A 2 días de cumplirse 1 año de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho civiles muertos y más de 100 heridos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno mexicano realizar una investigación exhaustiva y proveer garantías de no repetición.
Las instituciones de derechos humanos realizaron un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, Oaxaca, para observar los avances en las investigaciones y las garantías brindadas a la población afectada.
Al terminar el recorrido, condenaron los hechos y llamaron al diálogo. “Las instituciones suscritas exhortan a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia”.
Más de 3.6 millones de personas en situación de pobreza no tienen alternativas para mejorar su vida; continúan las violaciones de los derechos humanos, según informa la ONU, y la violencia de grupos criminales se extiende por barrios y colonias.
Ante la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la intención del gobierno de facilitar la llegada de la empresa Électricité de France (EDF) a la región del Istmo, a quien se le otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica. En un comunicado conjunto las organizaciones firmantes, entre ellas Educa, señalan que al otorgar este permiso el gobierno mexicano da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas que son además dueños legítimos de las tierras. “Nos preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo, hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF sin antes avisar formalmente a las y los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta. Recordemos que –por encima de cualquier otro interés- el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales”.
