Tras la declaración ministerial del exoficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, en la que acusó un presunto desvío millonario en la compra terrenos aledaños al nuevo aeropuerto de Texcoco, 89 comuneros denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en este caso ellos fueron víctimas de una estafa, y no cómplices.
Como parte de su declaración ministerial, Emilio Zebadúa aseguró que, con el visto bueno de la Segob y de la Secretaría de Hacienda, la Sedatu desvió en 2018 un total de 400 millones de pesos por concepto de “ayuda social” para beneficiar a 190 personas que no eran propietarios de los los predios conocidos como Tlateles, en las inmediaciones del fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.