Fernando Padilla, el empresario señalado de financiar la campaña adelantada de Andrea Chávez por la gubernatura de Chihuahua al poner a su disposición tres unidades médicas en las que se observa la imagen de la senadora de Morena, también es dueño de una revista que en 2023 colocó al menos 136 anuncios espectaculares promocionando la aspiración presidencial de Adán Augusto López Hernández, ahora líder morenista en el Senado. 

La empresa Líder en Política y Negocios S.A. DE C.V. —con el nombre comercial Revista Líder de México y cuyo socio mayoritario es Fernando Padilla Farfán—, informó entonces al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la colocación de los anuncios en varios puntos del país, y ante denuncias de la oposición de que Adán Augusto López tuviera alguna intervención en ello, tanto esa como otras revistas usaron esa estrategia de promoción encubierta.

Las unidades son operadas por personal que porta pijamas médicas y uniformes con el nombre bordado de la senadora. Esto aunque la promoción personalizada de los funcionarios públicos está prohibida en la Constitución, pues en el artículo 134 se señala que: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Ante críticas por ese gasto y promoción, Chávez ha insistido en que no dejará de ayudar a la población de Chihuahua con esas unidades médicas, además de realizar traslados cada fin de semana a esa entidad, aceptando que tiene interés en contender por la gubernatura en 2027. Incluso, en algunos recorridos le han lanzado gritos de “gobernadora”.

En su intervención del 26 de marzo, al hablar nuevamente sobre el tema, Chávez aseguró que las unidades no eran donativos sino parte de un convenio de colaboración con empresarios de Chihuahua, sin dar más detalles.

“La historia de San Francisco Tlaltenco es de gente de campo, gente de siembra”, resume Julieta, ejidataria que pidió omitir su nombre real por seguridad. Recuerda que cuando ella era más joven, hace unos 58 años que llegó a la zona, las parcelas –que están sobre suelo de conservación al sur de la Ciudad de México– eran prósperas. Se sembraba mucho maíz, por lo que las tierras se veían totalmente verdes desde lejos. 

Hoy, las parcelas han sido invadidas con uso de violencia y amenazas por particulares, quienes han edificado viviendas pese a que la ley prohíbe que lo hagan por ser una zona de gran valor medioambiental y para el suministro de agua en la capital.

“Las zonas de reserva ecológica, suelo de conservación, como el cerro [Tetlalmanche] y La Ciénega son las áreas más importantes que se tienen que defender, porque prácticamente es el futuro de nuestros hijos. Son las áreas donde se recargan los mantos acuíferos”, detalla la señora Julieta.

Las tierras que rodean las últimas dos estaciones de la Línea 12 del metro –Tlaltenco y Tláhuac– ahora están llenas de construcciones irregulares de ladrillo gris y obras negras. Pese a que hay letreros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina (PAOT) que advierten que la construcción en suelo de conservación se castiga con prisión, a su lado hay construcciones que no han sido clausuradas.

“Salte porque aquí ya no es tuyo”: amenazan a ejidatarios de Tlaltenco

Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar. La denuncia fue presentada por su expareja, Liu León, quien aseguró haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante los 11 años que compartieron una relación.

Las acusaciones contra Bravo Molina incluyen presuntos actos de violencia en perjuicio tanto de Liu León como de su hija menor. Según el testimonio de la denunciante, las agresiones se intensificaban cuando él consumía alcohol. El caso está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, luego de que se revocara una resolución previa que lo había eximido de ser vinculado a proceso.

El poeta Javier Sicilia aseguró que la tragedia que vive el país, que produce crímenes de lesa humanidad como el campo de concentración de Teuchitlán, no va a cambiar negociando con poderes criminales, sino movilizándose para exigir mecanismos deslocalizados del Estado que permitan detener la situación. 

En entrevista con los medios luego de su discurso aseguró que la clase política no lo hará, pues es cómplice del crimen organizado: “En lugar de atender a las víctimas, el gobierno encumbra criminales como Cuauhtémoc Blanco”, sostuvo. Aunque aseguró que no es el único, que está Gerardo Fernández Noroña, “desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, a todos hay que ponerlos en la palestra del juicio público, y llevarlos a la cárcel”.

Familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamaron al Congreso de la Unión a organizar un Parlamento Abierto, para analizar las iniciativas para atender la crisis de desapariciones dadas a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

En un breve comunicado dado a conocer en sus redes sociales, el Movimiento que integra a cerca de 90 colectivos de familiares de víctimas de 25 estados de la República Mexicana, de tres países de Centroamérica y de Estados Unidos, insistieron en solicitar un diálogo con la presidenta.

Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. 

A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.

“13 amenazas de muerte solo por buscar”

María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.

“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala. 

En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.

Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.

“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene. 

La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización. 

“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.

Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.

“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica. 

Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.

Un clima de revictimización y criminalización

Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.

Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.

Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.

Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.  

“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.

La presidenta Claudias Sheinbaum dijo que México se mantiene en diálogo con Estados Unidos para evitar un impacto por los aranceles del 25 % que el presidente Donald Trump anunció para los automóviles fabricados en el exterior.

“En estas pláticas que hay lo que estamos buscando es el mejor acuerdo posible para que no se afecte sobre todo el empleo en nuestro país. En ese diálogo estamos”, dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Indicó que ayer se reunió con los equipos de las secretarías de Hacienda y de Economía para afinar la propuesta integral que prepara México para la próxima semana.