Los legisladores priistas volvieron a mentir y delinearon un sistema anticorrupción que no sirve para nada, vacío, que los protege y les permite mantener su modus operandi. Le cerraron el paso a las sanciones penales a los funcionarios transas, tejieron una red de opacidad en torno de sus ingresos y gastos, ocultaron los debates, intentaron aplicar la congeladora y evitaron la llegada de un verdadero “zar contra la corrupción”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dejaron pasar más de tres semanas de trabajos en comisiones unidas, se congratularon por la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley3de3 y avalada por más de 600 mil firmas– y dejaron correr la discusión legislativa en la modalidad de parlamento abierto para eliminar las “negociaciones en lo oscurito”, pero el pasado 21 de abril el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, le dio la estocada al paquete de siete leyes anticorrupción en el Senado: señaló que la Ley3de3 podría desatar una “cacería de brujas”.
“Hay un artículo por ahí que dice que cualquier hombre o mujer que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10% de una comisión. Me parece que esto va a desatar una cacería de brujas”, afirmó Gamboa Patrón en conferencia de prensa.
Gamboa Patrón, experto operador de las órdenes de Los Pinos en el Senado, ejemplificó la supuesta “cacería de brujas”: “Si mañana llegas tú con un carro nuevo: ‘A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”.
Los senadores Armando Ríos Piter, del PRD, y Laura Rojas, del PAN, le respondieron que la Ley3de3 sólo hace referencia a servidores públicos y a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos, pero el veto priista ya estaba colocado.
El objetivo del PRI y de su aliado el Partido Verde no fue evitar una “cacería de brujas” sino ganar tiempo y frenar la posibilidad de que se discutieran y aprobaran siete leyes que eran reglamentarias de la reforma constitucional en materia anticorrupción, en especial, las reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía General Anticorrupción.
Desde el principio, los enlaces de la Secretaría de Gobernación en el Senado y de la consejería jurídica de Los Pinos, encabezada por Humberto Castillejos, buscaron frenar la posibilidad de que las leyes anticorrupción tuvieran “dientes” penales y que se creara la figura de un “zar anticorrupción”, defendida por la alianza del PRD y del PAN.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, comenta a Proceso que el bloque priista buscaba sacar solamente las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y las reformas al Tribunal Fiscal y Administrativo, pero nada que abriera la posibilidad a la sanción penal de quienes incumplieran lo establecido en la reforma anticorrupción.
Divide y vencerás
La alianza del PAN y del PRD en el Senado, junto con las organizaciones promotoras de la Ley3de3, encabezadas por organismos empresariales como la Coparmex, académicos del CIDE y del ITAM, así como Transparencia Mexicana, Fundar o el Instituto Mexicano de la Competitividad, prendió los focos de alerta en el bloque oficial.
El bloque del PRI-Verde primero optó por dejar correr el reloj legislativo sin participar en las discusiones de las comisiones dictaminadoras. Después fracturó a la bancada del PAN con ayuda del propio presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, a quien el senador Ernesto Ruffo le reclamó airadamente en sesión privada de la bancada, el pasado 28 de abril: “¿Estás trabajando al servicio del gobierno?”
El llamado “bloque calderonista” dentro de la bancada panista en el Senado se alejó de la alianza con el PRD y dejó sólo a su coordinador, Fernando Herrera, en el tema de la anticorrupción.
La senadora independiente Martha Tagle, quien participó en todas las deliberaciones, afirma en declaraciones a Proceso: “Todo el tiempo intentaron fracturar a la oposición. Primero al PAN. Siete senadores firmaron una carta con el PRI para decir que había que modificar el mecanismo de parlamento abierto, aunque Gamboa Patrón por ahí afirmaba que tenía 20 legisladores panistas de su lado”.
–¿Por qué los puso tan nerviosos el mecanismo de parlamento abierto?
–El parlamento abierto pone en entredicho al PRI. Porque ponía en evidencia que no habían leído nada del contenido de las leyes y que ellos están acostumbrados a trabajar en lo oscurito. Que los dictámenes se negocien.
El PRI y el gobierno también fracturaron al bloque de las organizaciones ciudadanas promotoras de la Ley3de3. Contaron también con la ayuda y las presiones de empresas como Televisa y de algunos integrantes de los organismos empresariales, a quienes también les indujeron el miedo con la misma frase: se va a desatar “una cacería de brujas”.
El pasado 26 de abril, en su columna “Espectro”, de El Universal, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé condenó la Ley3de3 porque obligaría a que cualquier empresa o persona que reciba ingresos del gobierno por alguna venta “deberá transparentar todos sus ingresos –públicos o privados– y dar cuenta de todo su patrimonio”.
Es decir, que las empresas del sector de comunicaciones estarían siendo sujetas de la Ley3de3: desde los periódicos hasta las estaciones de radio, televisión y telefónicas que reciban pagos por dinero público, ejemplificó el funcionario de Televisa.
El esquema de las tres declaraciones (patrimonial, de intereses y de impuestos) “abre la puerta a una cacería de brujas y pone en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que nada tienen que ver con el gobierno ni reciben recursos públicos y mucho menos son parte de actos de corrupción”, afirmó Tejado Dondé, coincidiendo con la expresión de Gamboa Patrón.
–¿Se fracturó a la sociedad civil? –se le preguntó a Martha Tagle.
–En algunos casos les metieron el mismo miedo. Que si algunos querían participar en la llamada “Mesa de las 7 Sillas”, donde estarían representantes de las organizaciones ciudadanas dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, debían también hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
“Creo que el papel de la sociedad civil en este proceso debe ser de bisagra. No se les puede exigir ‘estás conmigo o estás contra mí’ o ‘ya cambiaste de bando’”, afirma Tagle en clara referencia a una declaración del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien acusó a la sociedad civil de haber “cambiado de bando” tras su reunión con el PRI y el Verde.
También del lado de la negociación del PRD y del PAN hubo errores, comentaron algunos senadores. Entre esos, concentrar la negociación sólo en dos o tres senadores que desconocían los mecanismos del parlamento abierto y las negociaciones políticas.
Gatopardismo
Finalmente, el pasado 26 de abril Gamboa Patrón admitió en conferencia de prensa que no había condiciones para sacar el paquete anticorrupción antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones y que el PRI y el Verde ya estaban trabajando “un documento jurídico” con las organizaciones Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Fundar, Fundación Espinosa Yglesias y México Evalúa.
“Son ONG muy serias, como todas, pero han trabajado todo el viernes, todo el sábado y el domingo, y el día de hoy están por terminar el proyecto que creo que va a tener que ser presentado a los grupos parlamentarios”, afirmó Gamboa Patrón, admitiendo así que no se trabajó en parlamento abierto.
El 28 de abril, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó una carta a los presidentes del Senado, Roberto Gil, y de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, demandándoles que cumplieran con lo establecido por la Constitución en materia de reforma anticorrupción. El próximo viernes 27 se vence el plazo que dio la reforma constitucional para publicar las leyes secundarias.
“Solicitamos que de no haber consenso antes del 30 de abril, se convoque de inmediato a un periodo extraordinario en el que se discuta y aprueben los dictámenes de todas y cada una de las leyes que conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el presidente de la Coparmex.
El líder empresarial expresó su desacuerdo con la posibilidad de una reforma cosmética, sin capacidad de sancionar a los funcionarios públicos:
“El Sistema debe poseer dientes para morder a la impunidad, es decir, afectar directamente los bienes producto de la corrupción en un marco jurídico adecuado para resarcir el daño”.
A pesar de estas demandas, el 28 de abril el PRI y el Partido Verde presentaron sus cinco iniciativas que trabajaron a puerta cerrada con algunos representantes de la sociedad civil.
Y sólo plantearon la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a las leyes de Fiscalización, Coordinación Fiscal y Contabilidad Gubernamental.
La parte medular de la Ley3de3 desapareció en las iniciativas del PRI y del Verde: la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales queda a voluntad de los sujetos obligados.
Así se establece claramente en el artículo 29 de su iniciativa de Ley General de Responsabilidades Públicas:
“El servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información”.
Lo mismo se ordena para las declaraciones de intereses y las declaraciones fiscales anuales.
“No le cambiaron nada a lo que actualmente ya existe en materia de declaraciones patrimoniales”, reprochó la senadora Martha Tagle.
La posibilidad de un periodo extraordinario quedó en el limbo. Gamboa Patrón negociaba convocar hasta el 7 y 8 de julio de este año, “después de las elecciones de los estados”, y después del plazo límite de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que vence el sábado 28
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JENARO VILLAMIL
