La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes 5 de septiembre que son inválidas las reformas anticorrupción aprobadas en los congresos de Veracruz y Chihuahua, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Javier y César Duarte, al señalar que incluían nombramientos a modo para evadir posibles investigaciones en su contra. Esta resolución del Pleno de la Corte se dio por unanimidad, señalando que los Congresos estatales no podían legislar en materia anticorrupción, ya que aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción. “Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN. La promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SCJN) se dio el pasado 18 de julio. Tras la resolución, queda anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, apuntó el diario Reforma. En el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que acatarán la resolución de la Suprema Corte. Desde el pasado 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que presentaría acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Chihuahua, además del de Quintana Roo, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese momento el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley. Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, detalló que los gobernadores no podían hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”. Es decir, acciones contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/scjn-blindaje-gobernadores-veracruz-chihuahua/
Los escándalos que provocan los intentos de los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por blindarse jurídicamente contra demandas posteriores a su mandato, tienen un profundo alcance económico. Conscientes del tamaño del boquete que dejaron en las finanzas de sus entidades y del abultado porcentaje que alimentó la corrupción, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte intentaron ocultar parte de la deuda en los registros de Hacienda. Se informe o no de los montos desviados, bursatilizados y robados, esos enormes adeudos son bombas de tiempo para esas entidades y para el presupuesto federal.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra a los gobernadores y su equipo, empresas privadas, bancos y contratistas, predomina en las deudas estatales, que en total ascienden a 531 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si a esta cifra se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los bonos Banobras, el total del adeudo se eleva a más de 715 mil millones de pesos, es decir, 81.4% más que en 2010, de acuerdo con el reporte de Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como el intento de nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo para los mandatarios salientes, provocaron escándalos.
En las tres entidades hubo alternancia política después de registrar el mayor crecimiento de su deuda pública en las administraciones priistas, con los índices más elevados de deuda per cápita. Además, se manejaron irregularmente recursos recaudatorios como el Impuesto Sobre Nómina en Veracruz y Chihuahua –donde además se bursatilizaron los ingresos del Fideicomiso Carretero hasta 2038– y el Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo, con un presunto desvío de mil 464 millones de pesos.
La deuda de Quintana Roo creció 115% bajo el gobierno de Roberto Borge, al pasar de 10 mil 265 a 22 mil 542 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos) y tiene mil 15 millones de pesos pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La administración saliente deja adeudos por 224 millones de pesos a proveedores de promoción turística en Cancún y 118 millones en la Riviera Maya.
En cuanto a la deuda de Chihuahua bajo el gobierno de César Duarte, pasó de 12 mil 547 a 42 mil 176 millones de pesos: un incremento de 210% desde 2010, el más alto de todo el país.
Es la tercera mayor deuda per cápita del país: 12 mil 23 pesos por habitante. Además, de última hora el Congreso estatal aprobó “bursatilizar” los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, con lo cual compromete los recursos de las siguientes administraciones, comenzando por la del panista Javier Corral. La maniobra de César Duarte beneficiará, en cambio, a entidades financieras como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.
Con el polémico mandatario priista Javier Duarte la deuda de Veracruz creció 113% hasta sumar 45 mil 879 millones de pesos, la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, la deuda veracruzana es de 5 mil 665 pesos por habitante, pero es la entidad con un mayor adeudo a proveedores (11 mil millones) y tiene pendientes de aclarar 15 mil 839 millones de pesos ante la ASF.
Previamente, el mandatario donó dos helicópteros del gobierno del estado. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, envió una solicitud al Congreso para enajenar a título gratuito la “Casa Veracruz” –residencia oficial del mandatario estatal-, a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; esto, tan sólo a unos meses de que termine su administración y comience la de Miguel Ángel Yunes. Si se aprueba esto, el gobierno electo se quedaría sin una residencia oficial. De acuerdo con E-Consulta, el lugar se ubica en la calle Guillermo Prieto número 4 en la colonia Dos de Abril de Xalapa y actualmente es la vivienda del gobernador. Además, Duarte de Ochoa solicita la autorización para ceder los derechos de posesión a título gratuito ad corpus de un predio ubicado en el número 8 de la calle Guillermo Prieto en la colonia La Piedad, a favor de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. En la misma situación está una casa aledaña, ubicada en la calle General Rincón 201 esquina con Guillermo Prieto, de la colonia Dos de Abril, a favor de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito. En el mismo sentido, la semana pasada, la bancada priista aprobó la petición del mandatario de donar dos helicópteros del gobierno de Veracruz. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/duarte-quiere-regalar-casa-veracruz-y-dejar-a-yunes-sin-residencia-oficial/
El subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, emprendieron, entre otros negocios de salud y energéticos, una operación de 33 millones de pesos a través de familiares cercanos y usando nombres de falsos compradores de casas oriundos de comunidades pobres. Como dato histórico, este 14 de junio se cumplen 10 años del desalojo de maestros en Oaxaca, con gases lacrimógenos y balas de goma, ordenado precisamente por Ulises Ruiz.
El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, integró junto con Eviel Pérez Magaña, actual subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, una red de negocios, para la que usó nombres de pobladores humildes como falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos 33 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con documentos y testimonios recogidos durante una investigación de Aristegui Noticias.
En 2008, dos años antes de que Ulises Ruiz dejara el gobierno, donde Pérez Magaña fungía como secretario de Obras Públicas, el sobrino del entonces gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado; la esposa de Pérez Magaña, Gabriela López; así como socios de esos funcionarios públicos en otras empresas, y una familia poderosa de Oaxaca, los Bravo Bravo, formaron Grupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA), compañía constructora del fraccionamiento “Los Álamos”, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en los límites con el estado de Veracruz.
Un día después de que la compañía fue constituida, Gabriela López, esposa del actual subsecretario encargado del combate a la pobreza en el país, pidió “no aparecer ya como integrante de la sociedad”, sin precisar si retiraría el capital aportado, según los libros notariales consultados.Para llevar a cabo el proyecto inmobiliario denominado Los Álamos, la compañía adquirió en 22 millones de pesos un terreno propiedad de Sóstenes Bravo.“El dinero fue entregado en efectivo, luego de ser trasladado de Oaxaca a la Ciudad de México, vía el aeropuerto de Toluca por el propio Pérez Magaña y Hugo Ruiz Ortiz, hermano de Ulises. Bravo lo recibió en sus oficinas de la colonia San Jerónimo”, dijo el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, citando a una fuente que atestiguó la operación y que después habló para Aristegui Noticias.De acuerdo con las leyes fiscales, una compra de esta naturaleza debió haberse hecho a través de un cheque o una transferencia bancaria, sin embargo, la entrega en efectivo de esta cantidad de dinero permitió a Ruiz Ortiz y Pérez Magaña, evitar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registrara la operación y cuestionara el origen del dinero utilizado para la transacción. De acuerdo con fiscalistas consultados, bastaría una revisión fiscal del Sistema de Administración Tributaria a esta transacción, para corroborar el inexplicable origen de los recursos con los que GIPSA adquirió el terreno para el fraccionamiento Los Álamos.
El domicilio oficial de GIPSA es un departamento de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, propiedad (desde 2007) de la prima política de Ulises Ruiz, Aida Alvarado Baños, madre de Álvaro Ortiz Alvarado, según el Registro Público de la Propiedad de la capital del país. En este mismo domicilio está registrada la página de internet del periódico El Despertar de Oaxaca, que recibió, por lo menos, 2 millones 552 mil pesos en recursos públicos durante el último año de gobierno de Ruiz Ortiz.
Como parte de GIPSA aparece también Celestino Pedro Vásquez, quien en 2011 constituyó la empresa “Servicios Energéticos Huajuapan”, en sociedad con Adelina Ortiz Visairo, una tía de Ruiz Ortiz de casi 80 años de edad al momento de realizar la inversión. Ortiz Visairo es también una de las accionistas del hospital Sedna, negocio en la capital del país del que la esposa del ex gobernador, Lourdes Salinas, también es socia.
De acuerdo con una minuta de la Asociación Nacional de Hospitales Privados del 11 de mayo de 2015, uno de los representantes del Hospital Sedna es Álvaro Ortiz Fernández, padre de Álvaro Ortiz Alvarado, accionista principal del fraccionamiento “Los Álamos”, desarrollado por GIPSA en Tuxtepec.
Otro de los representantes del hospital Sedna que aparece en esa minuta es el yerno de Ruiz Ortiz, Miguel Alejandro Castillo Praz, quien desde 2013 aparece como apoderado legal de GIPSA y en 2014 se presentó públicamente como director general de la constructora.
El 28 de noviembre de ese año, el yerno del ex gobernador cortó el listón de inauguración del fraccionamiento “Los Álamos”. Lo hizo junto al presidente municipal de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, emanado del PRI.
“Estamos esperando siete casas más de venta y nos arrancamos con la segunda etapa y comenzamos con otras 97 y así hasta culminar las mil 75 casas”, declaró Castillo Praz al periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca.
Ese medio reportó que en ese momento la primera etapa terminada constaba de 118 casas, de las cuales sólo se habían vendido dos. También decía que el proyecto “Los Álamos” había iniciado cuatro años atrás.
Lo que no se sabía, hasta hoy, era los nombres de quiénes estaban detrás de la inyección de capital y cómo suplantaron los nombres de supuestos compradores de casas, para justificar las inversiones en efectivo.
Red familiar
Mientras Ruiz Ortiz era gobernador y Pérez Magaña secretario de Obras Públicas de Oaxaca, sus familiares y socios de negocios se reunieron en una notaría del Distrito Federal para firmar el acta constitutiva de GIPSA, creada oficialmente el 28 de enero de 2008.
En la primera versión del acta constitutiva aparecían como accionistas el empresario oaxaqueño Sóstenes Bravo Rodríguez, su esposa Teresa de Jesús Bravo Sobrón, la esposa de Eviel Pérez Magaña, Gabriela López, y el socio de negocios de la tía de Ulises Ruiz Ortiz, Celestino Pedro Vásquez, con un capital inicial de 100 mil pesos, de acuerdo con el acta constitutiva que consultó Aristegui Noticias.
En el historial de la notaría aparece una modificación a la sociedad, fechada un día después, el 29 de enero de 2008, y firmada por la esposa de Pérez Magaña, quien se había identificado como una mujer casada y ama de casa:
“La que suscribe forma parte de dicha sociedad, tanto en el capital social de la misma, como accionista, como en el encargo de vocal en el consejo de administración. Por así convenir a mis intereses, es mi deseo ya no pertenecer a dicha sociedad, ni como accionista ni como integrante del Consejo de Administración, ni como apoderada por lo cual solicitó realice los cambios necesarios y correspondientes en la escritura a efecto de no aparecer ya como integrante de la sociedad en mención”, dice la carta consultada.
En la carta reconoció que entregó capital para arrancar la compañía; pero no mencionó si, además de dejar de ser accionista y miembro del consejo, también retiró su aportación monetaria.
En una segunda versión del acta constitutiva, corregida con tachones en la notaría, sustituyeron el nombre de Gabriela López por el de Sóstenes Bravo Bravo, heredero de una de las familias más poderosas de Oaxaca.
Un año después, el 23 de marzo de 2009, todos los socios vendieron sus acciones, pero el control de la empresa siguió en el círculo cercano a Ruiz Ortiz. Quienes quedaron con la totalidad de las acciones fueron el sobrino del ex gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado, y un hombre llamado Juan Carlos Salinas Gutiérrez, familiar de la esposa del ex mandatario.
Apenas un mes después, en abril de 2009, uno de los socios que había vendido sus acciones, recibió un poder para actuar a nombre de la compañía. Se trataba de Celestino Pedro Velásquez, el mismo socio que estuvo en la creación de la sociedad y quien dos años después también se haría socio de la tía de Ulises Ruiz.
Aristegui Noticias obtuvo documentos de 2011 en los que ese mismo hombre compró uno de los terrenos que posteriormente serían parte del fraccionamiento “Los Álamos”.
El yerno de Ulises Ruiz, Castillo Pratz, apareció oficialmente como apoderado legal de la constructora a partir del 1 de marzo del 2013, según documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, donde está registrada la compañía GIPSA. El terreno más grande del fraccionamiento “Los Álamos” pertenecía a la familia Bravo hasta el 23 de noviembre de 2009; lo vendieron en 22 millones de pesos, 8 meses después de haber renunciado a sus acciones de GIPSA. Los “compradores” Aristegui Noticias también tuvo acceso a pagos de impuestos predial y planos del proyecto, así como a archivos electrónicos de contabilidad de GIPSA. En ese último archivo hay una lista de supuestos interesados en las casas, quienes habrían dado enganches de entre 500 y 10 mil pesos. Estos depósitos se llevaron a cabo de manera semanal durante por lo menos dos años en la sucursal de Banamex de la avenida Independencia. Sin embargo, al revisar la información puede observarse que decenas de los supuestos compradores, tienen sus domicilios en la misma colonia. En una visita hecha al poblado de Chacaltianguis, Veracruz, los supuestos compradores dijeron que ni siquiera conocían el fraccionamiento y algunos de ellos habían fallecido incluso antes del inicio del proyecto inmobiliario. La mayoría de los consultados formaban parte del 61 porciento de personas que viven en la pobreza en este lugar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esos pagos fueron hechos a dos cuentas bancarias registradas a nombre de GIPSA, en la sucursal de Banamex de Tuxtepec, y varios de ellos el mismo día, de acuerdo con los comprobantes de depósito originales. Ambas cuentas seguían activas hasta mayo de 2016, según comprobó este medio.
Estos comprobantes de depósito sumaron más de 33 millones de pesos, de acuerdo con una hoja de cálculo que da cuenta de las transacciones realizadas en efectivo, entre los años 2009 y 2010, al final del periodo de Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca. Un empresario oaxaqueño consultado aceptó que durante la gestión de Ruiz Ortiz, debió pagar cuotas extra en efectivo para poder realizar obras públicas que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones. El constructor asegura que lo mismo ocurrió con todos los demás empresarios que conoce y consideró esto parte de “los usos y costumbres del gobierno en Oaxaca”.
“El dinero en efectivo era trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso aeronaves”, de acuerdo con el testimonio dado al padre Solalinde y a Aristegui Noticias. José Alberto y Orlando Pérez Magaña, hermanos del subsecretario, recibían el dinero en Tuxtepec, en las oficinas de Comercializadora Tres Hermanos (COTESA), según esa misma fuente. Para introducir al sistema bancario el dinero obtenido mediante estos “diezmos”, la red de Ruiz Ortiz y Pérez Magaña creó un registro electrónico de los supuestos compradores que incluyó a 80 personas, de Cosamaloapan y Chacaltianguis, Veracruz, poblados que se encuentran a dos horas de las casas de “Los Álamos” de Tuxtepec, Oaxaca. Este medio tomó la lista de supuestos compradores de casas y acudió al poblado de Chacaltianguis para verificar la existencia de esas personas y preguntarles si habían estado interesadas en una casa de GIPSA, así como si habían realizado un depósito en la sucursal de Banamex ubicada en Tuxtepec, Oaxaca. Seis de esas 15 personas fueron localizadas en sus domicilios. Todos negaron conocer el fraccionamiento “Los Álamos” y uno de ellos había fallecido desde el año 2007. José Luis Alarcón Cornejo dijo que tiene dos casas en Chacaltianguis, por lo que no necesita otra, y aseguró que nunca ha tenido propiedades en Tuxtepec. Al acudir al domicilio de otro de los supuestos compradores, Rogelio Bravo Tinoco, su viuda dijo que había fallecido 8 años antes, en el 2007, y que jamás tuvo propiedades en Tuxtepec, Oaxaca. La planeación financiera Aristegui Noticias tiene en su poder dos facturas emitidas por el despacho de contadores Munir Hayek, que cobró a GIPSA 184 mil pesos desde el 30 de octubre de 2009.
Los conceptos de las facturas son: “Honorarios profesionales derivados del avance del estudio y estrategias de mercado, así como del control del ingreso y obras”, y “Honorarios profesionales derivados del registro de su contabilidad y otros trámites legales y fiscales, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009, a razón de 20 mil pesos cada uno”.
El nombre de ese despacho coincide con el autor del archivo electrónico de contabilidad de los supuestos compradores de casas, en cuyos metadatos se puede leer “HAYEK”.
El contador Munir Hayek Domínguez formó parte del proyecto “Los Álamos” desde el inicio. Así lo demuestran las actas del Registro Público de GIPSA en las que aparece como “comisario”, una figura que “vigila ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad”, según las leyes mexicanas.
El contador Hayek Munir tiene el mismo cargo de “comisario” en otra sociedad llamada “Davizao Construcciones”, una de las seis empresas involucradas en la denuncia por peculado contra el ahora subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez, en el año 2010, cuando competía por la gubernatura de Oaxaca, apoyado por su mentor, Ulises Ruiz Ortiz.
La impunidad
Después de ser gobernador, Ruiz Ortiz fungió como delegado de su partido, el PRI, en el estado de Quintana Roo; pero dejó ese cargo en 2016, luego de que el PRD abanderó al priista Carlos Joaquín González, para competir en las próximas elecciones del 5 de junio de 2016.
Durante los comicios celebrados en Oaxaca el pasado 5 de junio, Ruiz Ortiz apoyó a José Antonio Estefan Garfias, candidato del PAN y PRD, respaldado también por el actual gobernador, Gabino Cué. Pérez Magaña, miembro del equipo de Ruiz Ortiz, después de perder la candidatura con el actual gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, fue nombrado coordinador de su campaña, pero a los dos días, de manera intempestiva, renunció para ocupar el cargo de subsecretario de Desarrollo Social, en sustitución de Ernesto Nemer, quien dejó el puesto después de haber tuiteado una foto al lado de un niño que le boleaba los zapatos en Chiapas.
Aunque no tiene ninguna experiencia en el combate a la pobreza y personal de la dependencia ha cuestionado su falta de conocimiento de términos básicos de la política social, Pérez Magaña ocupa el cargo más importante de la dependencia que encabeza el secretario José Antonio Meade, quien aspira a la candidatura presidencial priista en 2018.
El pasado 18 de mayo de 2016, Pérez Magaña presentó su declaración patrimonial, pero decidió mantener en secreto sus bienes, así como todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
El ex gobernador Ruiz Ortiz ha logrado hasta ahora evitar la acción de la justicia en su contra, pese a los diversos señalamientos de crímenes de lesa humanidad, documentados por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, así como también de corrupción, como los que se indican en la averiguación previa UEIORPI FAM/157/2010 en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, quien fungió como secretario de finanzas de su administración y en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, tras haber triangulado alrededor de 800 millones de pesos del erario a cuentas de su hermana Martha Ortega Habib y su sobrino Daniel García Teruel Ortega, así como su trabajadora doméstica, Rosa Elvia Orozco.
Para esta investigación de Aristegui Noticias, se obtuvieron más de un centenar de documentos oficiales, algunos sobre otras empresas y otras transacciones que involucran al mismo círculo.
Este medio solicitó las versiones de Ulises Ruiz, a través de su celular; la de Eviel Pérez Magaña en la Sedesol; la del despacho Munir Hayek; así como las de Miguel Castillo, Álvaro Ortiz y Juan Carlos Salinas, en los teléfonos del Hospital Sedna, donde las operadoras confirmaron que allí podían recibir recados. Hasta el momento de publicar este reportaje, ninguno ha respondido a esa solicitud.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: INVESTIGACIÓN ESPECIAL DE DIEGO ENRIQUE OSORNO E IRVING HUERTA
Doce gobernadores que dejarán el cargo este año, ejercieron millones de pesos en publicidad oficial; sin embargo, los ciudadanos no pueden saber los montos exactos de todo el sexenio, ni cuáles fueron los medios de comunicación favorecidos porque los mandatarios evaden la Ley de acceso a la información. Animal Político y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, realizaron solicitudes de información a los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para conocer cuánto dinero dedicaron para promocionar las acciones de gobierno en medios de comunicación durante el sexenio.
Los gobiernos de Jorge Herrera (Durango), Egidio Torre (Tamaulipas) y Miguel Alonso (Zacatecas) fueron los más opacos: ni siquiera respondieron a la solicitud, pese al vencimiento del plazo legal y a que están obligados a hacerlo según la Ley de transparencia, porque se trata de recursos públicos.
Las administraciones de Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Carlos Lozano (Aguascalientes) incluso, clasificaron como “reservada” la información referente a los contratos con medios de comunicación.
En cuanto a los montos, sólo Tlaxcala, gobernada por Mariano González Zarur, entregó el presupuesto desglosado por cada año, pero la diferencia entre el presupuesto aprobado y ejercido es de hasta 97%. Según los números, gasta sólo entre 3% y 12% del presupuesto que el Congreso etiqueta cada año.
En 2011, por ejemplo, tuvo 34 millones de pesos asignados, pero sólo gastó 3 millones 800 mil pesos y para 2015 tuvo 27 millones etiquetados pero ejerció 818 mil pesos. Sin embargo, tampoco entrega el desglose a medios de comunicación.
Veracruz, “reserva” información pública
El gobierno de Javier Duarte es un caso peculiar. Como ningún otro gobierno, cada año gastó hasta tres veces más del monto aprobado por el Congreso en publicidad oficial. El monto ejercido sólo de 2011 a 2014 asciende a más de mil millones de pesos, monto equivalente al presupuesto para infraestructura y programas carreteros de 2015.
En la solicitud no entregó el monto ejercido durante 2015 ni lo que ha asignado hasta 2016. Aunque se solicitó el nombre de los medios de comunicación, el número de contratos, los montos, las fechas de campaña, el gobierno de Veracruz no lo entregó debido a un “acuerdo” de reserva vigente.
Se trata del acuerdo publicado en la Gaceta de oficial de gobierno en 2011 en el que se establece información de la dirección de comunicación social es de “acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial”.
El gobierno de Duarte cambió la nomenclatura de la partida presupuestal, por recomendación de la Secretaría de Finanzas, según se explica en la Gaceta. Así, la denominación 3701 de “Promoción Institucional” fue sustituida por la 513636100005 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”.
El gobierno estatal decidió a partir de entonces que toda la información referente a esta partida, que corresponde al área de comunicación, estaría clasificada como “reservada y confidencial”. Sin embargo, la Ley de transparencia estatal prevé como información reservada aquella que:
Comprometa la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones políticas.
Ponga en peligro o dañe la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal.
Que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
Las actuaciones y las resoluciones relativas a procedimientos judiciales o administrativos, cuando aún no hayan causado estado.
Los gobernadores opacos
Ninguno de los gobiernos salientes entregó el desglose completo de los medios de comunicación favorecidos durante su sexenio y en la mayoría de casos, la información presupuestal entregada fue incompleta.
Chihuahua, gobernado por César Duarte, informó que los datos sobre los contratos, montos y campañas establecidos con los medios de comunicación es información “reservada” y sólo informó que los medios donde el gobierno publicita sus acciones son: radio, televisión, internet e impresos. Sobre los montos, sólo entregó el presupuesto aprobado, pero no el ejercido.
Aguascalientes, gobernada por Carlos Lozano de la Torre, también sostiene que la información sobre medios de comunicación es “reservada” porque obedece a los criterios establecidos en la ley de transparencia, como “cuando el ejercicio del derecho a la información cause daño al interés del estado”. También cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo la promesa de reserva”.
Aguascalientes gastó 367 millones de pesos en publicidad oficial en el sexenio y sólo en 2011 ejerció 258% más de lo asignado. El resto del sexenio fue menor a 17%.
Debido a la diferencia de información entregada por cada entidad, sólo se pudo hacer la comparación de los montos asignados y ejercidos en nueve entidades y solamente de 2011 a 2013.
¿A qué medios entregaron los recursos?
De los 12 gobernadores que concluyen su administración en 2016, sólo Oaxaca, Puebla y Tlaxcala entregaron información sobre la distribución a medios de comunicación, pero de forma parcial.
La administración de Gabino Cué en Oaxaca, destinó 253 millones de pesos a la publicidad en prensa escrita entre 2011 y 2013, el mayor monto respecto al resto de medios. Sin embargo, no entregó los datos para 2014, 2015 y 2016, ni los nombres de los medios.
La radio recibió 174 millones de pesos, la televisión 132 millones de pesos y los medios digitales, 33 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo.
El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, sólo reportó los montos, pero no los medios de comunicación. En 2011 distribuyó 209 millones de pesos entre contratos con medios; en 2012, 141 millones de pesos; en 2013, 139 millones de pesos; en 2014, 133 millones de pesos y en 2015, 130 millones de pesos.
En tanto, Tlaxcala sólo desglosó el presupuesto para medios digitales, impresos y electrónicos.
FUENTE: ANIMAL POLITICO.AUTOR: NAYELI ROLDAN Y PAOLA CASTAÑO
Querétaro, Qro. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, acudió a la final de la Liga de Campeones de la UEFA, entre el Real Madrid y Atlético de Madrid que se desarrolló en Milán de acuerdo a imágenes que circulan en redes sociales y que de acuerdo al área de comunicación social del gobierno estatal, se trató de un viaje “personal”, del que dio aviso a la Legislatura local.
El pasado 19 de mayo, Domínguez Servién, anunció durante su asistencia a la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, que el próximo mes, viajaría a Francia e Inglaterra como parte de una “agenda agresiva” de visitar empresas que puedan invertir en la entidad.
En aquella ocasión expresó “El mes que entra iré a Francia e Inglaterra, no a pasearme”.
A punto de iniciar la próxima contienda electoral, que culminará en las urnas el 5 de junio, los grupos parlamentarios en el Senado piden justicia contra autoridades que han incurrido en supuestos actos de corrupción en Tamaulipas. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que el Gobierno federal ha protegido a los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. “Me queda claro que es parte de la protección que el Gobierno federal le está dando a sus amigos. Seguramente en algún momento pues se vieron beneficiados por estos tantos millones de pesos que la gente de Tamaulipas dejó de recibir”, dijo la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Los ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son investigados por autoridades de los Estados Unidos por presuntas operaciones ilícitas, entre ellas, vínculos con grupos del crimen organizado y lavado de dinero en ese país. El PAN hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, para que dé cuentas sobre el estatus legal de los ex mandatarios, que de acuerdo con los panistas deberían de estar siendo investigadas.
“En el país vecino, Yarrington es acusado de aceptar millones de dólares de los carteles de narcotráfico e invertir el dinero en bienes raíces en Texas”, dijo la Senadora panista por Tamaulipas, Sandra Luz García Guajardo.
Los senadores recordaron que estos cargos derivaron en que fiscales estadounidenses presentaran dos solicitudes de confiscación de propiedades del ex Gobernador, una en Corpus Cristi y otra en San Antonio. Mientras que, en el caso de Hernández, pesa la confiscación de tres propiedades en McAllen, que ascienden a dos millones de dólares, y una en Austin, Texas, de 2.3 millones de dólares. Hernández Flores, junto con su cuñado Oscar Gómez, es prófugo en el vecino país del norte. Sin embargo, al ex Gobernador se le vio en junio pasado en un restaurante de la Ciudad de México con su familia. E incluso, como invitado al quinto informe del actual Gobernador de Tamaulipas, el priísta, Egidio Torre Cantú.
“Por lo que le queremos preguntar a la procuradora, ¿qué acaso no era su deber colaborar con el país vecino en la localización de presuntos responsables de algún ilícito?”, cuestionó García Guarjardo.
A este anuncio se suma la reciente petición del PAN, que a través de la junta directiva del Senado, envió a la Cámara de Diputados para iniciar juicio político contra el Gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, con base en el informe de la semana pasada de la Auditoría Superior Federal (ASF), en el que se indica que el daño patrimonial en Veracruz asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos. A Javier Duarte también se le acusa del desvío 368 millones de pesos que debieron usarse para apoyar a población afectada por lluvias torrenciales e inundaciones.
De acuerdo con el diario Reforma, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) demandó al Gobierno de Veracruz para que devuelva esa cantidad la cual fue entregada por el órgano federal al Estado mediante un convenio firmado con el entonces Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano (Ivedu) el 28 de octubre de 2010, semanas antes de la toma de posesión del actual Gobernador, el priista Javier Duarte.
¿POR QUÉ NO ANTES? De la misma forma en que el presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones Rivera se deslindó recientemente de las acciones del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Los senadores de ese partido, se lavaron las manos con los ex gobernadores en Tamaulipas. “Sin duda, estamos en un proceso prácticamente electoral en donde se tratan de aflorar las fortalezas, pero también se trata de potencializar lo que para nosotros no tiene significado. Nosotros reiteramos y se lo decimos, seguiremos dentro del margen de la ley y nadie ni nada puede estar por encima sobre ella. Así que proceda como debe de proceder”, dijo el Senador Raúl Pozos Lanz. El grupo parlamentario del PAN acusó que su candidato por la gubernatura de Tamaulipas, el Senador con licencia, Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido víctima del PRI, ya que el Instituto Electoral de la entidad, “le ha negado la campaña interna, ha habido poca parcialidad por parte de esta institución local”, dijo la Senadora Mariana Gómez. Por su parte lo senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirieron que el partido blanquiazul omite información que le pueda perjudicar durante estas denuncias, por lo que su llamado a la justicia es parcial.
“Se les olvida que Rafael Moreno Valle en Puebla ha endeudado a este estado de manera extraordinaria. O sea están viendo la paja en el ojo ajeno. Ellos tienen a sus gobernadores que no son tan honestos, y se les olvida también a Padrés [Guillermo Padrés, ex Gobernador de Sonara], entonces, yo pediría sumar estos dos del PAN”, dijo el Senador Luis Sánchez Martínez.
El Senador del Sol Azteca, Armando Ríos Piter, consideró que el actuar del PAN es una estrategia consensuada con fines electorales. Pero que, en su experiencia, una vez pasado este periodo es frecuente que el interés de ese partido por combatir la corrupción descienda.
“Tenemos un ejemplo muy puntual en Querétaro, donde no se ve que haya acciones muy claras de parte del actual Gobernador para ir en contra de hechos que dentro de la campaña fueron denunciados como actos de corrupción del Gobierno anterior en turno”, dijo.
Asimismo, apuntaló que la ola de denuncias que se están dando en las recientes semanas con mira meramente de ganar las gubernaturas hace que la ciudadanía pierda la confianza en los partidos políticos. “Yo creo que no hay que quedarnos anclados en esa visión, que hay que hacerlo de una forma mucho más responsable y comprometida”, refirió. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/25-02-2016/1628549
