En las mismas fechas en las cuales la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a mecánicos y otros empleados del taller a cargo del helicóptero en el que murieron la gobernadora, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, en Estados Unidos familiares de tres de las víctimas presentaron demandas civiles para reclamar indemnizaciones por más de 30 millones de dólares.
Los deudos de la gobernadora, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente de Moreno Valle, mantienen juicios en distintas cortes estadunidenses contra las empresas Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International, a las que responsabilizan por el desplome del helicóptero Agusta A109S, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.