Las minas llevan más violencia a Sinaloa… y además dañan el agua para el agro y consumo humano

Esperanza Kazuga, consejera de Voces Unidas por el Agua, lamentó que ante las condiciones de inseguridad es escasa la vigilancia en las minas, sobre sus procedimientos en el manejo de residuos, por lo que los riesgos son latentes no sólo para la actividad agrícola, sino para la pesca e incluso el consumo humano. La mina La Cieneguita, que pertenece a la Minera Río Tinto, extrae oro y plata, una industria que en sus procedimientos utiliza metales pesados para la obtención y purificación de los minerales. Aunque la violencia en la región minera es un problema de años atrás, fue en el 2017 cuando las pugnas entre delincuentes detonaron el desplazamiento forzado de casi veinte comunidades y el cierre masivo de empresas mineras, cuyos dueños eran extorsionados.

La organización civil Voces Unidas por el Agua, conformada por académicos y empresarios, advirtieron que los derrames de jales mineros ponen en peligro la actividad agrícola en los valles de Sinaloa, debido a que una gran cantidad de minas se ubican sobre la parte alta de las cuencas y sus residuos pueden terminar en presas y ríos que desembocan en esta entidad.

Reapertura de mina de Arcelia causó desplazamiento forzado: Centro Morelos

En el municipio de Arcelia en la Tierra Caliente de Guerrero, se vive un doble asedio tanto por parte del crimen organizados como por la minería. En dicho municipio se encuentra en la zona donde el año pasado ocurrieron fuertes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y donde esta semana se anunció la puesta en marcha de la Mina de Campo Morado por la empresa canadiense Telson Reosurces.

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener). También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

Minería en México invade bosques y selvas

“En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país”.

Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.

Exigen cancelación inmediata de concesiones mineras a la empresa First Majestic en Zacatecas

Integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites, del municipio de Chalchihuites en Zacatecas, exigieron al gobierno federal la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a la empresa First Majestic, la cual opera en el territorio desde 2007 a través de la la Unidad Minera El Toro, compuesta por las minas San Juan, San Nicolás y Dolores.

Explicaron que las minas en el municipio fueron instaladas sin la consulta y autorización del cabildo y los habitantes y que desde entonces han notado los efectos nocivos para la naturaleza y la salud de la población, como el desabasto de agua, devastación de las tierras y daños físicos en la piel, ojos, aparato respiratorio y oídos.

Minera canadiense con historial de despojo y muertos en el país derrama cianuro al río Piaxtla

La minera canadiense en San Dimas, Durango, vertió 200 litros de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente. Organizaciones exigieron una valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en territorio sinaloense y urgieron a tomar medidas, ya que, señalan, la Profepa se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”. En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono. Pero la minera es acusada de más. Por ejemplo, de haber despojado de sus tierras a ancianos de Coahuila.

El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.

Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.

El Gobierno de México los ignora, e indígenas se van a los países de mineras para acusar atropellos

Habitantes de comunidades de Oaxaca, Puebla y Chiapas –apoyada de organizaciones sociales– han decidido buscar que desde el extranjero se haga justicia contra las empresas que afectan sus comunidades. Las empresas que están en la mira son la francesa de energía eólica propiedad de la trasnacional Electricité De France, y las mineras canadienses Almaden Minerals y Blackfire Exploration. “Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades”, criticó Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.

El Gobierno de México da la espalda a las comunidades originarias, mientras beneficia intereses económicos de grandes empresas extranjeras que llegan al territorio nacional a devastar pueblos enteros y a provocar daños medioambientales, sociales, de salud y culturales. Ante este panorama de derechos humanos violentados y oídos sordos de las autoridades, afectados y organizaciones de la sociedad civil han salido a buscar justicia en el extranjero.

Recientemente, al menos tres casos de violaciones a los derechos humanos de comunidades mexicanas, dos de ellas indígenas, por parte de industrias extractivas extranjeras han llegado al exterior en busca de justicia.

Indígenas rechazan concesiones mineras en territorio yaqui

Los indígenas de la tribu yaqui rechazaron la imposición de proyectos mineros en su territorio como respuesta a los “rumores” sobre la entrega de 17 concesiones por parte del gobierno federal a empresarios en Sonora, sin haber consultado previamente a los pueblos afectados.

Piden intervención de Astudillo para evitar enfrentamiento por conflicto minero en Guerrero

El paro laboral en la mina de Media Luna filial de Torex Gold en Cocula, por la disputa del contrato colectivo entre líderes de la CTM y el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, cumplió más de dos meses y la tensión entre ambos grupos aumenta de manera proporcional a la inacción gubernamental.

Al respecto, David Díaz, comisario de la comunidad de Nuevo Balsas -donde se encuentra asentada la mina canadiense-, anunció públicamente que mientras siga el plantón y el paro de labores en la puerta tres de la empresa, también van a continuar los bloqueos carreteros que conectan a la planta y afectan a tres poblados de los municipios de Cocula y Tepecoacuilco.

Habitantes de Puebla van a Canadá para frenar proyecto de minera Almaden Mineral

Ante la “devastación actual” generada por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración.

Los habitantes de la zona realizarán una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios, inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”.

Astudillo condena paro en mina canadiense y calla sobre el asesinato de dos trabajadores

El gobernador Héctor Astudillo Flores condenó el conflicto laboral que mantiene cerrada desde la semana pasada la mina en Cocula de la empresa canadiense Media Luna, Torex Gold Resources.

Sin aludir a la ejecución de dos mineros que participaban en las protestas para exigir independencia sindical, el mandatario advirtió que el paro que mantienen 800 trabajadores que rechazan afiliarse al sector priista de la CTM y permanecer en el sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, está perjudicando de manera grave a la minera extranjera porque impacta negativamente sus acciones “en la bolsa de valores de Canadá”.

Comunidades chiapanecas ganan batalla contra explotación minera en Escuintla; firman acta para el retiro de maquinaria e infraestructura

En un comunicado difundido por las Juventudes por la Liberación Nacional (JLN), se informa que las comunidades organizadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla en la región del Soconusco -Sierra Madre de Chiapas- han recibido positivamente el fruto de su esfuerzo de lucha al firmar un acta que pone el alto a la explotación minera el pasado 13 de septiembre, logrando que la empresa retire de inmediato la maquinaria, carros, vehículos de volteo y toda infraestructura en general que ha afectado desde hace dos años el territorio chiapaneco.

Comuneros de Zacatecas acusan despojos de terrenos y violencia por parte de minera canadiense

A dos años de haber sido demolidas sus casas, 150 familias de la comunidad La Colorada, en Chalchihuites, Zacatecas, reclaman a la minera Plata Panamericana, subsidiaria de la empresa canadiense Panamerican Silver Corp Mexico, que les reconozcan la propiedad de los terrenos e indemnicen los perjuicios. La mina “La Colorada”, ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, extrajo mil 300 toneladas diarias en el 2014, y en unos meses pretendía alcanzar mil 800, de los cuales se obtiene plata, oro, plomo y zinc. No hay planes para que la empresa se vaya pronto. La minera invirtió 163 millones de dólares entre el 2014 y el 2017 para la construcción de nueva infraestructura. Al tiempo que autoridades locales del Partido Revolucionario Institucional, como el presidente municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, intenta calmar la indignación con despensas, denunciaron apoderados legales de la comunidad.

Pobladores de la comunidad La Colorada señalaron haber sido descartados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante su demanda de ser despojados de sus propiedades por la minera Plata Panamericana.

Crean frente contra Grupo México por contaminación del río Sonora

En su tercera asamblea anual, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acordaron hacer un frente común contra Grupo México, debido a que la empresa minera, propiedad de Germán Larrea, ha incumplido con su responsabilidad y los compromisos de remediar la zona afectada con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido hace tres años.

“Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir”: habitantes de La Colorada ante despojo de minera canadiense

En La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, no cesa el despojo y el desplazamiento de la comunidad por parte de la minera canadiense Pan American Silver. En un pronunciamiento, la asamblea general de la comunidad La Colorada hace un llamado y denuncia las graves violaciones a sus derechos humanos y territoriales por parte de la empresa canadiense que desde hace tres años destruyó sus casas, los despojó de sus tierras,  los hostiga y amenaza, destruye a la Madre tierra y los hace vivir en una permanente incertidumbre.

Responsabilizan a gobierno de Zacatecas por desplazamiento para favorecer minera de Slim

El gobierno del Estado violó derechos de los habitantes de la comunidad de Salaverna, donde opera la empresa minera Tayahua de Carlos Slim, quienes fueron desalojados el 23 de diciembre del 2016 de la comunidad, según un informe de la Comisión estatal de los derechos humanos que hizo público el expediente después de que la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, rechazó las recomendaciones que le hizo el organismo.

La presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, señaló que el gobierno del estado debió proteger a la población de la comunidad y no otros; en este caso, de la Compañía Minera Tayahua, y dio la calidad de desplazados a los afectados, de acuerdo con los parámetros y criterios internacionales, particularmente para los afectados por las actividades mineras.

Empresas transnacionales, con historiales de corrupción y violaciones de derechos humanos: organización

La participación de empresas transnacionales con operaciones extractivas en México “despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental”, señaló el informe “Las actividades extractivas en México: estado actual 2016”, realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

A pesar de que los daños que generan los proyectos extractivos, las empresas cuentan con el respaldo legal por ser considerados sus servicios como “de utilidad pública”, lo que las ubica por encima de otras actividades económicas y sociales, así como de los derechos humanos y el medio ambiente, agrega el informe.

Las mineras y el gobierno, vampiros insaciables

Los gigantes mineros han recibido un trato de privilegio inaudito. Se les han perdonado pagos de impuestos por cientos y cientos de millones de pesos; se les han construido obras con dinero público y se les ha ofrecido un marco de impunidad. Todo a cambio –en el mejor de los casos– de una promesa de progreso para las comunidades en que se asientan. Pero uno de los análisis más rigurosos realizados a la fecha desmonta esa falsedad: las empresas extractivas perpetúan la pobreza y expolian. Sólo, pues, se enriquecen ellas y las autoridades que las favorecen.

La promesa de que el desarrollo y la abundancia vendrán de la mano de proyectos mineros es un engaño: los municipios de Mazapil, Zacatecas; Ocampo, Sonora; o Eduardo Neri, Guerrero, se dedican a la extracción de oro desde hace décadas, y más de 20% de su población vive en la pobreza extrema.

Informe de la ONU es “condescendiente” y “solapa” al gobierno: Red Mexicana de Afectados por la Minería

El análisis que presenta el informe del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “condescendiente”, “insultante”, “oneroso” y “solapa” las instancias de gobierno, aseguró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

De acuerdo con la Red, el documento no refleja las violaciones a los derechos humanos y los impactos de las empresas sobre la población y el ambiente, mientras que sí minimiza las consecuencias perniciosas de las actividades extractivas, principalmente la minería.

Más de 11 millones de mexicanos tendrían agua si no fuera utilizada por mineras: estudio

Más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados a las mineras en México fueron registrados en 2016, lo que significa 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos anuales del recurso que, de no ser utilizados para la minería, abastecerían a 11 millones 962 mil 830 personas en un año, señaló el “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”.

Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las empresas mineras que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año. Estas empresas son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.