Las corruptas Epccor y Aldesa construyeron el Paso Exprés de la muerte

Dos personas murieron a raíz del súbito hundimiento de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés Cuernavaca, ocurrido el miércoles 12. De inmediato el enojo popular apuntó a los gobiernos morelense y federal, pero la responsabilidad no acabaría en ellos. También las empresas que construyeron la vía –Aldesa y Epccor– son responsables de esas dos vidas perdidas. Y ambos consorcios tienen un impresionante historial de corrupción que viene desde el siglo pasado.

El hundimiento de una sección del Paso Exprés Cuernavaca el pasado miércoles 12, con saldo de dos muertos, puso al descubierto una vez más el entramado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.

Sin causa justificada, Coca-Cola despide a hermano de fallecido en Nochixtlán

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, denunció que la empresa Coca-Cola despidió hoy a una víctima del desalojo fallido del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, debido a que participará en la conmemoración del primer aniversario de la represión en esa región mixteca.

La directora de recursos humanos de la bodega Coca-Cola en Tlaxiaco dijo al trabajador Eloy Cruz Aquino: “Estas despedido porque de seguro no vendrás a trabajar el 19 de junio”, fecha en que se cumple el primer aniversario del desalojo fallido donde su hermano Anselmo Cruz Aquino fue asesinado.

México tolera venta electrónica de marfil

A pesar de que México es uno de los principales mercados en Latinoamérica del comercio electrónico de piezas de marfil, las autoridades del país no combaten esta actividad que fomenta la caza furtiva de elefantes en África y viola convenciones internacionales.

En varios sitios digitales se pueden encontrar a la venta figuras religiosas y pequeñas esculturas de marfil, así como colmillos de elefante, sin garantía de que el vendedor cuente con los permisos avalados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula ese intercambio, según lo constató Apro.

El negocio “indocumentado” de Trump en México

En plena ofensiva inaugural del gobierno de Donald Trump, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, amplió el miércoles 25 la denuncia que interpuso contra el magnate inmobiliario en octubre pasado ante la PGR por presunta defraudación fiscal y falta de documentación al construir y promover un complejo residencial de lujo en Baja California. El funcionario explica en entrevista que es un acto jurídico personal, pero puede servirle al Estado mexicano para equilibrar la negociación con el presidente de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hubo un tiempo en que Donald Trump amaba a México: hace una década, cuando promovía un complejo residencial de superlujo en Baja California.

“Una de las cosas que más amo de este proyecto es que está en Baja, México”, decía Trump en un video en que publicitaba la venta de 526 departamentos –distribuidos en tres torres– en Punta Bandera, Tijuana, a 16 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el país que ahora gobierna.

“Estoy muy orgulloso de que cuando construyo hay inversionistas que me siguen, invierten en mí, invierten en lo que creo. Por eso estoy tan emocionado acerca del Trump Ocean Resort, y esto va a ser muy, muy especial.”

Ivanka Trump también fue promotora del negocio de su padre, asociado a la empresa inmobiliaria Irongate: “Están desarrollando un resort de clase mundial, acorde con la compañía Trump. Yo personalmente estoy muy emocionada acerca de eso: de hecho, escogí comprar una unidad en la primera torre”.

El amor se desvaneció y ahora Trump como presidente de Estados Unidos embiste a México, pero también enfrenta, precisamente por ese negocio en Baja California que defraudó a más de 200 compradores, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo coloca en la hipótesis de ser enjuiciado bajo leyes mexicanas.

El mismo día en que Trump emitió la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera con México, el miércoles 25, Jaime Martínez Veloz, alto funcionario de la Secretaría de Gobernación y avecindado en Tijuana, amplió la denuncia que presentó contra Trump el 29 de octubre de 2016, por presunta defraudación fiscal, según el expediente FED/BC/TIJ/000958/2016.

Esta acción coincidió con la visita de la delegación de México a Washington, encabezada por el canciller, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes según Martínez Veloz debieron regresar al país en protesta por la decisión de Trump de construir el muro y otras acciones contra migrantes mexicanos. “No existe justificación alguna para que estuvieran ese día en ese lugar”, dice.

La ampliación de la demanda es por la supuesta violación del artículo 27 de la Constitución de México, las leyes migratorias, la Ley de Inversión Extrajera y las que resulten cuando Trump fue promotor del lujoso desarrollo en Baja California que colapsó en 2009, cuando él se deslindó de toda responsabilidad financiera alegando que sólo prestó su nombre a Irongate para la promoción de ventas, que incluyó un anuncio espectacular donde se edificaría la obra.

Sin embargo, Martínez Veloz, el demandante, advierte que Trump obtuvo cerca de 60 millones de dólares en ventas, “sin llevar a cabo ninguna obra y mucho menos cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que de dicha cantidad el señor Trump no entregó al fisco mexicano ningún peso con motivo de las compraventas y el dinero adquirido por las ventas anticipadas de los condominios ofertados”.

La ampliación de la demanda establece que Trump tampoco tramitó licencia de construcción ni permisos de urbanización en el municipio de Tijuana, por lo que no pagó nada para construir el complejo turístico, pero además carecía de visa de negocios para realizar legalmente esas actividades en México.

Según la denuncia presentada por el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Trump también violó el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas, salvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo autorice mediante un fideicomiso.

“Es por lo anterior que si la Secretaría de Relaciones Exteriores no expidió permiso alguno para constituir un fideicomiso a favor de Donald John Trump y/o Ivana Trump y/o Irongate de Los Ángeles y/o Trump Ocean Resort Baja México, esto quiere decir que lo hicieron en un marco de ilegalidad y de probables hechos constitutivos de algún delito.”

Es por eso que Martínez Veloz solicita a la PGR que continúe con la investigación y solicite a la Interpol que localice a Trump para que sea presentado “por las vías diplomáticas” a rendir su declaración ministerial y, una vez agotada la investigación, solicitar la orden de detención en su contra.

Trump como mafioso

Exdiputado federal priista y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martínez Veloz no oculta que la denuncia contra el presidente de Estados Unidos no es sólo de carácter legal: “Es, naturalmente una respuesta con elementos jurídicos, pero también es una respuesta política a la actitud beligerante de Trump”.

La idea de presentar la denuncia, dice, le vino cuando Trump empezó a agredir a México y a hablar de construir el muro. Comenzó a revisar los requisitos para construir el complejo residencial en Tijuana, del que él supo como residente en ese municipio y comprobó, mediante solicitudes de información, que no pagó al fisco, ni siquiera los permisos de construcción, por lo que presentó la denuncia.

Y al seguir investigando y allegarse información, también mediante solicitudes con base en la Ley de Transparencia, descubrió también que Trump y Irongate, la empresa con la que se asoció, habían violado la Constitución y otras leyes.

“Nos íbamos a esperar para la ampliación, pero el martes Trump anuncia que va a firmar el decreto para el muro y que debemos pagarlo. Lo que hicimos esa noche fue apresurarnos y con la información que tenemos interponer la ampliación de la denuncia, como una respuesta puntual a un hecho y a una agresión contra México como nunca en la vida había visto de parte de una nación hacia nuestro país.”

Se ofuscó, dice, porque para financiar la construcción del muro Trump amenazó imponer un impuesto a las empresas que exporten a Estados Unidos. “No hay ningún elemento jurídico de él para cobrar el muro ni para para imponerles un impuesto de esta naturaleza a las empresas. Está actuando con los criterios del crimen organizado de cobrar el derecho de piso”.

–¿Tiene viabilidad esta denuncia o es sólo una acción político-mediática contra Trump?

–Tomar la decisión siendo un ciudadano fronterizo, conociendo las implicaciones que esto tiene, la forma en como ellos operan, muchas veces gansteriles, conlleva una decisión de vida. No es protagonismo. Pero están las condiciones dadas para que las autoridades actúen.

La propia investigación, dice, podría servir al gobierno de Enrique Peña Nieto para que pueda negociar en condiciones de equidad y de igualdad.

“Él dice que ha sido totalmente de­sigual e injusta la relación de Estados Unidos con México. Entonces que explique los procedimientos jurídicos y económicos que realizó para desarrollar sus negocios en México. Él dice que prestó solamente el nombre. Pero no es una hermanita descalza, no lo prestó por prestar, eso le generó un ingreso.”

Recuerda que, según afirmó Trump, Irongate lo estafó, pero se trata de una compañía estadunidense. “Y eso es una mentira, porque Irongate y él siguieron haciendo negocios. Más aún: que diga cuáles impuestos pagó y qué trámites realizó para promover un negocio de esta naturaleza. Que no se salga por la tangente”.

Añade: “¿Podemos nosotros hacer lo mismo en su país sin visa de negocios y no hay problema? ¿Podemos ir a promover el negocio inmobiliario, la venta de bicicletas y de productos y no hay problema? No. El que no tiene visa de trabajo y hace eso va a la cárcel. Entonces con qué autoridad moral está diciendo que va a sacar a los indocumentados cuando él, al menos hasta hoy, con todas las evidencias que tenemos, trabajó en forma indocumentada en nuestro país”.

–¿Él o su personal?

–Y él mismo. Ahí estaban los anuncios espectaculares en los terrenos donde se iba a hacer el desarrollo y en televisión. Aparecía su imagen, la de él y de su hija. Y está la voz de él diciendo que vinieran a Baja.

Osorio no sabía

No es la primera vez que Trump está envuelto en un litigio en México: También en 2006 se asoció con la empresa Comercializadora Ronac, del empresario Rodolfo Rosas Moya –vinculado al entonces gobernador Félix González Canto– para realizar en México el concurso Miss Universo en 2007, pero terminaron peleados y el litigio prevalece.

En 2008, un proyecto de Trump para el complejo de lujo de Punta Arrecifes Resort, en Cozumel, se canceló luego de que los hijos del magnate, Donald Jr., e Ivanka, se reu­nieron con el alcalde panista de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, quien les pidió 20 millones de dólares de “moche” para cambiar el uso de suelo (Proceso 2058).

Quizá la demanda de Martínez Veloz sea la primera directa contra Trump, y según él no tuvo conocimiento previo de la misma su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, identificado como aspirante presidencial.

–¿Lo consultó con Osorio Chong?

–No, con nadie, porque es una decisión personal, de vida. Si esto implica un costo, lo pago. También tengo que decir que hasta hoy no tengo ninguna llamada de atención. Han sido respetuosos de mi postura, porque siempre trato, en todas mis acciones dentro de la institución y fuera, de conducirme con el respaldo de los instrumentos jurídicos y con la información objetiva y fundada de los temas que estoy tratando.

De hecho, para no dar lugar a interpretaciones, ni siquiera ha buscado a Osorio para tratar asuntos de su competencia, como son entre otros los conflictos sociales en zonas indígenas que él debe atender. Se trata de una iniciativa personal, con la convicción de que “en tiempos de crisis no hay matices”, dice citando a un “viejo chiapaneco”.

Provisto de amplia documentación que sustenta su denuncia, Martínez Veloz cita también la expresión del exembajador Jorge Montaño que, a su juicio, es la que mejor define la relación de México con Estados Unidos: “Con los estadunidenses vamos a ser vecinos siempre, vamos a ser socios en algunas ocasiones y amigos nunca”.

Por lo pronto, la PGR confirmó que ya se inició la investigación a cargo de Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimiento Penal y Amparo, a quien dirigió la ampliación de la denuncia.

–¿Pero realmente tiene posibilidades de avanzar?

–¿Qué pasaría si se desecha una denun-cia de una persona que vende terrenos donde lo prohíbe la Constitución, donde hace negocios y no paga impuestos, donde hay requisitos legales para invertir y no los cumple y además es hoy el presidente de Estados Unidos y es el que dice que los mexicanos que van a Estados Unidos son lo peor? Esta denuncia puede servir al Estado mexicano para equilibrar la balanza de la relación. Son hechos de carácter delictivo, no importa quién los haya hecho.

–¿Al extremo de que Trump pueda ser llamado a comparecer?

–Nosotros estamos solicitando que sea citado, sea ubicado por la Interpol y comparezca ante la autoridad y se consigne para emitirse la orden de detención correspondiente.

–¿Tendrían que comparecer también funcionarios mexicanos implicados?

–¡Claro! A ver: ¿quiénes eran las autoridades municipales? Era Jorge Hank. También las autoridades hacendarias, de Relaciones Exteriores y de Migración.

Martínez Veloz insiste en que Videgaray y Guajardo debieron regresar a México cuando Trump, antes de iniciar el diálogo, anunció la construcción del muro y cree que Peña no ha sido bien asesorado en ese aspecto.

“No se trata de tener una actitud radical o de hacer una rabieta ni tampoco de romper el diálogo con Estados Unidos. Simplemente ese día no había que estar ahí. Trump trabaja con la lógica de los capos: además de agredirnos en público, pretendía y pretende humillarnos cada vez que pueda.”

Concluye: “(Trump) tiene olfato, le gusta que le teman y tener a su presa a la defensiva y exhibir su supuesto poder. Por estas razones he aprendido de la vida que puedes perder muchas cosas, menos que te falten al respeto, porque si no tu vida será un infierno moral y tus adversarios te tomarán la medida para doblarte”.

Fuente: Proceso

Autor: Álvaro Delgado

http://www.proceso.com.mx/472476/negocio-indocumentado-trump-en-mexico

Pemex inició su “venta de temporada”

El miércoles 21, el director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, anunció que para 2017 se pondrá “a disposición de terceros” –es decir, de los inversionistas privados– la infraestructura de la empresa para fomentar la libre competencia. En una primera etapa, según el funcionario, los empresarios comenzarán con un tramo de 472.46 de los 17 mil kilómetros de ductos que pertenecen a Pemex. Es un absurdo, dice la diputada Rocío Nahle, pues no sólo está cediendo su infraestructura, sino que incluso escoge a sus competidores.

A partir de 2017, el sistema de ductos de Pemex, considerado por lustros tema de seguridad nacional y orgullo de los mexicanos, dejará de serlo pues el gobierno decidió rentar sus servicios a inversionistas privados. Ahora serán ellos quienes planeen sus programas y compitan abiertamente con Pemex en la venta de gasolina y sus derivados.

Para instrumentar esa entrega, la paraestatal abrió oficialmente su “tianguis” de ductos y almacenamiento de gasolinas –a lo cual llamó “temporada abierta”– cuyo singular objetivo es “poner a disposición de terceros nuestra infraestructura”, según anunció el miércoles 21al mediodía Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial (PTI).

Los inversionistas que concursarán por el primer ramal de los cuatro sistemas de ductos del país –otrora considerados las “venas del país”– recibirán instalaciones sanas gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La “renta” se hará de manera opaca, pues sólo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) conocerá las tarifas de arranque; además, optará por la oferta “más baja” en lugar de vender a la alza, de acuerdo con la convocatoria.

Los 7 mil millones invertidos en los últimos cuatro años son, a decir de un experto en el tema, una cantidad menor –“pero es la oficial”–, aun cuando se trata del ramal más pequeño: el de la zona norte que comprende Baja California y Sonora.

Aparejado a la liberación del precio de las gasolinas y el diésel anunciado por la CRE –como si fuera la barata nocturna de una tienda departamental–, se les dieron 27 días a los postores para que preparen sus ofertas. En sintonía con ellos, el director de Pemex, José Antonio González Anaya, aceptó finalmente que las gasolinas se coticen entre 15 y 20% más para 2017. Menos halagüeño, Citibanamex pronostica un incremento de 22.5%.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/467578/pemex-inicio-venta-temporada

Culmina Peña Nieto la privatización del sector petroquímico

Desde 1992 Carlos Salinas de Gortari impulsó la privatización de las plantas petroquímicas, pero el jueves 3 Enrique Peña Nieto le dio la puntilla final al aprobar, sin decreto presidencial de por medio, la pulverización de los cinco complejos del país, que ya no aparecen en la nueva estructura de la empresa Pemex Transformación Industrial.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el nuevo Plan de Negocios que Pemex dio a conocer el jueves 3 se muestran nuevos esquemas de “asociación, coinversión con terceros o servicios con terceros”, para algunas de las plantas y procesos que conforman los complejos petroquímicos más importantes del país: Cangrejera y Morelos.

Al gerente del Complejo Morelos, Casimiro Álvarez Urbina, ya le llegó la orden del cierre “anticipado” y “definitivo” de la planta de acrilonitrilo que estaba en manos de la empresa brasileña Unigel, como lo establece un oficio fechado el pasado 4 de octubre y del que este semanario tiene copia.

Especialistas en la materia consideran que esas medidas forman parte del “regreso” a Pemex de algunos activos, con el fin de revenderlos en conjunto a la iniciativa privada.

De los cinco complejos petroquímicos mexicanos: Morelos, Cangrejera, Pajaritos, Cosoleacaque y Camargo, los cuatro primeros están en Veracruz y constituyen la principal fuente de trabajo. Carmargo está en Coahuila, no opera desde 2001 y el próximo 10 de noviembre podrían anunciar su cierre definitivo.

Ante este panorama, integrantes de la Coordinadora por la Defensa de Pemex anunciaron que el viernes 11 realizarán una marcha en Coatzacoalcos e intentarán tomar la dirección de los complejos para evitar que los cierren.

Entre las principales empresas interesadas en adquirir las plantas petroquímicas o los complejos en su totalidad está Brasken, propiedad del brasileño Marcelo Odebrecht, quien fue detenido en su país el 19 de junio de 2015 por el caso de Petrobras y acusado de incurrir en sobornos.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/461531/culmina-pena-nieto-la-privatizacion-del-sector-petroquimico

Peligra abastecimiento de agua por tala comercial en Nevado de Toluca: experto

Ciudad de México. La aprobación de la tala comercial al bosque del Nevado de Toluca provocará problemas de abastecimiento de agua por tratarse de una zona vital de recarga para los mantos acuíferos, advirtió Pedro Moctezuma Barragán, responsable del proyecto Sierra Nevada de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista comentó que el plan de manejo presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) forma parte de una tendencia preocupante que afecta la sustentabilidad de la región. El pasado 21 de octubre se autorizó la tala comercial de 17 mil hectáreas equivalentes a 33 por ciento de esa reserva natural declarada como Parque Nacional en 1936.

“La decisión de la Secretaría indica una dinámica que se repite a nivel nacional en donde se han dejado de defender los ecosistemas y las áreas naturales protegidas para entregarlas a la explotación en una lógica extractivista”. Lo anterior se acompaña de un importante recorte presupuestal para los programas forestales y los problemas relacionados con el agua, aseveró el investigador del Departamento de Sociología.

Moctezuma Barragán también recordó que esta zona está conectada al sistema Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad de México. “No sólo se abre la puerta para la expropiación de los bienes maderables, sino también para la minería tóxica en áreas naturales en otros lugares del país”.

El doctor en planeación y desarrollo por la Universidad de Liverpool manifestó que con ello la Comisión Nacional de Áreas Protegidas está extralimitando su mandato, y consideró que una propuesta para revertir estos efectos es la ciudadanización de este manejo por medio de la Ley de Aguas Ciudadana para defender las cuencas y los acuíferos.

En enero de 2013 la Comisión había reconocido que luego de más de 70 años de depredación el Nevado de Toluca sufrió la desaparición de enormes extensiones de bosque convertido en tierras para cultivo. Aunado a ello, se reportó un decremento en el número de especies silvestres de flora y fauna, la merma de manantiales, además del aumento de la erosión.

La superficie que ahora se abre a la tala comercial es de las más importantes, ya que posee lava, algo que no existe en otras zonas. En la última década se había logrado mantener gracias a la participación social de las comunidades cercanas.

Moctezuma Barragán recomendó corregir el rumbo de estas políticas para evitar la pérdida de esta masa forestal tan importante y, por el contrario, impulsar su regeneración.

El especialista en medio ambiente y desarrollo sustentable señaló que la medida afectará significativamente la supervivencia de la fauna, algo que el paradigma de gestión actual debiera considerar.

El gobierno debe otorgar a la población la oportunidad de defender la biodiversidad del país y sus ecosistemas, de modo que se fortalezcan los servicios ambientales de manera primordial en todo el centro del país, finalizó.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/05/peligra-abastecimiento-de-agua-por-tala-comercial-nevado-de-toluca

Por su orientación sexual, Banco Azteca echa a la calle a una empleada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Frustración, enojo y tristeza”, así describe Priscila Hernández el sentimiento que tuvo el día que la despidieron de Banco Azteca por su orientación sexual.

A un año de ser destituida de la empresa “a la que entregué tanto tiempo de mi vida”, Priscila decidió hacer la denuncia en el sitio change.org, desde donde demanda justicia y la reparación del daño.

Sin importar los años que llevaba laborando, y pese a que cumplía con las obligaciones asignadas, la gerente de Banco Azteca lanzó a la calle a la empleada por considerar que su imagen daba mal aspecto a la empresa.

En su denuncia, la víctima asegura que jamás ocultó su orientación sexual y que jamás tuvo problemas por ello, hasta que “el 20 de diciembre de 2015 la licenciada Claudia Zulema Beltrán Medina, encargada en Banco Azteca, me sorprendió con un ultimátum: tenía hasta la noche del domingo para definirme ‘si era niño o niña’, de tal suerte que tendría que cortarme el cabello o usar traje sastre y tacones”.

Añade: “Como mujer lesbiana, no sólo me sentí ofendida por la amenaza que recibí, sino indignada”.

Priscila hizo caso omiso a la exigencia de cortarse el cabello y usar tacones por ser “discriminatoria e ignorante”, así que un día después del ‘ultimátum’ llegó a su trabajo con la vestimenta que siempre usaba.

Un jefe directo notificó a Beltrán Medina que Priscila no había cumplido la orden, y ésta ordenó que la despidieran.

“Frustración, enojo y tristeza son palabras insuficientes para describir cómo me sentí ese día y las semanas siguientes por la humillación que recibí por parte de una empresa a la que entregué tanto tiempo de mi vida sólo por ser lesbiana. Pero gracias al apoyo y consejo de mis amigos y familiares decidí alzar la voz y luchar por mis derechos”, destaca la afectada en su denuncia.

Asimismo, señala que después de lo ocurrido contactó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora esas instancias no le han dado una respuesta, por lo que lanzó una petición a través del sitio web para que exigir que se le repare el daño causado.

“Necesito tu firma para que juntxs pongamos un freno a estos actos de discriminación por orientación sexual o de cualquier otra índole […] Esto no debe repetirse más, y por ello también exijo a la empresa Banco Azteca la capacitación de su personal con el fin de concientizar sobre los derechos de toda la población lésbico, gay, bisexual y trans”, se lee en la petición de Priscila, que hasta ahora ha recibido el apoyo de 3 mil 22 personas.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/459314/orientacion-sexual-banco-azteca-echa-a-la-calle-a-una-empleada

#CDMX Agreden y desalojan a manifestantes del Mercado Agrícola Oriental que protestaban por la apertura de tienda transnacional

La madrugada del día de hoy lunes 17, tipos armados con pistolas, palos y piedras desalojan de forma violenta a locatarios y colonos de la colonia Agrícola Oriental, en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, quienes protestaban durante 111 días en contra de la apertura de una tienda de autoservicio transnacional, que amenaza con quitarles sus fuentes de empleo, así como el abastecimiento de agua potable que ha estado escaseando en la zona.

Además de golpear a las personas que se encontraban en el plantón, se robaron teléfonos celulares, equipo de computo de un medio independiente, carteras, credenciales, además de navajear a una persona y destruyeron las carpas.

VIDEO 1: https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/videos/962349450575630/

VIDEO 2: https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/videos/962452603898648/

Testigos aseguran que fueron decenas de personas que venían de grupos de choque, o porriles, pagados por la corporación Chedraui, y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que los habían amenazado con anterioridad.

Ante la mirada de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, ingresaron por la fuerza al establecimiento, que fue construido de forma irregular y de manera ilegal, ya que no cumplía con la Ley de Obras Públicas y de Servicios.

Después de lo sucedido inmediatamente, levantaron una denuncia al ministerio público, sin embargo no han obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades que brillaron por su ausencia en el lugar de los hechos. Sin embargo se encuentra cercada la zona por grupo de granaderos de la SSP, por lo cual se mantienen en alerta ante cualquier posible represión contra locatarios y colonos de la zona.

VIDEO 3: https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/videos/962424237234818/

VIDEO 4: https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/videos/962439273899981/

* Con información de El Pueblo, Medio Independiente

#PapelesDeSHCP Hacienda lleva a más desigualdad con perdones fiscales a ricos: Flacso y Fundar

En vez de disminuir la brecha de la desigualdad social y económica entre los ciudadanos, el Gobierno federal hace todo lo contrario: perdona impuestos y multas a los que más tienen, lo cual no sólo es injusto sino que afecta a la economía en su conjunto, plantearon expertos en políticas públicas consultados por SinEmbargo en torno al perdón de miles de millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria hizo a un puñado de empresas.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La economía de mercado es “desigualadora”. Tiende a premiar a quienes poseen capital, tierra, conocimiento o mano de obra y a castigar a quienes carecen de estos activos, por lo que el Estado debe encargarse de redistribuir la riqueza.

Un instrumento para lograr esta redistribución es el servicio tributario, que puede cargar progresivamente de impuestos a quienes obtienen más ganancias con el fin de disminuir la brecha de la desigualdad.

En México, sin embargo, el Gobierno hace lo contrario: tiende a perdonar a los contribuyentes más grandes y cargar al resto con impuestos sobre los servicios y el consumo, afectando sobre todo a quienes menos tienen.

Así lo explicaron expertos en políticas públicas consultados luego de que este medio reportó que, de acuerdo con una base de datos obtenida por el centro de investigación Fundar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condonó adeudos por más de 48 mil 421 millones de pesos a 607 empresas tan sólo en 2015.

“Eso genera una brecha aún mayor entre la clase baja y media, que sí paga impuestos y tiene retención del Impuesto Sobre la Renta, y las grandes ganancias del capital”, explicó Javier Garduño Arredondo, coordinador del área de Presupuestos y Política Pública de la organización Fundar Centro de Investigación y Análisis.

“Porque si uno ve los informes tributarios, lo que dicen es que México y América Latina tienen porcentajes sumamente bajos de estos impuestos al capital, más progresivos o que sí permiten recaudar entre quienes más tienen, y que nos basamos en impuestos a los servicios o el consumo, o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que no responden a cargar a quienes tienen una mayor capacidad de pago y lo que hacen es seguir aumentando la brecha, la desigualdad”, agregó.

De acuerdo con el investigador, la política de cancelación de adeudos existe en otros países con el fin de ahorrarle a Hacienda recursos humanos en deudas difíciles de cobrar, pero en México se practica sin criterios claros de qué beneficios habrá para el erario o de qué capacidad de pago tiene el contribuyente.

Y así, agregó, si bien cualquier ciudadano podría solicitar alguna condonación por contingencia, problemas de inseguridad u otros motivos, la decisión final de aplicarlas queda en el Servicio de Administración Tributaria que, como muestra la investigación de Fundar y SinEmbargo, tiende a beneficiar a quienes más capital tienen.

“Es el caso de los créditos controvertidos, como las deudas que se litigan para decir que no son justas y que también son muchísimas, y la mayor parte de ellas también son de los grandes contribuyentes, con acceso a despachos jurídicos que tienen experiencia y que hacen la tarea de litigar y hallar recovecos en la legislación para reducir la carga tributaria”, dijo. 

“MEXICO NO ES POBRE, SINO DESIGUAL”

Por separado, José del Tronco Paganelli, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para temas de políticas públicas y representación, planteó que la información reportada por este medio muestra cómo, en lugar de que el Estado sea un agente redistribuidor de las ganancias, lo que hace es concentrarla en aún menos personas.

“En una democracia, uno de los principales instrumentos por medio de los que los Gobiernos pueden reducir la desigualdad o redistribuir el ingreso son los servicios tributarios y, en principio, esta primera fotografía, esta noticia, lo que nos dice es que lejos de redistribuir la riqueza, la política tributaria de este Gobierno lo que hace es concentrarla más, porque dejamos de cobrar impuestos a quienes se benefician de negocios millonarios, y la carga impositiva se aplica sobre los pequeños contribuyentes”, dijo el académico.

En entrevista, explicó que, debido a que la lógica de la economía de mercado no es “equiparar” sino, por el contrario, “premiar” a quienes más tienen, la responsabilidad del Estado es intervenir para mitigar estas diferencias.

“¿Cómo? Con la política social y con el sistema tributario. Pero, en México, ninguno de estos dos instrumentos actúa de manera que pueda compensar la desigualdad que genera el mercado”, dijo.

“Es decir, el Estado no está ejerciendo el papel redistributivo que toda democracia de mercado necesita, porque esto no es un apunte contra la economía de mercado (…) México y Suecia son los mismos antes de los impuestos, pero después de éstos, Suecia es Suecia y México es el mismo. ¿México es pobre? No, pero es desigual. ¿Qué se tiene que hacer? Contribuir a una mejor distribución de la riqueza, pero eso no está ocurriendo, por lo menos no a través del sistema tributario”, agregó.

Desde ayer por la noche, SinEmbargo difunde una serie de reportajes que muestran cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentró la condonación de adeudos en un ocho por ciento del total de deudores.

“El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país”, reportó este medio.

“Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año, agregó el reporte.

Otros beneficiados son Casas Geo, a la cual se le condonaron más de cuatro mil 437 millones de pesos, o Servicios Financieros DC, en cuya creación participó la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y a la cual se le perdonó el pago de 66 millones 668 millones de pesos.

De acuerdo con Garduño Arredondo, que desde Fundar participó en la construcción de las bases de datos con la información de Hacienda, la investigación es parte del “Programa de justicia fiscal y desigualdad” de la organización, que busca, precisamente, establecer cuáles son los mecanismos del gasto público y de la recaudación que permiten que sólo una minoría vea beneficios del actual sistema económico.

“Y sabemos que esto es uno de estos mecanismos, las condonaciones”, explicó.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094623

IP: costo de la corrupción en el país quintuplica el promedio mundial

En el mundo se lleva 2% del producto, según datos del FMI citados en foro nacional
La corrupción cuesta a México 10% del PIB, dicen empresarios
Esta práctica aleja la inversión y la generación de empleos, advierte funcionario de EU

La corrupción cuesta a México el equivalente a 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB), es decir, un billón 920 mil millones de pesos, lo que en términos porcentuales, quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial, se reveló en el Foro Nacional Anticorrupción organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

Los sobornos en todo el planeta suman entre 1.5 y 2 billones de dólares, lo que equivale a 2 por ciento del PIB mundial, según un informe de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI), refirió Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al inaugurar el foro con una ponencia magistral.

En cambio, en México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10 por ciento del PIB nacional, aseveró a su vez Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. No es casualidad que en materia de estado de derecho estemos en el lugar 79 u 80 del mundo, mientras somos la economía número 13, remarcó. El 10 por ciento del PIB que el dirigente empresarial mencionó equivale a un billón 920 mil millones de pesos si se toman en cuenta las cifras de la Secretaría de Hacienda.

El foro congregó a directores de empresas, funcionarios y legisladores federales, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como a los presidentes de organizaciones que luchan contra la corrupción, como Mexicanos Contra la Corrupción y Transparencia Mexicana, que en diferentes mesas coincidieron en que la aprobación de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción es una avance para el país y se congratularon de que la sociedad colocara el tema en la agenda nacional de manera pacífica y sin protestas, arrebatándole a la clase política el monopolio de decidir al respecto. Sin embargo, también advirtieron que el gran reto es que en menos de un año toda la legislación aprobada debe ser instrumentada en la realidad.

Peter Ainsworth, consejero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien refirió el caso de una empresa de su país que abandonó México para no participar en actos de corrupción, advirtió que ésta se ve mal para la inversión y la aleja. Las empresas no quieren asentarse en un país corrupto y entonces no se obtienen los empleos que podrían generar.

La lucha contra la corrupción ayuda a contar con un buen ambiente de negocios, dijo a su vez Duncan Taylor, embajador de Gran Bretaña, en tanto Eduardo Martínez, oficial jurídico de la OEA, sentenció que los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, igual que los de lesa humanidad.

Los empresarios afiliados al sindicato patronal preguntaron al secretario de la OEA sobre la corrupción en México y si el organismo regional ha atendido casos de aquí, hecho recomendaciones a las autoridades o las ha asesorado para combatirla, pero Almagro sólo respondió que la ventaja es que Mexico es un país abierto al escrutinio internacional tanto en derechos humanos como en casos de transparencia de información o datos.

El secretario de la OEA manifestó que cuando los ciudadanos o empresas no encuentran respuestas o resultados en las denuncias de corrupción que hacen ante las instituciones de su país, entonces deben recurrir a organismos internacionales.

El dirigente de Coparmex señaló que da seguimiento a los casos de corrupción registrados en los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora y Nuevo León, pero acotó que agotarán todos los instrumentos legales locales, sin descartar recurrir al organismo regional en caso de no encontrar respuesta.

En su ponencia Almagro destacó que el sector privado es fundamental para el combate a la corrupción, pero también advirtió que si incurren en la misma deben disolverse, e hizo notar que las pequeñas empresas resultan las más afectadas porque no pueden competir. De Hoyos se mostró de acuerdo pero dijo que en casos extremos pues debe diferenciarse si sólo son uno o varios empleados los que cometen tales casos o toda una compañía.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: SUSANA GONZALEZ
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/18/economia/020n1eco

“El mentor” Claudio X. González Jr.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Católico y empresario, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Mexicanos Primero, Aprender Primero, BÉCALOS, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico y expresidente de Fundación Televisa, Claudio X. González Jr. se ha convertido en el secretario de educación pública de facto pues es quien ha impulsado tras bambalinas las reformas educativas de Enrique Peña Nieto, la caída de Elba Esther Gordillo y la campaña negra contra la CNTE.

Desde hace algunos años el nombre de este personaje de perfil conservador suena como el impulsor más fuerte de una corriente de empresarios interesados en las reformas educativas pero más en el aspecto político y laboral que en el pedagógico. Es decir, en terminar con el poder político sindical del magisterio sin mirar un proyecto transversal educativo que incluya los aspectos pedagógicos, las condiciones materiales de las escuelas, la situación marginal de miles de maestros tanto en el campo y la ciudad, así como la necesidad de respetar la laicidad de la educación pública.

Hijo del prominente empresario Claudio X. González expresidente de Kimbelrly Clark de México y exconsejero de Televisa, nunca pisó una escuela pública en su formación estudiantil. Al menos eso no se ve en su currícula pública donde destaca su doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, la maestría en Derecho y Diplomacia (1990) por la Fletcher School of Law and Diplomacy, de la Universidad de Tufts y la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho.

A pesar de esta formación privilegiada le gusta presentarse como activista social y preocupado por la educación pública del país y para ello ha impulsado no sólo la reforma educativa sino también la campaña de descredito de los maestros, a la propia enseñanza pública, y se ha encargado de presionar a todos aquellos, incluyendo gobernadores, que no están a favor de una reforma laboral con cara de educación.

Esta presión la lleva a cabo a través de su fundación Mexicanos Primero y el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y el Consejo Mexicano de Negocios. También con el apoyo de la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle de Chihuahua, el Colegio Israelita de México y la Universidad Hebraica y la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia.

Este empresario que ahora ya agarró la bandera de combatir la corrupción entre los políticos, pero no entre sus pares dueños de empresas que también se han visto beneficiados de la corrupción gubernamental o de dinero mal habido que lavan en los paraísos fiscales como se mostró en los Panamá Paper´s, tiene un odio obsesivo contra los maestros de la CNTE a quienes llama “criminales”, “delincuentes con permiso” y miembros del “cártel”.

¿Qué proyecto educativo puede salir de este empresario que está en contra de una educación laica, popular y científica como la impulsó hace más de medio siglo el general Lázaro Cárdenas? ¿Qué perfil de profesores propone este empresario que califica de “mafiosos” a quienes van hasta los lugares más apartados del país a enseñar a niños indígenas o campesinos pobres y marginados? ¿Con qué ética puede impulsar un nuevo proyecto educativo quien se maneja con el rencor y la aversión social y de clase?

Bien dice el columnista Luis Hernández Navarro cuando señala que este hombre poderoso se ha convertido en ministerio público del sector educativo y habría que añadirle que se ha ungido como el secretario de educación de facto muy por encima de Aurelio Nuño quien solo sigue sus órdenes.

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/447090/el-mentor-claudio-x-gonzalez-jr

ICA, una estrella más de… Televisa

Una de las constructoras más famosas y antaño sólidas del país, ICA, linda con la quiebra. Ya anunció que dejará de cotizar en Estados Unidos por sus pésimos resultados. Esta situación la puso en manos de David Martínez, un oscuro empresario con fuertes vínculos con Televisa y que ahora puede obtener 40% de las acciones. ¿El objetivo? Esto le permitiría ganar contratos, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En dos anuncios sorpresivos hechos el lunes 27 y el miércoles 29, el consorcio constructor Empresas ICA informó que el próximo viernes 8 abandonará la Bolsa de Valores de Nueva York y que el préstamo de 215 millones de dólares otorgado semanas antes por la financiadora Fintech, del regiomontano David Martínez Guzmán, podrían darle a este personaje, asociado con Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa, 40% del control de la que fuera una de las constructoras más grandes de América Latina.

La trama de esta operación financiera para quedarse con buena parte de ICA se comenzó a escribir en septiembre del año pasado, cuando Guadalupe Phillips Margain, entonces vicepresidenta de Riesgos Corporativos y Finanzas de Televisa, llegó a la constructora para aterrizar la propuesta conjunta de su jefe, Alfonso de Angoitia, y de David Martínez para tomar el control de la compañía constructora y refinanciar la deuda de ICA, a través del despacho Verax Wealth Management, un bufete dedicado a triangular fondos en paraísos fiscales y que apareció en los #PanamaPapers (Proceso 2061).

La vinculación de Verax Wealth Management con ICA es mencionada extensamente en el documento anónimo del 20 de abril de 2016 enviado a las autoridades bursátiles y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para denunciar las maniobras de triangulación y presunto lavado de dinero de De Angoitia. En la copia que posee Proceso, una de las partes medulares relata lo siguiente:

“En 2010, Alfonso de Angoitia comisionó a Guadalupe Phillips Margain, quien fungía como vicepresidente para Riesgos Corporativos y Finanzas en Grupo Televisa, para crear una nueva sociedad llamada Verax Wealth Management, un grupo de gestión de bienes patrimoniales, para Alfonso de Angoitia y Salvi Folch (vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas, respectivamente, de Televisa). Contrataron a José Luis Llamas, quien era codirector de Bienes y Gestión Patrimonial para América Latina en el Deutsche Bank de Nueva York y miembro del Comité Ejecutivo para las Américas de la institución. Antes de eso, Llamas fungió como representante del Deutsche Bank AG México y tiene litigios pendientes. Quejosos afirman que sus inversiones en un fondo de inversión inmobiliaria fueron mal manejadas y que tanto el banco como Llamas incumplieron con sus deberes fiduciarios al tergiversar la naturaleza, los riesgos y las características asociadas con las inversiones de los quejosos en el fondo.”

Verax Wealth Management tiene subsidiarias en paraísos fiscales como las Islas Caimán (aparece como XRV Management) y en la Ciudad de México, con oficinas en Prado Sur 250, Lomas de Chapultepec.

El documento denuncia que “a través de esta infraestructura de bienes patrimoniales, Alfonso de Angoitia y Salvi Folch extendieron propuestas a David Martínez, director de Fintech Advisory Limited y Fintech Advisory Inc. para fondear operaciones en los sectores de la construcción y de la energía en México.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/446059/ica-una-estrella-televisa

Hidroeléctrica dejará sin agua a más de 500 mil personas en Colima

Más de 20 mil agricultores de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Armería y Tecomán, así como alrededor de medio millón de habitantes del estado, se quedarían sin agua para consumo doméstico por el proyecto hidroeléctrico que inició la empresa Generación Enersi, en el río Armería, alertó el presidente del Consejo Estatal Limonero, Gonzalo Castañeda Bazavilvazo.

Indicó que es preocupante que los habitantes desconozcan el proyecto que se pretende construir en Comala –con una inversión de 320 millones de pesos–, porque fue gestionado en la Ciudad de México ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además en la delegación estatal no existe información al respecto, lo que hace el proceso poco transparente.

Detalló que en Armería existen 10 pozos con capacidad de 200 pulgadas, que surten de agua potable a unos 200 mil habitantes de Manzanillo de forma ininterrumpida, por lo que el proyecto que también pretende instalar una línea de transmisión en la subestación Colima II, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pondría en peligro el abastecimiento del recurso hídrico.

El diputado local priísta Eusebio Mesina Reyes manifestó su rechazo a la instalación de la planta, pues “la ley dice cuando quieres concesión tienes que someterlo a consulta pública en un diario de alta circulación y Enersi lo hizo pero en un medio de poca circulación de la capital del Estado.

Lo publican en un diario que emite 100 ejemplares y en algunos se distribuye de manera gratuita, pretendieron que pasara desapercibida la consulta, la cual sirve para que algún interesado pida información acerca de sus efectos en flora y fauna, así como en actividades primarias (agricultura y ganadería), detalló.

Efectos ambientales

Para la activista de la organización ecologista Bios Iguana, Esperanza Salazar, la obra tendría una vida útil de 70 años y se presenta como un proyecto regional de energía limpia y de bajo impacto, lo que resulta contradictorio porque si está siendo evaluado por la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental, si repercutirá en toda la región.

Precisó que el proyecto disminuirá el caudal del río Armería, modificará el ph del agua, los nutrientes, la temperatura y provocará la pérdida de biodiversidad en el río, al disminuir la cantidad de agua que llega a los manglares de la laguna de Cuyutlán, afectando un ecosistema de más de 3 mil hectáreas, donde se desarrollan la mayor cantidad de especies que benefician a cientos de familias de pescadores.

También, agregó, se incrementará la salinidad del agua, provocará que las tierras de cultivo pierdan capacidad productiva, salinizará pozos de agua dulce de la zona costera de los que se abastecen comunidades, áreas agrícolas y especies pecuarias.

Este proyecto se pretenda instalar en inmediaciones de la comunidad indígena de Zacualpan, donde desde hace tres años también se intenta que opere una mina de oro, plata y cobre. Enersi podría vender agua y energía a una minera, pues las represas vienen acompañadas de proyectos de extracción, dijo.

Calculó que una mina de extracción de oro usa entre uno y tres millones de litros de agua cada hora y requiere de energía para operar, así que el megaproyecto de no ser consultado con usuarios y afectados terminará en un desastre social y ambiental en varios municipios.

Según la gaceta de la Semarnat en su edición del 30 de marzo, la hidroeléctrica tendrá capacidad para generar 10 mil 477 kilowats, contendrá una presa derivadora, una línea de conducción, camino de acceso, tanque de carga y una casa de máquinas.

El proyecto de Enersi, filial de la transnacional Enersis, procedente de Chile y con presencia en varios países de Sudamérica, fue recibido el pasado 18 de marzo y está por aprobarse, mientras se realiza la manifestación de impacto ambiental. Se pretende desarrollar en 727 hectáreas y parte de la vegetación sería removida.

En México, existen unas 65 hidroeléctricas, y en caso de concretarse la de Comala, sería la primera en la entidad. El río Armería es la principal fuente de agua de cientos de productores, especialmente de limón, cuyas parcelas están cerca del afluente.

Fuente: La Jornada

Autor: Juan Carlos Flores

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/05/estados/026n1est

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso

Autor: Rosalía Vergara

http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla