Comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca rechazaron el comunicado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió sobre el derrame de jales de la Minera Cuzcatlán en el arroyo de El Coyote, en el que niega que el cauce fuera contaminado por la actividad minera desde finales de septiembre.

Comunidades de Oaxaca exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una investigación “expedita y urgente” sobre la contaminación del río El Coyote por la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán, en la región de Valles Centrales de Oaxaca, que se extendió hasta el pozo de agua potable que abastece a la comunidad de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa.

De acuerdo con las autoridades municipales y agrarias de las comunidades afectadas, así como de El Vergel y Los Ocotes, por segunda ocasión el río El Coyote presenta sedimentos blanquecinos y espuma “anormal” en su cauce, “lo cual ha cambiado la composición del agua de dicho arroyo”.

El territorio de Temixco, en Morelos, fue declarado por unanimidad territorio libre de minería, con lo que se prohíbe el cambio de uso de suelo y cualquier actividad minera para la extracción de metales y otros recursos.

“Esta declaratoria surge de la exigencia de los pueblos que luchan, mas NO de la voluntad de los gobiernos ni el municipio de Temixco”, aclararon en un comunicado la Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos y Cuentepec Tosepan.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 falló a favor de los ejidatarios de Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, Coahuila, que durante 13 años sostuvieron un juicio por la posesión de 2 mil hectáreas de tierra que la minera La Encantada, filial de la canadiense First Majestic, explotó ilegalmente por más de cuatro décadas.

“Se le hizo justicia al ejido Tenochtitlán y resolvió un problema que tenía más de cuarenta años”, a pesar de las “triquiñuelas” por parte de la empresa, dijo el ejidatario Mario Valdez, ante la resolución de la magistrada Araceli Cubillas Melgarejo.

La comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca, se encuentra en alerta por la actividad ilegal de la empresa minera La Natividad, filial de la canadiense Continuum Resources LTD, y ante “la negligencia e inoperancia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)” para proteger sus derechos como pueblo originario, denunciaron organizaciones y activistas.

En los últimos años, explicaron, la comunidad ha denunciado reiteradamente que La Natividad trabaja de manera ilegal en su territorio, pero “las autoridades han sido omisas ante dichas denuncias, por el contrario, han permitido la extracción de minerales sin ninguna autorización ambiental”.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) denunció «la omisión del estado de Zacatecas» para detener las afectaciones por la operación de la mina Capstone Gold, así como «el hostigamiento por parte del ejército a las personas que están alzando la voz y se manifiestan en contra de la minera».

Pobladores de la comunidad San Nicolás, perteneciente al municipio Cocula, Guerrero, denunciaron este viernes la desaparición de tres hombres, con lo que suman 17 en tres meses.

Atribuyen las desapariciones al grupo delictivo La Familia Michoacana que busca tener el control de la mina Media Luna.