Exhortan diputados a SG a otorgar medidas cautelares para Nestora Salgado

La Junta de Coordinación Política elaboró un acuerdo para exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez a atender las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a Nestora Salgado García.

El acuerdo promovido por el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, y respaldado por los coordinadores del PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza, solicita al titular de la Segob y al gobernante de la entidad, a girar instrucciones, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a atender las medidas cautelares emitidas por la CIDH, con objeto de salvaguardar los derechos humanos de Nestora Salgado.

La Comisión Interamericana determinó que el gobierno del estado de Guerrero y el gobierno federal deben responsabilizarse porque las garantías de la ex dirigente de la policía comunitaria se salvaguarden, y desde ahora se le garantice el debido proceso.


Tanto Alonso Raya como Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Loretta Ortiz, Ricardo Mejía Berdeja y Elena Tapia, consideraron que el acuerdo cameral es un importante paso legal para alcanzar la libertad de la hoy presa en la cárcel federal de Nayarit.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ GARDUÑO.

Pide la CIDH atención médica para Nestora Salgado

MÉXICO, D.F: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano garantizar la atención médica necesaria a la activista Nestora Salgado, excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien se encuentra recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit.

La organización internacional, con sede en Washington, escribió en una decisión del 28 de enero pasado que ha encontrado “razones adecuadas” para preocuparse por la salud de Nestora Salgado, de 41 años, arrestada en agosto de 2013 luego de que personas detenidas por la Policía Comunitaria que ella lideraba alegaron que habían sido secuestradas.

Un juez federal mexicano desestimó los cargos contra Salgado el año pasado, pero varios cargos estatales por el mismo asunto la han mantenido tras las rejas.

Salgado tiene la doble ciudadanía de México y Estados Unidos. En aquel país vivía en Renton, un suburbio de Seattle, Washington.

El gobierno mexicano ha dicho a la CIDH que Salgado recibe atención médica “adecuada”, pero sus familiares afirman que sufre de dolor crónico.

El pasado 12 de enero se informó que la activista y excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, podría quedar en libertad en cualquier momento luego de que unos días antes el gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal por los presuntos delitos de secuestro y secuestro agravado que se le imputan.


Sin embargo, la petición fue desechada por el fiscal luego de la presión ejercida por los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CIDH ordenó que se proteja a Nestora Salgado

La representante de la comandante, ante la CIDH, asegura que en México "hay un uso abusivo del derecho penal" y Nestora es un claro ejemplo de criminalización.

La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para Nestora Salgado; ha ordenado que se le “proteja de manera inmediata”, explicó, Alejandra Gonza, representante de Salgado ante la CIDH.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso que a la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, actualmente presa en un penal federal en Nayarit, se le acusa del delito de secuestro y se le ha calificado como “presa de alta peligrosidad”.

Refirió que “las violaciones a sus derechos humanos han tenido impacto a su salud”, por lo que las medidas dictadas por la CIDH son en función de “proteger su salud y vida que se da en el marco de este hostigamiento“.

Sostuvo que el caso de Nestora es un claro patrón de criminalización, pues “hay un uso abusivo del derecho penal, de una manera que no puedan defenderse. De forma tal que se están creando verdades históricas a través de la versión oficial que puede dar un Procurador o un sistema penal”, señaló Gonza.


Documento de la CIDH:

MC455-13-ES:

  MC455-13-ES

VÍDEO ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desarman las acusaciones contra Nestora Salgado

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

MÉXICO, D.F: Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.

El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.

Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.

Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.

Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.

Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.

Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.

Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.

Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.

El arresto

El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.

Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.

Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.

Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.

En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.

Según el video mostrado por el diputado­ López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.

“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…

“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.

“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una impu­tación y la imposición de una sanción a estas personas.

“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”

Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.

“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación­ en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputacio­nes contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”

Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.

“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”

Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.

El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”

“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.

En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.

La andanada de Miranda

Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.

Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.

“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.

“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.

El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.

Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.

También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.

Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el dipu­tado López Suárez.

El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.

Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.

Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.

Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.

Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y
Centroamérica”.


Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

El efecto Nestora

Las autoridades de Guerrero han evaluado que, si se aprueba una Ley de Amnistía, se beneficiaría a al menos 50 de los llamados ‘presos políticos’ detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales. La decisión, ha generado un profundo debate.

La petición para liberar a la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado comenzó en julio del año pasado con la exigencia de una Ley de Amnistía al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El ahora exgobernador sostuvo una reunión con diputados federales que daban seguimiento al proceso penal de “comandanta”, detenida por el Ejército Mexicano desde el 22 de agosto de 2013 en la cabecera municipal de Olinalá acusada de al menos 50 secuestros.

A principios de este año, el gobernador interino del estado, Rogelio Ortega, solicitó al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal en favor de Nestora.

Pero liberarla abriría la puerta para excarcelar a todos aquellos que están presos por pertenecer a las Policías Comunitarias y que enfrentan cargos por lesiones, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Federales y hasta terrorismo.

Policías Comunitarias y autodefensas, tendrían que ser medidos con la misma vara.

Bajo esta premisa, bastaría con que cualquier gobernante de un estado donde se presenten autodefensas solicitara el desistimiento de cargos de quienes hayan sido detenidos.

Así, Salvador Jara -gobernador suplente de Michoacán- podría exigir la libertad de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas.

Las autoridades de Guerrero han evaluado que, si se aprueba una Ley de Amnistía, además de Nestora se beneficiaría a al menos 50 de los llamados ‘presos políticos’ detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales.

Todos ellos están asociados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) e incluso del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por esa razón, cuando comenzaron los acercamientos entre el gobierno de Ángel Aguirre y dirigentes de diferentes grupos sociales de Guerrero, se advirtieron los riesgos de avanzar con la liberación de la “comandanta”.

El argumento es que podrían ser liberados delincuentes de alta peligrosidad acusados por delitos del fuero común.

‘Favorece la impunidad’

El documento mediante el cual se analizó el caso de Nestora Salgado detalla que la posible liberación de la “comandanta” podría generar un efecto cascada en otros estados o en el ámbito federal.

“Favorece la impunidad de organizaciones y activistas de perfil contestatario: policías comunitarias, magisterio, fachadas, antisistémicas”, apunta.

Sin embargo, desde que Rogelio Ortega tomó el mando como gobernador interino de Guerrero ha insistido en que Nestora no cuenta con delitos federales y sí tenía autoridad para retener a personas, pues pertenecía a la Policía Comunitaria.

“Se le acusa a la ciudadana Nestora Salgado de 50 secuestros, pero el juez la exoneró de un delito federal (…) Ella podía retener a las personas por ser policía comunitaria”, indicó el gobernador interino, el 15 de enero en una entrevista radiofónica.

Ortega basa su declaración en la Ley número 701 del Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, norma que reconoce y da validez a sistemas normativos internos basados en usos, costumbres y tradiciones.

Pero dicha Ley precisa que el sistema de justicia indígena no debe ser impartido por las autoridades indígenas a su libre arbitrio,

“Antes bien, el sistema normativo interno de justicia debe observar los principios procesales previstos en la constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y particularmente, la dignidad e integridad de las mujeres”, refiere.

Además, en sus declaraciones ante el Juez Cuarto de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, Nestora reconoció que no pertenece a ningún grupo indígena y que no fue elegida por los pueblos indígenas náhuatl o tlapaneco, sino por habitantes de la cabecera municipal de Olinalá después de unirse a los policías comunitarios.

Los límites de la ley

Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad y catedrático de la UNAM, explica que los grupos de autodefensa tienen sustento legal en la Constitución, por lo tanto, su existencia no está fuera de la ley.

Sin embargo, especifica que si dichas organizaciones armadas no entregan de inmediato al sospechoso de un delito y asumen funciones de ministerio público y juez, entonces sí violan la ley, tal fue el caso de Nestora.

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero, ha abogado por la libertad de la líder comunitaria.

El peregrinar de Nestora

El caso Nestora, divide

Desde la semana pasada, la exigencia para que Nestora Salgado y otros presos políticos sean liberados subió de tono.

El Movimiento Popular de Guerrero ha sido el principal promotor de la libertad de la “comandanta”.

Sin embargo, las demandas del grupo -creado en 2013 con el objetivo de revertir la reforma educativa del Gobierno Federal- van más allá. Exigen la libertad de todos los presos políticos.

Juan Rendón Mancilla, integrante del Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, describe que la figura de Nestora como “comandanta” surgió de un movimiento ciudadano legítimo a finales de 2012, cuando la comunidad de Olinalá se cansó de los secuestros, asesinatos y extorsiones cometidos por el grupo delictivo de “Los Rojos”, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva.


Sin embargo, refiere Rendón Mancilla, ella se negó a dejar las armas y comenzó a juzgar bajo su criterio.

Quienes ahora la acusan, aseguran que la “comandanta” detuvo, privó de su libertad y exigió a familiares un pago para liberar a los detenidos. Por eso, se rehúsan a que quede libre.

El lunes 12 de enero, los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, hicieron un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto y a las autoridades del Poder Judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo un debido proceso.

En conferencia de prensa, señalaron que la liberación de Nestora es “ilegal y contrario a derecho”.

“El gobernador Rogelio Ortega no tiene facultad para solicitar la libertad de Nestora”, acusaron.

Wallace aseguró que algunas de las presuntas víctimas de la “comandanta” temen por su seguridad ante la posibilidad de que Nestora que de libre.

Por su parte, Martí manifestó que la justicia en la entidad está rebasada, ya que Guerrero es un estado “narcoguerrillero”.

Al día siguiente, los familiares de Nestora enviaron un comunicado público a los medios para desmentir a Miranda de Wallace y reiteraron que han acudido a todas las instancias legales nacionales e internacionales y desde la perspectiva de derechos humanos para demostrar la inocencia de la líder y coordinadora de la Policía comunitaria de Olinalá.

En el documento, los familiares la “comandanta” también señalaron que la postura, tanto De Wallace como Martí, podría obedecer a un interés político y discriminatorio.

La Amnistía como ley

La aprobación de una Ley de Amnistía, tanto federal como estatal, ha sido una demanda histórica y recurrente de grupos armados, organizaciones fachada, radicales y de perfil contestatario.

A nivel Federal, en la historia reciente de México se emitieron tres:

En 1976
Benefició a 230 activistas, en su mayoría universitarios involucrados en el conflicto estudiantil de 1968.

En 1987
Que favoreció a mil 539 personas, muchos de los cuales formaron parte de grupos subversivos o delinquieron impulsados por móviles políticos.

En 1994
La cual pretendía beneficiar a personas que participaron en los hechos de violencia ocurridos en Chiapas del 1 al 20 de enero de 1994. Ninguna persona se acogió al beneficio.

A nivel estatal

En Oaxaca
> A finales del 2000, se aprobó una Ley de Amnistía que benefició a más de 200 personas, 60 de las cuales fueron excarceladas, la mayoría formaron parte del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

En Guerrero
> Se promulgaron leyes de amnistía en 1978, 1981 y las más reciente en el 2002 a noviembre de 2003. En la última fueron liberadas 24 personas acusadas por delitos no graves del fuero común.

El peregrinar de Nestora


Desde que fue detenida, la líder de la  CRAC ha encendido el debate sobre si es una activista o una delincuente.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNA.

Nestora Salgado, la policía comunitaria presa como de “alta peligrosidad”

Salgado, de 42 años, está presa en un penal de máxima seguridad, a pesar de que las pruebas en su contra no son claras; su hija acusa que es un tema político.

Para la justicia mexicana, Nestora Salgado, “la comandanta” de la policía comunitaria de Guerrero, es de “alta peligrosidad”, por eso fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, igual que Sandra Beltrán, presunta operadora del cártel de Sinaloa, o María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, acusada de delincuencia organizada.

En este penal de máxima seguridad pasa 23 horas en una celda, apenas tiene contacto con otras personas durante los 40 minutos que puede permanecer en el patio y solo tiene derecho a hablar con su defensa por 45 minutos en cada visita. La acusan de delincuencia organizada y secuestro, aunque en Olinalá, Guerrero, encabezaba un movimiento que pretendía garantizar la seguridad y justicia en su comunidad.

El 17 de agosto de 2013, cuatro días antes de ser detenida por elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá emitió un comunicado en el que alertaba la posibilidad de que ocurriera una “masacre” tras actos intimidatorios por parte de elementos castrenses en la casa de la dirigente.

Acusaban al presidente municipal, Eusebio González, y al líder del Comité del Consejo de Seguridad y Vigilancia, Juan Mancilla, de colaborar con Mario Ponce‚ Arsenio Coronel –alias el Cotorro–‚ Octavio Rendón –alias la Panocha–, Primitivo Jiménez y Omar Jiménez, presuntamente dedicados a la “distribución de estupefacientes‚ relación con sicarios‚ robo y secuestro”.

En ese año, cuando Nestora se volvía noticia nacional por encabezar un movimiento comunitario, advertía en entrevistas periodísticas que no le temía al crimen organizado, ni a los sicarios, sino “al gobierno”. La mujer de 42 años advertía frente a la cámara “si algún día llego a desaparecer, es el gobierno porque son los que nos están atacando”.

El 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida junto con otra treintena de policías comunitarios en el municipio de Ayutla; fue traslada a Chilpancingo y luego al Juzgado Primero del penal de las Cruces, en Acapulco. Dos días después estaba en el penal de Nayarit.

Del sueño americano a la comandancia 

Olinalá es una comunidad de la región de la montaña de Guerrero, donde 8 de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza, según el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ahí, los servicios de salud o vivienda son lujos para unos cuantos y la mayoría ni siquiera concluye la educación básica.

Nestora Salgado, como miles de mexicanos decidió buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y migró a los 20 años. Seis meses después, sus tres hijas la alcanzaron y con su esposo construyeron una vida que les permitía vivir desahogadamente. Incluso obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Para mantener a su familia, Nestora limpiaba casas, trabajó en las cocinas de restaurantes y fue mesera. Dos de sus hijas estudiaron hasta la preparatoria y otra es enfermera. Sin embargo, para no olvidar sus raíces y “valorar la vida”, “la comandanta” hacía visitas frecuentes a su comunidad. Intentaba hacer ver a sus hijas que en México había gente con menos oportunidades, que trabajaban mucho y ganaban poco, comenta Saira.

En uno de los viajes, en 2001, Nestora tuvo un accidente automovilístico que la mantuvo paralizada durante tres meses y durante los tres años siguientes se mantuvo en terapia física para recuperar la movilidad. Eso fue lo que la hizo regresar a México. Sus ahorros le permitían establecerse en su comunidad, donde su hija Saira instaló una carnicería en 2004.

Tiempo después, como el resto de los comerciantes, comenzó a sufrir extorsiones por parte de delincuentes que le pedían entre 400 y 500 pesos semanales. Después comenzaron los secuestros, hasta que un día el pueblo se cansó y decidió enfrentar a los criminales. Así nació la policía comunitaria de Olinalá, ante “una emergencia” en octubre de 2012.

Nestora, de carácter fuerte, que se atreve a decir lo que piensa a quien sea, así se trate de funcionarios o policías, fue elegida por la comunidad para liderar el movimiento. Se convirtió en “la comandanta”.

Luis, marido de Nestora dice que “ella vale por dos hombres” y Saira lo confirma. La admira por valiente y aunque siempre supo que el riesgo era alto estaba dispuesta a enfrentarlo. “Si antes íbamos a morir, ahora al menos que sea por algo que valga la pena”, parafrasea Saira a su madre.

El proceso 

La detención de Nestora fue a causa de cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas por el delito de secuestro (del fuero común) y una por delincuencia organizada (fuero federal). Precisamente por este último es que fue recluida en el Cefereso de Nayarit.

La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la comunidad, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá.

Misael Rivero, abogado de Nestora e integrante de Organización de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., explica que el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación 76/2013 sobre crimen organizado, por lo que dictó auto de formal libertad a Nestora. Sin embargo, aunque esto no permitía la liberación pues aún debía enfrentar las acusaciones restantes, si permitía que fuera trasladada a un penal local, pero no sucedió.

“El magistrado llegó a la conclusión de que la policía comunitaria está basada en los usos y costumbres y por lo tanto su actuación se encuadra en la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT. Hizo una comparación entre la visión de la comunidad indígena sobre el sistema de administración de justicia y la visión occidental”, dice Rivero a Animal Político.

Y es que la actuación de la policía comunitaria de Olinalá consistía en que cuando recibía una denuncia, detenía al presunto culpable, quien era juzgado en asamblea por toda la comunidad y así se determinaba la sanción, que podía incluir la detención o la “reeducación”, es decir, realizar trabajos de apoyo a los habitantes del pueblo.

Según el magistrado de Acapulco, este modelo es equiparable a la “reinserción social” en nuestro sistema penal. “Tampoco se podía determinar como secuestro, sino como actos fundados en los usos y costumbres”. Incluso, dice el abogado, en la declaración de las supuestas víctimas y sus familias se reconocen que estaban recluidos en la casa de justicia, donde podían recibían visitas.

Además se establecían pagos acorde a sus faltas sin que eso significara un rescate sino una “fianza”.

Dichos argumentos echan abajo la configuración de “delincuencia organizada”, pues la policía comunitaria no fue constituida para fines ilícitos, sino al amparo de la Ley 701 de “Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero”.

En el artículo 37 de dicha legislación, donde se reconoce a las policías comunitarias, se establece que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.

El caso fue considerado como una “aberración” por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, al considerar que Nestora es una presa política. Por ello solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado.

Esto obedece a la “demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero”, se explica en el comunicado emitido el 8 de enero pasado.

Aunque no hay un periodo establecido para que el fiscal resuelva, de atender la petición del gobernador, la liberación sería inmediata. Sin embargo, todo es “un cálculo político”, acusa el abogado Leonel Rivero.

Explica que las autoridades judiciales están “administrando el proceso, la tienen como rehén”, pues ni siquiera se han podido desahogar pruebas y será hasta el 29 y 30 de enero cuando se realicen los primeros careos en el penal de Nayarit, a donde deberían acudir las víctimas, pero de no hacerlo, alargarían más el proceso que lleva ya 17 meses.

¿Secuestradora? 

Los empresarios Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, después de sufrir el secuestro de sus hijos, han encabezado un activismo que consiguió incidir en políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra dicho delito.

Este lunes 12 de enero hicieron pública su inconformidad por la posible liberación de Nestora, pues, según dicen, existen pruebas de la participación de “la comandanta” en 40 secuestros, por lo que la solicitud del gobernador es una “barbaridad”.

Uno de los supuestos casos lo denunció Eugenio Sánchez González, habitante de Olinalá, quién fue recluido en la casa de justicia y realizaba labores de cultivo y limpieza en terrenos acusado de robar ganado.

Saira Rodríguez, hija de Nestora, advierte que este es un ejemplo claro de que no se trata de secuestro, pues la asamblea del pueblo determinó la culpabilidad de Sánchez González del hurto, al no poder comprobar la adquisición de cabezas de vacas que valen hasta 25 mil pesos.

Además, la familia de este hombre, dice Saira, sí tiene antecedentes penales, pues Manuel Sánchez y Adán Sanchez, formaban parte del grupo “Los Ayutla” que realizaban secuestros en la región y en 2004 fueron aprehendidos por al Procuraduría de Guerrero y enfrentan una condena de 45 años.


“Todo es político porque en todas las declaraciones dicen que las familias sabían dónde estaban detenidos. Eso no es un secuestro”, insiste la joven de 27 años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Wallace y Martí, contra liberación de Nestora Salgado

Salgado o La Comandanta fue detenida el 21 de agosto de 2013, durante un operativo realizado por fuerzas federales, como presunta responsable de una serie de secuestros realizados en Olinalá, Guerrero.

Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, presidente de México SOS, exigieron al gobierno de Guerrero que no desista de una acción penal contra Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria en la entidad, a quien calificaron como “secuestradora”.

Wallace dijo el lunes que el gobierno encabezado por Rogelio Ortega, y el diputado perredista por Zacatecas, Roberto López, negociaron la liberación de Nestora.

“Estamos buscando una salida política al asunto; nosotros hemos hablado con Nestora; ella está en la mejor disposición para que pueda llegarse a un acuerdo político con el gobierno estatal y, en este sentido, lo que nosotros estamos pidiendo de forma muy concreta es que coadyuvemos de manera conjunta, legisladores y el gobierno estatal para liberar a Nestora”, se escucha en una grabación del diputado del PRD, presentada por Wallace y Martí en una conferencia de prensa.

“Están haciendo el frontis (muro del frontón o trinquete contra el que se lanza la pelota) a los narcotraficantes, y desde luego se genera esta narco guerrilla, yo siento que el gobierno está oprimido o en complicidad, amenazado o en complicidad, y eso nos genera un caldo de cultivo enorme para tener este estado, que yo diría es fallido, en donde ya no se sabe quién es quién”, acusó Martí.

“Exijo al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, respete el estado de derecho, así como la independencia del fiscal y de Poder Judicial, y a éstos hacer valer su autonomía en el caso de la señora Nestora Salgado… Esta misma exigencia la hacemos extensiva a todos los actores políticos, como son los diputados federales y locales; pero en especial la hago extensiva al diputado Roberto López, él es diputado por Zacatecas y no entendemos qué está haciendo, metiéndose en un problema en Guerrero”, comentó Miranda, desde el DF.

Responde el diputado

El 8 de enero, el gobernador Ortega Martínez solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal, a favor de Nestora Salgado García.

Al respecto, en Noticias MVS primera emisión, el diputado perredista, Roberto López, aseguró que Nestora está encarcelada porque tocó “intereses políticos” y narró cómo ocurrió su detención.

“(Nestora) Está reconocida como parte de la policía comunitaria, tiene autoridad para detener a presuntos delincuentes, eso es lo que Wallace y Martí llaman secuestro”, mencionó.

Sobre la grabación presentada por Wallace, dijo que se trata de una reunión con el gobernador Ortega.

El legislador reveló que Ricardo Martínez, subprocurador en Guerrero, quien había presentado las acusaciones contra la líder de la Policía comunitaria, es el abogado del caso Wallace.

“Es su empleado… fungía como subprocurador del estado”, refirió.


“Lo que estamos haciendo es defender derechos humanos… Si Nestora Salgado sale (de la cárcel) puede hacer acusaciones contra el subprocurador, su amigo y abogado (de Wallace)”, agregó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Cabildeo’ intenso a favor de Nestora

Los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí denuncian la intervención de diputados federales del PRD y del gobernador interino de Guerrero, quienes gestionan la liberación de la ‘Comandanta Salgado’ y otros supuestos dirigentes sociales acusados de secuestro.

En reuniones privadas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y su entonces procurador, Iñaki Blanco Cabrera, supuestos líderes sociales exigieron la libertad de Nestora Salgado García a cambio de apaciguar el caso de Iguala, en que asesinaron y desaparecieron a estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Así lo denunciaron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, quienes responsabilizan al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, de cualquier escalamiento de violencia.

Después del episodio ocurrido en Iguala, en donde siete personas fueron asesinadas y 42 estudiantes siguen en calidad de desaparecidos, habría ocurrido esta serie de reuniones privadas con la cúpula del Gobierno del Estado para presionar por la libertad de Nestora u otro grupo de supuestos dirigentes sociales que están presos.

“Nosotros somos dirigentes sociales, no somos nuevos en ese asunto, no es la primera vez que nos sentamos a negociar con el Gobierno Estatal o Federal; gobierno perredista o priista.

“Lo que nosotros venimos a plantear es cómo encauzamos políticamente este tema y que no nos metamos en el asunto jurídico, para no litigar un asunto que quién sabe en qué termine, tratemos de llegar a un acuerdo político”, se escucha la voz de uno de los negociadores ante las autoridades de Guerrero que fueron grabados sin darse cuenta.

Los audios fueron difundidos por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, luego que se diera a conocer la petición que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, hizo al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

El gobernador le solicitó que se desistiera de la acción penal en contra de Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía Comunitaria, que está presa en el penal de Tepic, Nayarit,  acusada de secuestro, desde el año 2013.

“Si hay un escalamiento de violencia, responsabilizo al gobernador de Guerrero”, acusó Miranda de Wallace, quien pidió al Gobierno Federal monitorear de cerca lo que ocurre entre dicho grupos que simpatizan con guerrilleros de la zona y el PRD.

La insistencia perredista

Los activistas Miranda y Martí, acompañados por víctimas de secuestro de Nestora Salgado y sus policías comunitarios, denunciaron la intervención activa y persistente de un grupo de diputados federales del PRD, quienes se muestran a favor de que la “Comandanta Nestora” y otros supuestos dirigentes sociales de la región sean excarcelados.

Las negociaciones ocurrieron cuando la presión por el tema de Ayotzinapa estaba por todo lo alto y se intentó negociar con el gobierno la libertad de Nestora, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a cambio de que el resto de las organizaciones afines bajaran el tono de las exigencias y desmanes en Guerrero con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En este grupo de diputados perredistas que intervienen por la libertad de Nestora se encuentran Margarita Elena Tapia Fonllen, Carlos de Jesús Alejandro, Vicario Portillo Martínez, José Luis Muñoz Soria, María de Lourdes Amaya Reyes y Roberto López Suárez.

Los legisladores que se han trasladado hasta el estado de Guerrero para negociar la libertad de Nestora son: Arturo Campos Herrera, Francisco Ambrosio Abad, Ángel García García, Florentino García Castro y Benito Morales Justo.

Todos han insistido en buscar una ruta más allá de la jurídica para buscar la libertad de Nestora.

En el caso específico del diputado federal Roberto López, manifestó públicamente que sostiene intercambios con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para hablar de la posibilidad de que Nestora Salgado sea internada en un reclusorio de la Ciudad de México, una vez que se apruebe su traslado de Tepic, Nayarit, y a fin de que pueda ver con mayor frecuencia a familiares y abogados.

¿Se encuentra enterada la dirigencia del PRD de estas acciones de sus diputados? Se le cuestionó a Miranda de Wallace.

La activista respondió que el grupo de diputados federales del Sol Azteca intentó meter un punto de acuerdo respecto a este tema, por lo que, infiere, la dirigencia del PRD que encabeza Carlos Navarrete debe estar enterada.

En las reuniones privadas que fueron grabadas, algunas de las cuales se han desarrollado en la Casa de Gobierno y en las oficinas de la secretaría de Turismo del estado, algunos de los supuestos líderes sociales que abogan por la libertad de Nestora reiteran que la salida al problema debe ser política, aunque están enterados que la fundadora de la policía comunitaria de Olinalá es acusada por secuestro.

Pese al testimonio de las víctimas, que narran de frente las vejaciones que sufrieron en manos de Nestora y sus policías, son varios factores que intervienen a favor de ella: el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Anthony Wayne, quien ha solicitado oficialmente la revisión del caso; el PRD, a través de sus diputados federales, otras organizaciones afines y el despacho de abogados Gómez Mont, que lleva el litigio.

Víctimas mantienen su acusación

Un grupo de víctimas que fue detenido y secuestrado por Nestora Salgado y su grupo de policías comunitarios en el municipio de Olinalá, Guerrero, se trasladó hasta la Ciudad de México para acompañar a Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.


Las víctimas Eugenio Sánchez González, Dulce Rubí Burgos Pérez, Yesenia Castillo Meza, Armando Patrón Jiménez y Gustavo Rodríguez Patrón sostienen su acusación de secuestro contra Nestora Salgado.

Armando Patrón Jiménez, síndico del Municipio de Olinalá, quien fue detenido por Nestora y sus comunitarios, explica que la población del municipio se encuentra temerosa ante la posibilidad de que la líder de las policías comunitarias quede libre.

Aunque se dijeron gente de bien, los habitantes de Olinalá ya preparan una contraofensiva: armarse y dar la pelea a Nestora y sus policías comunitarios.

“Saldrá a matarnos”, expresa nerviosa y a punto del llanto Dulce Rubi, una jovencita que estuvo secuestrada por Nestora y sus comunitarios por poco más de tres meses, periodo en el que fue obligada a realizar trabajos forzados en la zona de la montaña.

Refiere que el haberse atrevido a denunciar a Nestora y sus policías le negó toda posibilidad de estudiar, ya que las autoridades de la escuela simpatizan con el movimiento del magisterio disidente de la CETEG en la región y saben que ella es una de las denunciantes que llevó a Salgado a la prisión.


A la fecha, Dulce Rubí no puede pisar las instalaciones de la escuela. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Nestora Salgado, a un paso de la libertad

MÉXICO, D.F: La activista y excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, podría quedar en libertad en cualquier momento luego de que el pasado fin de semana el gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal por los presuntos delitos de secuestro y secuestro agravado que se le imputa.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que se desistía de los cargos, pero acotó que la solicitud está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público de acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el ejercicio de la acción penal.

También se informó que Nestora Salgado García es procesada por diversos delitos ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, bajo la causa penal 5/20145/2014-I; en el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, bajo las causas penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II, y en el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, con la causa penal 191/2013-I.

El anuncio se dio después de que en diciembre pasado legisladores federales y funcionarios de Guerrero se reunieron para analizar la posible libertad de la activista y de 14 policías comunitarios que también están presos. En ese momento se dijo que Nestora quedaría en libertad antes de terminar el año, sin embargo apenas ayer el gobernador hizo el anuncio del desistimiento de la acción penal.

En el mismo comunicado, el Ejecutivo estatal pidió que, sin quebrantar los Derechos Humanos de las víctimas, la Fiscalía General del estado, de manera conjunta con la Secretaría de Gobierno, establezcan mecanismos para la reparación del daño a favor de quienes resultaron agraviados.

Cleotilde Salgado García, hermana de Nestora, dice a esta agencia que hasta ahora la familia no tiene ninguna noticia oficial sobre su liberación; incluso, afirmó que hace tres días llamó al penal de Nayarit para saber si era cierta la noticia de que su hermana sería trasladad a la Ciudad de México, como se dijo en algunos medios, pero le informaron que no tenían ninguna notificación al respecto.

De acuerdo con Cleotilde, los abogados de su hermana han realizado todas las acciones legales y ahora sólo esperan que el gobierno local se desista de las acusaciones o dé luz verde para la liberación. “Si ya está saliendo en las noticias, yo creo que tenemos una buena esperanza”, añade.

Nestora fue detenida el 21 de agosto de 2013 por elementos del Ejército, Marina y policía estatal que llegaron a la zona de La Montaña, Guerrero. Las fuerzas armadas hicieron operativos en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, donde detuvieron y desarmaron a la Policía Comunitaria.

Desde finales de julio de 2013, la comandanta ya había denunciado que elementos de la Marina la amenazaron con detenerla, al igual que a varios de sus compañeros comunitarios acusados de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

A decir de habitantes de Olinalá y de activistas que se han sumado a una campaña por la libertad de Nestora, la comandanta fue encarcelada por su trabajo contra del crimen organizado y la corrupción municipal y no por haber cometido secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada, como se le acusó al momento de su detención.

Sus defensores aseguran que esta mujer, que a los 19 años de edad emigró a Estados Unidos y consiguió la ciudadanía norteamericana, fue criminalizada por arrestar al síndico de su pueblo, Armando Patrón Jiménez, acusado de cometer abigeato (robo de ganado) y estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos.

Aunque su defensa la lleva la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y el despacho Gómez Mont, Nestora sigue recluida en el penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit, aun cuando en marzo de 2014 un juez desestimó los cargos federales por delincuencia organizada y ordenó su liberación.


Ante esta situación, en agosto del año pasado la hija de Nestora, Saira Rodríguez Salgado; la antropóloga y feminista Marta Lamas; Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos, y Trinidad Ramírez, una de las líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de nuevo reactivaron la campaña nacional e internacional para pedir la libertad de la comandanta de la Policía Comunitaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ

Gobierno de Guerrero se desiste de acción penal contra Nestora Salgado

El gobierno de Guerrero se desistió de la acción penal en contra de la comandanta, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, en el municipio de Olinalá, en la región de la Montaña Alta.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal contra Nestora Salgado García, como muestra de que “este gobierno ciudadano, ha sido constante en la búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de Guerrero en todas sus vertientes, siempre procurando salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos y escuchando los diversos planteamientos que los actores sociales exponen con motivo de su lucha por el respeto de sus derechos”.

A través de una carta, el mandatario estatal reiteró su disposición de ofrecer a los guerrerenses un “gobierno armonioso, que no atente contra la lucha social, ni los movimientos sociales, que cada día demandan”.

Se comprometió a la “libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia”, haciendo especial referencia a Nestora Salgado García.

La solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz, está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público representado en su persona, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el gobernador, esta acción atiende la demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero.

Nestora se encuentra procesada por diversos delitos ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causa Penal 5/20145/2014-I; Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causas Penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II, y Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, Causa Penal 191/2013-I.


El Ejecutivo estatal pidió, que sin quebrantar los derechos humanos de las víctimas, la Fiscalía General del Estado, de manera conjunta con la Secretaría General de Gobierno, establezcan mecanismos para la reparación del daño a favor de quienes resultaron agraviados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El plan para liberar a Nestora

Pide el Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Anthony Wayne, se revise el caso de Nestora Salgado, pues preocupa el manejo político.

Mientras que María de los Ángeles Pineda Abarca ingresó presa al penal federal de Nayarit, Nestora Salgado García, fundadora de las Policías Comunitarias en Olinalá, podría quedar libre en estos días, pese a los casos de secuestro de los que se le acusan.

Por estos días, el gobierno de Guerrero resuelve una complicada negociación en la que han participado el gobierno de Estados Unidos, diputados federales afines al PRD, y grupos pro derechos humanos que exigen la libertad de presos políticos. En dicho paquete está Nestora.

La presión de Estados Unidos a través del embajador de esa nación en México, Earl Anthony Wayne, no cede.

A través de una carta dirigida al gobernador de Guerrero, de la que Reporte Indigo posee una copia, le pide que se revise el caso de Nestora Salgado, pues “nos preocupa el maneja que le ha dado al caso el Procurador del Estado de Guerrero, ya que ha hecho que se originen dudas de si los cargos en contra de la señora Salgado se derivan de cuestiones políticas”.

EL embajador norteamericano en México pide que se revise el caso de esta mujer, que se asume como líder social y que bajo ese título ordenó el secuestro de hombres y mujeres, a quienes detuvo, castigó y apresó.

“La señora Salgado ha estado detenida desde agosto del 2013 por cargos que se derivan de sus actividades como líder de la organización de la comunidad indígena en Olinalá, Guerrero. La embajada de Estados Unidos está muy preocupada sobre el trato que la señora Salgado ha recibido hasta este momento”, apunta la carta de Wayne.

“Me gustaría pedirle que su caso sea revisado lo más pronto posible. Ya han pasado 14 meses desde el día de su arresto y ha habido mínimo progreso en el proceso judicial. La Sra. Salgado permanece aislada en la prisión bajo condiciones austeras. Asimismo, nos preocupa el manejo que le ha dado al caso el Procurador del Estado de Guerrero, ya que ha hecho que se originen dudas de si los cargos en contra de la señora Salgado se derivan de cuestiones políticas”, describe.

Anthony Wayne argumenta que su intervención en el caso como parte de  una de las tareas más importantes del Departamento de Estado, a través de las Embajadas y Consulados en el exterior, es el apoyo y la asistencia a los ciudadanos estadounidenses que están encarcelados y detenidos.

Dicha asistencia consular, explica Wayne en su carta, incluye visitas a prisión para garantizar que los ciudadanos estadounidenses reciban un trato digno, así como para asegurarse que reciban juicios justos y expeditos, y que cuenten con el derecho a tener un abogado.

“Con base en lo anterior, quiero llamar su atención sobre el caso de la señora Nestora Salgado Rodríguez, también conocida como Nestora Salgado García, y quien tiene doble nacionalidad (estadounidense y mexicana)”.

“De antemano, le agradezco la revisión minuciosa de este caso lo más pronto posible y así poder asegurarnos que los derechos constitucionales de la señora Salgado no se estén violando. Le reitero mi interés de reunirnos para abordar este caso a la brevedad y conversar sobre temas de nuestra agenda bilateral”.

Dicha intervención y la de otros personajes de la vida pública, fundamentalmente ligados al PRD, ha propiciado que las autoridades del Estado, a través del secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, hayan abierto la puerta a la posibilidad de que Nestora salga de prisión.

La ruta a la libertad

Para conseguir que Nestora salga de la cárcel, sus defensores plantean que la Fiscalía del estado de Guerrero se desista de los cargos en su contra y así conseguir su libertad.

Hace apenas tres días, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, acusó al Gobierno del Estado de “orquestar una venganza política” junto al gobierno municipal de Olinalá contra la coordinadora de la Policía Comunitaria.

Allá en Guerrero el perredista declaró públicamente que la detención de la líder comunitaria “fue un exceso” y que obedeció a intereses particulares del alcalde y del síndico de Olinalá.

El diputado del PRD aseguró que Nestora Salgado no cometió los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputaron, pues ella operaba bajo el sistema de usos y costumbres previsto en la Ley del Estado.

“Quizá si cayó en excesos”, soltó el perredista, quien sostuvo que los delitos de Nestora no justifican su reclusión en el penal de máxima seguridad de Nayarit.

Advierten que se defenderán

Temerosos de que las presiones del gobierno de Estados Unidos, de diputados del PRD y de otros grupos armados surjan efecto, las víctimas que fueron secuestradas por Nestora y su grupo de policías comunitarios temen por su vida, pero aseguran que no se cruzarán de brazos en espera de que esta mujer vuelva a Olinalá.

“Los funcionarios del Estado de Guerrero han vulnerado este derecho de nosotros, ya que han llevado varias juntas con miembros de la CRAC, diputados federales y últimamente con miembros del Gobierno de los Estados Unidos de América, sin que estemos presentes o bien hayan defendido a las víctimas”, sostiene Armando Patrón Jiménez, síndico procurador del Ayuntamiento de Olinalá, secuestrado por Nestora.

Lo anterior lo afirmamos, explica en entrevista, ya que tuvimos conocimiento que en fecha 18 de noviembre del 2014, a las dos de la tarde se convoco a una reunión con el fin de informar y analizar la situación legal de la citada señora Salgado Rodríguez o Salgado García, para atender la petición hecha por el señor Earl Anthony Wayne, de la que tenemos copia.


Desde mayo del 2014, Reporte Indigo publicó en la edición “También EU la defiende”, que personal del consulado americano en Guadalajara visita a Nestora Salgado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayartit.

Desde esa fecha se dio cuenta de la intervención del gobierno de EU en el caso y de las reiteradas peticiones para que se le proteja en prisión y se deje sin efecto el proceso penal llevado a cabo sin defensa legal de elección de Nestora.

A partir de varios documentos se perfila a Nestora como una frágil víctima de un injusto proceso que sufre aislamiento físico y confinamiento en una celda de la que no le permiten salir.

En contraste con esta descripción que hacen quienes buscan su libertad, en mayo del año pasado, un grupo de víctimas viajó desde el estado de Guerrero a la Ciudad de México para denunciar el infierno que Nestora y sus policías comunitarios les hicieron vivir en aquella región donde impuso su ley.

Las víctimas, quienes dieron cara, nombre y apellido, describieron las circunstancias que pasaron en cautiverio, en la zona comandada por Nestora.

Allá, dicen, ordena Nestora, “La Comandante” o “Camelia la Texana”, como fue conocida en el municipio de Olinalá, donde se atrevió a enfrentar al mismo Ejército Mexicano y a la Marina.

Para unos, Nestora es la líder comunitaria, la defensora que hizo valer los derechos y frenó a la delincuencia; para otros, sus víctimas, la mujer que abusó del vacío de poder en aquellas regiones olvidadas por el entonces gobernador, Ángel Aguirre.


En cuestión de días, si las presiones al gobierno de Guerrero que hoy encabeza Rogelio Ortega hacen efecto, Nestora podría quedar libre. Entonces avanzaría la fase dos de la negociación: festejar la libertad de una líder comunitaria para quien hay planes de hacerla diputada o autoridad regional.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.