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lunes, 22 de agosto de 2016

En México, el mayor número de conflictos mineros de AL: 80 socio-ambientales y 22 laborales

Sonora ha sido una de las entidades más afectadas por la contaminación de las mineras. En 2014, siete municipios aledaños al Río Sonora se vieron afectados por el mayor desastre ecológico de la minería en la historia reciente; ese año, la mina Buenavista de Cobre, de Grupo México, derramó en el afluente 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados. A dos años de la tragedia ambiental, los pobladores aún exigen al Gobierno que limpie el caudal y que frene los daños.

México es el país con más conflictos mineros de toda América Latina: 80 socio-ambientales y 22 laborales. La industria minera es cada vez más cuestionable por sus implicaciones ambientales y por la explotación que ejerce contra sus trabajadores. Organizaciones civiles han denunciado que la corrupción de las autoridades de los tres niveles de Gobierno les ha permitido quedar impunes cuando contaminan.

La minería es la actividad de mayor consumo de agua y es también su mayor fuente de contaminación, ya que altera al nivel del subsuelo por lo que las aguas subterráneas presentan residuos tóxicos como arsénico, plomo, cadmio, cianuro y mercurio. En tanto, los desechos de esta industria y las presas de jales almacenan contaminantes diversos que se evaporan y son absorbidos por la vegetación, y otra parte se escurre a los ríos o arroyos o se filtra al subsuelo contaminando aguas y pozos.

Más de 400 habitantes tan solo en Sonora han sufrido diversas afectaciones a la salud como dermatitis, alopecia, urticaria, gastritis, diarreas, cefaleas, conjuntivitis y enfermedades reumatológicas a causa del contacto con los residuos tóxicos que son fuertemente nocivos para la salud.

La extracción de agua a gran escala produce como principal efecto la desertificación masiva, sequías y agotamiento de agua. Además, el ruido y las vibraciones que produce la gran maquinaria perjudica directamente a la flora y fauna, e incluso repercute en la salud de las personas que habitan cerca de una mina.

La gran puerta de entrada para la instalación de grandes empresas mineras en México, de acuerdo con los activistas, es la corrupción. Misma que les permite permanecer impunes cuando un desastre ecológico se suscita en torno a ellas.

En 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había registrado más de 32 derrames de tóxicos en aguas del territorio nacional a lo largo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; cuatro de ellos corresponden a fallas por mantenimiento en presas de jales de las compañías mineras y el resto por fugas de hidrocarburos, cianuro y queroseno.

Estos han sido los derrames tóxicos más desastrosos y que han tenido serias repercusiones ambientales en los últimos años.


LAGUNA SAN JOSÉ DE BACIS, DURANGO (ENERO DE 2013)

El colapso de la laguna de oxidación en la mina de San José de Bacis, en Durango, registrado en enero de 2013, provocó la muerte de tres personas, mientras que más de 130 kilómetros del río Los Remedios también resultaron contaminados.

El hecho ocurrió cuando la laguna que contenía desechos de la mina La Herradura se derramó y el afluente arrastró a una familia. El entonces titular de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad, Jaime Fernández Saracho, señaló que elementos de Protección Civil del estado y personal de la empresa se encargaron de las labores de limpieza así como en la búsqueda de las personas desaparecidas. La multa impuesta a la compañía minera fue de sólo 194 mil pesos.

En tanto que la entonces delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Durango, Nora Loera de la Paz negó la contaminación del río Los Remedios en el municipio de Otáez.


DERRAME DE CIANURO EN RÍO YAQUÍ, SONORA (AGOSTO 2013)

En agosto de 2013, la volcadura de una pipa, de la Mina Mulatos productora de oro y plata, sobre la carretera federal 16 Hermosillo-Yécora, ocasionó la muerte de una persona y el derrame de 3 mil litros de cianuro sódico.

Las autoridades detallaron que la pipa de la transportista Prosabro S.A. de C.V. se derrapó y por consiguiente provocó el derrame de dicho químico, por lo que se tomaron medidas para cerrar las compuertas de la presa El Novillo.

Sin embargo, luego de un análisis que se realizó en la zona, se determinó que se trató de cianuro sódico, y pese a que el derrame fue controlado casi de inmediato, se suspendió toda actividad y el consumo del agua en ese caudal por una temporada.

El entonces director de la unidad estatal de Protección Civil, Víctor Manuel Landeros Arvizu, señaló que algunas aves y reptiles murieron y cerca de 10 personas tuvieron que recibir atención médica por haberse expuesto a los vapores.


DESASTRE ECOLÓGICO EN RÍOS SONORA Y BACANUCHI (AGOSTO DE 2014)

Otro de los grandes desastres mineros ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de solución de cobre de la mina Buenavista de Cobre, los cuales contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora.

La mina Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados en el caudal. El derrame fue catalogado como la peor tragedia ambiental de la minería en México, y la noticia tardó hasta dos días en difundirse por los siete municipios afectados del Río Sonora y muchos de los pobladores bebieron y se bañaron con agua contaminada.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), responsabilizó de forma directa a la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, la mayor compañía minera del país, por el derrame.

La empresa en ese momento intentó deslindarse del accidente aludiendo el desastre a las intensas lluvias. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desestimó esa posibilidad, pues no hubo reportes de lluvias en esas fechas. El hecho fue enfocado directamente a la negligencia con la que operaba la minera en aquella región.

Las consecuencias se centraron principalmente en el arroyo Tinajas, el Río Bacanuchi y el Río Sonora, lo que afectó a los municipios aledaños los cuales se quedaron sin acceso a agua potable tras haberse cerrado 322 pozos.

El entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, indicó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos podrían haber representado el peor desastre medioambiental en México que, además afectó directamente a 24 mil personas.

Luego de conocerse la tragedia, Grupo México y el Gobierno federal constituyeron el Fideicomiso del Río Sonora y con él llegaron las promesas: 28 plantas potabilizadoras, una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEAS), un plan de reactivación agropecuaria, remediación ambiental y la atención a la salud hasta 2029. Sin embargo, muchos de esos compromisos no fueron cumplidos en su totalidad.

Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos así como el fideicomiso de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones en la zona a nivel ambiental y social.


DERRAME DE CIANURO EN “EL ORO”, DURANGO (AGOSTO 2014)

En agosto de 2014, una de las presas de jale ubicada en el ejido Magistral del Oro, en el municipio El Oro, al norte de Durango, sufrió el percance debido a las lluvias registradas en esa temporada. El depósito perteneciente a la empresa Cananea de Grupo México, se sobresaturó y derramó parte de la solución tóxica, la cual corrió por la tierra hasta llegar al arroyo La Cruz que a su vez conecta al río Magistral.

Los pobladores del ejido habían reportado la muerte de varios animales, sin embargo, días después, la Profepa, en un comunicado, informó que el escurrimiento se incorporó al arroyo La Cruz y afectó 400 metros cuadrados de suelo natural, por lo que se procedió a interponer medidas de urgente aplicación para la reparación de los daños ambientales que hubieran ocurrido, además de la iniciación del proyecto administrativo correspondiente contra la empresa.


DERRAME DE CIANURO EN ALTAR, SONORA (ABRIL 2016)

El pasado mes de abril, la empresa Santa Rita, subsidiaria del grupo canadiense Aurico Gold Inc., provocó un derrame de 400 metros cúbicos de solución de cianuro el cual contaminó a una zona aledaña en el municipio de Altar, Sonora, en la zona desértica del norte de la entidad.

Varios trabajadores de la mina habían asegurado que el derrame se debió a deficientes medidas de seguridad y falta de mantenimiento. Aseguraron que semanas antes del derrame ya habían reportado una falla por el desperfecto en un tubo, sin embargo, los responsables hicieron caso omiso.

Algunos obreros narraron que varias horas después de haberse iniciado el derrame la empresa ordenó semienterrar la zona contaminada, sin aplicar debidamente los protocolos de seguridad para evitar una mayor contaminación, por lo que consecuentemente se provoco la absorción del cianuro en la tierra lo cual podría afectar mantos acuíferos.

Por su parte, el delegado de la Profepa en Sonora, Jorge Carlos Flores Monge informó que el derrame se debió a una falla de la unión de la tubería con una válvula, por lo que de inmediato los contaminantes fueron desviados a una pileta de residuos tóxicos.

Cerca del 50 por ciento de la producción nacional de minerales proviene de Sonora, donde la minería es la principal generadora de empleos y derrama económica. Sonora es el estado que produce el 84 por ciento del cobre del país y un 28.6 por ciento de oro.

Sonora además representa al estado de mayor producción minera de todo el país con un 50 por ciento del total nacional superando los 31 mil 500 millones de pesos.


INVESTIGAN 2 DERRAMES TÓXICOS EN COAHUILA

Ejidatarios del municipio de Ocampo, en Coahuila, denunciaron que la mina de plata “La Encantada”, operada por la empresa canadiense First Majestic, registró una fuga de cianuro que contaminó una presa donde los animales bebían agua. Es la segunda fuga en menos de dos meses.

El derrame ocurrió a causa de las fuertes lluvias registradas en los últimos días por lo que uno de los tanques de la mina se desbordó, así lo aseguró Mario Valdés, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlán, en el desierto de Ocampo.

Los pobladores afectados aseguraron que los daños ocasionados por el derrame se están evaluando; sin embargo, denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa sin da a conocer los resultados de los estudios del derrame que se registró hace menos de dos meses, el pasado 26 de junio.

La empresa minera First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

La mina adjudica que desde que inició a utilizar cianuro en el 2011 su producción aumentó. “El cianuro basta menos de un gramo para matar una persona. Y en esto , se utiliza en metros y metros de ese material. Todo el material es extraído de la mina es finamente molido, y después lavado, con infames cantidades de agua”.


En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SAMANTHA MACÍAS LAGUNAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-08-2016/3082109

viernes, 19 de agosto de 2016

Profepa investiga dos derrames tóxicos de minera canadiense acusada de robar a campesinos

Ejidatarios de Tenochtitlán, municipio de Ocampo, en el desierto de Coahuila, denunciaron un nuevo derrame de cianuro en las presas de la región, proveniente de la mina de plata que pertenece a la empresa canadiense First Majestic, que podría ser clausurada en caso de que se compruebe la acusación, según informó Raúl González, el delegado de la Profepa en el estado.

Ejidatarios del municipio de Ocampo, en Coahuila, denunciaron que la mina de plata “La Encantada”, operada por la empresa canadiense First Majestic, registró una fuga de cianuro que contaminó una presa donde los animales beben agua. Es la segunda fuga en menos de dos meses.

De comprobarse este derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que existe la posibilidad de clausurar la mina.

El derrame ocurrió a causa de las fuertes lluvias registradas en los últimos días por lo que uno de los tanques de la mina se desbordó, así lo aseguró Mario Valdés, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlán, en el desierto de Ocampo.
“Se les volvió a tirar, ya me confirmó el comisariado actual, que se les fue el agua para un tanque y como ha estado lloviendo y estas gentes no tienen bien hecho el trabajo, nada más quieren sacar la plata; ahora se contaminó una presita, un tanque en donde beben agua los animales”, planteó Valdés.
Los pobladores afectados aseguraron que los daños ocasionados por el derrame se están evaluando; sin embargo, denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa sin da a conocer los resultados de los estudios del derrame que se registró hace menos de dos meses, el pasado 26 de junio.

El ex presidente del Comisariado Ejidal informó que la empresa minera ha tratado de aminorar los daños ecológicos con el cercado de los terrenos cercanos a los tanques, sin embargo, aseguró que los terrenos ejidales siguen sufriendo daños a causa de los derrames.

Tras el derrame del pasado junio, la Profepa abrió una investigación para evaluar los daños y las causas del desbordamiento y aseguraron que se emitiría un dictamen con los resultados. Pero esto no ha ocurrido.
“No ha habido nada, ya tengo rato de que les estoy pidiendo los resultados y no los tienen. Me dicen que el jurídico, puras evasivas, debieron de haberlo sacado en 24 horas. Supuestamente la Conagua [Comisión Nacional del Agua] sacó unos exámenes y citaron a la encargada de Ecología de la mina en Saltillo, pero no hay nada, ya tiene más de un mes”, denunció.
Raúl González, el delegado de Coahuila de la Profepa, informó a Vanguardia que el área de afectación por el derrame tóxico fue de 2 mil 240 metros cuadrados.
“El derrame del 26 de junio quedó corroborado, fueron 2 mil 240 metros cuadrados de afectación y se dictaron medidas que tenía que subsanar la empresa. Ya nos presentaron documentación donde se acredita que algunas de estas medidas ya fueron cumplidas, mucho es obra hidráulica para prevenir otra contingencia, ellos ya iniciaron con el cumplimiento”, señaló.
Informó que luego de concluir las investigaciones, le dieron a la empresa 15 días para subsanar 7 medidas dictadas por la dependencia, la mayoría relacionadas a obras hidráulicas para evitar incidentes futuros. Señaló que, después de hacer la revisión, se dictarán las multas y sanciones que correspondan a las faltas que hubiera cometido la empresa.

Dijo que en caso de que se confirme que existió un segundo derrame, existe la posibilidad de clausurar la mina.

Informó además que una cuadrilla de inspectores de la Profepa partió ayer a Ocampo para investigar si se dio un nuevo derrame tóxico en la mina “La Encantada”.

LA MINERA

La empresa minera First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.
“Lo que hace el cianuro es que disuelve los componentes de la tierra, separa el oro, de la tierra, pero también de otros componentes sumamente tóxicos como el mercurio, plomo, cadmio, y otros”, explicó Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La mina adjudica que desde que inició a utilizar cianuro en el 2011 su producción aumentó. “El cianuro basta menos de un gramo para matar una persona. Y en esto , se utiliza en metros y metros de ese material. Todo el material es extraído de la mina es finamente molido, y después lavado, con infames cantidades de agua”.

Lugareños confirmaron que temen por la contaminación del agua; los primeros que han mostrado síntomas de afectación han sido los animales.

En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.
“La compañía ofreció 10 millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés.
La comunidad de 36 ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, se encuentra a la espera de la resolución de una sentencia del Tribunal Agrario del Sexto Distrito en Torreón, que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.

En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la empresa extranjera. El litigio lleva cinco años.

Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo, saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.

FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN/ALEJANDRO MONTENEGRO.

viernes, 22 de julio de 2016

En México 300 conflictos mineros vulneran derechos de los pueblos

El gobierno ha concesionado proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas, a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie de casi 26 millones de hectáreas, lo que representa alrededor de 12 punto 7 por ciento del territorio nacional.

Señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes y añadió que esta situación ha provocado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit

Explicó que la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera son múltiples como la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra las formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas, por ello dijo, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a
los megaproyectos mineros en México” como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.

Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado mexicano para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68 por ciento del capital invertido era de origen canadiense, aseguraron.


“El Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos” por lo que el manual presentado también propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades a fin de, explicaron, fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/en-mexico-300-conflictos-mineros-vulneran-derechos-de-los-pueblos/

Se concesionó a mineras 12.7% del territorio nacional, alerta Greenpeace

CIUDAD DE MÉXICO: Greenpeace México alertó este día que cerca de 12.7% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, donde predomina el capital de origen canadiense con 68% de inversión.


En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este viernes 22, organizaciones, colectivos de abogados y Greenpeace presentaron el manual “Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México”, una herramienta para hacer frente a los abusos de la puesta en marcha de esos proyectos en todo el país.

Greenpeace advirtió que “a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7% del territorio nacional”.


Esa situación, destacó Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes de Greenpeace, ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país, según la Red de Afectados por la Minería (Rema).

Además, resaltó la activista, en un año la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, “cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”.

La concesión del territorio nacional a proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, prosiguió, atenta con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas.

Lo anterior suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas.

Por ello, subrayó Greenpeace en un comunicado, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.

“Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de ‘desarrollo’ neoliberal y extractivo”, denunció Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó este año la existencia de 177 ANP en el país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que representan 12.1% del territorio nacional.

Es por ello que el manual Desca aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería, y plantea que es a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos.


Sin embargo, el manual propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448151/se-concesiono-a-mineras-12-7-del-territorio-nacional-alerta-greenpeace

martes, 19 de julio de 2016

¡No a la mina y sí a la vida y al territorio!, habitantes de Ixtepec frente a empresa minera

Alrededor de 500 habitantes del municipio Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, marcharon en rechazo a la actividad minera en la región del Istmo de Tehuantepec y advirtieron que no permitirán que sus recursos naturales, medio ambiente y sociedad sean contaminados por la explotación a cielo abierto que el consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, pretende realizar.

El Comité de Defensa de la Vida y Territorio Ixtepecano fue el que convocó a la protesta, la cual tuvo como consigna “No a la mina, sí a la vida y territorio”, así como los lemas “Si amas la vida, ¡di no a la mina!” e “¡Ixtepec sin minas!”.

Los habitantes de los 35 barrios del municipio fueron informados y advertidos de los posibles riesgos que implica la actividad minera en el territorio, por lo que atendieron a la convocatoria del Comité para demandar a las autoridades a que detenga los trabajos de la empresa, así como invitar a los campesinos a defender sus tierras.


En la marcha participaron integrantes del Colectivo en Defensa de la Tierra y el Territorio de Laollaga, quienes también luchan contra dos proyectos que se pretende instalar en su comunidad, uno minero y otro hidroeléctrico.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/no-a-la-mina-y-si-a-la-vida-y-al-territorio-habitantes-de-ixtepec-frente-a-empresa-minera/

domingo, 17 de julio de 2016

El pueblo que secó la plata

TLAHUALILO, DURANGO.- Refugio, de 72 años, cuenta en la sombra de un mezquite que no siempre fue tan pobre. La pensión de junio se le fue entre medicinas para el dolor y un poco de comida. Así que sólo le queda recoger lo poco que da este pedazo de desierto: vainas secas caídas del árbol, que vende como alimento para ganado. Por los 80 kilos que recolectó en tres días le pagaron 100 pesos. En las dos semanas que faltan para acabar el mes se aliviará el dolor de rodillas con alcohol y peyote. “El dolor como quiera aguanta, pero el hambre no”.

El sol de la tarde calienta el aire por arriba de los 40 grados en el pequeño ejido de La Sierrita. Debajo de los árboles los perros se muerden las patas para sacarse las espinas. Cualquier sombra en este desierto es un oasis.

Don Cuco, como le dicen sus vecinos, toda su vida estuvo lejos del interés de cualquier gobierno. Hasta 2012, cuando él y otros 126 ejidatarios fueron desalojados del plantón que tenían afuera de una mina explotada por la compañía canadiense Excellon Resources, y que está en una parte del ejido. Los pobladores protestaban por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de sus tierras. Los echaron a golpes. A la empresa la respaldaron el gobernador de Durango, el gobierno federal –que envió al Ejército–, y la Embajada de Canadá en México.

El conflicto pasó a un tribunal agrario, donde el gobierno mexicano es juez y parte. La resolución está prevista para agosto de este año, pero podría alargarse. Durante los cuatro años de enredos legales, la supervivencia de Cuco ha dependido de las vainas dulces que le da el desierto.

– ¿Qué siente que una mina esté sacando millones de una tierra que le pertenece? – le pregunto, mientras recarga su mentón en un bastón de palo.

– Es que somos ricos pobres. ¿Qué ganamos con tener tanta plata?

El ejido de la Sierrita está en la región de La Laguna. Es un lugar que paradójicamente no tiene agua y que está lejos de cualquier sierra. Un desierto en la Altiplanicie Mexicana, conocido como el Bolsón de Mapimí. “Somos un ejido que le dieron lo que sobró”, dice Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal.

La Comarca Lagunera todavía tenía lagunas en la década de los sesentas. El Barón Humbolt describió al Bolsón de Mapimí como una isla. Pero la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco secó la zona y la región algodonera prácticamente se acabó. Ahora, La Laguna es un ancho desierto que une a los estados de Durango y Coahuila.

En 1980, 127 pobladores de Tlahualilo que fundaron el ejido recibieron más de 6 mil hectáreas de puro desierto.

Cuco llegó a esta comunidad en esos años, cuando se formó el ejido. Entonces, había más agua y los pobladores trabajaban en las haciendas cercanas que producían melón y algodón. Otros se dedicaron a cortar mezquites para vender la leña en Bermejillo, un pueblo cercano. La gente admite –con cierta vergüenza– que ante la escasez llegaron a cazar ratas de campo para comérselas. Aún no había electricidad en el pueblo, con mecheros y combustible iluminaban las noches. Los ejidatarios llegaron a su nueva tierra, un lugar donde a nadie se le había ocurrido vivir.Foto: José Ignacio De Alba

El conflicto con la minera

En 2004, cuando Excellon Resources llegó a este pequeño pueblo de Durango y les propuso rentar sus tierras para instalar la mina La Platosa, los habitantes pensaron que se iban a hacer ricos. Fueron ingenuos.

En lugar de rentarles 4 hectáreas, como les habían planteado, los representantes de la empresa cambiaron la oferta y les ofrecieron comprar 27 hectáreas por 1 millón 200 mil pesos. Cada uno de los 127 ejidatarios iba a recibir casi 9 mil 500 pesos por vender lo que la propia compañía llama “la mina con el mayor grado de plata del país”.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal, asegura que fueron presionados con la amenaza de que si no vendían les podían expropiar. Tras meses de negociaciones, Excellon accedió a la renta, y ofreció una serie de “cláusulas sociales”: construir una planta tratadora de agua, entregar a los ejidatarios la administración del comedor de la mina y la concesión del transporte, además del pago de un fondo social y becas escolares.

Todos se imaginaron que el desierto se convertiría en un vergel.

Pero después de la firma del contrato, nada se cumplió.

“La mina vende esperanzas”, dice Consuelo, mientras cocina con agua de garrafón.

El agua fue el segundo problema. Excellon cavó tan profundo que encontró un mar de agua subterráneo en este desierto. Un verdadero tesoro. Cada segundo la minera extrae mil 200 litros de agua que es utilizada para riego, pero no en el ejido. Los únicos beneficiados de este tesoro han sido terratenientes cercanos a los que la mina vende agua, entre ellos hay unos ranchos de la compañía de lácteos Lala.

Los terratenientes cercaron grandes extensiones de terreno donde los ejidatarios de La Sierrita iban a que sus animales pastaran. La mina pauperizó la vida en el ejido. En ocho años, Guadalupe tuvo que vender sus 150 chivas, Carlos se quedó únicamente con una yegua, Cuco tuvo que vender sus ocho vacas – ya flacas – por 9 mil pesos. El agua envenenada -dicen aquí- mató a la poca fauna del lugar, ya ni ratas quedan para comer en los tiempos de crisis.

La organización no gubernamental ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que ha acompañado a los pobladores en sus gestiones con la minera desde 2008, realizó una serie de estudios técnicos que fueron avalados por la Facultad de Química de la UNAM.

“Se demostró que el agua que extrae la mina se encuentra contaminada también por arsénico y plomo”, dice el informe El camino por la defensa de los derechos humanos frente a una minera canadiense. La Sierrita de Galeana, publicado en mayo de 2015 y que es, hasta ahora, el único estudio independiente que se ha hecho sobre el impacto ambiental de la mina en la región.

Si esas no fueran razones suficientes, en noviembre de 2011, Excellon exploró y perforó tierra que no tenía arrendada en el ejido. Los ejidatarios decidieron entonces que ya era tiempo de sacar al inquilino incómodo o, al menos, tener un trato más justo.

El conflicto escaló a tal punto que los pobladores cerraron los accesos a la mina en julio de 2012. Lo que siguió fue una paliza, que comenzó con hostigamientos, patrullajes en el poblado y cateos en casas. Luego fue el desalojo. La empresa, apoyada por las fuerzas del estado, arrasó con el campamento con maquinaria pesada. “El Ejército estaba en los cerros, en las partes altas apuntando hacia los ejidatarios. La Policía Federal llegó con sus armas apuntando a los ejidatarios, con las armas listas para disparar” dice Juan Antonio López, abogado de ProDESC.

Los ejidatarios de La Sierrita fueron expulsados de su propia tierra el 24 de octubre del 2012. Años después descubrirían que la Embajada de Canadá en México también ayudó a ejecutar el despojo.Foto: José Ignacio De Alba
La intervención de la embajada

El 25 de febrero del 2015 la organización canadiense Minning Watch reveló que la embajada de Canadá en México tuvo un papel determinante durante el conflicto de La Sierrita.

Por medio del sistema de transparencia de su país, Minning Watch obtuvo documentos oficiales y correos electrónicos que muestran que el cuerpo diplomático organizó citas entre el CEO de Excellon Resources Brendan Cahill con políticos mexicanos de alto nivel, incluyendo al gobernador actual de Durango, Jorge Herrera Caldera. ¿El motivo? Persuadir a las autoridades mexicanas de deshacer la protesta iniciada por los ejidatarios, aún tolerando el uso de la fuerza.

La misma embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, participó en el intercambio de correos. El 10 de julio del 2012 envió uno a sus consejeros de asuntos políticos y económicos, David Morgan y Shauna Hemingway, proponiendo espiar a los pobladores durante las mesas de diálogo. Escribió: “creo que debe estar un representante comercial –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa”.

El 30 de julio Wayne Robson, delegado comercial de la Embajada le escribió a ejecutivos de la minera para decirles: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon requiere mayores vínculos institucionales”. Los correos tuvieron copia al ex presidente mexicano Felipe Calderón, al gobernador de Durango Jorge Herrera, al exsecretario de gobernación Alejandro Poiré y al exsecretario de economía Bruno Ferrari.

El cuerpo diplomático canadiense en México tuvo conocimiento de que el desalojo podía hacerse recurriendo a la violencia. La noche previa a la llegada de policías estatales, federales y militares al primer intento de desalojo del plantón, el delegado comercial intercambió comunicación con los directivos de la empresa, a los que dio sus “buenos deseos”.

Las 250 hojas del informe ayudan a reconstruir lo sucedido entre julio y noviembre de 2012. El futuro de los habitantes de La Sierrita estaba escrito, en correos desde la embajada de Canadá. La llamada “economic diplomacy”.

El desalojo finalmente lo realizó Rob Moore, uno de los gerentes de la mina, “ayudado de golpeadores traídos desde Zacatecas y trascabos de la minera”, dice el abogado López.

En México hay alrededor de 200 compañías mineras canadienses. Es el principal destino de las mineras de ese país. “Canadá sostiene este sistema de impunidad (en México) –dice Jennifer Moore de Mining Watch–. Entender el comportamiento de la embajada de Canadá en México es un importante indicador de cómo operan las misiones en el extranjero”.

El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal de La Sierrita presentó una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal para terminar la relación con la empresa minera y recuperar sus tierras. Su argumento era que Excellon no cumplió con las “cláusulas sociales” prometidas. La sorpresa de los ejidatarios fue que la minera canadiense también los demandó por incumplimiento del contrato de arrendamiento, al bloquear la entrada a la mina. En los 4 años que lleva el juicio, la empresa ha ganado tiempo y en el negocio de la minería el tiempo es oro. Cada año Excellon se ha embolsado 30 millones de dólares de La Platosa.Foto: José Ignacio De Alba
El pueblo seco

En la Sierrita, el agua llega a veces en septiembre con furia monzónica. La tierra, sedienta y agrietada, parece que la bebe desesperada. Los habitantes andan con los dientes manchados por tomar agua salina. Esa agua envenena la tierra, es tan pesada que después de un par de años de su uso en la agricultura deja la tierra inservible.

Como el agua se está acabando, la gente se está yendo. Muchos se fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, otros a Estados Unidos. José, el hijo de Cuco, es uno de ellos. Dejó la escuela porque no le alcanzaba el dinero para comprar uniforme o útiles escolares y se mudó a Ciudad Juárez donde encontró un futuro más prometedor.

En la escuela del pueblo hay un profesor para todos los grados de primaria y otro para todos los grados de la secundaria. Los jóvenes tienen la mirada puesta fuera de ese lugar sin orillas, mientras los viejos recuerdan cuando se cantaba la canción Cardenche un tipo de música a capela, las composiciones sin instrumentos -porque no había dinero para comprarlos- son coplas de amor. Le llamaron Cardenche en nombre de una espina desértica que al encajarse en la piel no provoca tanto dolor como cuando la desencajan. “Es como el amor”, dice Daniel Pacheco.

Yo me voy a morir a los desiertos / me voy del ejido / a esa estrella marinera

Sólo en pensar que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar…

Como la música cardenche, otras historias también empiezan a ser olvidadas. La gente aquí cuenta que la División del Norte pasaba por pueblos cercanos a La Sierrita, los álamos de los caminos estaban llenos de federales ahorcados en los árboles, colgados por gente de Francisco Villa. La iglesia de Santiago Apóstol de Mapimí, a 50 kilómetros del ejido, aún está llena agujeros de balas de los revolucionarios.

Hoy, hasta los álamos murieron. De sed.

“El agua que utilizan para el riego de sus parcelas está fuera de las Normas Oficiales Mexicanas para aguas destinadas a sistemas agrícolas y, en específico, presenta altas dosis de calcio y magnesio que se acumulan de manera constante cada vez que se riega la tierra. A partir del proceso natural de evaporación, estos minerales se acumulan y los suelos se han salinizado y han perdido su potencial agrícola”, dice el informe de ProDESC.

Excellon parece aprovechar el abandono de los gobiernos. Después de 4 años de juicio, en agosto habrá una resolución del tribunal. Pero el fin del conflicto está lejos. Cualquiera que sea el resultado las partes van a apelar, y el juicio puede extenderse años.

Mientras tanto, sin agua, el arraigo de los pobladores es improbable .

“Para nosotros, que haya agua es como si hubiera oro”, asegura el comisario ejidal.





Fuente: Animal Político
Autor: José Ignacio de Alba con información de piedepagina.mx
http://www.animalpolitico.com/2016/07/pueblo-seco-la-plata/

lunes, 11 de julio de 2016

Gastan 417 mineras al año agua para 3.2 millones de personas

En el país, 417 mineras gastan cada año 436.6 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para satisfacer el consumo anual de 3 millones 229 mil personas, casi una cuarta parte de quienes carecen del líquido en sus viviendas, reportó una investigación de Manuel Llano de Carto.

Esta información, obtenida con base en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que dichas empresas están integradas en 230 grupos, cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento de este recurso que amparan ese volumen anual.

Destaca que en el país hay 13.8 millones de personas que carecen de agua en la vivienda; además, en el norte del país, donde hay mayor escasez, se da la actividad minera más grande y se utiliza más el líquido, por lo que la mitad del agua destinada a la minería se gasta en Sonora: 107.9 millones de metros cúbicos al año; en Zacatecas, 55.8 millones, y en Michoacán 44.4 millones.

Derecho constitucional

En un reporte de su investigación, divulgado por Fundación Heinrich Böll, Llano indica que los 437 millones de metros cúbicos alcanzan para cubrir las necesidades de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. Además, agua está considerada un derecho humano en la Constitución.

Apunta que la minería está entre las actividades industriales que provocan más impacto al medio ambiente. El agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el beneficio y la transformación de minerales, debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación.

También es una de las industrias más intensivas en el consumo del recurso, pues afecta tanto su disponibilidad como su calidad. El impacto, señala, debe considerarse en tres dimensiones: alto consumo, contaminación y destrucción de las fuentes de agua. Explica que tan sólo durante 2014 cada segundo del año se extrajeron en todo el país 6 millones 766 mil 877 litros, según los datos del Repda.

Destaca que la información pública sobre el sector minero mexicano es prácticamente inexistente, incluso acceder a datos del catastro respectivo (concesiones) estaba sujeto al pago de derechos exorbitantes, ya que la Secretaría de Economía pretendía cobrar más de 7 millones de pesos para dar acceso a esta información a escala nacional.

Lo mismo sucede con los estudios de geoquímica de sedimentos de arroyo (indicador indirecto de potencial minero) que elabora el Servicio Geológico Mexicano, los cuales cuestan alrededor de 17 millones de pesos. Esta situación genera una asimetría en el acceso a la información pública, entre quienes sí pueden conocerla, los empresarios, y quiénes no, los dueños de la tierra y la sociedad en general.

Destaca que la Secretaría de Economía no reporta y mantiene reservada la información desagregada sobre cuántos minerales extrae cada empresa por proyecto minero, así como cuántos impuestos paga por este concepto.





Fuente: La Jornada
Autora: Angelica Enciso
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/11/sociedad/033n1soc

domingo, 3 de julio de 2016

Ni por todo el oro del mundo: Familias de Zacatecas en resistencia contra las mineras

Roberto de la Rosa contempla su casa: una construcción de muros anchos y grietas en el techo que por varias generaciones ha pertenecido a su familia. En la sala, frente a una imagen del mítico héroe revolucionario Emiliano Zapata, dice que él no abandonará sus raíces por nada en el mundo. Esos muros desgastados resguardan la historia de un hombre que desde hace seis años lucha contra un consorcio que quiere explotar una mina a cielo abierto en el terreno donde está asentada su casa y la de sus vecinos.

Él vive en Salaverna, una comunidad apostada sobre un terreno montañoso del municipio de Mazapil, ubicado en el noreste del Estado de Zacatecas. Ahí la empresa Tayahua en asociación con Frisco —una compañía de Carlos Slim, el hombre más rico de México— emprendió en 2010 un proyecto minero-metalúrgico que extraería el mineral mediante minado a cielo abierto con una inversión de 45 millones de dólares.

El conflicto entre la comunidad y la minera comenzó a finales de 2010 cuando recibieron las primeras visitas de los miembros de la compañía que intentaban convencerlos de desalojar el terreno, cuenta don Roberto, delegado municipal. La empresa les ofrecía reubicarlos a un nuevo fraccionamiento construido exclusivamente para ellos porque en el subsuelo de Salaverna había una falla sísmica que representaba un riesgo para su vida.

La mayor parte de las 120 familias se resistieron a aceptar el trato y la minera continuó con el trabajo subterráneo, que implicaba detonaciones tres veces al día. En diciembre de 2012 una parte del cerro donde están apostadas las casas se desgajó y se vieron afectados un par de vecinos. Casualmente ese día gente de la empresa llegó a contarles que el nuevo fraccionamiento, ubicado a 5 kilómetros de ahí, estaba casi listo para su inauguración. Los opositores al proyecto están convencidos que el desprendimiento ocurrió por las detonaciones que hace la empresa con la finalidad de infundirles temor.

"Muchos por el miedo de que sus casas se fueran a hundir se fueron, pero otros aceptaron porque se deslumbraron. Nunca había visto esas casas con regadera, vitropiso (piso de cerámica), como en las ciudades. Entonces se fueron como 50 familias", explica Celestino Guevara, otro de los habitantes que se resisten a dejar su propiedad.

La compañía cuenta con la declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente que les autoriza trabajar en la zona y posee la concesión para explotar unas 300 hectáreas. Sin embargo no ha podido desalojar a las 16 familias porque estas poseen títulos agrarios que amparan la propiedad de sus parcelas.

Un pueblo fantasma

Al caminar por las veredas de Salaverna se observan decenas de casas derruidas que dan la sensación de un pueblo abandonado. Son los restos de las viviendas que fueron vendidas a la empresa y que ésta pulverizó. La iglesia ha sido cerrada porque está atravesada por una enorme grieta, en la primaria ya no hay clases y los servicios que ofrecía la clínica médica fueron trasladados al nuevo Salaverna.

—Ese era un cine hace muchos años, luego lo hicimos un auditorio —señala don Roberto mientras camina entre los escombros del inmueble sin techo.

Más arriba está la única tienda de la localidad. Emilia Torres, la dueña del comercio, dice que aunque su tienda está a punto de extinguirse por las escasas ventas, no dejará Salaverna. “Dicen que allá es una colonia moderna, pero yo no vivo de lo moderno, si yo ahorita no tengo para comer, voy y mato una gallina y se las cocino en una fogata allá afuera a mis hijos, y allá abajo no te dejan tener animales ni prender lumbre en la calle. Yo aquí tengo cochinos, conejos y palomas porque esta es nuestra forma de vivir”, expresa.

Celestino Guevara tampoco se marchará. En Salaverna hay muchas personas como él que poseen casas de 50 metros de largo y 50 de ancho. En el nuevo fraccionamiento las viviendas son de 8 y 12 metros. “Yo aquí no molesto a ningún vecino porque mi casa está separada de la de él, allá viven juntitos los unos a los otros”, afirma.

En el nuevo Salaverna, Refugio –una anciana de 90 años y arrugas pronunciadas- está sentada afuera de una vivienda de colores pálidos. Su nuera dice que ahí se la pasa todo el día. “Está deprimida, desde que nos vinimos para acá, no tiene mucho que hacer. Allá se la pasaba todo el día caminando por el monte o alimentando a los animalitos”. Otra vecina, quien atiende una tienda de abarrotes, dice que ella está conforme con su casa. “Acá tenemos una escuela nueva, nos hicieron una iglesia y las calles están pavimentadas”, dice.

TERRENO QUE VALE ORO

Zacatecas es un Estado tradicionalmente minero y esta actividad es uno de los principales pilares del desarrollo económico de la región. Desde la época de la colonia se han explotado importantes yacimientos de cobre, oro y plata. Actualmente el 40% del territorio está concesionado.

Uno de las regiones mineras más importantes está en Mazapil (22.000 habitantes), a donde pertenece Salaverna. El municipio fue el mayor productor de oro y plata durante 2014, según el último informe de la Cámara Minera de México.

El alcalde de Mazapil, Vicente Pérez Esquivel, cuenta que Salaverna se formó como un centro de población para los empleados que trabajaban en el ejido Terminal de Providencia –donde están las instalaciones de la mina- y con el paso de los años estudios geológicos fueron encontrado que el yacimiento minero daba hacia donde está ubicado Salaverna “El ejido quedó atrapada en ese importante yacimiento”, explica el alcalde.

La actividad minera es uno de los principales ejes económicos del municipio debido a la derrama económica que dejan los empleados y a la mano de obra que contratan. “El primer beneficio es que nos ocupan a una parte de nuestra gente, y pagan un impuesto de su predio. Al año se les cobra un predial de 16 millones de pesos (unos 888.000 dólares). Ese dinero nos ayuda en las necesidades del municipio: servicios públicos, mantenimiento de escuelas o centros de salud”, expone.





Fuente: El País Internacional
Autora: Zorayda Gallegos
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/02/mexico/1467410629_857103.html

jueves, 9 de junio de 2016

Grupo minero falsifica firmas para operar basurero industrial

SAN LUIS POTOSÍ, SLP: Cuatro exregidores del ayuntamiento del municipio de Santo Domingo acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para denunciar la falsificación de sus firmas en un acta en la que presuntamente se otorga el cambio de uso de suelo para la instalación del confinamiento de residuos industriales (tóxicos) en el rancho Palula, sin embargo, la dependencia no les recibió el documento.

El acta fue utilizada por la empresa Centro de ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), del empresario minero José Cerrillo Chowell, para obtener los permisos federales ante la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat) para operar el tiradero industrial en el rancho de su propiedad, en más de 13 mil hectáreas de extensión entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Acompañados por los abogados Ricardo Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, y Daniel Jacobo, investigador de El Colegio de San Luis, los regidores acudieron ante el procurador Federico Garza Herrera, pero éste no los atendió y fueron recibidos por el subprocurador de Averiguaciones Previas Luis Raúl Gerardo Flores Olguín.

Los abogados explicaron al funcionario que ante el desconocimiento de las firmas (que apenas son parecidas a las de los exregidores) se podría estar incurriendo en cuatro delitos: falsificación de documentos, uso indebido de documentos, usurpación de funciones y fraude, por parte de quienes elaboraron el acta y la utilizaron para diversos propósitos, entre ellos la obtención del permiso para el confinamiento en Palula, por lo que pidieron a la PGJE investigar el caso como un asunto relevante.

El subprocurador se negó a recibirles la denuncia con el argumento de que en un par de días entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal, por lo que les sugirió esperar, “porque no sabía cómo manejar este asunto”.

En entrevista telefónica con Apro, los exregidores Rosa María Betancourt, Isidro Quiroz (del PT), María Elena Hernández Martínez y Juan Manuel Dávila (del PAN) señalaron que en la administración 2009-2012, cuando fungieron como integrantes del Ayuntamiento, nunca fueron consultados ni se planteó dentro del órgano colegiado el trámite del permiso para la instalación del confinamiento industrial.

Los exfuncionarios se enteraron hace apenas unos meses que sus firmas aparecían en el acta 60/2012 de una supuesta sesión extraordinaria del Cabildo con fecha 30 de marzo de 2012 (la que según ellos, ni siquiera se realizó), cuando integrantes del Comité por la Defensa de la Vida, en Santo Domingo y municipios circunvecinos, marcharon a la presidencia municipal y ahí les mostraron el acta “y vimos que ahí aparecía como si hubiéramos firmado, pero nosotros no fuimos”.

Rosa María Betancourt asegura que no tenía idea de qué se trataba lo del confinamiento. “Nunca se nos notificó nada”, apuntó.

“Las firmas son parecidas, pero ni son iguales a las de nosotros”, señaló por su parte María Elena Hernández. “Allá (en Santo Domingo) ya nos traen porque se nos culpa; queremos que se aclare”, subrayó.

A su vez, Isidro Quiroz señaló que además de estar en contra del tiradero de desechos industriales, “estamos dando la cara” y por ello, dijo, decidieron interponer la denuncia ante la PGJE.

Los asesores Ricardo Sánchez y Daniel Jacobo resaltaron que dicha denuncia confirmaría la falsificación de los permisos de cambio de uso de suelo por parte del gobierno municipal, además de que se han encontrado indicios de que se pretendió elaborar documentos para demostrar un supuesto trámite previo por parte de la empresa CITSU ante el municipio de Santo Domingo.

“La empresa –como se ha manifestado también en los juicios de amparo iniciados y en proceso ante la justicia federal– está utilizando documentos apócrifos”, reiteró el abogado Ricardo Sánchez.
Por ello, anunció, el próximo lunes 13 acudirán de nueva cuenta a la PGJE para interponer la denuncia.

Édgar Coronado Luna, ejidatario de La Victoria (comunidad colindante con Palula y que comparte una cuenta hidrológica con el rancho), dijo a Apro entre la población ha crecido la inconformidad y la preocupación por la operación del confinamiento, a medida que se enteran de los riesgos que implica para su salud y sus actividades.

“Hay un gran descontento social de ejidatarios, amas de casa, ganaderos. Tenemos el apoyo de la Diócesis de Matehuala y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, las legales, con la ayuda de los asesores”, apuntó.


El tema, concluyó, ha sido minimizado por el gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443521/denuncian-exregidores-falsificacion-firmas-la-instalacion-confinamiento-residuos-toxicos-en-slp

miércoles, 1 de junio de 2016

Advierten riesgos por derrames de hierro molido de minera en Manzanillo

COLIMA, Col: Los habitantes de la comunidad Punta de Agua de Camotlán, en el municipio de Manzanillo, se encuentran en riesgo de sufrir daños en su persona o sus bienes por los derrames de hierro molido que transporta la minera Peña Colorada a través de ductos, desde Minatitlán hasta el puerto de Manzanillo, advirtió el director de Protección Civil del ayuntamiento, José Guadalupe Tene Rodríguez.

Mediante el oficio DPC/0327/2016, fechado el 24 de mayo pasado, el funcionario municipal notificó al director de la empresa trasnacional Arturo Tronco Guadiana la necesidad de realizar el próximo jueves 2 de junio una reunión en la Casa Ejidal de la comunidad, así como un recorrido por la ruta de las tuberías que transportan el mineral.

“Los motivos para hacerlo –explicó– son las múltiples molestias y riesgos que presentan a los vecinos por donde pasan sus ductos, ya que en ocasiones han sufrido roturas (…), es por ello necesario establecer medidas preventivas para evitar que el mineral molido pudiera invadir los hogares de esa comunidad por ese tipo de fallas”.

Este llamado de la oficina de Protección Civil fue la respuesta del ayuntamiento de Manzanillo a las constantes quejas que durante los meses previos habían expresado habitantes de Punta de Agua de Camotlán, encabezados por el expresidente del Consejo de Vigilancia de ese ejido Fermán Martínez Ruiz.

En entrevista, el representante campesino señaló que la población ha vivido con zozobra debido a una serie de explosiones ocurridas en los tramos de los ductos que cruzan por el subsuelo del poblado, pues las tuberías no han sido renovadas desde hace más de una década.

De acuerdo con Fermán Martínez, hasta ahora los siniestros han provocado muertes de animales y daños en algunas viviendas, pero “pedimos la intervención de las autoridades porque queremos evitar que haya víctimas humanas”.

Refirió que el paso de los ductos de Peña Colorada desde hace casi cuatro décadas no ha redituado ningún beneficio significativo para la comunidad, pues lo más importante que hasta ahora ha hecho la empresa es un pequeño jardín con bancas de cemento, pero en realidad los beneficiarios del paso de las tuberías han sido los directivos ejidales.

“Los representantes del ejido hacen convenios con Peña Colorada y ellos son quienes han recibido los beneficios de manera personal; a ellos sí les ha ido bien, la minera les hace brechas para sus parcelas, les pone puertas de fierro… dinero no me consta que les dé, pero sí les hace obras en sus propiedades, y al ejido que somos todos no nos toca nada”, dijo.

Fermán Martínez narró que hace más de cuatro años, cuando él presidía el Consejo de Vigilancia del ejido, un grupo de trabajadores de la empresa empezó a cavar zanjas en la zona de los ductos para “voltear” la tubería, que ya se encontraba desgastada de la parte de abajo.

Inconforme con esta situación, les ordenó suspender los trabajos en el tramo correspondiente de Punta de Agua y les pidió informar a sus patrones que, para evitar riesgos a la población, deberían renovar completamente los tubos.

“Ya no siguieron ‘volteando’ la tubería, pero hasta la fecha tampoco regresaron a cambiar los tubos, por lo que en este tiempo han aumentado las roturas y explosiones”, contó.

Como resultado de las indagatorias que ha realizado, Martínez Ruiz se enteró de que existe un contrato del ejido con Peña Colorada, pero a pesar de que en las últimas cuatro asambleas ha pedido que se dé a conocer su contenido a los ejidatarios esto no ha ocurrido.

A finales de julio de 2015, durante una visita que realizó a la comunidad la entonces alcaldesa electa Gabriela Benavides —que en ese momento era todavía diputada local por ese distrito—, recibió un escrito firmado por 87 ejidatarios y habitantes que le pedían intervenir ante la problemática de los ductos de la minera, que pasan al pie de las viviendas, en el área de las banquetas.

Los afectados narraron que en menos de dos años se habían registrado tres explosiones de las tuberías, una de ellas en el cauce del río, por lo que el mineral contaminante se quedó en esa área hasta que fue arrastrado por la corriente en la temporada de lluvias. Posteriormente, hubo una explosión en una de las calles que dañó un muro de una vivienda y la última ocurrió frente a las instalaciones de la secundaria en momentos en que no había estudiantes.

“Consideramos que es más que evidente la situación de riesgo en que la empresa minera Peña Colorada mantiene permanentemente a nuestras familias, ya que el nivel de presión que mantienen los tubos es muy alto y al estar enterrados al interior del pueblo y al pie de las casas resulta muy peligroso para la gente que aquí vivimos y para quienes visitan la comunidad”, expusieron.

Por lo tanto, le pidieron su intervención en su carácter de representante popular para concertar una reunión de la comunidad con los directivos de Peña Colorada, con el propósito de lograr un acuerdo “en el cual se establezca fecha para el retiro de la tubería que cruza nuestra comunidad y que mantiene en riesgo grave la seguridad de nuestras familias y nuestro patrimonio”.

Los manifestantes aclararon que la mayoría de los ejidatarios y las autoridades ejidales “no se niegan a dar paso a la tubería propiedad de la empresa minera Peña Colorada, lo que no queremos –por el riesgo que representa– es que pase por nuestra zona habitada”.

Desde entonces, los habitantes continuaron insistiendo ante el ayuntamiento de Manzanillo, hasta que la comunidad fue visitada por personal de Protección Civil y este jueves se realizará la reunión, en la que participarán representantes del ejido, la comunidad, la empresa y autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Queremos ver a qué acuerdo llegamos —mencionó Fermán Martínez—, porque la verdad vivimos en una zozobra porque no han cambiado los tubos, el último tronó para abajo, pero la gente que estaba cerca sintió como que estaba temblando y hasta que empezó a brotar el líquido se dieron cuenta de qué se trataba. Qué bueno que se rompió para abajo porque es peligrosísimo, cuando un tubo se rompe hacia arriba destroza un árbol, no se imagina la presión que trae”.

Como consecuencia de explosiones anteriores, dijo, murió una vaca propiedad de Miguel Guerrero y resultó dañada una barda de la casa de Luis Godínez, además de que algunas viviendas han sufrido inundaciones del lodo de mineral y a un lugareño se le ahogaron varios gallos.


“Dicen que eso no contamina, pero huele a puro lodo acedo y después de que se ha ido por el cauce del río algunas personas que van a bañarse ahí han sufrido enfermedades de la piel; dicen que les pica el agua y les han brotado ronchas”, remató.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442408/advierten-riesgos-derrames-hierro-molido-minera-en-manzanillo