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jueves, 18 de mayo de 2017

Empresas mineras amenazan, golpean y asesinan a defensores de la tierra: REMA

La Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que los grupos defensores de la tierra y que se oponen a esta práctica son hostigados y criminalizados por quienes encabezan los proyectos extractivos, principalmente en Puebla, Durango, Oaxaca y Chiapas.

La REMA aseguró que el en todos estos casos “hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales” para lograr intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería, y que incluso han golpeado, desaparecido o asesinado a los representantes y activistas que junto con los pobladores de las comunidades afectadas luchan como forma de resistencia a la imposición de los proyectos.

lunes, 8 de mayo de 2017

Denuncian los mineros de Sombrerete confabulación de Grupo México y STPS


Buscan terminar con la huelga, como en Cananea, señalan

Grupo México y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están operando de forma conjunta un ‘‘fuerte golpe’’ contra los trabajadores en huelga de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, similar al de Cananea, Sonora.

Denunció lo anterior el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual expuso que empresa y autoridades utilizan mecanismos ‘‘legaloides’’ para que se desconozca el paro y se finiquite la relación laboral.


lunes, 10 de abril de 2017

Activistas denuncian “contubernio” entre el gobierno de Chiapas y mineras

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunciaron el contubernio del gobierno de Chiapas con las empresas mineras que amenazan la seguridad, el medio ambiente y la salud de pobladores en la Costa y Soconusco.


En conferencia de prensa, los integrantes del FPDS, Libertad Díaz, de Otros Mundos AC/REMA, y Miguel Ángel Mijangos, de Procesos Integrales para la Autonomía de los Pueblos (PIAP)/REMA, así como Sandra Urania, investigadora de la UNICACH y Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, denunciaron que el gobierno omite las denuncias que le han hecho y por el contrario, mantiene su apoyo firme a la minería extractiva.

martes, 4 de abril de 2017

Sin concesiones, minera canadiense busca extraer recursos en Puebla

La minera canadiense Almaden Minerals continúa con sus operaciones de exploración en el Proyecto Ixtaca, ubicado en Puebla, para proceder con la extracción de oro y plata sin tener el título de concesión desde hace dos años, y tampoco otorga la información completa sobre sus acciones a las autoridades mexicanas mientras cotiza una nueva fase de expedición, a pesar de que enfrenta un recurso legal interpuesto por comunidades indígenas de la zona, denunciaron organizaciones y pobladores afectados.

De acuerdo con los habitantes del municipio afectado de Ixtacamaxtitlán, las violaciones cometidas por la empresa, entre las que se incluye su negación a realizar la consulta previa e informada a las comunidades indígenas, cuentan con el respaldo de los tres niveles de gobierno mexicanos, especialmente las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía, la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalaron.

martes, 21 de febrero de 2017

Presidencia impugna impuesto ecológico en Zacatecas ante SCJN

El estado creó impuestos por metro cúbico de piedra extraída en la minería y por cada tonelada de bióxido de carbono emitida en el proceso.

La Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar impuestos “ecológicos” creados en Zacatecas.


Dichos impuestos tienen como objetivo remediar los daños ambientales derivados de la extracción minera.





En el recurso presentado por Humberto Castillejos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, se impugna el gravamen impuesto por metro cúbico de piedra extraída y uno más de 250 pesos que grava cada tonelada de bióxido de carbono emitida, entre otros.


De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el impuesto a bienes nacionales el estado de Zacatecas excedió sus facultades legales e invadió otras que son exclusivas de la federación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2002/mexico/presidencia-impugna-impuesto-ecologico-en-zacatecas-ante-scjn/

lunes, 20 de febrero de 2017

Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación


El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces o 159.6 por ciento los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de la Secretaría de Economía (SE), otorgó de manera directa 12 mil 389 millones 859.8 mil pesos en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoría que aplicó la ASF a la cuenta pública de 2015.

Sin embargo, esa cifra representó más del doble de los 4 mil 774 millones 412 mil pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros, indica otra revisión practicada por la ASF a la Secretaría de Economía (SE) sobre la política pública de minería, así como a programas y organismos a cargo de ésta.

Ello a pesar de que 54.7 por ciento del monto recaudado correspondió a nuevos derechos que se estipularon con la reforma fiscal de 2014, cuyo objetivo, según la ASF, era lograr una recaudación más constante y justa, entre ellos un pago extraordinario de 0.5 por ciento sobre los ingresos que obtuvieran las mineras por oro, plata y platino extraídos.

Durante el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derechos fue de 22 mil 396.9 millones de pesos, los cuales representaron 1.3 por ciento del billón 714 mil 342.8 millones de pesos que generó la explotación de oro, plata, cobro, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita, detalló la ASF en una auditoría.

La dependencia subrayó que, a pesar de que el objetivo del Fifomi es apoyar a las pequeñas y medianas mineras, a partir de 2011 y hasta 2015 se registró un incremento en el respaldo a las grandes compañías.

En 2015 existían 9 mil 213 mineras, pero las grandes compañías del sector acapararon 73.6 por ciento de la explotación de minerales en el país. En tanto, 18.2 por ciento correspondió a medianas y sólo 8 por ciento a pequeñas.

Tampoco ha sido proporcional el total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para explotación, destacó la ASF. En 2001 se otorgaron 936 títulos de concesión para 283.5 mil hectáreas en total, pero en 2015 el número bajó a 853 títulos y se concesionaron un millón 751.7 mil hectáreas, lo que representó un incremento de 517.9 por ciento. Dicho de otra manera, en 2001 el promedio de hectáreas por concesión fue de apenas 300 y en 2015 rebasó 2 mil por título.

La diferencia entre los créditos otorgados por el Fifomi y la recaudación proveniente de la industria minera se ahonda si se toma en cuenta que el fideicomiso gestionó otros 3 mil 745 millones 340 mil pesos de créditos a las empresas del sector mediante intermediarios bancarios y especializados. Ello implica que en total los créditos ascendieron a 16 mil 135 millones 200 mil pesos, es decir, 3.3 veces más de lo recaudado.

La ASF sólo analizó los créditos otorgados de manera directa por el Fifomi por conducto de sus cinco gerencias regionales y encontró que en dos de ellos, cuyo monto en conjunto asciende a 127 millones 719.8 mil pesos, no se proporcionaron los informes de verificación de la garantía, con los que se constata la existencia, estado físico y posible valor de los inmuebles dejados en garantía.





Fuente: La Jornada
Autora: Susana González G.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/economia/022n1eco

domingo, 19 de febrero de 2017

Ejidatarios despojados de sus tierras por minera de EU llevan su caso al Senado

Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, Sonora se presentarán mañana lunes ante el Senado de la República para exigir que les restituyan sus tierras que les fueron ilegalmente despojadas por la minera estadunidense Penmont, informó un representante de los ejidatarios.

José de Jesús Robledo Cruz, presidente de la asamblea de los ejidatarios, dijo que esperan que los senadores tomen un punto de acuerdo para exigir las resoluciones del Tribunal Agrario que obligan a la minera a regresarles sus tierras.

“Esperamos que no ocurra lo mismo que con el señor presidente de la República, a quien pedimos su intervención para que se solucione el problema y no obtuvimos respuesta”, dijo Robledo Cruz en entrevista telefónica.

“Vamos a la Cámara del Congreso de la Unión para pedir que tome un punto de acuerdo, que respete y haga respetar los derechos humanos que tenemos como personas, sujetos de la clase campesina”, agregó.

El representante ejidal recordó que la minera Penmont se aprovechó de su necesidad económica y analfabetismo y los engañó.

“Nos hizo firmar documentos, muchos en blanco, que utilizó para ocupar las tierras y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas, haciendo imposible el aprovechamiento de nuestros derechos agrarios”, expresó Robledo Cruz.

Añadió que para recuperar sus tierras, los ejidatarios han promovido juicios en el Tribunal Agrario de Hermosillo, en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Quinto de Circuito, incluso ya intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a pesar de ello no se restablece el Estado de Derecho.

“El Estado mexicano viola nuestro derecho de acceso a la justicia, pues a pesar que existen 44 sentencias que son cosa juzgada, en la que se condenó a minera Penmont a restituir las tierras ejidales, así como a devolver todo el oro y minerales sustraídos de las tierras ejidales, las autoridades evaden la obligación de ejecutar sus resoluciones”, dijo Robledo Cruz.

Añadió que Alberto Bailléres González, copropietario de la empresa minera, se niega a cumplir con las 44 sentencias antes mencionadas, devolver el oro sustraído y restituir las tierras en el mismo estado en que se encontraban cuando entró a ocuparlas.

La empresa minera fue apoyada por Manlio Fabio Beltrones Rivera y Claudia Pavlovich Arellano ante las autoridades militares para que le autorizaran los permisos para uso de explosivos y pudiera continuar saqueando y contaminando las tierras.

“La Procuraduría Agraria al principio nos brindó asesoría pero siempre favoreciendo a la minera, pues nos consta que la empresa entregaba dinero a los abogados agrarios de esa dependencia”, afirmó el presidente de los ejidatarios.

Posteriormente el magistrado Benjamín Arellano Navarro autorizó  a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, para que ocupara las tierras ejidales.

“Con relación a estos hechos formulamos una denuncia penal ante la Procuraduría General del Estado de Sonora en contra de Rafael Pavlovich Durazo, por el delito de robo y los que resulten; otra denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del magistrado agrario.

“Denuncias que vemos que no se atienden, además de que a muchos de nosotros nos consta que agentes del Ministerio Público de la Federación han acudido al lugar de las tierras ejidales, en coordinación con los dueños y representantes de la empresa minera, por lo que las diligencias que desarrollan siempre favorecen a dicha empresa”, concluyó Robledo Cruz.





Fuente: Proceso
Autor: Juan Alberto Cedillo
http://www.proceso.com.mx/475018/ejidatarios-despojados-sus-tierras-minera-eu-llevan-caso-al-senado

sábado, 11 de febrero de 2017

No sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio: organización contra AMLO

Tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que propone “suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) redactó una carta en la que expone los riesgos para las comunidades y el medio ambiente que representa el modelo extractivo minero.

En el texto, REMA denuncia que las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales, y que particularmente Canadá, que es el país con el que AMLO pretende negociar, “no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado”.

“Si estos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales, entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio”, denuncia REMA en la carta.

De la misma forma, la Red manifestó su preocupación ante los nexos políticos y operativos con allegados a la familia Salinas Pliego, precursores de la minería. “Nos preocupa que, en su decálogo, las empresas mineras, tan terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política que usted plantea”.

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A continuación, la carta completa:

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA) – A 8 de febrero del 2017

Sr. Andrés Manuel López Obrador,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hacemos el siguiente posicionamiento en respuesta al decálogo que usted plantea para enfrentar las amenazas realizadas hacia el gobierno mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump.

Antes queremos aclararle que la REMA no tiene ninguna afiliación o vínculo con partido político alguno, de tal manera que nuestro posicionamiento se circunscribe especialmente a uno de los puntos que usted plantea en su decálogo, mismo que nos preocupa sobremanera, toda vez que en general, la clase política de este país sigue sorda y muda ante las recurrentes denuncias que la sociedad, y en especial la REMA, ha realizado contra las empresas mineras que trabajan en México y en Latinoamérica.

Vemos con profunda preocupación que en su decálogo hace referencia a su propuesta de “suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente.”

Es importante que sepa que el Modelo Extractivo Minero por naturaleza es esencialmente insustentable pues extrae recursos naturales no renovables, y durante su proceso de extracción destruye y contamina todos los bienes naturales que le rodean. El minero es de los procesos extractivos que mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta contaminación es prácticamente irreversible.

El Modelo Extractivo Minero se sustenta en el ánimo de obtener la mayor ganancia posible, y es precursor de la destrucción de los derechos laborales, porque fue el primero en promover/adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbola y fomenta la aparición de sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina y por si fuera poco, cada vez más utiliza el outsourcing como su principal medio para la contratación de trabajadores, quienes bajo este “esquema laboral” literalmente quedan descobijados de sus derechos laborales.

Las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales. La minería en México de capitales privados o extranjeros no incorpora a sus costos y ganancias el agotamiento y el daño irreversible al medio ambiente, ni las consecuencias generadas a largo plazo, simplemente porque si lo hiciera sería económicamente inviable; el modelo minero se basa en la desposesión y el desplazamiento forzado para tener condiciones para la concentración de tierras, destruye territorios y ecosistemas aun a varios cientos de kilómetros a la redonda, crea serios conflictos comunitarios aplicando técnicas para el manejo de conflictos, mismos que se orientan para provocar la división comunitaria, la expulsión de pueblos enteros y utiliza a las fuerzas públicas para cuidar sus instalaciones o recurre a grupos fácticos y criminales, con los cuales someten a las comunidades que intentan defenderse de alguna empresa que entró con engaños o entró en contubernio con los políticos locales quienes operan a favor de este tipo de empresas.

De lo anterior hay cientos de ejemplos documentados tanto en México como en Latinoamérica incluyendo Canadá, en donde vale la pena resaltar están quizás de las minas más contaminantes del mundo en donde también han sido desplazados las comunidades indígenas de ese país.

REMA lucha todos los días para acabar con esta simulación de un discurso falso de progreso y desarrollo que para las empresas mineras es imposible defender, porque su realidad es tan abrumadora que espanta, a la vez que no hay un sólo resquicio para que científica o epistemológicamente se puedan defender. Luchamos también para que las empresas dejen de suplantar al Estado y utilizar oropeles mezquinos que pomposamente dirigen para el desarrollo de infraestructura pública y privada con el único fin de facilitar la extracción.

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Los intereses de las empresas mineras están por encima de los derechos humanos, están por encima de los principios consagrados en la constitución y se ven reflejados en leyes a modo que, como la Ley Minera, facilitan su ingreso, su saqueo y se mueven ante la impunidad por los daños e incumplimientos que generan.

Igualmente nos preocupa que usted tenga nexos políticos y operativos con allegados a la familia Salinas Pliego, precursores de la minería. Nos preocupa que, en su decálogo, las empresas mineras, tan terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política que usted plantea.

Nos preocupa que caiga en el error de seguir los pasos de los países neoextractivistas, como Bolivia o Chile quienes pensaron que al “seudonacionalizar” la extracción, la felicidad, el progreso y el desarrollo llegarían juntos. El Modelo Extractivo Minero es depredador, la minería a cielo abierto y la de tumbe y relleno no es ni será nunca sustentable, verde, ni socialmente responsable, como erróneamente lo platean cámaras de comercio o como sucede desde la propia ONU, en donde ya se cabildean, lamentablemente con organizaciones ecodespistadas, la implementación de una “Línea Base” para que estas empresas operen bajo los principios rectores, que no son más que acciones voluntarias y desvinculadas de la ley y que en nada apoyan a la rendición de cuentas de empresas que han masacrado a la naturaleza, asesinan a quienes se les oponen y generan graves e irreversibles daños a la salud de la población.

Su interés en promover la inversión canadiense deja mucho que desear, no sólo porque las mineras canadienses concentran el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país, sino porque es justo en Canadá donde se gestó el actual Modelo Extractivo Minero Depredador. Es importante que sepa que Canadá no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demoró 4 años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En México, las empresas mineras canadienses Gold Corp, Blackfire Exploration, Torex Gold Resources Inc., Excellon Resources, Almaden Minerals, Minaurum Gold Inc Co, Pacific Rim Mining, Oceana Gold, Fortuna Silver, Panamericana Silver, Teck Resources Limited, entre otras, han declarado una guerra abierta a los pueblos y al campo que usted mismo pretende defender. Si estos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales, entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente contradictorio.

Basta señalar que estas empresas, en especial la Torex Gold Resources Inc. y la Goldcorp, han establecido todo un lobby político para que el embajador de Canadá en México vaya felizmente promoviendo la inversión minera en el estado de Guerrero, mientras que desde el propio Canadá, envían una alerta para que los turistas canadienses se abstengan de visitar suelo guerrerense por la alta criminalidad que existe y que se agrava en tierras ocupadas por estas empresas mineras, por los fuertes vínculos que mantienen las empresas con el crimen organizado. Pregonan que la inversión con sangre venga al territorio mexicano, pero que los canadienses no visiten los sitios violentos en donde las mineras trabajan sin detenerse un sólo día al año.

Desde la REMA le queremos compartir lo que ya en varios momentos hemos hecho con otros actores políticos; usted no tiene por qué saber de minería puesto que su formación se orienta a otros menesteres, sin embargo, sí es responsabilidad de usted no tener en su equipo una persona que lo oriente correctamente sobre la política nacional, sobre la inversión, sobre la minería, sobre la soberanía y la participación social, sobre los pueblos indígenas y campesinos.

Le reiteramos que hay cientos de experiencias de lo que aquí manifestamos. No estamos elucubrando; el Modelo Extractivo Minero es Depredador y no basta con “mejorarlo”, “atenuarlo” o “reglamentarlo mejor”, puesto que ello es imposible. Hoy la Extracción Minera es el sistema técnico y tecnológico más depredador del planeta. Desde nuestra humilde contribución a su decálogo, le decimos que esa inversión hay que desterrarla del país.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/no-solo-no-entendemos-llamado-soberano-bien-comun-sino-totalmente-contradictorio-organizacion-amlo/

miércoles, 1 de febrero de 2017

Mineros de Zacatecas exigen anular impuesto ecológico

Durante más de 15 horas, miles de trabajadores mineros sindicalizados bloquearon la autopista Zacatecas-Fresnillo, los accesos al aeropuerto Leobardo C. Ruiz y el parque Industrial Calera, inconformes con la aprobación de un impuesto ecológico que propuso el gobernador Alejandro Tello y que empezará a cobrarse a partir de este año a las empresas mineras en la entidad.

Los mineros que participaron en los bloqueos laboran en las empresas de Grupo Peñoles y Grupo Frisco, propiedad de Alberto Bailleres y Carlos Slim, respectivamente, que operan en cuatro unidades en el estado. Según el gobierno del estado, ambas estuvieron de acuerdo con el nuevo impuesto.

Tras las protestas, el gobernador advirtió que presentarán denuncias penales, y acusó a las empresas de actuar irresponsablemente “engañando y utilizando a sus trabajadores”.

En un mensaje difundido a través de Twitter al iniciar los bloqueos, Tello escribió: “Amañar la información a los trabajadores y utilizarlos para delinquir, no es algo que los #zacatecanos esperamos de empresas serias”.

Más tarde, por la misma vía, dio a conocer que emitió un decreto para impedir que las utilidades de los trabajadores mineros se vean afectadas por el nuevo impuesto que, insistió, ayudará a incrementar la infraestructura ecológica en la entidad. Y subrayó que no había pretextos para seguir obstruyendo las vías de comunicación.

“Ahora sí veremos quién está con #Zacatecas”, publicó en un mensaje, poco después de las 9 de la noche.

El Impuesto de Responsabilidad Ecológica que propuso el gobernador pretende gravar la extracción de minerales y materiales distintos a los señalados en el artículo 4 de la Ley Minera (oro, plata, plomo y zinc, principalmente), del suelo y el subsuelo, mediante procesos a cielo abierto, así como por la emisión de algunas sustancias a la atmósfera, el almacenamiento de contaminantes y residuos en suelo y vertederos públicos o privados.

Los bloqueos iniciaron a las 7 de la mañana del martes, y pese a las reuniones que se celebraron entre los líderes sindicales (de la agrupación encabezada por Carlos Pavón, de FRENTE) y funcionarios estatales, entre ellos el subsecretario de Gobierno Julio César Flores, no hubo manera de que los inconformes se retiraran de los plantones antes de las 22:30 horas.

Decenas de traileros, junto con sus unidades, permanecieron varados en la carretera federal 45, después de que los manifestantes se instalaron en el distribuidor que conecta al aeropuerto internacional, el parque industrial y la salida a Fresnillo.

La movilización estuvo encabezada por Juan de Dios Gallegos Jaramillo, secretario de la sección 62 de la mina Fresnillo PLC; Alfredo Villagrana Robles, de la sección 102 de la mina Francisco I. Madero; Juan Ladislao Lucio Rodríguez, de la sección 261 de la mina Tayahua, y Leonardo Ánimas, secretario de la sección 72 de la mina Saucito.

Los líderes de estas secciones señalaron que el Impuesto Ecológico que deberán pagar las empresas mineras impactará en sus empleos, salarios y prestaciones.

“En la mina Francisco I. Madero ya nos avisaron que si ese impuesto no lo quita el gobierno, la mina cerrará”, aseguró el secretario de la sección 102, Alfredo Villagrana.

Según los dirigentes, el gobierno del estado los perjudicará con el gravamen, por eso salieron a las calles a respaldar sus trabajos y las empresas donde laboran, y acusaron al gobernador priista Alejandro Tello de traidor, porque –subrayaron– “anduvo en la campaña dándonos la cara para pedirnos el voto”.

En su reunión con el subsecretario de Gobierno, Julio César Flores, éste aseguró a los mineros que el impuesto no impactará en los salarios y empleos, y dijo que en un encuentro efectuado en diciembre, previo a la discusión en el Congreso local, hubo pláticas entre el gobierno y empresarios y éstos “aceptaron el gravamen”.

“Qué bueno que ahora ustedes nos informan que no están en esa línea de acuerdo y diálogo que se había tenido”, resaltó el funcionario antes de retirarse y luego de que los dirigentes mineros se negaron a levantar el bloqueo.

Hasta después de las 10:30 de la noche los trabajadores mineros comenzaron a abandonar las vías, sin que se conociera el acuerdo al que se llegó con el gobierno estatal.

A esa hora, Alejandro Tello anunció en un mensaje: “Hemos logrado liberar pacíficamente la carretera federal 45. En todo momento privilegiamos el diálogo con el sindicato minero”.

Según la denuncia que hicieron organizaciones sociales y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Tello Díaz acordó el nuevo gravamen con los empresarios mineros, a cambio de cancelar la declaratoria de Reserva de la Biósfera que impulsaba la anterior administración para una extensión de 2.5 millones de hectáreas del desierto semiárido zacatecano, justo donde operan varias empresas mineras.

Y es que esa declaratoria representaba una mayor regulación de las actividades mineras por parte de las instancias federales.





Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa con información de Alfredo Valadéz
http://www.proceso.com.mx/472680/mineros-zacatecas-exigen-anular-impuesto-ecologico

viernes, 27 de enero de 2017

Grupo armado burla seguridad de empresa acerera y ejecuta a subgerente en Lázaro Cárdenas

Sujetos armados burlaron las estrictas medidas de seguridad e ingresaron a un área de la empresa acerera Altos Hornos de México para asesinar al ingeniero Alfredo S., quien se desempeñaba como subgerente de producción en ese lugar.

Reportes policiacos indican que cerca de las 10:15 horas de este viernes, Alfredo S. se encontraba trabajando en la planta cuando sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra el ingeniero, para luego darse a la fuga.

Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) fue informado sobre el deceso de una persona del sexo masculino, identificada como Alfredo S., de 45 años de edad.

El subgerente de Altos Hornos de México murió a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego ocasionadas cuando realizaba actividades en el área de hornos, una zona de acceso restringido de la empresa.

La PGJE realiza las actuaciones correspondientes en colaboración con la empresa para conocer las circunstancias en las que sucedieron los hechos e identificar a los responsables.

Fuente: Proceso
Autor: Francisco Castellanos
http://www.proceso.com.mx/472132/grupo-armado-burla-seguridad-empresa-acerera-ejecuta-a-subgerente-en-lazaro-cardenas

domingo, 8 de enero de 2017

La historia de cómo inventaron un cuento para tirar un pueblo porque había cobre, oro y plata

Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad y la policía llegó con buldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos. Aquí la historia…

Salaverna está ubicado en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas. Su extensión territorial es de 4 mil 650 hectáreas y es habitado por 20 familias–antes eran 40–, quienes desde diciembre pasado luchan para evitar la extinción del pueblo, luego de que el Gobierno de Alejandro Tello Cristerna concediera una concesión a la minera Frisco–Tayahua, propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del

mundo.

Este es el cadáver de un pueblo en el que habitaban más de 40 familias. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Esto que ves aquí era la escuela.

Era.

Aquel era el molino.

Era.

Esto era la agencia municipal, con su juzgadito y todo.

Era.

Aquella la plaza principal y su fuentecita.

Eran.

Esa montaña de piedras era la iglesia.

Era.

Ya estaba agrietada la iglesia, pero no para eso todavía,

“Cuando el hundimiento, la iglesia se agrietó”, dice Roberto.

Aquellas ruinas que ves allá eran casas, las casas de los pobladores.

Eran.

Y ese de ahí era el salón sindical, que después fue sala de cine.

Era.

Mira ahí se ven las rodadas de la máquina.

Llegaron y tumbaron todo, dice Roberto.

Esto era una biblioteca donde sobresalen libros sobre paz, democracia y derechos humanos. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Roberto está parado sobre lo que hasta hace algunos días, la víspera de la Navidad, era Salaverna con su escuela, su molino, su agencia municipal, su plaza principal, su iglesia, sus
casas, su salón sindical. Y dice que no, que esta vez no fue la naturaleza.

Fueron la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, y el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

“Ya es mucho que un Gobernador ordene que se haga esto. Ya no está actuando como administrador del pueblo, sino como administrador del capital. Es lo peor que le puede pasar a un país: tener gobernantes que estén dominados por los capitalistas“, dice Roberto.

Desde entonces Salaverna parece la foto de una zona de guerra, de un pueblo azotado por un terremoto poderoso.

Se me ocurre que Salaverna es como Afganistán, después de un bombardeo.

Salaverna es así:

Cuatro mil 650 hectáreas de barrancas parduzcas y montañas de pinos, con sus casas en ruinas y sus cerca de 20 familias que, a pesar de esta catástrofe provocada, dice Roberto, de estos atentados terroristas, más tarde sabré por qué, se resisten a salir de aquí.

A pesar de que ya, de Salaverna, no queden más que los puros derribos.

Es un mediodía tenue, las nubes cenicientas volando en el índigo, el viento crudo bramando entre las ruinas.

Fúrico.

Mientras camino dando trompicones entre los despojos de Salaverna, pienso que es como si sobre este pueblo, municipio de Mazapil, en el norte zacatecano, se hubiese cumplido aquella profecía dictada por Jesús de Nazaret hace 2017 años:

“De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada”. (Mateo 24:2).

Y Salaverna es eso, un montón de piedras.

De polvo.

Un pueblo enterrado bajo sus propios restos: sus entrañas, sus cartílagos, sus huesos, su piel.

Escombros, sobre los que aún se cierne otra profecía: la profecía mundana lanzada hace unos años por la minera Frisco – Tayahua de abrir, encima del cadáver de Salaverna, un tajo a cielo abierto para la extracción de cobre catódico de alta ley, me contarán sus pobladores.

Entonces sí que de Salaverna no quedará piedra sobre piedra.

Esto quedó del altar de la iglesia construida en 1940. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Aquí estaba el altar de la iglesia, -dice Roberto -, construida hacia 1940, era de mármol el altar.

Ahora está enterrado. No queda nada.

“Perros desgraciados”, estalla Miguel Sánchez, un lugareño que viene con nosotros.

Allá están, arrumbadas, las cruces de las cúpulas, son dos cruces de fierro que apenas y sobresalen entre la destrucción.

Acá era el cuarto donde se quedaba el sacerdote.

Y este parece un florero, sí mira es un florero, está enterrado.

Estaba bonita la iglesia, dice Roberto.

Aquí mismo fue donde Daniela Monserrat Sánchez Zamarripa, una vecina que se nos ha unido en la caminata, hizo su primera comunión, dice, también aquí la bautizaron.

“Es una profanación fea para nosotros los católicos, aunque el señor obispo de Zacatecas
haya dicho que está bien que la hayan tumbado”.

Y esta era la biblioteca de la escuela, donde Roberto terminó su primaria.

Se llama “Vicente Guerrero”.

Se llamaba.

“¿Crees que no nos va a doler?, Esto es lo que han hecho con nosotros”.

Aquí un Atlas del Mundo, un Enciclopédico Universal y libros, libro, libros de texto, y encima de los libros de texto Salavema.

Roberto está contando que cuando los exterminadores, unos 60 policías estatales y ministeriales, varios funcionarios de Protección Civil y dos bulldozer, tumbaron todo aquí, al amanecer del día 23 de diciembre del año pasado, llevaban arrastrando un busto de Miguel Hidalgo, “El Padre de la Patria”, que había en la escuela, “lo llevaban en rastra por ái, así, con una cadena, por ái lo dejaron”, dice Roberto.

Y pregunta si acaso no es esa una falta de respeto para los símbolos patrios.

Y yo pienso que sí.

Días después le llevaron a Roberto los hilachos de algo que parecía una bandera.

Era la bandera de la escuela que quedó desgarrada cuando la máquina le pasó por arriba, durante la demolición.

Roberto hurga entre los derribos de la biblioteca y encuentra tres como cuadernillos con tapas que dicen “Justicia”, “democracia”, “libertad”, las letras redondas, a colores.

“’Justicia’, ‘democracia’, ’libertad’”, – lee Roberto -, las cosas que a nosotros nos están quitando. No se aplica la justicia, no hay democracia y también nos están robando nuestra libertad de pensamiento y de acción”.

Esta era la iglesia, aquella la escuela, eso el salón sindical y allá la máquina.

“La que hizo el desmadre aquí”.

Dice Roberto y señala un bulldozer parado junto al tiro de la mina subterránea que, desde hace años, opera en Salaverna la compañía Frisco –Tayahua, del millonario Carlos Slim.

Roberto narra que ya fueron con la Procuraduría y con Derechos humanos pero no han tenido respuesta. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Le pregunto a un minero que recién salió del tiro y está a punto de irse en su viejo Nissan, que
qué piensa de lo que pasó aquí.

El minero me responde con otra pregunta: que cómo va darle patadas al pesebre si la empresa le está dando de comer, dice y se va.

Roberto de la Rosa Dávila, sesentaitantos, espigado, moreno, correoso, bigotes nevados, el delegado municipal de Salaverna, está sentado ahora sobre las piedras que, por casi ocho décadas, fueron la iglesia de este pueblo.

La iglesia de piedra que hombres tardaron en levantar y las máquinas de Slim arrasaron en nada.

Roberto sentado sobre los restos de Salaverna y a mí se me ocurre que si estas piedras hablaran tendrían historias para contar.

Todo vino tan rápido, tan de sorpresa, tan de sopetón, que la gente de Salaverna no pudo hacer nada, más que mirar cómo las máquinas tiraban sus casas, el pueblo, todo.

Lo primero que se ve al entrar en Salaverna son los escombros de la casa de Juan Hernández, “El Pequeño”, y a un lado Juan y María, su mujer, sentados en dos sillas a la intemperie, como dos desvalidos.

Juan y su esposa llegaron a Salaverna y encontraron puro escombro de su casa, ahora viven debajo de este toldo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Ese día, el día de atentado, Juan, estaba en Mazapil, durmiendo, cuando los toquidos del miedo lo sacaron de sus sueños.

Era Leticia Mendoza, su vecina.

Le avisaba que unas máquinas andaban tumbando las casas allá arriba, en Salaverna.

De camino al pueblo Juan se topó con un piquete de unos 100 policías resguardado la carretera, traían escudos, miraban feo, no los dejaban pasar a nadie.

Lo primero que vio Juan cuando llegó a Salaverna fue su vivienda hecha añicos, polvo, piedras, como una tumba, y debajo, sepultados, enterrados, sus muebles.

Ma. de los ángeles narra que estaban dispuestos a tumbar su casa con su esposo adentro, pero ella logró evitarlo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

“Nos dicen tercos, que esto era lo que queríamos que pasara”, dice Juan.

Y yo no creo que lo que Juan quería era vivir en un toldo, Juan vive en un toldo con catre y unos cartones que hacen de cama y dos sillas, esperando, esperando, esperando: no sabe qué, algo, lo que sea.

Ese día, el día del atentado, los policías llegaron golpeando y escupiendo amenazas sobre la gente de Salaverna.

Parecían endemoniados.

Patearon la puerta de la casa de doña Micaela Zamarripa Hernández y sacaron sus muebles a la calle.

Que se saliera, le ordenaron, porque iban a tumbar su casa.

También le pegaron a su hijo.

Y al hijo de doña María de los Ángeles Guevara.

60 policías con 2 buldozers llegaron el 23 de diciembre a derrumbar casas, esuela, oficina municipal y la iglesia, hasta convertir este pueblo en un cadáver. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Los agentes habían amagado con derribar su casa, con todo y su esposo de silla de ruedas en la puerta.

Hace cuatro meses que el esposo de María de los Ángeles perdió el brazo derecho y la pierna derecha en un accidente de mina.

Fue en la Frisco-Tayahua de Carlos Slim.

Ese día Ángeles y su marido se preparaban para salir a una cita médica a Saltillo.

“A mi muchacho lo cachetearon, rodearon mi casa los policías, la acordonaron, pusieron la bulldozer en frente, como haciendo señas de que la iban a tumbar, y mi esposo allá afuera en la silla de ruedas, ‘usté cree? Les dije ‘pos metan la máquina conmigo, a ver si me tumban’”.

Aunque Salaverna es un pueblo en ruinas, parece que el silencio no es su virtud.

De día y de noche, de noche y de día, se oye por todas partes el ruido, como de planta industrial, que hacen los pozos robbin.

En los días que estaré aquí no escucharé cantos de gallos, perros ladrando, balidos de cabras, burros rebuznando, sólo el bufido opaco, monótono, terco de los robbin, que, a simple vista parecen cubetas gigantescas de lámina sobre las montañas.

Robbin, así se llaman estos pozos, dice Roberto, porque son construidos con una máquina que se llama así, robbin.

Y los pozos robbin no son otra cosa que respiraderos que sirven para ventilar la mina de los gases tóxicos que expele en el fondo de la tierra.

Cuando se lo pregunto, Roberto, que no es ingeniero en minas, me lo explica así: los respiraderos jalan a la mina el aire límpido que sopla de las montañas, y sacan el aire viciado, contaminado, que exhala la garganta del subsuelo.

La gente de Salaverna no sabía que era un robbin, lo supo hasta hace ocho o nueve años que la minera construyó el primero y después otro y otro y otro y otro…

En total 14.

Entonces empezó para el pueblo de Salaverna la batalla en contra uno de los hombres más poderosos del mundo: Carlos Slim.

“Metimos denuncias, estábamos en contra de los robbin porque generan contaminación y aflojan el terreno. En ese tiempo el kínder estaba en frente de uno de los pozos y nosotros protestamos ante la Secretaría de Salud de Concha, (Concepción del Oro, Zacatecas), pero fue en vano nuestras protesta, nunca las autoridades nos hicieron caso”, dice Roberto.

Un día de 2010, los de la minera de Carlos Slim llegaron al pueblo enseñando un papel que advertía sobre una supuesta falla geológica y el riesgo de que a Salaverna se lo tragara la tierra de una tarascada junto con sus casas y sus más de 80 familias.

La gente de Salaverna tendría que cambiar de pueblo, dijeron los de la minera.

Para eso la minera, – me imagino a una hermanita de la caridad -, había dispuesto ya un terreno con casitas, saliendo de Concha del Oro rumbo a Saltillo, en un lugar llamado “El Arenal”.

Hacía tiempo que en el pueblo había caído la noticia de que la minera Frisco – Tayahua, – quien se ha proclamado dueña y señora de Salaverna, los campesinos dicen que no, que los dueños son ellos -, proyectaba construir aquí un tajo a cielo abierto para la explotación de cobre catódico de alta ley, además de oro, plata, plomo y zinc.

Y no era para menos.

Rosario Antonio Zamarripa Hernández, uno de esos viejos sabios de pueblo, dice que aquí, donde estamos parados, es mineral, “una veta muy rica, eh”, sobre una mancha que se extiende desde Salaverna y hasta Durango.

No por nada la minera se ha empecinado en desterrar con ahínco y decisión a la gente de Salaverna.

“Ellos dicen que tiene las escrituras, nosotros tenemos la posesión, el derecho de ser dueños del lugar donde hemos radicado por muchas generaciones”, dice Roberto.

Por eso cuando los de la minera llegaron queriendo correr a la gente con el cuento del apocalipsis en Salavena, y las casas de “El Arenal”, la tierra prometida, los de Salaverna no se fueron.

Sus sembradíos, sus animales, sus casas con solar, el buen clima de Salaverna, eran más fuertes que su miedo.

No por mucho tiempo.

El 4 de diciembre de 2010 sucedió en el pueblo un trueno tan fuerte, tan fuerte, dice Roberto, que se sintió hasta Melchor Ocampo, Zacatecas, municipio situado a unos 60 kilómetros de Salaverna.

Era mediodía.

El trueno aquel había brotado del inframundo, una explosión de dinamita en los entresijos de la mina, que cimbró todo Salaverna, hundió sus suelos, desgajó sus cerros, cuarteó sus casas.

“Ellos han seguido con eso de ir aflojando tierra, ir aflojando tierra. Empezaron a usar maquinaria muy sofisticada, de barrenación larga. Yo creo que los pozos son de cuatro pulgadas de diámetro y de hasta 15 metros de largo y tienen una capacidad hasta de 200 kilos de dinamita. Entonces con esa dinamita es con lo que están aflojando el terreno.

“Aquí no hay tal falla geológica, no hay fenómenos naturales, todo ha sido provocado y esa forma de dinamitar es lo que ha ocasionado los hundimientos”, dice Roberto.

Sus tierras, sus animales, sus casas, el clima.

La gente de Salaverna se quedó. Beto, no.

“Ninguna puta casa, ningún puto pleito, vale la vida mis hijos”.

Dice Beto una mañana, el sol ardiendo en el corral de la nueva casa que levantó con sus manos para su mujer y sus cuatro hijos, en el ejido Santa Olalla, a uno siete kilómetros de Salaverna.

“Me tuve que traer a mi familia porque mi casa ya se está cayendo. Estamos cansados de que cualquier cabrón venga a quitarnos de nuestras tierras, Carlos Slim puede tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no se venden y es la dignidad”, dice Beto.

La mayoría la gente de Salaverna había migrado de pueblos del norte de Zacatecas, como Providencia, también arruinados, devastados, por las mineras.

Dos años después, en 2012, a Salaverna llegó la noticia de que la minera de Carlos Slim estaba construyendo unas casitas sobre un yermo despellejado cerca de Mazapil.

La nada.

En abril de ese mismo año la nada se transfiguró en una especie de villaprogreso con casas tipo Infonavit, calles asfaltadas, iglesia, escuelas y clínica del Seguro Social.

Entonces la nada se llamó Nuevo Salaverna.

Esta vez los de la minera no tuvieron que gastar mucha saliva para convencer a los pobladores de Salaverna de que se mudaran al complejo.
40 familias se mudaron.

Don Manuel Montoya Cárdenas está al timón de su pick up pasada de moda, afuera de su casa de interés social con puerta, ventanita y tejado, en Nuevo Salaverna.


“Pos bien fregaos. Nos vinimos pa acá y estamos bien fregaos, Yo enfermo y todo. En Salaverna viejo andaba con mis chivas en el monte, jalaba en la mina. Noooo aquí estamos de la fregada, ora todo chueco, ¿cómo ve? Nomás me vine pacá y a la fregada, ya no caminé”, dice.

Y dice que ya no le queda ni una cabra, porque todas las vendió, las yeguas se las robaron y la minera le echó mentiras.

“Nos prometieron que nos iban a dar sabe cuánto y ¿cuánto cree que nos dieron?, 15 mil pesos. Una baba ¿Qué no habrá gobierno pa castigarlos a ellos?”, pregunta.

Varias casas más allá Matilde Muñoz Tovar me contará que ella y su esposo fueron los primeros en salirse de Salaverna y en llegar a esta colonia con vista al desierto.

Dos años después la minera despidió a su marido y amenazó con echarlos de la vivienda que les había dado en el nuevo fraccionamiento.

“Y siempre vivemos así pues… pensado nos la van a quitar o algo y no tenemos a dónde meternos”, dice Matilde.

Después las cosas con la minera ya fueron por las malas.

Que o se iban al nuevo fraccionamiento o los corría del trabajo, les dijo a los que trabajaban para ella.

Muchos se fueron.

Beto no.

“Cuando nos rehusamos a irnos al Nuevo Salaverna ellos nos liquidaron, nos corrieron del trabajo. Duraron un mes para pagarnos nuestra liquidación, nuestra semana de trabajo”, dice
Beto.

Apenas dejaron el pueblo, la empresa, previendo a los arrepentidos, borró sus casas del mapa de Salaverna, las tiró, para que nadie pudiera regresar ya.

El resto, otras 40 familias, resistió, resisten.

Oscureciendo el 6 de diciembre de 2012, otra vez diciembre, en Salaverna se escuchó un trueno, surgido del averno, que estremeció al pueblo.

Roberto dice que fue un trueno, sus vecinos que tres.

“Yo tuve que salir a Concha del Oro antes de que amaneciera. De rato me hablaron que había habido un hundimiento”.

Unas casas que estaban cerca del derrumbe se partieron.

La gente andaba asustada.

“Nosotros lo tomamos como un atentado terrorista en contra de la comunidad. La misma frustración que sentían porque no queríamos irnos los llevó a cometer esos actos el 4 de diciembre de 2010, el 6 de diciembre de 2012 y ahora en diciembre pasado. Dicen que no, pero sí, eso fue provocado”, dice Roberto.

El terrorismo desplazó a otras 20 familias de Salaverna al Salaverna nuevo.

“Quedamos 20. De esas 20 pos sí han sacado dos, tres y se las han llevado“.
Roberto dice que ya se aburrió de esperar la respuesta a las denuncias hechas ante la PGR y Derechos Humanos en contra de la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim, por la construcción de los pozos robbin y el uso de explosivos.

“No hay respuesta porque todos están comprados”, dice.

En cambio la minera no se aburre de hostigarlos para que se vayan.

Ya les corta el agua.

Ya les corta la luz.

Ya les tumba sus huertas para construir sus robbin.

“Nos ha hecho, señor, tantas cosas y es el coraje que tiene de que nos hemos aguantado y que hemos estado al pie de la lucha. No nos van sacar así nomás como así”, dice Micaela Zamarripa Hernández.

Pero esto no es lo peor, no, dice Roberto y lanza una profecía feroz:

Lo peor vendrá el día en que la minera consiga hacerse con las tierras de Salaverna y las convierta en un tajo a cielo abierto.

Entonces se acabará el agua y desaparecerán pueblos enteros, desde Mazapil hasta Saltillo y Monterrey.

“Aquí es un centro de recarga para los mantos acuíferos que proveen al este de Coahuila, parte de Nuevo León y el norte de Zacatecas. Si devastan aquí van a afectar la recarga”, dice Roberto con la seguridad de un geólogo.
Roberto, sentado sobre las piedras que un día fueron iglesia.

Al fondo Salaverna, como una llaga abierta, punzante, sangrante.





Fuente: Sin Embargo/Vanguardia
Autor: Jesús Peña
http://www.sinembargo.mx/08-01-2017/3134023