Ejército custodia apertura de mina ilegal y amedrenta a comunidad en Coahuila

Elementos del Ejército Mexicano ingresaron a la villa de Cloete, en el municipio coahuilense de Sabinas, amenazando a vecinos con detenerlos si no retiraban una protesta contra la instalación de una mina clausurada por el gobierno federal.

Desde ayer los empresarios Álvaro Jaime, Joel Bermea y Servando Guerra ingresaron al tajo carbonero “Cloete Norte”, con la pretensión de reiniciar operaciones. Como el fundo minero estaba clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vecinos de esa localidad se apostaron en las inmediaciones para impedir las actividades.

Esta mañana, en un nuevo intento por reiniciar operaciones, los empresarios llegaron acompañados de efectivos militares a bordo de tanquetas, quienes conminaron a los habitantes de la villa a retirarse y permitir los trabajos, advirtiéndoles que de no acatar la orden, serían detenidos. Los empresarios argüían que contaban con una autorización de Profepa, emitida el pasado 3 de enero, a través de la que ya había levantado la clausura.

Los intentos por reabrir ese tajo carbonero se han visto limitados por la movilización social en la comunidad, ya que se ubica a unos cuantos metros del caserío, e inclusive afectaría predios vecinales.

La Familia de Pasta de Conchos, una asociación civil que agrupa a mineros y familiares de quienes han perdido la vida en actividades extractivas, denunció que la presencia militar es injustificada.

Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que forma parte de dicha organización, pidió a la delegación estatal de la Profepa que confirmara el levantamiento de la clausura. La dependencia, sin embargo, negó la versión de los empresarios.

En el expediente administrativo PFPA/12.2/2.C.27.2/0047-15, cuya copia tiene Apro, se integró un acuerdo signado el pasado 3 de enero, en el que, en efecto, se levantó la clausura, pero no para reiniciar actividades extractivas, sino para remediar, en un plazo de tres meses, los daños causados en la zona durante el desarrollo del tajo carbonero.

Los empresarios que pretenden reabrir la explotación carbonífera están identificados con grupos políticos de la zona, como en el caso de Servando Guerra y Álvaro Jaime, este último regidor priista del ayuntamiento de Sabinas.

En tanto, Joel Bermea es hermano de Reynol Bermea, un concesionario carbonero que en 2011 fue detenido por la Marina acusado de pertenecer a la organización criminal de Los Zetas. Meses después quedó en libertad, pero al poco tiempo fue asesinado a tiros.

Las empresas de la familia Bermea y su socio Servando Guerra fueron incluidas en investigaciones relacionadas con los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel El Z40 o L40 y Omar, El Z42. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), le siguió comprando el mineral para alimentar las plantas carboeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, muy cerca de la frontera.


Respecto del operativo de hoy, Auerbach Benavides consideró que la protección del Ejército en la apertura de una mina ilegal es indicativa de que alguna autoridad se propone garantizar la operación en ese socavón.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ejercito-custodia-apertura-mina-ilegal-amedrenta-comunidad-coahuila/

El Ejército y las policías usaron “fuerza ilegal” contra civiles de Ostula, determina la CNDH

La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.

De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.

El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.

La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.

Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.

“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.

Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.

Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.

Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.

Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.

En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751

Ordenan al INAH y Profepa revisar riesgos por actividad minera en comunidad guanajuatense

Un juez federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al INAH y a la coordinaciones de Protección Civil del estado y del gobierno municipal de la capital revisar los posibles daños y riesgos para los pobladores, ambientales y estructurales en edificios del Mineral de la Luz a consecuencia de la exploración y explotación de empresas mineras en la zona donde se ubica dicha comunidad.

Entre las principales compañías que realizan actividades en minas de la zona figuran Endeavour Silver, a través de la Mina Bolañitos, la cual ocupa 2 mil 500 hectáreas “en el segundo distrito minero de tipo histórico más grande de México”, como difunde en su página.

Con tres minas de oro y plata, sólo en el 2015 se produjeron aquí 1.4 millones de onzas de plata y 23 mil 966 onzas de oro.

Vecinos del Mineral de la Luz han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de precaución de las compañías mineras en las actividades de exploración y explotación, y acusan efectos en la salud, así como daños en las viviendas y construcciones y otros efectos perjudiciales.

Hace unos meses, un campesino del lugar falleció al caer en un tiro de mina oculto entre matorrales y arbustos.

Los pobladores pidieron formalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, revisar la estructura del templo, mismo que presenta daños físicos.

Debido a que no se atendieron sus peticiones, un grupo de vecinos recurrió al amparo a principios de marzo, con el fin de obligar a las dependencias a cumplir con la obligación de prevenir los riesgos y daños, el cual fue concedido por el Juez Primero de Distrito.

El juez de distrito emitió su fallo el 14 de julio. Sin embargo, el gobierno municipal de la capital y el representante legal de la Mina Bolañitos se inconformaron e interpusieron un recurso de revisión administrativa, que finalmente no procedió.

El 10 de noviembre se ratificó el fallo a favor de los pobladores del Mineral de la Luz, localidad que se ubica a unos pocos kilómetros del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, y pertenece al municipio de Guanajuato.

La tarde de este viernes, en sesión del Ayuntamiento, se dio a conocer el acuerdo para que, una vez notificados de la sentencia, los integrantes del Cabildo ordenen al personal de Protección Civil a efectuar los dictámenes para señalar los riesgos que para los pobladores se desprenden de la explotación y exploración minera.

Según este fallo, el municipio no dio trámite a la denuncia civil que los vecinos de Mineral de la Luz presentaron en febrero del 2015 “y a la solicitud de intervención institucional relativa a proteger a las personas, propiedades, bienes y demás, de la Comunidad de Mineral de la Luz”.

Así, corresponderá al delegado de la Profepa, José Isaac González Calderón, efectuar una inspección en la comunidad y practicar dictámenes para establecer si hay afectación al medio ambiente, flora y fauna, vasos de agua y manantiales, así como las causas de su origen y medidas a asumir para corregir, prevenir o sancionar a los responsables.

Al delegado del INAH, Sergio Tovar, se le ordenó practicar los estudios para determinar el origen de los daños presentados en el templo de la comunidad, y tomar medidas para reparar dicho deterioro, gestionando los recursos que se necesiten.

Al coordinador de Protección Civil estatal, Luis Antonio Güéreca Pérez, el juez de distrito le ordenó desplegar visitas de inspección para determinar la existencia de riesgo sobre la seguridad de la población de la comunidad guanajuatense, su origen y solución “ello relativo a las afectaciones presentadas en viviendas, templo y escuela de la comunidad”, según el documento del amparo.

Finalmente, el Ayuntamiento, el alcalde y la Dirección de Protección Civil de la capital deberán desplegar acciones para investigar la denuncia de los pobladores afectados y establecer claramente cuáles son los riesgos y qué medidas emprenderán para solucionarlos.

Fuente: Proceso

Autora: Verónica Espinosa

http://www.proceso.com.mx/466752/ordenan-al-inah-profepa-revisar-riesgos-actividad-minera-en-comunidad-guanajuatense

Tribunal obliga a comuneros a pagar 5 mdp a una minera para recuperar sus tierras

El Tribunal Unitario Agrario de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.

Se trata de mil 100 hectáreas que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni los ejidatarios pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123 ejidatarios interpusieron un amparo para revocar esa multa, porque, según argumentan, el juez ignoró sus demandas.

Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa a los comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución”

En entrevista con Animal Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.

La Sierrita era un modelo exitoso en el que una empresa minera y los pobladores establecieron un contrato para la explotación de territorio de manera controlada y con el pago de una renta anual por parte de los empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió debido a incumplimientos según alegaron ambas partes.

Acuerdo y rompimiento

La minera Excellon de México S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la exploración, explotación, producción y comercialización de minerales metálicos y pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc., según indica el registro ante la Secretaría de Economía.

La empresa inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según explica Juan Antonio López, “engañó” a los pobladores para firmar un contrato para explotar 27 hectáreas durante 30 años por un pago único de 1 millón 200 mil pesos.

Sin embargo, cuatro años después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En

2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con el aumento correspondiente a la inflación.

En ese documento se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero fueron incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta tratadora de agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y la protección ambiental de la zona.

La empresa tampoco cumplió con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los puntos importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.

Por tanto, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera argumentando los incumplimientos.

La respuesta de la minera fue otra demanda, argumentando que los ejidatarios habían prohibido la operación de la mina y, por tanto, habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial se basó en una manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia de los directivos para solucionar el conflicto.

Sin embargo, “nunca se prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo compuesta por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura Juan Antonio López.

Aunque la minera pagó la renta anual de 2008 a 2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los pagos, aunque continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.

Finalmente, el Tribunal agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago de 5 millones 612 mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a la empresa a entregar las mil 100 hectáreas.

“En un juicio en que las dos partes están demandando que la otra parte incumplió, el Tribunal dice ‘los dos incumplieron y los dos páguense similares’”, lo cual resulta desigual para los ejidatarios, asegura el representante legal de los comuneros.

El argumento legal del Tribunal es que la minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante reiteradas violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012, por lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.


Después de estos años de conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los tribunales para que se haga justicia” y esperan que el Tribunal Colegiado emita una sentencia apegada a derecho, asegura Juan Antonio López.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/tribunal-obliga-comuneros-pagar-5-mdp-una-minera-recuperar-tierras/

ONGs acusan al Gobierno de Zacatecas de ceder ante mineras y poner en riesgo el semidesierto

El Centro para la Diversidad Biológica, Greenpeace México, el Centro de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar, México Sostenible, entre otras ONGs, subrayaron que decretar la zona como Área Nacional Protegida permitirá conservar ecosistemas, tipos de vegetación, hábitats, especies y servicios ambientales. Sin embargo, el Gobernador de Zacatecas y el titular de la Semarnat acordaron establecer una mesa de trabajo para determinar si es viable o no declarar la zona como ANP e informaron que invitarán a participar a representantes de la industria minera. Incluso, Pacchiano Alamán se comprometió a no emitir declaratoria alguna, hasta que se cuente con la aprobación del Gobierno local.

Organizaciones de la sociedad civil lanzaron un “urgente” llamado al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, así como al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en particular al Senador de dicho estado, Carlos Puente Salas, para evitar que cedan a la presión de mineras que pretenden obstaculizar la protección de más de dos millones 500 mil hectáreas del territorio de Semidesierto.

El 23 de junio de 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la propuesta para declarar 2 millones de hectáreas del Semidesierto Zacatecano como Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de Reserva de la Biósfera, sin embargo, el Gobierno local y empresas mineras de la región se oponen al decreto, acusó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, en entrevista para SinEmbargo.

“El interés se tiene en estas áreas para empezar a explotar los recursos y son los intereses de empresas [mineras] los que impiden el decreto de esta Área Natural Protegida. El Gobierno de Zacatecas ha estado obedeciendo a los intereses de las mineras […], no se sabe por qué, pero lo está haciendo. Debería defender los intereses y el patrimonio de los zacatecanos en torno a los recursos naturales, pero hay un favoritismo ahí”, dijo a nombre de las nueve organizaciones que exigen defender la zona.

Greenpeace México, el Centro de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar, México Sostenible, entre otras ONGs, subrayaron a través de un comunicado que decretar la zona como ANP permitirá conservar ecosistemas, tipos de vegetación, hábitats, especies y servicios ambientales; además de proteger a la región de las Planicies del Altiplano Zacatecano-Potosino y diversas especies de flora; fomentar hábitats adecuados para especies migratorias, 16 especies de aves acuáticas, la paloma de alas blancas y la mariposa monarca, entre otras, así como desarrollar actividades de ecoturismo.

Dichas organizaciones hacen hincapié en que el Estudio Previo Justificativo (EPJ), elaborado para lograr la protección de la zona mencionada, muestra que “el Desierto Semiárido de Zacatecas cuenta con valiosos recursos naturales y ecosistemas de importancia para la conservación. Se caracteriza por su riqueza florística, con especies endémicas y prioritarias de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo”.

Explicaron que la zona es hábitat de algunas especies incluidas en la Norma Oficial 059 bajo alguna categoría de riesgo, entre ellas el águila real mexicana, la cual se encuentra amenazada; el perrito de la pradera y el gorrión de Worthen, ambos en peligro de extinción.

“Hay ecosistemas que tienen una representatividad única en el país, este [el Semidesierto Zacatecano] por ejemplo, tiene especies emblemáticas como el águila que está en el escudo nacional […] Una de las causas principales de la extinción de las especies es la pérdida de hábitat, cuando se elimina el hábitat se reducen sus números poblacionales”, estacó.

En el mismo sentido, ciudadanos lanzaron la petición “Protege al Águila Real mexicana de la extinción, su hábitat está en peligro por la minería”, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat,  así como al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo Maza. Hasta el momento la misiva ha recabado cerca de 500 firmas para exigir se publique el decreto de Reserva de la Biósfera del Semidesierto Zacatecano.

“Eliminar esta reserva es una amenaza para el Águila Real y otras especies, así como para mitigar los efectos del cambio climático a escala global”, se lee en la petición lanzada la semana pasada.

Asimismo, acusan que la industria minera se ha encargado de promover la idea de que la reserva “frenará” el desarrollo económico de Zacatecas, “cuando en realidad ayudará a soportar los efectos del cambio climático, al proteger zonas de recarga y almacenamiento de agua en el desierto”.

Por ello, Olivera hizo un llamado al Gobierno del estado con el fin de no favorecer los intereses de las empresas mineras y, en cambio, consideren el cuidado del patrimonio de los mexicanos, con la publicación del decreto del ANP.

A la Conanp urge llegue a un acuerdo con las autoridades locales y muestre voluntad de decretar la protección del área. Finalmente informó que las nueve organizaciones involucradas en la exigencia se encuentran evaluando cómo lograr el acercamiento con el Gobierno zacatecano.

AUTORIDADES PROMETEN RESOLVER

El pasado 25 de octubre, el Gobernador de Zacatecas y el titular de la Semarnat acordaron establecer una mesa de trabajo para determinar si es viable o no declarar Área Natural Protegida una zona del semidesierto zacatecano. A través de un comunicado, las autoridades informaron que invitarán a participar a representantes de la industria minera que invierten en dicha área del estado y a los alcaldes de los municipios involucrados.

“El Gobernador de Zacatecas y el Secretario del Medio Ambiente coincidieron en que la decisión que se tome será basada en privilegiar el desarrollo económico del estado, pues, en esa región de la entidad, existe la posibilidad de que se establezcan tres proyectos de inversión por 3 mil millones de dólares, que generarían 5 mil empleos directos y hasta 10 mil indirectos”, señala el boletín.


Además, Pacchiano Alamán se comprometió a no emitir declaratoria alguna, hasta que se cuente con la aprobación del actual Gobierno de Zacatecas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2016/3115488

Con amparo, ejidatarios exigen acelerar rescisión de contrato con minera Excelllon

CIUDAD DE MÉXICO: Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango presentaron una demanda de amparo por la demora en la resolución de la demanda que interpusieron desde 2012 por rescisión del contrato que firmaron con la empresa minera Excellon de México SA de CV.


Dicho amparo fue presentado después de siete meses de que el expediente 683/2012 fue turnado para que se dictara sentencia y a la fecha no se ha emitido resolución por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, denunciaron los ejidatarios que fueron acompañados por la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) al presentar la demanda.

Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, indicó que la falta de sentencia “vulnera el derecho humano de acceso a la justicia para el ejido” que según el artículo 17 de la Constitución debe ser “de forma pronta y expedita”.


Excellon de México, detallaron los ejidatarios en un comunicado, inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años por lo que hizo un pago único por un millón 200 mil pesos.

Después de diversas inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo y en 2008 ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de cinco millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación.

En ese contrato, detallaron los ejidatarios, se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales como: un fondo social y apoyo en actividades productivas del ejido, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarios para su contratación en la mina. Sin embargo, denunciaron, la mayoría fueron incumplidas.

“Fue así que ante la falta de voluntad y de diálogo por parte de la empresa, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda agraria ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila por rescisión del contrato con la minera. Sin embargo, al día de hoy no ha sido resuelta”, señalaron.

Además, acusaron, la empresa lleva tres años sin pagar renta, no ha parado sus actividades y sigue explotando la tierra de los ejidatarios.


“Bajo este escenario de omisiones es que se ingresa el amparo, ya que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a dictar sentencia bajo los requisitos, formalidades y tiempos establecidos por ley, mismos que no se han cumplido, y esta falta de respuesta ha ido en detrimento de nosotros, los dueños de las tierras”, subrayó Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462118/con-amparo-ejidatarios-exigen-acelerar-rescision-de-contrato-con-minera-excelllon

El crimen organizado opera como brazo armado de las mineras en Guerrero

En la sierra de Guerrero, entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, decenas de poblados y núcleos ejidales se encuentran abandonados o en poder de la delincuencia organizada. Están prácticamente deshabitados, salvo por los pobladores que aceptaron o fueron obligados a trabajar para los criminales. Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), con sede en Chilapa, Guerrero, describe la situación con elocuencia.

Señala que detrás de esta condición están los intereses de las empresas mineras, tanto trasnacionales como nacionales. La delincuencia organizada opera como brazo paramilitar de ellas. Aunque no existe un registro completo de los afectados, se trata de centenares de familias en circunstancias trágicas, muchas de ellas dispersas en la entidad, el resto del país o en Estados Unidos.

En la llamada región Sierra de Guerrero hay comunidades deshabitadas por completo, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, refiere Olivares. La Laguna, por ejemplo, se encuentra deshabitada desde 2011. Lo mismo en las partes serranas de la Costa Grande, en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez y otros.

Entrevistado por La Jornada, Olivares destaca sin ironía alguna: Casualmente, en todas esas localidades existen varias concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y poblados que se resistían. Casi todos los ejidos que actualmente sufren ocupación de la delincuencia organizada se habían negado a titular sus parcelas con los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y el de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) del gobierno.

Para las mineras resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados. Comisariados y delegados ejidales han huido con sus familias, al igual que los demás ejidatarios o comuneros. Muchas veces dejan atrás la documentación del territorio que tienen. En los hechos se volvieron tierras desocupadas, algunas hace más de cinco años. De acuerdo con la ley, si nadie las habita ni trabaja, se consideran abandonadas.

Un caso: Guajes de Ayala. Salieron casi todos, incluidas sus autoridades. Ahora no tienen documentos que prueben su calidad de ejidatarios. Pero “no toda la gente dejó los anexos. De 16 mil hectáreas, sólo 5 mil están sin dueño. En las otras, la gente que se quedó paga ‘impuesto’ o trabaja para las organizaciones criminales”, agrega el director del Centro Morelos, el cual lleva decenas de casos de desaparición en la región, todos en el contexto de la invasión de la delincuencia organizada. Las familias que buscan a sus hijas e hijos suman decenas.

“Las mujeres son un verdadero botín de guerra. Ahí ve uno a las muchachitas viviendo con los narcos. Las mujeres y los niños son los que más sufren; no queda ningún código de honor, ningún derecho. Los hombres y jóvenes sirven para el sicariato, cultivan amapola o mariguana, les trabajan”.

Olivares expone que otro factor de esta situación desesperada es “la lucha entre las organizaciones criminales por el control de territorio y la ‘necesidad’ que tienen de mayores extensiones de tierra. Y como también requieren mano de obra, incorporan la población al grupo o le exigen recursos económicos. Por eso tantos se van; es insoportable”.

La dispersión de las comunidades llega ser total. Algunas decenas de familias se han refugiado en otros municipios de Guerrero. Pero son incontables las familias que migraron a Michoacán, Jalisco, Baja California o Estados Unidos, y ahora son jornaleros. El Centro Morelos trabaja ahora con grupos de nueve, 16 o 34 familias desplazadas en la misma entidad, que reclaman sus tierras y el derecho a vivirlas y trabajarlas.

A la pregunta de si se trata de comunidades indígenas, Manuel Olivares responde terminante: No lo son. Los lugares abandonados estaban habitados por campesinos mestizos o pueblos que dejaron sus lenguas y costumbres hace tiempo. Resulta más fácil que ellos abandonen sus ejidos. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente respecto de la tierra y la oposición a las minas y la delincuencia organizada. En las comunidades indígenas de la Montaña, la Sierra y la Costa se han formado policías comunitarias para contener la delincuencia y la minería.

Así, las comunidades indígenas se defienden y no abandonan tan fácil sus lugares en estas y otras regiones de Guerrero, también asoladas por la delincuencia y codiciadas por las mineras.

Fuente: La Jornada

Autor: Hermann Bellinghausen

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/05/politica/018n1pol

Seis proyectos canadienses se vinculan con hechos violentos en México

Por lo menos seis proyectos mineros canadienses están vinculados con hechos violentos ocurridos en los últimos 15 años en México, los cuales son la muerte de ocho personas, dos desapariciones, 14 personas heridas, 35 detenidas y 83 que enfrentaron la justicia, señaló un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), que es un un conglomerado de abogados y estudiantes de derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses.

De acuerdo con el documento, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense, de las cuales al menos 28 estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos en 14 países de la región entre el 2000 y 2015. En once de estas naciones, líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, activistas, mineros, periodistas, abogados y sindicalistas, entre otros, resultaron muertos.

Concretamente, durante ese periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas, de las cuales 212 eran líderes comunitarios defensores de los pueblos, y en 709 casos se registraron acciones de criminalización de la oposición a los proyectos, entre las que se encuentran demandas, detenciones y condenas, señala el informe.

El JCAP afirmó la complicidad de las empresas mineras con los gobiernos, e incluso grupos criminales, para enfrentar las protestas sociales contra los proyectos y así continuar con las invasiones territoriales, lo que afecta principalmente a los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.

A través del documento se cita el ejemplo del 7 de abril del 2015, cuando un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí, (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.

Tres días después, para apaciguar la polémica que despertaron las declaraciones, McEwen se disculpó por el “malentendido” que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.

El informe también reveló que las empresas mineras ocultan de sus informes de actividades tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.

Por último, señaló la relativa “inutilidad” del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero. Ante esto, especificó que el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, mientras que el NCP sólo investigó cinco casos desde el 2011.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/seis-proyectos-canadienses-se-vinculan-hechos-violentos-mexico/

Vinculan a mineras canadienses con hechos violentos en México

CIUDAD DE MÉXICO: En los últimos 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos: ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia, según un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses.

De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 países del subcontinente, en 11 de los cuales murieron personas, ya sean líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, pero también activistas, mineros, policías, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas.

El informe destacó que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas –212 de ellas eran líderes comunitarios opuestos al proyecto minero– y en 709 casos se reportaron acciones de “criminalización” de la oposición a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas.

Con base en este padrón, la organización observó la “proximidad” entre los proyectos, la violencia y la criminalización, así como la “posible complicidad” de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos. Estas empresas, abundó, se alían con los gobiernos para frenar la protesta social y, en algunos casos, con grupos criminales.


Un ejemplo: El 7 de abril de 2015 un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí; (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.

Tres días más tarde, con el afán de apagar la polémica que generaron sus declaraciones, McEwen se retractó y ofreció una disculpa por el “malentendido”, que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.

En su informe el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, señaló que en sus informes de actividades las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.

También observó que cuando las mineras informan sobre un acto violento, suelen minimizar la tensión social generada por la actividad minera. Un ejemplo, mencionado en el estudio, ocurrió en octubre de 2015, cuando la policía nicaragüense desalojó con violencia un bloqueo que paralizaba las operaciones de la mina El Limón, propiedad de B2Gold. El operativo resultó en la muerte de un policía; además, 31 personas resultaron heridas.

En un comunicado sobre el evento, la minera aseveró: “El gobierno de Nicaragua instruyó a la policía remover el bloqueo ilegal, detener a los responsables por sus acciones violentas que dejaron muerto a un policía y heridas a otras personas, y restablecer el orden civil en la ciudad de El Limón. El bloqueo fue removido exitosamente por la policía, y los trabajadores pudieron volver al trabajo”.

Es más, en ciertos casos, como el de Barrick Gold Corporation, la violencia se considera como “parte del negocio”, deploró el JCAP. En su informe anual más reciente, la empresa reconoció que, al implementar “un número de medidas y salvaguardias” en una subsidiaria de Sudáfrica, no hay garantía de que el personal de seguridad actúe de acuerdo con los estándares internacionales.

Uno de los principales problemas, que subrayó el JCAP en su informe, recae en la responsabilidad de las empresas en violaciones a los derechos humanos. En junio pasado un colectivo de 180 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en la que le exhortaron a implementar un mecanismo eficiente de rendición de cuentas de las empresas mineras en el extranjero.

“En muchos casos la empresa o el Estado implementaron la ley para desincentivar la protesta o agobiar a los líderes sociales opuestos a la minería mediante procesos legales o encarcelamientos”, señaló el informe, al añadir que según los nuevos lineamientos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los actores del sector privado deben ir “más allá” de las leyes nacionales y adoptar códigos de conducta conformes con los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El JCAP también señaló la relativa inutilidad del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero.


De acuerdo con la organización, el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, y el NCP investigó cinco casos desde 2011.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460382/vinculan-a-mineras-canadienses-hechos-violentos-en-mexico

Daño ambiental, enfermedades, y destrucción del tejido social provoca mina en Valle de Ocotlán, Oaxaca

Las mineras buscan oro y plata en Oaxaca, como en otras partes del país, a través de megaproyectos concesionados por el gobierno, al tiempo que destruyen el tejido social, la comunidad, las tradiciones y amenazan, hostigan y asesinan a quienes defienden la tierra, que para ellas y ellos es la vida, describió a Desinformémonos, Rosalinda Dionisio Sánchez, defensora de la tierra y el territorio e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan, quienes por más de diez años han rechazado un proyecto minero que involucra más del 90 por ciento del territorio de al menos nueve comunidades de Oaxaca.

“Es necesario que todas y todos defendamos la tierra, en cada espacio, en cada casa, no es necesario venir al campo, y es que, la apatía nos ha golpeado mucho”.

Ahí en Ocotlán, la problemática entre empresas y las comunidades comenzó en 2008. Específicamente en San José del Progreso, un lugar ubicado en la parte central del estado de Oaxaca, en la región de los Valles Centrales en el que, antes de que llegara el proyecto minero sin previo aviso, sin información sobre los alcances y las implicaciones ni una consulta previa, la comunidad convivía, celebraba sus fiestas patronales y tradiciones, crecía en una cultura creyente de la iglesia católica pero también en el cuidado del medio ambiente, “el megaproyecto a destruido, también, nuestro tejido social por la violencia, la compra de tierras y personas”, dice Rosalinda.

“Aquí crecimos cuidando a las plantas, de hecho las catequistas nos enseñaban eso además de la doctrina, es decir que se unían. Entonces cuando había una confirmación, se acostumbraba a entregar un árbol al que el o la niña junto a sus padres se comprometían a cuidar”, describe Rosalinda quien nació y creció en el lugar igual que su madre, padre, abuelas y abuelos. Ahora ya hay, de hecho, una nueva generación en su familia.

San José colinda con al norte con los municipios de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir y Santa Lucía Ocotlán; al sur con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas; al oriente con San Jerónimo Taviche; al poniente con San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán y San Mártir de los Cansecos. En San José hay poca agua y por ende vegetación, por lo desde la niñez, se enseña su cuidado, “porque lo verde genera humedad y esa humedad hace que vuelva a llover, y aquí necesitamos llamar al agua”, dice Dionisio para describir el entorno, de templado a seco, en el que su generación creció.

Rosalinda describe que fue desde 2008 que la comunidad comenzó a notar la llegada de personas extrañas al pueblo, de “grandes camiones y camionetas que aquí en la comunidad no hay”, que llegaban a instalarse, a hacer algunas exploraciones, pero, sin dar nunca información alguna sobre lo que se pretendía. Comenzaron a indagar, a preguntar, querían saber, dice, qué iba a pasar, hasta que por sus propios medios descubrieron que eran las minas. “Mi abuelo nos contó que hace mucho encontraron oro y plata, incluso carbón, pero luego ya no tuvieron la maquinaria necesaria para seguir, pero hoy, ya la hay”, detalla.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), este no es un hecho aislado sino que se trata de “megaproyectos”, que han proliferado en los últimos años en nuestro país, y que se centran en la explotación de los recursos naturales, esto, afirman, “sin medir debidamente las consecuencias que tendremos a corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad los recursos naturales, las especies y los ecosistemas”, entre los proyectos que se han emprendido están las concesiones mineras, de uso y aprovechamiento de aguas, permisos para descargas de aguas residuales y autorizaciones para la instalación de rellenos sanitarios o de residuos peligrosos, entre otros, detallan en su “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”.

Desde que la población pudo confirmar esta información, comenzaron en primer lugar: la organización, dice Rosalinda, se reunieron en el pueblo pero también con otras comunidades. Recuerda que en ese tiempo llegó una organización a ofrecer información y proyectar videos en los que se explicaban las implicaciones que los proyectos mineros tenían en las comunidades, “así que la consciencia creció”, dice, aunque a la par, “la empresa llegó a decir mentiras a la comunidad, decían que construirían un hospital y escuelas, que habría empleo, y algunos lo creyeron, pero la gran mayoría se involucro en la organización para impedir el proyecto”.

Durante un año la comunidad se asesoró, se organizó y concientizó, narra Dionisio, y ante la falta de respuestas, de diálogo para consultar a la comunidad, en marzo de 2009 deciden tomar la oficina de la minera.

“Todo el pueblo se sumó, rodeamos la casita en la que se instaló la minera para impedir que se continuara trabajando en un proyecto para el que no se nos consultó, en el que no estamos de acuerdo por que sabemos y vivimos sus implicaciones”. Mujeres y hombres emprendieron una guardia para “resistir”, durante tres meses, la toma del lugar, describe, de día las mujeres y de noche los hombres, “las niñas, niños y ancianos participaron también participaron”.

Todos se organizaron para mantener rodeado el lugar, para la elaboración de alimentos para las guardias y la información que iba y venía, dice Dionisio, hasta el 6 de mayo de 2009, “el día de la represión”, recuerda.

Ese día, narra, estaban las mujeres en la guardia cuando llegaron unos mil 500 elementos de seguridad estatales y federales armados montados en “camionetas repletas”, describe, acompañados de perros policía, motonetas que cercaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban de guardia.

“Nos atacaron como si fuéramos criminales, ¿Por qué?”, cuestiona Rosalinda.

En el desalojo hubo golpes, empujones e insultos, “nos echaron a los perros cuando ya nos tenían encapsuladas”. Para entonces, el resto de la comunidad había llegado al lugar para tratar de impedir que se llevaran a algunas personas sin lograrlo.

“Me acuerdo que traían una lista, pero nos cambiamos el nombre, sin embargo, alguien desde una patrulla nos comenzó a señalar y finalmente detuvieron a 19 personas entre las que iba una compañera. Los que nos quedamos teníamos miedo de que desaparecieran a nuestros compañeros así que nos movilizamos”.

Para entonces, afirma Rosalinda, ya habíamos aprendido que la “organización es interna”, aunque solicitan acompañamiento de organizaciones civiles, las decisiones son suyas, así lo describe. Pidieron apoyo a la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que les proporcionara un abogado que llevara el caso de quienes se encontraban presos y luego de tres meses se logró su liberación.

En en enero y marzo de 2012, producto de los enfrentamientos en medio de la “resistencia”, que la comunidad hasta hoy continúa, fueron asesinados Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez hechos sobre los cuales siguen exigiendo justicia.

“El coraje me hizo involucrarme cada vez más. Por que la injusticia era para nosotros, para la comunidad”, comparte Dionisio.

El conflicto continuó, las obras de la empresa que han generado, a decir de Dionicio, ruido por las noches que impide el descanso ya que la obra están a escasos 2 kilómetros de la comunidad, enfermedades producto del desecho de residuos tóxicos, entre ellos, malformaciones y abortos espontáneos, esto en medio de negativas a hacer estudios del aire, y de que no se cuente con un registro médico ya que, afirma, “las clinicas están controladas por la empresa y los registros se detallas a modo para que no haya evidencias”.

Para 2015, la organización, valora Dionisio, siguió prosperando, “a pesar de las dificultades”, y el 30 de noviembre, nueve ejidos y comunidades de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio “prohibido para la minería”.

Denuncian, mediante un comunicado que en los últimos diez años el gobierno federal había concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto hubiera implicado un proceso de consulta y “consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos”, acusaron.

A pesar de esto, hace tres días, las comunidades volvieron a denunciar que no solo no se habían detenido las obras sino que habían detectado una “extensión del proyecto”, derivado del: “interés por ampliar el proyecto minero, ha invadido nuestros ejidos y comunidades realizando trabajos de exploración a partir de barrenaciones y explosiones en nuestros límites, sin los permisos respectivos de la SEMARNAT, provocando ruidos intensos y polvo excesivo, sobre todo durante la noche. Estas acciones violan sistemáticamente nuestro derecho a la autonomía territorial”, y exigieron, nuevamente, la cancelación de los proyectos.

La imposición del proyecto minero en Valle de Ocotlán viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

No se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de Atenco, en el Estado de México, y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla, son algunos ejemplos.

Al respecto, más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia realizaron un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso del megaproyecto minero en la Sierra de Ocotlán, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, Cemda, resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.

El informe coloca a Oaxaca como la segunda entidad federativa con mayor número de ataques a defensores del medio ambiente con 13 casos, solo tres menos que las perpetradas en Sonora, que ocupa el primer lugar.


“Esta lucha ha valido la pena porque queremos vivir en un ambiente sano, limpio, como recordamos nuestras comunidades. Es nuestra madre tierra, la que nos alimenta para sobrevivir. Nos toca entonces cuidarla, no destruirla. Yo ya soy adulta, pero vienen otras generaciones que merecen calidad de vida y si en San José nos rendimos, será fácil invadir todo”, finaliza Rosalinda, quien a vivido en San José del Progreso los 33 años de su vida y afirma, seguirá defendiéndolo.

INFORMES

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHE RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/dano-ambiental-enfermedades-y-destruccion-del-tejido-social-provoca-mina-en-valle-de-ocotlan-oaxaca/

Denuncian en Oaxaca a minera Cuzcatlán por exploraciones sin permiso e invadir ejidos

OAXACA, Oax: Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.

Aunque en noviembre de 2015 esas comunidades se declararon Territorio Prohibido para la Minería, la empresa, en su interés por ampliar su proyecto, ha invadido ejidos y realizado trabajos de exploración mediante barrenaciones y explosiones, sin los permisos respectivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ante la cerrazón gubernamental para escuchar sus demandas, las asambleas ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Canseco, Las Huertas, Los Ocotes, El Vergel y Coatecas Altas, además de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), el ayuntamiento de Santa Catarina Minas y habitantes de Santa Lucía Ocotlán, advirtieron que van a defender su territorio a costa de sus vidas.

“No vamos a permitir que el gobierno nos siga matando, autorizando que perforen nuestros terrenos. Vamos a unirnos y defendernos legalmente”, afirmó Pablo Pacheco Antonio, de la comunidad Monte del Toro.

Desde inicios de 2015, agregó, la empresa minera Cuzcatlán ha realizado trabajos de exploración minera en los límites ejidales de San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Canseco, sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, por lo que en noviembre de 2015 firmaron una Declaratoria Regional de Territorio Prohibido para la Minería, misma que entregaron a los gobiernos federal y estatal, pero “hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta que garantice el ejercicio y respeto de nuestros derechos por parte de dichas autoridades”.

Denunció, asimismo, “graves afectaciones sociales, políticas y ambientales producidas por el proyecto ‘San José’ en la comunidad de San José del Progreso, donde se han cometido cuatro asesinatos y 12 personas fueron heridas por armas de fuego, además de los enfrentamientos comunitarios y la contaminación ambiental que continúan en completa impunidad”.

Preocupadas por las afectaciones de la minera en los Valles Centrales, las comunidades dañadas demandaron la cancelación de exploraciones por parte de la empresa Cuzcatlán, y exigieron una investigación imparcial y ética sobre los impactos en su territorio, así como la cancelación de las concesiones mineras con clave de referencia: 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699, 235700, 235074, 230489, 230278 y 238816.

Esas concesiones fueron otorgadas sin su consentimiento por la Secretaría de Economía a las empresas: Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, Minera Aurea SA de CV, Plata Panamericana SA de CV, Continnun Resources México SA de CV, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla SA de CV.

Dichas resoluciones, subrayaron los afectados, violentan su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Finalmente responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales, y a las empresas antes mencionadas, por cualquier acción o represalia en contra de las asambleas o autoridades comunitarias que participan en la defensa de su territorio.


También se solidarizaron con las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Sierra Norte y Costa, que se encuentra en resistencia contra proyectos de despojo, y se sumaron a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455641/denuncian-en-oaxaca-a-minera-cuzcatlan-invadir-ejidos-explorar-sin-permiso

Tribunal Agrario de Torreón definirá situación jurídica para ejidatarios de La Sierrita

Ciudad de México | Desinformémonos. “Interpusimos la demanda de rescisión de contrato porque la empresa minera violó las clausulas, una de ellas fue la que establece que no explorará más hectáreas que las hectáreas acordadas” afirma Daniel Pacheco, Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, municipio de Tlahualilo, Durango, días antes de que el Sexto Tribunal Agrario con sede en Torreón, Coahuila resuelva el juicio que involucra a la empresa minera Excellon de México, S. A. de C. V filial de la canadiense Excellon Resources Inc.

Para el ejidatario “el Tribunal tiene en sus manos dictar sentencia en base a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, con imparcialidad y en beneficio de las y los dueños de la tierra en la que ancestralmente hemos habitado”.

Daniel Pacheco, recuerda que en 2004 el Ejido de La Sierrita de Galeana acordó con la empresa Excellon de México la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años, pero al momento de firmar el contrato en él se estipuló por 27 hectáreas (por el mismo precio). Tras amenazas e intimidaciones las y los ejidatarios firmaron el contrato. Así iniciaron los trabajos de la mina La Platosa.

Cuatro años más tarde, la ausencia de diálogo con la empresa, obligó a los ejidatarios a emprender acciones pacíficas para saber qué sucedía, logrando un acuerdo con la empresa y la firma de un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas.

La empresa minera, incumplió y violó el contrato acordado, exploró en tierras del Ejido no convenidas, retuvo el pago de la renta a los ejidatarios e incumplió los acuerdos sociales previstos. Todo ello, obligó a las y los ejidatarios a interponer una demanda de rescisión, la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados.

Dicho contrato establecía clausulas económicas, sociales y medioambientales en beneficio del ejido pero no fueron cumplidas, obligando a la Asamblea Ejidal a emprender una demanda jurídica que actualmente se encuentra en manos del Sexto Tribunal Agrario de Torreón, Coahuila y cuya resolución marcará un precedente a nivel nacional de quienes defienden la tierra, y los bienes naturales en México.

La decisión de las y los ejidatarios responde también a la omisión de la empresa y de las autoridades de cumplir a cabalidad con las clausulas acordadas y que con su incumplimiento afecta a la comunidad y sus derechos “a la tierra, a un medio ambiente sano, al agua libre de contaminación, así como los derechos humanos laborales de trabajadores mineros” como lo afirma Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) organización que acompaña a las y los ejidatarios de La Sierrita.

En este proceso integrantes de la Asamblea Ejidal, así como de la organización PRODESC, han recibido una serie de amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio en medios estatales y nacionales, así como el allanamiento a las oficinas de ProDESC agresiones vinculadas también al acompañamiento jurídico en el caso de La Sierrita.

Otro ejemplo claro ocurrió el 29 de agosto de 2012, cuando a decir de ProDESC “un centenar de elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y la Policía Municipal entraron violentamente a La Platosa intentando desmantelar el campamento pacífico que realizaban los ejidatarios por no tener respuesta claras de la minera. Para octubre de ese mismo año, la empresa llevó a grupos de choque para desalojar violentamente a los manifestantes y utilizó maquinaria de la mina para destruir el campamento donde se desarrollaba la manifestación de los ejidatarios”.

Conscientes de la ubicación del ejido, el cual se encuentra muy cerca de importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, las y los 127 ejidatarios, confían en la resolución del Tribunal y piden a la comunidad nacional e internacional, a las y los defensores de la tierra y el territorio a mantenerse atentos de la sentencia, misma que de resultar positiva garantizará el acceso a la justicia para las comunidades agrarias.

La Sierrita de Galeana, una historia de lucha

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/tribunal-agrario-de-torreon-definira-situacion-juridica-para-ejidatarios-de-la-sierrita/