Debe pararse el proyecto Monterrey VI; queremos debatirlo: Coparmex de NL

Hay dudas sobre el acueducto, por lo que queremos estudiarlo, dijo Alberto Fernández, presidente de Coparmex de Nuevo León. Mencionó que cuentan con un grupo de abogados que analiza junto con ellos el proyecto.

El líder de la Coparmex en Nuevo León, Alberto Fernández Martínez, se manifestó por parar temporalmente el proyecto del Acueducto Monterrey VI hasta que se aclaren todas las dudas e irregularidades que existen en el proyecto que costaría hasta 47 mil millones de pesos.

“Más que querer parar el proyecto, lo que queremos es estudiar, debatir todos los puntos que hay pendientes. Hay demasiadas preguntas, desde que está involucrado Grupo Higa, si hay o no hay agua. Hay problemas o preguntas básicas. Hay estudios que dicen que el cálculo de la necesidad de agua están completamente inflados. Hay estudios que dicen que no. Hay estudios que dicen que no va a haber agua aunque hagamos el acueducto”, señaló. 

“Entonces, necesitamos sentarnos a realmente analizar, abrir la información, a discutirlo y de perdida tomarnos unos 10 meses, para parar el proyecto temporalmente hasta tener todas las dudas muy claras“, aseveró.

El empresario consideró que “un proyecto de esta magnitud, a largo plazo, no se puede tomar una decisión de corto plazo, con tanta duda”.

Adelantó que en una conferencia de prensa, este miércoles, revelarán estudios que no se hicieron o se hicieron a medias, entre otras irregularidades.


“Nuestra postura es más bien de cuestionar. Queremos que nos clarifiquen estos puntos. Estar seguros de por qué se está haciendo… del mismo proceso de licitación, no es posible que una sola opción se haya tomado en un proyecto de esta magnitud. Estamos muy preocupados… hay mucha información reservada de una obra pública de este tamaño, creemos que no es justo, que la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de estudiar, de abrir la información, de poder dialogar, para estar seguros que es la mejor opción para Nuevo León”, sostuvo.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Critica AMLO corrupción en acueducto Monterrey VI; inicia gira por Tamaulipas

REYNOSA, Tamps: Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, inicia hoy domingo una gira por los conflictivos municipios de Matamoros, Río Bravo y Reynosa donde en los últimos días se han registrado al menos una docena  de enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, y contra el Ejército, que han dejado como saldo 25 muertos según las autoridades estatales.

López Obrador arrancó ayer sábado su gira por Tamaulipas en Mante y Ciudad Victoria con una serie de “conferencias colectivas” para los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre la situación política y económica social del estado y del país.

Sus actividades del sábado concluyeron en el municipio de Linares, Nuevo León, con un mitin al cual asistieron unas 300 personas. López Obrador destacó en su discurso la corrupción que representa el proyecto Monterrey VI que consiste en un canal para llevar agua del Río Pánuco a la zona Metropolitana de Monterrey.

En la obra, la más cara ejercida por el gobierno de Rodrigo Medina que costará alrededor de 57 mil millones de pesos, participa el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, cuya adjudicación se realizó en un turbio proceso de licitación.

La mañana de este domingo López Obrador visitará tres municipios de la frontera de Tamaulipas, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

Desde el primer día de febrero dos facciones del Cártel del Golfo disputan el control de esta zona: los autodenominados Metros que gobiernan la ciudad de Reynosa, contra los Ciclones que controlan Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo.

La pugna entre los Metros y Cliclones desató una serie de “narcobloqueos” que paralizaron las ciudades así como enfrentamientos entre los grupos rivales que hasta la fecha han dejado 25 muertos, según las autoridades estatales. Sin embargo, las autoridades municipales y las redes sociales contabilizan en más de medio centenar las personas fallecidas.

La movilización de decenas de camionetas con pistoleros a bordo desplazándose impunemente a todas hora del día por la región también provocó que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros advirtiera a sus ciudadanos y empleados de abstenerse a viajar a esas ciudades.

Además en Matamoros se reportó desde el 2 de febrero la desaparición de dos veteranos del Ejército estadunidense que participaron en las guerras de Irak y Afganistán, los hermanos Ernesto y Jesús García, lo cual provocó la intervención del Buró Federal de Investigaciones para colaborar en su búsqueda.

La desaparición de los veteranos también desató la protesta del congresista Filemón Vela, quien criticó a las autoridades mexicanas por la inseguridad que aqueja al estado fronterizo con Texas.


“No entiendo qué tiene pasar para que las administraciones de México y Washington actúen para frenar la violencia en Tamaulipas. ¿Más secuestros? ¿Más ciudadanos americanos desaparecidos?”, cuestionó el congresista Filemón Vela.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

La guerra que viene, por el agua; ciudadanos proponen ley

Ciudadanos presentan iniciativa ciudadana de Ley de Aguas. Advierten que la Conagua, en su proyecto de ley, busca que se le autorice hacer uso de la fuerza pública.

Organizaciones sociales -que se oponen al acueducto Monterrey VI y al fracking (fracturación hidráulica) que éste implica-, propusieron la creación de una Ley General de Aguas, que garantice que ésta será para todos.

Este lunes fue presentada la propuesta “Agua para todos“, elaborada por más de 450 investigadores e integrantes de organizaciones cívicas -la cual entregarán al Congreso-, para tener una gestión planificada y participativa del agua, con contraloría social y metas nacionales.

Con ella, buscan que el vital líquido sea “para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; (poner) fin a la contaminación, la destrucción de cuencas y la vulnerabilidad a inundaciones y sequías”.

La iniciativa ciudadana plantea “que sólo la vigorosa participación ciudadana podrá corregir las graves crisis que han proliferado bajo la responsabilidad de la Conagua: sobreconcesionamiento, acaparamiento, contaminación, destrucción de cuencas y acuíferos, y la violación sistemática del derecho humano al agua”.


El grupo de ciudadanos rechaza el proyecto de ley que propondría la Conagua, que “busca dotar a este organismo aún más facultades, sin mecanismos de participación o vigilancia. Su propuesta no se enfoca en la sustentabilidad y la equidad, no aborda el derecho humano al agua ni establece mecanismos que pongan fin a la contaminación. En cambio se centra en megaobras hidráulicas intensivas concesionadas a privados (trasvases, desalinizadoras, pozos ultraprofundos, inmensas plantas de tratamiento). Abre la puerta en cambio a proyectos energéticos intensivos en agua: megapresas, termoeléctricas (incluyendo geotermia) y fracturación hidráulica. Autoriza a la Conagua hacer uso de la fuerza pública y sanciones al monitoreo académico y comunitario no permitido por la propia Conagua“.

Los documentos sobre dicha iniciativa:

Derecho al agua–Qué modelo de gestión nos la puede gara ntizar.docx by Aristegui Noticias:

  Derecho al agua--Qué modelo de gestión nos la puede gara ntizar.docx

EL Debate Sobre El Agua by Aristegui Noticias:

  EL Debate Sobre El Agua

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

12 razones para detener el acueducto Monterrey VI, que construirá Grupo Higa

El rechazo contra el proyecto fue expresado el domingo frente al Palacio de Gobierno en Monterrey.

Ciudadanos se manifestaron el domingo contra la obra hidráulica Monterrey VI, de la que se encargará el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

Entre quienes rechazan el proyecto, se encuentran diversas organizaciones ambientales, que propondrán una ley general de aguas ciudadana, para evitar este tipos de construcciones.

Sobre el acueducto, la organización Reforestación Extrema difundió 12 razones para no construirlo y detener “cuanto antes” el proyecto:

Razones técnicas

1. Existe evidencia documental oficial de que hay disponibilidad de agua suficiente en el estado.
2. Ignora y desprecia las opiniones y estudios de expertos y académicos reconocidos.

Razones económicas

1. Existen proyectos alternativos con mayor eficiencia económica y ecológica que aseguran la disponibilidad de agua a largo plazo que no han sido contemplados.
2. Endeuda aún más al estado comprometiendo la calidad de vida de futuras generaciones.
3. Desvía recursos requeridos en proyectos prioritarios en seguridad, salud, educación y vivienda.
4. Contamina nuestra agua poniendo en riesgo la salud de los neoloneses.

Razones ecológicas

1. Provoca severos daños a los ecosistemas de las cuencas involucradas.
2. El bombeo del agua desde el nivel del mar hasta Monterrey genera un gasto brutal de energía que será cada vez más escasa y más cara.

Razones sociopolíticas

1. Justifica con información falsa y poco transparente su supuesta urgencia.
2. Pone en severo riesgo la estabilidad política y social regional al quitar el agua a otras comunidades.
3. Pone en riesgo nuestra soberanía hídrica regional y nos vuelve vulnerables a acciones de sabotaje en una zona altamente conflictiva.
4. Castiga el esfuerzo de cultura de ahorro del agua que a los regiomontanos nos ha costado años construir.

Por otra parte, en noviembre pasado, organizaciones sociales difundieron este documento, en el que argumentan su oposición al proyecto:

Cuenca Nuevo Leon:

  Cuenca Nuevo Leon

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Contratista de la Casa Blanca, acapara megaobra en Nuevo León

MÉXICO, D.F: Grupo Higa, una de las empresas favoritas del gobierno federal, acapara el 53 por ciento del proyecto Monterrey VI, cuyo costo total podría ascender a los 57 mil millones de pesos.

El diario Reforma detalla en su edición de este viernes que el consorcio que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, participará mayoritariamente en la construcción de ese acueducto con dos empresas. Una de ellas es Concretos y Obra Civil del Pacífico, con participación de 37.5 por ciento y la otra Desarrollos y Construcciones Rogar con 15.25 por ciento que dan un total de 52.75 por ciento.

La primera empresa pertenece directamente a Higa, mientras que la segunda está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala, quien es apoderado y representante legal de la primera.

El semanario Proceso adelantó en sus ediciones 1985 y 1989 la participación de Hinojosa Cantú en el Acueducto Monterrey VI. Consignó también que del monto total destinado a dicha obra, el gobierno federal aportaría alrededor de 20 mil millones, cifra cercana a la que recibiría, a su vez, el empresario favorito del peñismo por su participación.

El proyecto Monterrey VI que busca llevar agua de la cuenca del río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, es cuestionado por diversos organismos ciudadanos que exigen al presidente Enrique Peña Nieto su cancelación por considerarlo caro, innecesario y poco transparente.


Grupo Higa recibió en menos de dos años del gobierno peñista al menos 22 mil millones de pesos en contratos de obra, mientras que el durante el periodo de Peña como gobernador del Estado de México la empresa de Hinojosa obtuvo contratos por más de 35 mil millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupos civiles se amparan contra acueducto de Grupo Higa; exigen consulta pública

Las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la construcción del acueducto Monterrey VI se ampararon contra el proyecto que realizará una filial de Grupo Higa, con el financiamiento del gobierno federal y del estado de Nuevo León, porque no se realizó una consulta pública entre los afectados por la obra hidraúlica.

Además explicaron que las organizaciones Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA) están involucrados en el amparo que se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Justicia Administrativa pues en esas instancias se ha especificado que el agua es un recurso que no puede ser mercantilizado ni privatizado.

“No se nos otorgó el derecho de audiencia para poder decidir al respecto al proyecto, violentando con ello la convención sobre el acceso a la información y a la participación del público en la toma de decisiones de acceso a la justicia en asuntos ambientales [...]. No supimos cuándo se inició y cuándo se desahogaron todos los procesos que debía tener este concepto regional e internacional”, denunció en conferencia de prensa el día de ayer Cosijoopii Montero, presidente de la organización Reforestación Extrema.

Montero explicó que el amparo tiene como objetivo la solicitud de audiencia para consultar sobre el proyecto del acueducto Monterrey VI a las comunidades de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.

“El proyecto está basado con una concesión de Conagua que no es válida, originalmente era para la boca toma del Río Tampaón, pero el distrito de Riego del Pujal Coy se inconformó, y tuvieron que cambiar la boca toma de San Luis Potosí a Veracruz”, refirió.

El presidente de Reforestación Extrema a Agua y Drenaje de Monterrey que restituyan todo el proceso, “porque se incurre en un acto de falsear información, los permisos de la Semarnat no tienen validez porque se habla de otro proyecto”.

Dijo que la dependencia estatal le mintió a la Comisión Ecológica Fronteriza “porque en ningún momento les notificaron del cambio de la boca toma”.

Por su parte, Mariano Núñez González, presidente del Colegio de Abogados, explicó que en el amparo se involucra a las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y a la de Estados Americanos (OEA), pues en estas instancias se ha especificado, en leyes modelo, que el agua es un recurso que no puede ser mercantilizado ni privatizado.

“Están como terceros perjudicados. ¿De qué sirve que ellos establezcan leyes modelos en materia ambiental para que en los países que suscriben los tratados las violenten?, ellos son responsables y van a tener que acudir a juicio aquí en México”, dijo Núñez González.

UNA PROMESA DE EPN EN MANOS DE HIGA

El gobierno de Nuevo León, encabezado por el priista Rodrigo Medina de la Cruz, otorgó en septiembre pasado a Grupo Higa la licitación para construir el acueducto Monterrey VI, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.

Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, informó el pasado 8 de septiembre que una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento. La obra se financiará con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Nuevo León.

El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del Río Pánuco y que se interconectará con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey, a fin de conducir el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque y distribuirla a la zona conurbada regiomontana a través de los dos anillos de transferencia ya existentes.

La construcción de Monterrey VI fue una de las promesas que Peña Nieto hizo el pasado 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial. Ese día, el mexiquense dijo que había requerido al notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, para que diera fe de tres compromisos: concretar el proyecto acuífero Monterrey VI, reforzar con elementos federales a los cuerpos policíacos de la entidad y construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro.

Dos años después, y meses antes de que la licitación del acueducto fuera ganada por Concretos y Obras Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, Peña Nieto, ya como Presidente, regresó a la entidad donde dijo: “Apoyamos la construcción del acueducto Monterrey VI, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas [...] puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros.”

Grupo Higa pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario vinculado al Presidente Enrique Peña Nieto. La empresa edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su Gobernador, también alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.

Armando Hinojosa fue parte del consorcio al que inicialmente el Gobierno federal adjudicó la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro, con valor de 50 mil 820 millones de pesos. La obra fue cancelada de forma por el gobierno de Peña Nieto el 6 de noviembre.

Una investigación realizada por el sitio Aristegui Noticias detalló aún más la relación entre el priista Peña Nieto y Grupo Higa al dar a conocer que una casa localizada en Lomas de Chapultepec, y en donde vivió la familia presidencial, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa.

El mismo medio reveló que mientras la “casa blanca” era edificada por Grupo Higa, Peña Nieto utilizó como oficina durante su campaña presidencial y el periodo de transición otro inmueble localizado también en Lomas de Chapultepec, la cual es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.

En Nuevo León la construcción del acueducto Monterrey VI ha provocado denuncias por parte de la sociedad civil. Organismos sociales y ciudadanos solicitaron al gobierno de Medina realizar una mesa de diálogo para que se informen sobre los detalles jurídicos y económicos del proyecto Monterrey VI. Además dijeron que el hecho de que haya resultado beneficiada la empresa del Grupo Higa levanta dudas de “favoritismo y posible corrupción”.

Rescatemos Nuevo León y Reforestación extrema, entre otros grupos civiles, denunciaron a principios de este mes que existe un conflicto de intereses en Monterrey VI. Explicaron que además de la relación del Presidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, a través Concretos y Obra Civil del Pacífico, hay otra empresa participante, Pyecsa, que está relacionada con el Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz.

Dijeron que ademas está involucrada la constructora Recsa, de Humberto Armenta, quien, afirmaron fue expulsado de la Cámara Mexicana de la Construcción por supuestos malos manejos. Por ello manifestaron que seguirán con los procedimientos legales en curso y un posible amparo contra el proyecto, cuestionado también por caro e innecesario.

Tras analizar de los documentos públicos y escuchar especialistas y académicos, dijeron que encontraron “nuevos indicios de que el proyecto Monterrey VI es una obra no pertinente, innecesaria y sumamente costosa”.

Los organismos civiles han exigido al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz la destitución inmediata de Emilio Rangel, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) por mentir a la ciudadanía, falseando información para justificar la obra y negar información sobre el proyecto.

Asimismo han presentado ante el Congreso de Nuevo León la solicitud de cancelación de proyecto hidráulico Monterrey VI con el argumento de “la patente opacidad, falta de control e irregularidades (financieras, ecológicas y legales) de las que está plagado el proyecto en cuestión”.

Han denunciado que el proyecto tiene “anomalías que llegan a absurdos tales como que no se ha podido dar siquiera una respuesta clara respecto del precio que pagaremos los nuevoleoneses por el acueducto, pues primero se dijo que eran catorce mil, luego cuarenta y siete mil, después cincuenta y siete mil millones de pesos y ahora, ninguna de las anteriores; ni se han compartido los estudios de factibilidad ecológica que justifiquen la viabilidad del proyecto, en los ecosistemas que pretende trastocar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-12-2014/1196135

Para el empresario favorito de Peña, una tajada del acueducto Monterrey VI

Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.

MONTERREY, NL: El gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en 2012 y que en la entidad es considerado “el robo del siglo”.

Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”.

En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos.

Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.

Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017.

El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI.

Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina.

A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.

El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña de 2012, ofreció a Nuevo León que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.

Ya como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.

Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.

Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…”

Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.

Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo.

No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.

La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.

Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.

El robo del siglo

En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.

Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld.

El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público.

Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación.

Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan.

“Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa.

Recuerda que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones.

Cuando el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.

Que se cancele la obra

Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”.

Plantea que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI.

Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.

Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.

El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.

A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto.

El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM, Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información.

Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.

Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento.

Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones.

Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI.

Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.

El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.

Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa.

En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.


Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.