Acuerdan aumento salarial de hasta 12% para mineros; incluyen becas y plantas

CIUDAD DE MÉXICO: El sindicato minero dio a conocer que concluyó la revisión de salarios en cuatro secciones, “con un incremento global de ingresos hasta por 12%”. Los aumentos directos al salario fueron de 5.5% y 6%, y un porcentaje similar en prestaciones, precisó.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) entre las prestaciones destacan la ayuda de 7 mil pesos por trabajador, 30 becas, 30 plantas, ayuda para el día del minero, que se celebra el 11 de julio, y un aumento significativo al bono anual por asistencia perfecta.

Una de las secciones que revisó los tabuladores salariales es la 274, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la empresa Dinámica Industrial del Balsas de Fertinal, SA de CV. En este caso el aumento al salario fue de 5.5% y 6% en prestaciones, lo que hace un global de 10.5%.


La sección 275 de Tlalnepantla, Estado de México, consiguió con la empresa de auto partes Dana de México Corporation, S de RL de CV, un aumento global de 10%, es decir, 5.5% directo al salario, más 0.5% en una sola exhibición y 4% en prestaciones.

La sección 16, de Nueva Rosita, Coahuila, dedicada a la extracción de carbón con Materiales Industrializados, SA de CV, logró un incremento global de 7% (5% directo al salario, 1% en una sola exhibición y 1% en prestaciones).

Y la sección 67 de Fundidora de Cananea, SA de CV, en Sonora, dedicada a la fundición de acero, se adjudicó un aumento global de 10%, constituido de 5.5% directo al salario, 1.5% en una exhibición y 3% en prestaciones.


En otro asunto, los trabajadores sindicalizados hicieron un llamado al gobierno para que permita el regreso de su líder, Napoleón Gómez Urrutia, quien desde el sexenio pasado se autoexilió en Vancouver, Canadá, después de que le giraron órdenes de aprehensión por fraude a un fideicomiso de los mineros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460992/acuerdan-aumento-salarial-12-mineros-acuerdan-becas-plantas

Larrea, el sucio

CANANEA, SONORA: El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajadormurió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.


Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas. Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba.

LINK: https://desinformemonos.org/larrea-el-sucio/

**Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la  Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas


http://piedepagina.mx/el-banquete-minero.php

Anuncian que unen sus luchas maestros, familiares de desaparecidos, mineros e indígenas frente al gobierno

Se reúnen padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Dirección Colectiva Estatal de Organizaciones Sociales y la CETEG oficial y acuerdan exigir juntos sus demandas. La de la CNTE es una lucha justa, afirma Melitón Ortega.

Chilpancingo, Gro.- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la Dirección Colectiva Estatal de Organizaciones Sociales y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que dirige Ramos Reyes Guerrero, en conferencia de prensa anunciaron que unificarán sus luchas para que el gobierno atienda sus demandas que ha ignorado.

En el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), acordaron apoyarse mutuamente para exigir al gobierno “justicia, verdad y castigo”.

“Hoy los padres de familia seguimos en pie de lucha de manera firme, convencidos de que hoy por hoy hay la necesidad de crear y establecer alianzas con todos los sectores de la población que sufren esta injusticia implementada por el Estado mexicano”, dijo el representante de los padres de los 43 desaparecidos, Melitón Ortega.

Resaltó que así como ellos buscan a sus hijos hay muchas otras que también buscan a sus desaparecidos, dijo además que su lucha ha sido difícil por los obstáculos que han enfrentado principalmente del gobierno.

“Les queremos decir que es necesario juntarnos, que es necesario reagrupar este movimiento, que es necesario dejar a un lado los intereses personales y los intereses de grupos, porque aquí de por medio está la vida de muchos estudiantes, de muchos ciudadanos y de muchos líderes sociales que han luchado para transformar este país”, aseveró.

Mencionó que han llamado a la unidad, para que de manera conjunta puedan luchar y ser más fuertes.

Melitón Ortega comentó que los padres de los 43 normalistas están abrazando las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), porque la consideran una lucha digna que está en defensa de la educación pública, y que va en contra de las reformas estructurales.

Añadió que los diputados de los tres niveles de gobierno son los responsables de que el país esté padeciendo violencia, pobreza e inseguridad, y reiteró el llamado a la unidad, pues dijo que de lo contrario seguirán sufriendo las embestidas del gobierno.

Por su parte la representantes de la CETEG, Aracely Fierro Torres señaló que están en paro nacional “no en contra de la reforma educativa si no en contra de esta reforma laboral”, en referencia a la reforma educativa.

Llamó a la población a que no los dejen solos en su lucha, pues manifestó que los profesores solos no van a poder, que necesitan ayuda.

Mientras que el dirigente de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Roberto Hernández Mojica, quien pertenece a la Dirección Colectiva, expresó que “los mineros nos hemos unido desde el inicio del problema que tuvieron los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hemos hecho su lucha la nuestra también, hemos colaborado en la búsqueda de estos jóvenes, hemos hecho la invitación a los padres de familia de los estudiantes para que hagamos una búsqueda minuciosa en el municipio de Taxco, al igual que ellos nosotros hemos sufrido fuertemente la agresión de estos gobiernos”.

Indicó que es importante la unión entre ellos porque el gobierno “le apuesta al cansancio para que se olviden de los problemas que están viviendo”, y que si cada quien busca su lucha no lograrán nada.

El representante de la comunidad de Ahuixtla, municipio de Chilapa, Francisco Abarca enfatizó que al igual que las demás organizaciones los pueblos indígenas ya no quieren que el gobierno los siga reprimiendo.

“Nosotros como indígenas queremos luchar conjuntamente con ustedes”, expresó el dirigente.

Durante la conferencia se lanzaron consignas como: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡ni perdón ni olvido!”, “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, “¡el maestro luchando también está enseñando”.

Fuente: El Sur

Autora: Beatriz García

http://suracapulco.mx/2/anuncian-que-unen-sus-luchas-maestros-familiares-de-desaparecidos-mineros-e-indigenas-frente-al-gobierno/

Negocian mineros de Lázaro Cárdenas y Arcelor Mittal

Ciudad de México. Integrantes del sindicato minero y directivos de la empresa Arcelor Mittal, iniciaron hoy una negociación - en la ciudad de México- para solucionar el conflicto en esa planta de la rama de altos hornos y acerías, una de las más grandes de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La sección 271 del sindicato minero inició una huelga el viernes pasado, la cual no fue avalada por la autoridad laboral. En cambio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguran que se trata de un paro ilegal.

Sin embargo, las partes se sentaron hoy a la mesa y se espera que por la noche o durante el fin de semana surja algún tipo de acuerdo, en esta "negociación de facto", señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

"(Sindicato y empresa) están en pláticas conciliatorias, las cuales van por buen camino; tengo la esperanza fundada que el diálogo prevalezca y se normalicen las actividades económicas en la empresa.

En la tarde de hoy se sigue negociando a morir en la secretaría y creo que este fin de semana tendremos ya resultados positivos para la empresa, para el sindicato y la planta productiva. Es una negociación de facto a petición de partes en conflicto", señaló.

Dijo que aunque están concentrados en la etapa de conciliación y la empresa no ha hecho demandas de otro tipo, es claro que "no hay legalidad en la toma violenta de instalaciones; no se llegó ni siquiera a un estado de huelga que se declarara improcedente; aquí, por haber archivado un emplazamiento que llevaba 16 prórrogas y que por lo tanto ya no podía ser el mismo emplazamiento de origen y que no se puede estar viviendo en un ambiente permanente de emplazamiento a huelga (se archivó) con la idea de que volvieran a interponer su emplazamiento".

Algunos trabajadores, señaló el funcionario, tomaron la decisión de parar la planta y tomar violentamente las instalaciones. No obstante, esperamos la solución a través del diálogo y poder reanudar las actividades económicas que mucho le hacen falta a esa zona del país.


En este momento, precisó en entrevista, hay muchas propuestas en la mesa, a unas semanas de que pudieran iniciarse las negociaciones de revisión del contrato colectivo vigente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/11/inician-negociaciones-sindicato-minero-y-arcelor-mittal-2049.html

Desconoce la STPS huelga de mineros en Lázaro Cárdenas

Ciudad de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social denominó "toma de instalaciones" por parte de los trabajadores en la empresa Arcelormittal, ubicada en Lázaro Cárdenas Michoacán, mientras que los mineros afirman que es una huelga emplazada de forma legal por violaciones al contrato colectivo.

"Ante la toma de las instalaciones de la empresa Arcelormittal, la STPS exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a privilegiar el diálogo y conducirse con pleno respeto a la Ley", dijo la dependencia esta noche.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social - añadió- "fue informada por la empresa Arcelormittal que tras conocerse la resolución de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje de archivar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, trabajadores de ese sindicato iniciaron la toma de las instalaciones de la empresa por medio de la fuerza, a pesar de que dicha resolución se encuentra fundada y apegada a derecho, por lo que no se trata del estallamiento de una huelga sino de un paro ilegal de labores".

En un comunicado, la secretaría manifestó su disposición para fungir como mediadora entre las partes y facilitar la búsqueda de soluciones al conflicto, de tal manera que se salvaguarden y preserven los derechos de los trabajadores y las fuentes de empleo.

"Conocedora de las denuncias que la empresa ha interpuesto, esta dependencia ha solicitado a las autoridades competentes, a nivel estatal y federal, que en uso de sus facultades legales garanticen la seguridad de personas y bienes al interior y exterior del centro de trabajo", señaló.


Existen las instancias y cauces legales - agregó- para que las partes que estimen que se han afectado sus derechos, los hagan valer.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/stps-dispuesta-a-resolver-conflicto-de-mineros-de-lazaro-cardenas-9876.html

Mineros, la mayoría de las víctimas emboscadas en Sierra de Durango

DURANGO, Dgo., (apro).- La mayoría de las 11 víctimas mortales de la emboscada ocurrida el sábado 18 de julio en el municipio de San Dimas, eran mineros de la región. Al menos así lo han expresado los familiares que han acudido al Servicio Médico Forense a reconocer los cuerpos.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, reconoció que hasta el momento no existen indicios de vínculos de la víctimas con la delincuencia, por lo que incluso no se descarta la posibilidad de una confusión.

“Los familiares que han acudido a identificarlos, indican que (las víctimas) se dedicaban a la minería”, dijo la servidora pública al admitir que hasta el momento no hay personas detenidas por el incidente.

De comprobarse que se los ahora fallecidos se dedicaban a dicha actividad, podría abrirse la posibilidad de una confusión, reconoció de la Garza Fragoso.

Dijo, de igual forma, que se ordenó de inmediato una mayor presencia de elementos de la Fiscalía a su cargo en la zona donde ocurrió el ataque, misma que fue respaldada con un fortalecimiento de los recorridos por parte del Ejército mexicano.

Señaló, de igual forma, que es poco probable que el incidente tenga su origen en el recrudecimiento de la violencia detonada tras la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal federal del Altiplano.

Hasta el mediodía de este lunes, los nombres de las víctimas mortales de la emboscada no habían sido dados a conocer por las autoridades ministeriales.

Fuente: Proceso

Autor: Luis Lozano

Liberan a uno de los cuatro mineros secuestrados en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Juan Carlos Peña, uno de los cuatro trabajadores de la empresa canadiense Gold Corp secuestrados el jueves 5, fue liberado el pasado fin de semana.

De acuerdo con reportes oficiales, la víctima regresó por sus propios medios a su domicilio ubicado en Carrizalillo, en las inmediaciones de la mina Los Filos-El Bermejal, en el municipio de Eduardo Neri, región Centro de la entidad.

Hasta el momento, autoridades estatales y directivos de la minera mantienen hermetismo total en torno del caso, al parecer para ocultar las presiones de integrantes del narcotráfico que mediante acciones violentas extorsionan a empresas que explotan minerales en la franja denominada “El cinturón de oro”, localizado en la rivera del emblemático río Balsas.

El pasado jueves 5 se dio a conocer que un grupo de sujetos armados interceptó a cuatro trabajadores de la minera canadiense y se los llevó por la fuerza.

Según las investigaciones preliminares, Juan Carlos Merino González, Mauricio Gatica Peña, Juan Carlos Peña y una cuarta persona de la cual se desconoce su nombre, son originarios del poblado de Carrizalillo.

Obligados por ese plagio y las constantes presiones del narcotráfico, directivos de la empresa canadiense Gold Corp se reunieron el sábado 7 con autoridades estatales en el puerto de Acapulco.

Ese mismo día, uno de los cuatro mineros privados de su libertad fue liberado con visibles huellas de tortura. Las autoridades sólo esperan que se restablezca para que declare ante el Ministerio Público del fuero común, debido a que la Fiscalía General del estado (FGE) integró la averiguación previa BRA/SC/709/2015 por “la posible” privación ilegal de la libertad de los cuatro empleados.

Reportes oficiales consultados por Apro refieren que el poblado de Carrizalillo, lugar considerado como un corredor de droga que conecta la zona del río Balsas con la Sierra de la entidad, es controlado por un sujeto identificado como El Peña, jefe de una célula delincuencial presuntamente al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.


Pese a que los ataques de la delincuencia contra empresas mineras en el estado se han convertido en una constante, los directivos de los corporativos extranjeros y autoridades de los tres niveles de gobierno han ocultado los hechos, pero en reuniones privadas los empresarios han denunciado la dramática situación que afecta directamente a los trabajadores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Rechazan deudos de Pasta de Conchos candidatura de Medina Mora a la SCJN

MÉXICO, D.F: Los familiares de los mineros de Pasta de Conchos sepultados en una explosión el 19 de febrero de 2006, se sumaron este miércoles a los cuestionamientos por la candidatura de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A unos días de que el pleno del Senado vote el nombramiento de quien ocupará el lugar del fallecido ministro Sergio Valls, familiares de las víctimas acusaron a Medina Mora de obstruir la justicia en el caso de Pasta de Conchos, cuando fungió como titular de la PGR, de ahí que los deudos se vieron obligados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado firmado en la Región Carbonífera de Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos descalificó al actual embajador de México en Estados Unidos para ser miembro de la SCJN, “pues carece de la autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Al anunciar que sus consideraciones las harán del conocimiento del panista Roberto Gil Zuarth, que preside la Comisión de Justicia, y al resto de los senadores, la organización recordó que en 2008, siendo titular de la PGR, Medina Mora rechazó la recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias”.

También señala que de acuerdo con la investigación realizada por el organismo público, entonces presidido por José Luis Soberanes, “la CNDH demostró que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia”, lo que permitió llevar el caso ante la CIDH.

Los deudos de Pasta de Conchos acusan que Peña Nieto no atendió la recomendación de la CNDH de saca de la reserva la averiguación previa, “ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance (planteadas por su propios peritos en materia de incendios y explosivos), ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”.

Para la organización de familiares, la omisión de Medina Mora evitó “llegar a la verdad de lo acontecido “y el rescate de las víctimas, amén de que “la dilación de la justicia abrió un compás para que la empresa Industrial Minera México, de manera unilateral, y cuando ya se habían recuperado dos cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de los mineros”.


El rechazo a la recomendación de la CNDH, recuerdan los familiares, derivó en la prolongación del sufrimiento de los deudos “al no poder enterrar a nuestros muertos luego de 108 meses de la tragedia”; así como la “increíble e infundada tolerancia hacia la empresa responsable de la mayor tragedia minera de los tiempos recientes”, en tanto que su inacción propició “la impunidad, hasta hoy, de los probables responsables”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.