violatorias de derechos”, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El colectivo, que durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) dio 318 recomendaciones a México, recordó que las medidas hechas por la comunidad internacional “fueron rechazadas por el Estado”, a pesar de que la violencia afecta “de manera desproporcionada a comunidades enteras y representa un desafío que requiere respuestas inmediatas y sostenibles que pongan al centro la dignidad humana”.

La militarización de la seguridad pública en México de los últimos 20 años es una estrategia “fallida, ya que no sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las fuerzas armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, aseguró Amnistía Internacional.

Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”.

Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.

“No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del ejército están involucrados”, denunciaron organizaciones de derechos humanos, tras el asesinato de seis migrantes a manos de militares en Villa Comaltitlán, Chiapas, el pasado 1 de octubre.