Comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca rechazaron el comunicado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió sobre el derrame de jales de la Minera Cuzcatlán en el arroyo de El Coyote, en el que niega que el cauce fuera contaminado por la actividad minera desde finales de septiembre.

Comunidades de Oaxaca exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una investigación “expedita y urgente” sobre la contaminación del río El Coyote por la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán, en la región de Valles Centrales de Oaxaca, que se extendió hasta el pozo de agua potable que abastece a la comunidad de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa.

De acuerdo con las autoridades municipales y agrarias de las comunidades afectadas, así como de El Vergel y Los Ocotes, por segunda ocasión el río El Coyote presenta sedimentos blanquecinos y espuma “anormal” en su cauce, “lo cual ha cambiado la composición del agua de dicho arroyo”.

El territorio de Temixco, en Morelos, fue declarado por unanimidad territorio libre de minería, con lo que se prohíbe el cambio de uso de suelo y cualquier actividad minera para la extracción de metales y otros recursos.

“Esta declaratoria surge de la exigencia de los pueblos que luchan, mas NO de la voluntad de los gobiernos ni el municipio de Temixco”, aclararon en un comunicado la Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos y Cuentepec Tosepan.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 falló a favor de los ejidatarios de Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, Coahuila, que durante 13 años sostuvieron un juicio por la posesión de 2 mil hectáreas de tierra que la minera La Encantada, filial de la canadiense First Majestic, explotó ilegalmente por más de cuatro décadas.

“Se le hizo justicia al ejido Tenochtitlán y resolvió un problema que tenía más de cuarenta años”, a pesar de las “triquiñuelas” por parte de la empresa, dijo el ejidatario Mario Valdez, ante la resolución de la magistrada Araceli Cubillas Melgarejo.

La comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca, se encuentra en alerta por la actividad ilegal de la empresa minera La Natividad, filial de la canadiense Continuum Resources LTD, y ante “la negligencia e inoperancia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)” para proteger sus derechos como pueblo originario, denunciaron organizaciones y activistas.

En los últimos años, explicaron, la comunidad ha denunciado reiteradamente que La Natividad trabaja de manera ilegal en su territorio, pero “las autoridades han sido omisas ante dichas denuncias, por el contrario, han permitido la extracción de minerales sin ninguna autorización ambiental”.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) denunció «la omisión del estado de Zacatecas» para detener las afectaciones por la operación de la mina Capstone Gold, así como «el hostigamiento por parte del ejército a las personas que están alzando la voz y se manifiestan en contra de la minera».

Pobladores de la comunidad San Nicolás, perteneciente al municipio Cocula, Guerrero, denunciaron este viernes la desaparición de tres hombres, con lo que suman 17 en tres meses.

Atribuyen las desapariciones al grupo delictivo La Familia Michoacana que busca tener el control de la mina Media Luna.

Desde la cumbre desgajada del cerro de la colonia Vista Hermosa, se vislumbra una mina a cielo abierto que devora sin piedad la piel de la tierra. Una fisura expuesta que exhibe las entrañas del suelo. Sus niveles escalonados caen como mandíbulas hambrientas en la excavación. Los montículos de material, como desechos excretados por una máquina, son transportados por camiones de volteo que entran y salen de la mina.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que este martes fallecieron dos trabajadores de una mina ubicada en el ejido de El Mezquite.

De acuerdo con la información de las autoridades, los empleados eran Juan Jesús “N”, de 29 años, y José Guadalupe “N”, de 48 años de edad.

Por sexta ocasión en lo que va de este año y la segunda en menos de una semana, el gobierno de Estados Unidos solicitó al de México usar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC e investigar la denuncia de violación a los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, en el estado de Zacatecas.

Katherine Tai, representante Especial de Comercio (USTR) de la Casa Blanca, hizo el pedido al gobierno mexicano tras recibir las denuncias de los trabajadores de la mina extractora de cobre y zinc.

Un Juzgado en Puebla en Materia de Amparo Civil y de Juicios Federales ordenó a la Secretaría de Economía emitir una resolución que determine la improcedencia de una nueva expedición de concesiones mineras en territorio del pueblo masewal, en virtud de haberle otorgado un amparo al pueblo originario.

Esto ocurre cuando la Secretaría de Economía ha insistido en realizar un proceso de consulta a través de los ayuntamientos en la región. De llevarse a cabo dicha consulta sería revictimizante para el pueblo masewal, ha señalado la Jueza Quinta de Distrito en Puebla.

Los aspirantes punteros en las encuestas para gobernar Coahuila, los empresarios Manolo Jiménez (Va por México) y Armando Guadiana (Morena), proponen seguir impulsando a las plantas acereras y coquizadoras para la producción de carbón, mineral que ha provocado precarización laboral, enfermedades y muertes por su escasa regulación.

En los últimos cuatro meses, un total de siete activistas y comuneros de la costa de Michoacán, específicamente de Santa María Ostula y Aquila, han sido asesinados o desaparecidos. Las agresiones en la zona de la Sierra-Costa de este estado se producen en el marco de una ola de violencia contra defensores del territorio y activistas contra la minería a nivel nacional en lo que va del 2023, como han denunciado defensores, académicos y organizaciones civiles.

“Lo que pasa en Michoacán es sólo una muestra de lo que ocurre en el resto del país“, expuso Nataniel Hernández, integrante de la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). “Hay proyectos mineros en marcha, y otros que fueron suspendidos por la oposición o la resistencia organizada de las comunidades (…) y también hay cierto incremento de agresiones a defensores que han convocado a la resistencia organizada, pacífica y civil, y denunciado las irregularidades de estas empresas mineras”.

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

Un Juzgado de ejecución en Puebla declaró cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Tecoltemi. Con ello se establece que no es factible volver a otorgar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, no es necesaria realizar una consulta y se cierra un proceso legal de ocho años.

El Juzgado, al revisar que desde el 9 de febrero la Secretaría de Economía había declarado no factible otorgar títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 por no ajustarse a la Ley Minera y su reglamento, concluyó cumplida la sentencia de la SCJN.

El 55 por ciento de las 249 operaciones mineras metálicas en el país se realizan sin que existan reportes públicos de emisiones y contaminantes en agua, aire, manejo o suelo en un periodo de 17 años; además de que el 38 por ciento de las operaciones carecían de información sobre una Evaluación de Impacto Ambiental o bien había sido negado el trámite, expuso una investigación de Cartocrítica que fue presentada este día junto con el colectivo Cambiémosla Ya.

Situaciones como ésta han llevado a estas organizaciones y a expertos en la materia a pedir al Congreso de la Unión aprobar el paquete de reformas en materia minera enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de marzo, pues consideran que la Ley Minera actual ha sido una de las más neoliberales y carece de regulaciones estrictas en materia de impacto ambiental y en deterioro de las comunidades mexicanas, como lo exponen las cifras del análisis presentado este día.

Como un triunfo y tras una lucha de dos años, celebraron defensores binnizá -zapotecas- y organizaciones sociales como Código DH, la clausura definitiva de la mina clandestina ubicada en el cerro La Llovizna -sitio sagrado- que operaba a favor de la Cementera Cruz Azul.

Código DH explicó que en mayo de 2022 realizaron una visita al sitio y constataron el uso de explosivos sin autorización, por lo que presentaron una denuncia.

México es el país «más laxo» en materia de legislación y regularización de la minería, pues la Ley Minera de 1992 «dio enormes facilidades y privilegios» a las empresas mineras, con concesiones de hasta cien años para la explotación y «sin dejar beneficios para el pueblo mexicano», denunció el colectivo #CambiémoslaYa.

En un comunicado, el colectivo señaló que la minería en México actualmente se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y la plata, llevada a cabo en 70 por ciento de las minas del país, de las cuales 68 por ciento son propiedad de corporaciones canadienses.