Con el mismo modus operandi denunciado en Oaxaca, unas mujeres adultas mayores denunciaron ante la Fiscalía de Nuevo León un intento de despojo de un predio en Santa Catarina.
Al igual que en el modus operandi detectado en Oaxaca, miembros de notarías públicas, del Instituto Catastral, de la Fiscalía estatal y del poder judicial estatal, son acusados de participar.
La Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación (711/2023) tras la denuncia relacionada con el intento de despojo de su terreno, que las adultas mayores poseen escriturado desde 1947.
Está ubicado en el municipio de Santa Catarina, cerca del río del mismo nombre y frente a los cerros de la Huasteca, cuyas áreas verdes aumentan la plusvalía del sitio.
Al predio le faltaba la expedición del expediente catastral para culminar una compraventa, lo cual se abordó en una reunión con el Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera (Morena, antes PAN), quien posteriormente les notificó que el predio ya se había vendido a una tercera persona.
En vísperas navideñas de 2023, una llamada telefónica de vecinos les advirtió que gente estaba rompiendo la malla perimetral del predio en Santa Catarina con una supuesta orden judicial.
Fue la Jueza del Juzgado Segundo Civil Oral del Primer Distrito Judicial (a nivel local), Cinthia Nallely Sierra Vega, quien admitió a trámite esa supuesta “terminación de arrendamiento” para desalojar.
“Aun así teniendo la posesión del inmueble, el 15 de diciembre de 2023, nos hablan en la mañana y nos dicen que se está metiendo una gente al terreno y que trae una orden judicial. Se me hizo extraño porque el terreno está en materia penal, no en civil. Habíamos denunciado previamente a esto, la cuestión del supuesto expediente catastral con documento falso. Hablé a la Fiscalía de Nuevo León para ver si eran ellos los del desalojo, pero no eran ellos. Al llegar al predio, ya se había ejecutado la orden de desalojo. Nos dejaron una hoja que decía que era un ‘juicio de terminación de arrendamiento’ entre una persona física y una persona moral. Se hizo el desalojo forzoso y le entregaron la posesión a la persona con la que fuimos a hablar (prestanombres), ¡que dijo que ya lo tenía vendido! ¿Qué está pasando?, ¿cómo se metieron, cómo hicieron eso?”, cuestionó el abogado de las víctimas, Israel Martínez.
Aunque acudieron al juzgado donde despacha la jueza local referida, les dijo que el procedimiento jurídico ya estaba hecho y “que no era su problema”. Ni siquiera la nomenclatura del predio la tenían correcta, observó el abogado.
Ante ello, solicitaron a un Juez de Distrito un juicio de amparo contra el intento de despojo (587/2023), del cual obtuvieron una suspensión definitiva que ordena que se les regrese el predio en Santa Catarina mientras culmina el juicio.
Las órdenes de arriba
La Fiscalía de Nuevo León notificó a la defensoría legal que tenían “órdenes de arriba” de soltar el caso de despojo del predio en Santa Catarina, compartió el abogado Israel Martínez.
“Una vez asegurado el inmueble a favor de nosotros, a la semana nos habla el Fiscal y nos dice: ‘oigan, acaban de hablarme de arriba, que ya no me meta en el asunto, lo va a tomar otro Fiscal y le van a echar todo para atrás ustedes, y van contra ustedes porque vienen órdenes de arriba, que ya se metieron los grandes’. Así nos dijeron. ‘Así son las órdenes, así aquí se maneja’. Fueron a cabildear el asunto los del despacho del hermano del Alcalde (de Monterrey, Adrián de la Garza), Filiberto de la Garza”, compartió el litigante.
El área de comunicación social de la Alcaldía de Monterrey aseguró que una vez publicado este texto emitirían un comentario al respecto.
Posterior a la llamada, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación de supuesta falsificación de identidad (407/2024), “igual que con (Alejandro) Murat, nos están alegando que nosotros no somos los propietarios porque no aparecemos en el intestado de nuestras clientas. Nos quitó el carácter de víctimas”.
A lo largo de esta lucha jurídica que comenzó en 2022, las adultas mayores y la defensa legal han recibido amenazas e intimidaciones en persona y por redes sociales.
“(Mis clientas) están desesperadas. No sabemos qué hacer o cómo va acabar esto, ya son amenazas, mensajes por Facebook, llamadas por teléfono que no conocemos. ¿Con quién vas a resguardarte?, ¿con la Fiscalía? Ellos mismos te están quitando el terreno”, dijo.
AUTOR: DULCE OLVERA.
