#Méxicoleaks: Video exhibe a agentes torturadores del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno mexicano no toleró cuando Juan Méndez, el relator de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, aseveró que en el país “la tortura y los malos tratos son generalizados”. Funcionarios de la administración actual negaron las conclusiones del relator, e incluso cuestionaron su integridad ética.

Sin embargo, un nuevo caso llegó a Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político a través de Méxicoleaks, la plataforma digital que permite enviar documentos de manera anónima: se trata de un video en el que se puede observar a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) perpetrando actos de tortura contra Silverio Rodríguez Martínez.

En el corto video, se puede apreciar cómo el entonces agente de la PGJEM Pedro Velazco Estrada –así quedó identificado por la fuente anónima–, golpea a un hombre de camisa azul desabotonada. En ese momento, se ve que el funcionario que está grabando el interrogatorio apaga su cámara. Luego, Velazco Estrada toma una bolsa de plástico y con ella le cubre la cabeza en un intento de asfixia a Rodríguez Martínez quien se ve cómo se convulsiona en su silla.

VIDEO: http://cdn.proceso.com.mx/media/2016/05/tortura.mp4?_=1

El 9 de abril de 2014, Miguel Ángel Contreras Nieto y Damián Canales Mena, entonces titulares de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa un video del mismo Silverio Rodríguez Martínez, con la misma camisa azul de manga corta, escoltado por dos policías.

Lo presentaron como presunto secuestrador de 33 años de edad, integrante de un grupo delictivo de 12 personas que delinquía en la región de Jilotepec y Chapa de Mota. Recordaron que el compromiso de los servidores públicos era “acabar con el flagelo” del secuestro, y que los secuestradores detenidos por las autoridades mexiquenses “recibirán la sanción penal que su execrable conducta merece”.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el presunto verdugo fungió como director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, cuando pasó a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue cesado de su puesto el pasado jueves.

En marzo de 2015, después de entregar su informe sobre la situación del país en materia de tortura, Juan Méndez recibió una embestida por parte del gobierno mexicano. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, calificó al experto de “muy irresponsable y poco ético”, y tachó el informe de “un poquitín banquetero”.

Quince días después, el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña –entonces canciller– respaldó a Gomez Robledo; declaró: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”.

Méndez explicó a Proceso en su edición 2005, que después de presentar su informe al gobierno –pero antes de hacerlo público–, recibió llamadas telefónicas de funcionarios mexicanos “en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada”.

En su informe, Méndez deploró que no existen cifras oficiales en materia de tortura. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de “más de 500 casos” documentados entre 2006 y 2014.

También citó una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

El 9 de octubre siguiente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas por militares contra cuatro hombres en Baja California, en 2009.

Durante años, Proceso, otros medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado centenares de casos de tortura perpetrados por policías de las tres órdenes de gobierno, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales, así como de militares. Las autoridades siempre han minimizado las denuncias, o las han negado.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los testigos protegidos y personas detenidos sufrieron tortura antes de emitir sus declaraciones a las autoridades.

En su informe final sobre la investigación de Ayotzinapa, entregado el pasado 26 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que en una muestra de 17 detenidos –cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, siete policías de Cocula y cuatro de Iguala–, “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”.

Estas revelaciones no cambiaron la actitud del gobierno federal, el cual se aferró a su “verdad histórica”, fundamentada en declaraciones obtenidas bajo tortura.

El pasado 14 de abril se viralizó el video de la tortura de Elvira Santibáñez, de 21 años, perpetrada por militares y policías federales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, después de un operativo conjunto llevado a cabo el 4 de febrero de 2015.

En el video de 4 minutos, difundido a través de Youtube, se puede observar cómo la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, en compañía de policías federales y militares, golpea, asfixia y amenaza con su arma de alto calibre a la interrogada. Ella está sentada en un piso de tierra, descalza y con el rostro cubierto al parecer con una camiseta; llora y suplica que no la lastimen.

La amplia difusión del video, en México y a nivel internacional, obligó las autoridades a admitir lo sucedido. Dos días después de su revelación, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tuvo que pedir disculpas públicas por “los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses”.

Los militares fueron detenidos por el delito de desobediencia. Sin embargo, el pasado 22 de abril, la soldado Reyes Ramos declaró ante el Juzgado Quinto de Distrito que ella era “soldado raso” y que respetaba una cadena de mando, como lo relató Proceso en su edición 2060.

“Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías”, planteó.

Tres integrantes de la Policía Federal y dos militares se encuentran presos por el caso de tortura de Ajuchitlán.

En una entrevista que concedió a la cadena Univisión el pasado 17 de abril, Hillay Clinton, excanciller estadunidense y candidata demócrata a la presidencia reaccionó al video al poner en duda que “violar los derechos sea la mejor manera para que (México) esté en posición de derrotar a los carteles criminales”.

Llamó al gobierno mexicano a “darse cuenta que tienen que imponer altos estándares para los funcionarios gubernamentales que tienen poder judicial o militar”.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/440627/mexicoleaks-video-exhibe-a-agentes-torturadores-del-edomex

Los forenses argentinos, como lo hizo antes la ONU-DH, también desmienten la versión de Zerón

El rechazo a la versión de Zerón por parte de los peritos argentinos básicamente desarticula los argumentos presentados por el principal investigador mexicano del caso. Sin embargo, previamente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas rechazó haber sido testigo de las diligencias realizadas por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) el 28 de octubre de 2014.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como lo hizo poco antes las Naciones Unidas, rechazó la versión de Tomás Zerón, uno de los operadores del Gobierno de México para la “verdad histórica”, y dijo que no fue testigo de lo que ocurrió en el río San Juan, y de hecho, denunció maltrato por parte de los subordinados del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tomás Zerón había refutado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el video en el que aparece junto con un presunto criminal “analizando” los alrededores de una zona en donde después “encontrarían” los únicos restos que pueden sostener la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o una gran parte de ellos, fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula.

El rechazo a la versión de Zerón por parte de los peritos argentinos básicamente desarticula los argumentos presentados por el principal investigador mexicano del caso.

El EAAF aclaró esta tarde que el 28 de octubre de 2014, luego de descender del basurero de Cocula, los vehículos donde ellos y peritos de la PGR viajaban fueron detenidos cuando pasaron por el río San Juan. Ahí, personal de seguridad les impidió el paso a la zona, y con “lenguaje extremadamente impropio”, los cuestionó sobre por qué habían descendido “tan temprano” del tiradero.

En un comunicado difundido esta noche, el EAAF ratificó la versión de los hechos presentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado 24 de abril. Y reiteró que “no tuvo conocimiento, ni tuvo acceso a ningún documento pericial o ministerial sobre diligencias realizadas por PGR a la vera del río San Juan el día 28 de octubre del 2014, que involucrara la presencia de peritos médicos u antropólogos”.

El equipo de peritos narra: “La tarde del 28 de octubre del 2014, al descender desde el Basurero de Cocula y pasar por el camino que bordea el río San Juan, los vehículos en los que viajaban peritos del EAAF y también peritos de Procuraduría General de la República (PGR) fueron detenidos por personal de seguridad indicando que no se podía pasar por el momento, sin mayor explicación”.

“Inmediatamente después, un Ministerio Público de PGR se presentó ante peritos del EAAF y de manera súbita y violenta, utilizando un lenguaje extremadamente impropio para un ministerio público, nos preguntó por qué habíamos bajado tan temprano del basurero de Cocula, emitiendo múltiples epítetos contra el EAAF. El Equipo Argentino explicó que tanto los peritos de PGR como los del EAAF habían acordado no descender del Basurero de Cocula de noche por motivos de seguridad, sabiendo que el resto del trayecto de Cocula hasta Chilpancingo no había otra alternativa que hacerlo de noche”, detalla.

En torno a la bolsa que, de acuerdo con Tomás Zerón, fue hallada ese 28 de octubre en el río San Juan, los peritos argentinos reiteraron que no estuvieron presentes en el momento de su hallazgo.

“Ni tampoco [el equipo] estuvo presente cuando se recuperó, según PGR, de dicha bolsa el fragmento óseo que culminó con la identificación del normalista Alexander Mora Venancio”, se lee en el comunicado.

Finalmente, el equipo señaló que “solicitó en reiteradas oportunidades a la PGR la cadena de custodia correspondiente al hallazgo de dicha bolsa, contando hasta la fecha sólo con un acta emitida por el Ministerio Público que señala que el 29 de octubre de 2014, buzos de la Marina le hicieron entrega de dicha bolsa”.

ONU-DH RECHAZA HABER ESTADO EN DILIGENCIA

Previamente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas rechazó haber sido testigo de las diligencias realizadas por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, como ayer lo aseguró el funcionario.

“La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo conocimiento de la presencia del Sr. Agustín García Reyes”, dijo esta tarde en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Por lo anterior, agregó, “la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta Oficina”.

La ONU precisó que el 28 de octubre de 2014 arribó en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. Explicó que su visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación.

Por su parte, el organismo internacional hizo un llamado para que se focalicen “todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el Presidente de la República y la Procuradora General de la República el pasado domingo 24 de abril”.

Finalmente, reiteró “su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran”.

PADRES DE LOS 43 EXIGEN LA RENUNCIA DE ZERÓN

Por su parte, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuradora de la República Mexicana, Arely Gómez, la renuncia de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para que sea investigado por lo que califican como obstrucción de la justicia en torno a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, los padres piden que el “Gobierno Federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo”, agregan en un comunicado.

Los padres indican que el expediente de las autoridades no refleja una investigación real. Ellos se apoyan en las irregularidades enumeradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentadas el pasado domingo 24 de abril. Aseguran que la investigación de la PGR siempre tuvo un sesgo para sostener la llamada “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Por su parte, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también solicitaron la renuncia de Tomás Zerón por los cuestionamientos que han surgido sobre su labor en la investigación del caso Ayotzinapa.

PAN Y PRD TAMBIÉN PIDEN QUE SE VAYA

En tanto, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) pidieron la renuncia de Tomás Zerón por los cuestionamientos que han surgido sobre su labor en la investigación del caso Ayotzinapa.

El cordinador de la fracción panista en la cámara baja, Marko Cortés, calificó a Zerón como el culpable de obstaculizar las diligencias en torno al caso y también fue él quien falseo pruebas, incluso señaló que el funcionario debe ser investigado.

Por su parte, Jesús Zambrano declaró que la Procuradora General de la República, Arely Gómez, debe “dar la cara” y “que diga claramente qué fue lo que realmente pasó” frente a la opinión pública y que “no mande a segundones”.

Zambrano reiteró la petición de Marko Cortés y agregó que incluso el ex Procurador Jesús Murillo Karam también debe ser sometido a una investigación por las presuntas tropelías al proceso de los 43 normalistas desaparecidos.

El coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, declaró que espera que para cuando se cumplan dos años de la desaparición de los estudiantes ya exista una verdad “verdadera” y no la histórica.

PGR DICE QUE INVESTIGARÁ

Hoy mismo, la PGR informó que la Visitaduría General, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, abrirá una investigación sobre la actuación de los servidores públicos de esa institución por la diligencia en las inmediaciones del río San Juan el 28 de octubre de 2014.

La dependencia detalló que la Oficina de Investigación del caso Iguala dio cuenta al órgano de supervisión con el objetivo de que se finquen las responsabilidades correspondientes.

En un comunicado difundido por diversos medios de comunicación, la PGR precisó que la Visitaduría indagará si los servidores públicos incurrieron en algún tipo de irregularidad en el ejercicio de sus funciones o si cometieron algún tipo de delito, según lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.


El Grupo de Expertos respondió este día en una conferencia de prensa a los señalamiento hechos por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

EL VIDEO DE ZERÓN ESTÁ EDITADO: GIEI

Esta mañana, el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el video presentado el día de ayer por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), está editado además y no forma parte del expediente del caso Iguala.

“Hay una parte en el video que mostró Tomás Zerón en donde aparecen miembros de la Marina, eso fue editado y corresponde a otro momento”, explicó el experto Carlos Beristain en una conferencia de prensa en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Beristain dijo que la declaración de Zerón ratifica la denuncia que fue hecha por el GIEI sobre que ese día hubo una visita que no está en el expediente. “El contenido de su declaración pública ratifica las declaraciones del GIEI, de que no están en el expediente. El video presentando por Zerón muestra cuatro bolsas de plástico, que no anotaron en el expediente”, comentó.

El experto español agregó que el hallazgo de restos óseos en la zona aledaña al Río San Juan debió documentarse en una acta circunstancidada, pues “no pueden recogerse elementos del escena sin resguardar la escena y acta en el expediente”.

Dijo que el comportamiento de Tomás Zerón contraviene los estándares internacionales, mientras que sus declaraciones constituyen una tergiversación de la realidad. El integrante GIEI pidió por ello que se investigue a todos los funcionarios que estuvieron en el Río San Juan, en Cocula, e indicó que la parcialidad de la AIC en el caso está en duda.
El GIEI indicó que la visita de Tomás Zerón a la zona de Cocula si bien fue pública, se llevó a cabo con el inculpado, sin ninguna autoridad, además de que no existe ningún registro oficial sobre esta acción.

Claudia Paz y Paz indicó que los miembros del Alto Comisionado no estuvieron presentes en el Río San Juan, pues fueron trasladados directamente al basurero de Cocula.“Ni la presencia de periodistas, ni que se hiciera a la luz del día, ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar algo, que como hemos señalado se aparta de los estándares internacionales de los mínimos que señala el protocolo de Minnesota para el manejo de una escena del crimen: ningún funcionario, ningún forense puede entrar en una escena del crimen, manipular la evidencia como se vio el día de ayer,sin que eso siga todas las pautas del protocolo de actuación del manejo de escena del crimen, dijo la experta guatemalteca.




La experta Paz y Paz mencionó que el inculpado García Reyes ya había presentado su declaración por lo cual “no se podía realizar una nueva diligencia como la del 28 de octubre sin la presencia de su abogado defensor”.

Carlos Beristain recalcó que una confesión obtenida por tortura, por normas internacionales, no puede presentarse ante ningún juicio, por lo que resulta inválida.

“Nosotros no somos quién para decir si hubo manipulación o no” , eso se los dejamos a la PGR, dijo la experta Ángela Buitrago y pidió garantizar la imparcialidad de la investigación ya que nadie puede autoinvestigarse. Seguido de esto recalcó que la presentación del video hecha por Tomás Zerón el día de ayer, tuvo que haber sido realizada por la PGR.

“El GIEI dijo que Zerón violó los estándares y protocolos para manejo de la escena del crimen. “La AP01/2015 no tiene ninguna acta circunstancidada sobre el 28 de octubre, no existe ningún video en el expediente”, señaló Ángela Buitrago.

Los expertos aseguraron que hay evidencia que el 28 de octubre en la madrugada, cuando Agustín García Reyes ingresó a la SEIDO, siete horas después de ser detenido, el inculpado tenía 30 lesiones que no estaban cuando lo detuvieron. El inculpado, dijeron. declaró que fue torturado: le pusieron una bolsa en la cabeza, le dieron toques eléctricos y fue golpeado.

Agustín traía una lesión visible en el cuello. Ese es el mismo personaje que aparece com Zerón en su video. “Las declaraciones de Zerón son una tergiversación de la realidad y sus declaraciones son muy graves”, indicó Beristain.

El GIEI solicitó tres puntos:
Investigación de los hechos señalados, es decir sobre las cuatro bolsas que no se encuentran registrados en el expediente.
La Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera de la investigación para que haya imparcialidad.
Se debe tomar declaración a todos los que estuvieron en el Río San Juan.

La noche de ayer, el titular de la AIC aseguró que su visita al Río San Juan fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. Además acusó que el video mostrado por el GIEI sobre su visita a la zona, tiene varios errores, en fechas y horas, y presentó su propia grabación de su recorrido ese día en la zona.

El funcionario federal precisó este miércoles las actividades que realizó ese día en la zona del Río San Juan y dijo que el 28 de octubre de 2014 se dirigió a Cocula para verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río.

El pasado domingo el GIEI cuestionó, en su informe final, la alteración de las escenas del crimen en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, como es la visita, que de acuerdo con el grupo de expertos, realizó Tomás Zerón de Lucio en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallarán los únicos restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Shaila Rosagel

http://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1654099

Nos vamos de México con mucha tristeza, dicen expertos del GIEI

Integrantes del Grupo de Expertos lamentaron que no se haya cumplido la misión de decirle a los papás de los normalistas de Ayotzinapa dónde están sus hijos; la ONU expresó preocupación por los "retos y obstáculos" a la investigación que reportó el GIEI en su último informe.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron este martes 26 de abril que se van con “mucha tristeza” de México, porque no pudieron cumplir con el objetivo de decirle a los papás de los normalistas de Ayotzinapa qué pasó con sus hijos.

“La verdad es que siento mucha tristeza por no haber podido decirle a los familiares dónde están sus hijos, pero también hay una satisfacción y una tranquilidad de conciencia, de haber hecho todo lo que se pudo”, mencionó Francisco Cox, del GIEI, en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
“Creemos que dejamos un documento que puede ser útil y que puede guiar algunas transformaciones legales para que mejore de manera más eficiente la investigación, en casos de alta complejidad”, agregó respecto a los informes que presentó el Grupo sobre el ataque contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, en Iguala.

Cox dijo que les hubiera gustado continuar con la investigación, pero no existieron las condiciones necesarias.


“Cuando uno hace una asistencia técnica, quien solicita la asistencia técnica debe querer ser asistido técnicamente. El Estado nos dijo que, en realidad, ya no necesitaba nuestra ayuda”, agregó.

El caso Ayotzinapa, expresó Cox en otro momento de la charla, “muestra problemas estructurales dentro de la justicia, y pueden darle a los países una oportunidad para cambiar ciertas cosas”.


Ángela Buitrago, del GIEI, también habló de que termina su trabajo sobre Ayotzinapa con una sensación de tristeza, porque “las cosas debían haber sido de otra manera, en el sentido de la búsqueda, la investigación, y el descubrimiento de dónde están los 43 desaparecidos”.

En una entrevista previa, con el diario New York Times, integrantes del GIEI  se refirieron a una serie de obstáculos que enfrentaron en México para realizar su trabajo, como la negativa del gobierno para darles acceso a entrevistas con figuras esenciales, como los militares asignados a la zona de Iguala, Guerrero, la noche en que ocurrieron los ataques contra los estudiantes.

El gobierno mexicano, en tanto, defiende que le dio al GIEI los recursos y la información necesaria, desde que comenzó su labor y hasta que concluya su periodo de trabajo, el próximo 30 de abril.

La participación del GIEI en la indagatoria se dio tras un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Preocupación de la ONU

Respecto al trabajo del GIEI, el vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, indicó que hay preocupación por “los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.

Lee: Estos son los argumentos del GIEI para decir que la verdad histórica se construyó con tortura

Se hace un llamado, agregó Colville, para que el gobierno mexicano dé un seguimiento efectivo al informe presentado por el GIEI el domingo pasado.

“También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Colville.


“Es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias. Saludamos la voluntad expresada por el Presidente de México y la Procuraduría General de la República de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo y les exhortamos a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como a fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”, agregó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/nos-vamos-de-mexico-con-mucha-tristeza-dicen-expertos-del-giei/

Pide OACNUDH a Peña atender recomendaciones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que atienda las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas, ocurridos en septiembre de 2014.

En dicho reporte se evidencian fallas en la investigación y obstáculos para realizar el trabajo de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitó el país el año pasado, felicitó la investigación realizada por el GIEI sobre un caso que “recibió gran atención no sólo en México mismo sino alrededor del mundo”,

En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, sede de la OACNUDH, el vocero de esa instancia de la ONU, Rupert Colville, lamentó que durante la gestión del GIEI se impusieron “muchos retos y obstáculos” que evitaron que “ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.

Tras señalar que el caso de la desaparición forzada de los normalistas conmocionó al mundo, el vocero exhortó al gobierno de Peña Nieto a “asegurar el seguimiento efectivo del informe y afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”.

Es indispensable que la actual administración se comprometa “con el mecanismo de seguimiento que ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que está por definirse en común acuerdo entre representantes de las víctimas, el Estado mexicano y el órgano de la OEA, añadió.

De acuerdo con el representante de la OACNUDH, el caso de los 43 “muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos”.

Para la oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, cobró relevancia mundial “y se convirtió en un caso que puso a prueba la voluntad y habilidad de las autoridades para afrontar crímenes violentos y la corrupción”.

El vocero Colville retomó las consideraciones del Alto Comisionado Al Hussein, quien durante su visita a México en octubre del año pasado subrayó que “es muy importante que el gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias”.

Luego de aplaudir las primeras expresiones del presidente Peña Nieto y de la Procuraduría General de la República “de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo”, la OACNUDH exhortó a las autoridades mexicanas “a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

LINK: http://www.proceso.com.mx/438535/pide-oacnudh-a-pena-atender-recomendaciones-del-giei-caso-ayotzinapa

Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca

Lerma, Méx. Personal de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constató ayer que la empresa Autovan (propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa y uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto), continuó con la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca en el núcleo ejidal de San Francisco Xochicuautla, a pesar de que existen dos suspensiones definitivas concedidas por juzgados de distrito a los comuneros de esa localidad, las cuales ordenan que no se realicen obras en los terrenos expropiados mientras se resuelven los juicios de amparo.

Protegidos por cientos de granaderos, tres trascabos de Autovan continuaron desmantelando el campamento Por la Paz y la Digna Resistencia que habitantes de Xochicuautla instalaron en junio pasado para impedir las obras. También siguieron abriendo brecha para la carretera y amenazaron con derribar una pequeña capilla en el paraje de El Zopilote, donde ayer demolieron una casa.

Cuatro mujeres y un hombre entraron en la capilla para impedir que la maquinaria la derribara. Los dos enviados de la ONU se pusieron frente al inmueble y pidieron tolerancia a los policías antimotines.

Los abogados del movimiento explicaron al personal de la ONU que cuentan con dos suspensiones que no están siendo respetadas y anunciaron que denunciarán a la empresa por incurrir en desacato, con apoyo de la policía estatal.

El comandante que estaba al frente de los granaderos dijo desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le notificaron.


En el paraje Los Zopilotes se reunieron más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas. En el trazo de la carretera hay seis viviendas más que podrían ser demolidas.

La mayoría de la población de Xochicuautla se opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se inició su construcción, pues aseguran que este proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México.

Los pobladores han retrasado ocho años el proyecto que se concesionó a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, que construyó la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México al gusto de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

El año pasado el Ejecutivo expropió 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la autopista, pero habitantes promovieron amparos y aseguran que nunca se realizó la consulta a la que estaban obligadas las autoridades antes de emitir el decreto expropiatorio.

Apoyo de normalistas

A la zona de conflicto también llegaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes tomaron nota. Pasadas las 15 horas, policías y personal de Autovan se retiraron cuando arribaron normalistas de Tenería en apoyo a la comunidad.

En tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, invitó a las partes a que en la disputa por este proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos.


Durante la presentación del Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015, en la Ciudad de México, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo analiza el expediente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL DÁVILA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/13/estados/026n2est

Tres relatores de la ONU exigen a México respetar a activistas, y frenar “campaña contra el GIEI”

En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el GIEI y contra el Secretario Ejecutivo de esa Comisión, Emilio Álvarez Icaza. Este día tres relatores de la ONU dijeron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que coadyuva en la investigación del caso Iguala, haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

En días pasados el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) por no respetar un acuerdo de confidencialidad y dar a conocer el tercer peritaje que se hiciera al basurero de Cocula. Su denuncia se sumó a la hecha en semanas pasadas por la CIDH que condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el GIEI y contra contra el Secretario Ejecutivo de esa Comisión, Emilio Álvarez Icaza.

Este día, mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.

Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.

Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, dijo Michel Forst.

El relator sobre la situación de los defensores de los derechos humanos comentó que el trabajo que realizan activistas y sociedad civil ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, “y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”.

David Kaye, relator sobre libertad de opinión y de expresión, dijo a su vez que cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos “crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.

En tanto, Maina Kiai refirió que “el Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”.

Los tres expertos en derechos humanos expresaron su grave preocupación en relación con los atentados personales contra los defensores de derechos humanos en México, mismos que incrementan el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad para ellos y su trabajo, y han expresado su preocupación al Gobierno de México.

El llamado de los relatores se suma al hecho por la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc) que este martes exhortó “al Estado mexicano para que desde el más alto nivel se manifieste en contra del discurso de odio que promueven grupos legales e ilegales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos”.

La Red, integrada por organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica y el Caribe, dijo que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) representan espacios donde se discuten y buscan los más altos estándares en el derecho internacional.

Dijo que más allá de las críticas a las debilidades de estos mecanismos supranacionales, “es evidente que para la región han tenido aportes importantes en la promoción y protección de los derechos humanos lo que ha permitido mejorar la calidad democrática”.

“México ahora es motivo de preocupación en la región, ya que aún con las diversas respuestas oficiales no se logra detener a grupos de interés dentro de los distintos niveles de gobierno, empresas, grupos de ultraderecha y crimen organizado, quienes con omisión, aquiescencia o complicidad de funcionarios atacan y promueven un discurso de odio contra quienes legítimamente defienden el Estado de Derecho”, alertó la Redlamyc.

Dijo que esta campaña ha alcanzado a destacadas organizaciones mexicanas y defensores de derechos humanos, entre ellos al relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez y a Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, “de quien se recibió con sorpresa el anuncio de un procedimiento judicial en su contra con un argumento jurídico absurdo”.

“En nuestros países representa una mala señal, un riesgo de retroceso al autoritarismo político-militar, que no acepta la critica interna o internacional, respondiendo con el uso faccioso de las instituciones de justicia. Sería positivo que el Estado Mexicano renueve el mandato al GIEI para el caso Ayotzinapa; quienes fueron seleccionados de mutuo acuerdo entre las familias de las víctimas, la CIDH y el Gobierno Mexicano”, recomendaron las organizaciones que integran la Red.

Dijeron que en varios de países América Latina y el Caribe han vivido, “y algunos seguimos sufriendo; la represión, el terror de Estado, la impunidad y la polarización de nuestras sociedades”. Por ello, invitaron al Estado Mexicano a regresar a su conocida tradición diplomática de promoción y defensa de derechos humanos, atendiendo la grave crisis de derechos humanos que se vive dentro de su territorio.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/06-04-2016/1644813

Peña destaca compromiso de México en seguridad nuclear

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de resaltar el liderazgo del presidente estadunidense, Barack Obama, para detener la propagación de armas nucleares, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó el compromiso del país para evitar que ese material llegue a manos de agentes no-estatales y pueda ser usado con fines destructivos.

En Washington, durante su participación en los trabajos plenarios de la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (NSS) –inaugurada este viernes por Obama–, Peña señaló que las armas nucleares son la “amenaza más peligrosa para la seguridad global y la paz”, y por eso mismo, dijo, “como comunidad internacional no podemos y no debemos aceptar que la existencia de armas nucleares sea un destino ineludible para la Humanidad”.

Y presumió que históricamente México ha sido un promotor incansable de la paz mundial, así como de la no-proliferación de armas nucleares.


En América Latina y el Caribe –donde en los años 60 se impulsó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares–“tenemos una responsabilidad compartida que debe reflejarse en compromisos permanentes para prevenir y eliminar los riesgos derivados de la sustracción de estos materiales”, dijo.

México, agregó, comparte la preocupación mundial por la amenaza del terrorismo nuclear, y expresa su decidido compromiso de evitar que el material nuclear y radiológico llegue a manos de agentes no-estatales y pueda ser usado con fines destructivos.

Luego, enfatizó su apoyo a la reanudación del “Diálogo de las Seis Partes”, marco idóneo para avanzar en el desarme nuclear en la península coreana.

“La seguridad nuclear es un tema de la mayor relevancia para el mundo de hoy y de mañana, es un desafío que nos compromete a todos. Las naciones debemos trabajar corresponsablemente en la construcción de una arquitectura global para la seguridad nuclear, asumiendo compromisos en materia de desarme nuclear, no-proliferación y el respeto al derecho de los Estados a desarrollar energía nuclear para fines pacíficos”, sostuvo.

Minutos antes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó sobre el riesgo del terrorismo nuclear e hizo un llamado a la comunidad internacional para sumar esfuerzos con el fin de evitar que grupos como el Estado Islámico (EI) tengan acceso a material radioactivo.

En el evento privado, Obama reafirmó el compromiso de su país con la desnuclearización y hacer todo lo posible para prevenir el terrorismo nuclear.

“Sólo una pequeña cantidad de plutonio, del tamaño de una manzana, podría matar o herir a cientos de miles de personas inocentes”, alertó el presidente ante representantes de más de 50 países, incluidos 22 jefes de Estado o de gobierno.

“Sería una catástrofe humanitaria, económica y ecológica con ramificaciones globales durante décadas. Cambiaría nuestra vida”, manifestó en la sesión donde participan cuatro países latinoamericanos: México, Argentina, Brasil y Chile.


Asimismo, anunció que hará público el arsenal nuclear del país por primera vez en una década, así como una “descripción detallada” de las medidas de seguridad que toman sus Fuerzas Armadas para protegerlo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435492/mexico-tarea-evitar-material-nuclear-llegue-a-manos-agentes-estatales-pena

Infraiber pide a la ONU intervenir en caso OHL

Envía una carta en la que detalla la detención del abogado de la empresa, así como el conflicto que mantiene con la constructora.

El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, solicitó la intervención de la ONU en el caso OHL, por el que -recordó- fue detenido en una ocasión e incluso se le sembró una pistola en su automóvil, por parte de agentes de la PGR.

En una carta dirigida al Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, pidió “la transmisión de un llamamiento urgente y la presentación de una carta de denuncia al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se respete mi derecho a la libre opinión y expresión, que incluye mi derecho (y deber) de denunciar irregularidades graves relacionadas con temas de evidente interés público, así como para que deje de ser sujeto de amenazas, violencia, hostigamiento, persecución e intimidación por parte del Gobierno federal y del Gobierno del Estado de México”. 

El conflicto que tiene la empresa del abogado con la constructora española, involucra a funcionarios del Estado de México y del gobierno federal, por la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, que en principio iba a auditar el propio Infraiber, pero su contrato le fue revocado y todo quedó en manos de OHL.

El documento, enviado por correo electrónico, fue recibido en Ginebra, Suiza, en la Oficina del Relator y también por dos miembros del Grupo e Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, según confirmó el propio Díez a este medio.


El documento íntegro:

Escrito Relator Especial ONU:

  Escrito Relator Especial ONU by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3103/mexico/infraiber-pide-a-la-onu-intervenir-en-caso-ohl/

México, con total apertura a CIDH y relatores de la ONU: SRE

Ciudad de México. El subsecretario para asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aseveró que México mantiene su política de total apertura a los observadores internacionales de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que en el caso del relator contra la tortura, México no ha dado su aceptación a una nueva visita “porque estamos esperando que se apruebe en el Congreso la ley de tortura, que fue una de sus recomendaciones”.

Insistió que México ha recibido a más de 50 relatores y mecanismos internacionales e insistió “México es un país totalmente abierto, lo que probablemente ha ocurrido con el relator de tortura es que necesitamos que nos dé más tiempo para que el congreso apruebe la ley de tortura cuya iniciativa envió el ejecutivo en diciembre pasado, y fue una de las observaciones que el relator hizo a México”.

Resaltó: “pensamos que ese ordenamiento era importante tenerlo aprobado, por ello se recibirá al comité en noviembre-diciembre”.


En el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insistió en que el gobierno los invitó y no ha estado obstaculizando su trabajo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/28/mexico-con-total-apertura-a-cidh-y-relatores-de-la-onu-5058.html

Reconoce CNDH ante ONU “coyuntura crítica” en DH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que México atraviesa una “coyuntura crítica” en materia de derechos humanos.

Al reunirse con el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Choi Kyonglim, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional dijo que la atención a las víctimas es uno de los ejes del trabajo diario de la CNDH.

Dijo que la tarea de prevención de violaciones es básica, por lo cual la promoción y divulgación de los derechos fundamentales es tarea cotidiana. Además, informó sobre los avances en la implementación de la Declaración de Mérida, producto de una reunión internacional en octubre pasado en la capital yucateca, y que tiene que ver con la agenda 2030 para el desarrollo sustentable.

Este encuentro privado con el presidente del Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas se dio en el marco de la participación del ombudsman González Pérez a la 29 Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación (CIC) de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la ONU.

En esta asamblea, el presidente González Pérez dio cuenta del trabajo que desarrolla la CNDH en colaboración con los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los mecanismos especiales del Consejo, como son los Relatores Especiales y grupos de trabajo.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/24/mexico-atraviesa-201ccoyuntura-critica201d-en-derechos-humanos-cndh-5000.html

Encubrimiento “de alto nivel” en la Marina

El auto de formal prisión a cinco marinos por la desaparición forzada de un joven en Nuevo León no soluciona el caso. Los denunciantes y los defensores de derechos humanos que los apoyaron para documentar el crimen han sido acosados y amenazados desde la Secretaría de Marina, además de que varias instancias del Estado siguen obstaculizando las investigaciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más de dos años después de que Armando Humberto del Bosque Villarreal fuera víctima de desaparición forzada en Nuevo León, un juzgado civil ordenó la formal prisión de cinco marinos como presuntos responsables de ese delito de lesa humanidad, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La dilación para consignar el caso y apresar a los marinos se explica por la “protección al más alto nivel, posiblemente hasta el secretario de la Marina (Vidal Francisco Soberón), quien no es ajeno a los graves abusos que han cometido sus elementos”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que documentó los hechos.

El martes 8 y el miércoles 9, el juez Tercero de Distrito Penal en Nuevo León ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina (Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo.

Se les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron hallados dos meses más tarde, en las inmediaciones de un campamento de la Marina cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los elementos de la Semar rindieron su declaración preparatoria por exhorto a través de videoconferencia en el Juzgado Octavo de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fueron internados en el penal del Campo Militar Número Uno.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2055, ya en circulación


Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/434116/encubrimiento-alto-nivel-en-la-marina

Fiscal de Palermo pide a la ONU un tribunal especial en México para desapariciones forzadas

La ONU debe crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México que intervenga ante “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México”, como es el caso de “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales, planteó Roberto Scarpinato, uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista, María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land.

Roberto Scarpinato, Fiscal General en la Corte de Apelaciones de Palermo, propuso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cree un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México para atender la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país.

Scarpinato es uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, reconocido por su papel en el combate contra el crimen organizado en ese país durante más de dos décadas.

“Es tarea de la ONU ayudar a las fuerzas sanas de México”, dijo Scarpinato durante un debate en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) realizado este fin de semana en Ginebra, Suiza.

El Fiscal formuló su propuesta en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land, que retrata el levantamiento de los movimientos de autodefensa que se enfrentaron a los cárteles de la droga en Michoacán.

En el evento, dijo que se debería iniciar una recolección de firmas en todo el mundo “para que la opinión pública obligue a la Asamblea de la ONU a poner en el orden del día la creación de un Tribunal Penal Especial para México”.

Roberto Scarpinato detalló que este Tribunal Penal Internacional debería atender tres puntos para intervenir contra “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México” como “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales.

“Las resoluciones, que hasta ahora se han adoptado en el seno de la ONU con respecto al crimen organizado, son suaves, son como un perro que ladra, pero que no muerde”, dijo el Fiscal, por lo que explicó que con la creación del Tribunal deberían imponerse “fuertes sanciones económicas a todos los Estados que son cómplices en el reciclado”.

Scarpinato explicó que el mercado de la droga ya es el segundo a nivel mundial, sólo después del de las armas e incluso por encima del petróleo. Por ello, indicó que hay un interés financiero de los cárteles en controlar el Estado mexicano.

El experto italiano dijo que la situación actual de México es similar a la vida en Italia, cuando se encontraba bajo influencia de la mafia, que extorsionaba a los organismos del Estado.

Indicó que lo ocurrido en Italia puede servir como “experiencia preciosa” a lo ocurrido en otros países como México.

“La gente piensa que la mafia está sólo cuando hay homicidios y actos de violencia, pero ya no es así. La nueva mafia de mercado actúa como una agencia que ofrece en el libre mercado bienes y servicios ilegales para los cuales hay demanda de parte de millones de personas: droga, prostitución, mercadería falsificada, tratamiento de desechos”, dijo.


Y concluyó: “Esto alimenta un capitalismo mafioso de proporciones ingentes que se está convirtiendo en un componente estructural del capitalismo financiero”.

APENAS AYER…

Ayer, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que cinco marinos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común por su probable participación en la desaparición forzada de un hombre en 2013 en el estado de Nuevo León.

Apenas el jueves, Amnistía Internacional (AI) difundió el caso.

“Entre el 3 y 4 de marzo del año en curso, esta institución puso a disposición del Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso”, explicó la Secretaría en un comunicado.

En el documento informó también que a los cinco marinos se les dictaron autos de formal prisión entre el martes y miércoles por el delito de desaparición forzada. La Secretaría de Marina aclaró que mientras un juez no dicte una sentencia condenatoria se presume la inocencia de los marinos.

“Se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria; asimismo, que corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa”, destacó la Marina.

De acuerdo con AI, los marinos detuvieron en agosto de 2013 a Armando del Bosque Villarreal cuando viajaba en auto por la localidad de Colombia, en Nuevo León. Dos meses después, el cadáver del hombre de 33 años fue encontrado a dos kilómetros de la base de la Armada con heridas de bala.

“La aparente implicación de un capitán de la Marina en la desaparición forzada de Armando es un ejemplo más de la necesidad de encontrar y castigar a todos los responsables, sea cual sea su posición en la cadena de mando”, sostuvo en su momento la directora para las Américas de la organización, Érika Guevara-Rosas.

Amnistía consideró que el hecho “debe ser señal de un cambio de política” en materia de desapariciones en México.

En 2013, el secretario general de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigió al Presidente Peña Nieto una carta para solicitar medidas urgentes para proteger la vida de cuatro víctimas de desaparición forzada supuestamente a manos de elementos de la Marina, entre ellas Del Bosque Villarreal.

La misiva recordaba al Presidente que durante el sexenio de su predecesor Felipe Calderón Hinojosa no se tomaron acciones efectivas para aclarar los casos de desapariciones forzadas perpetradas por marinos en Nuevo Laredo en junio de 2011.


Esta vez, la Semar informó que colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el inicio de la investigación de la desaparición de Del Bosque Villarreal. La institución de seguridad aseguró que respetará las decisiones que emitan las autoridades encargadas del caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1635616

CMDPDH expone pruebas ante acusaciones infundadas de Miranda de Wallace en programa de radio

Este viernes, Isabel Miranda de Wallace, acusó, si presentar algún tipo de prueba, que el relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, les “facilita las cosas” a una red de corrupción que usa los derechos humanos para liberar criminales.

En entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, dijo que José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “obtiene recomendaciones, libera criminales y hasta les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

Ante estas declaraciones, Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), ha enviado este sábado una carta aclaratoria, con respecto a la “información inexacta y de mala fe presentada por la señora Isabel Miranda de Wallace”, en la entrevista realizada en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.

Sentencia que “dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona y de la organización que represento, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno”.

Wallace puntualizó sus acusaciones en contra de “Los 4 de Rosarito”, caso al que Revolución TRESPUNTOCERO ha dado seguimiento; “debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados”, afirma Guevara.

Quien a su vez explica que, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Dicha determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015, la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En ese mismo caso, reitera, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al reconocer los actos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015, asume la calidad de víctimas a esas personas por actos atribuibles a su personal. Dicho oficio firmado por el General José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores, quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”.

Guevara puntualiza en su carta que, “un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano, a pesar el compromiso político expresado desde el año pasado.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación de delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la señora Wallace pretende denostar, sin embargo es calificada como generalizada”.

Señaló que actos criminalizantes y difamaciones en su contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional. Además, tienen como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos”.

Guevara pidió que su carta sea leída íntegramente en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de Miranda de Wallace, así como también se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron y difundieron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”. Además de facilitar folios y documentación, asegurando a Gómez Leyva que sus auditorías están disponibles ante cualquier difamación.

Fuente: Revolución 3.0

Autor: Redacción

http://revoluciontrespuntocero.com/cmdpdh-expone-pruebas-ante-acusaciones-infundadas-de-miranda-de-wallace-en-programa-de-radio/

Asesoran ONU y AI a familiares de jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca

XALAPA, Ver: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional darán asesoría a familiares de los cinco jóvenes de Playa Vicente que el pasado 11 de enero fueron “levantados” por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca y entregados a una célula delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).


A puerta cerrada, los enviados de la ONU se reunieron ayer en Veracruz con los padres de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.

De acuerdo con Bernardo Benítez –padre de uno de los jóvenes cuyos restos son analizados por peritos argentinos para confirmar su identidad–, señaló que tanto la ONU como AI se ofrecieron a darles asesoría legal para llevar el caso.

A raíz del encuentro con integrantes de ambos organismos, añadió, el gobierno federal empezó a sentir la presión internacional, ya que el caso podría ser expuesto en Ginebra, Suiza.

“En esas reuniones exigimos la declaración de los policías que están presos, y ya los abogados de nosotros las tienen en su poder. Además, la gente de la ONU y de Amnistía ya elaboraron una solicitud de observación, nos dicen que han estado muy pendientes del caso a través de los medios de comunicación”, apuntó.

Y advirtió que continuarán “atrincherados” en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca hasta que el caso se resuelva y les digan qué pasó con sus hijos.

“Si mañana nos resuelven, mañana nos vamos. Sí es un mes, en un mes, pero hasta que nos resuelvan de una u otra manera quedaremos conformes cuando haya justicia para los muchachos”, expuso.

Asimismo, destacó que a partir de que los enviados de la ONU y Amnistía Internacional tuvieron contacto con el gobierno federal, al que expusieron su preocupación por este nuevo caso de desaparición forzada, en Tierra Blanca “las cosas cambiaron”.

Precisó que los empleados del gobierno de Javier Duarte acudieron a limpiar las oficinas del Ministerio Público, “pusieron más decorosos” los pasillos y el cuarto donde duermen los padres de los cinco jóvenes desaparecidos, y empezaron a abrir las declaraciones de los policías incriminados en este caso de desaparición forzada.

“Ya corrieron (los del gobierno), ellos (las ONG) van a empezar a ejercer la presión, es un acompañamiento. Hoy, por ejemplo, Roberto Campa (el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) me habla todas las noches y la semana entrante regresarán para conocer de primera mano cómo van las investigaciones”.

Según Benítez, en los 44 días que llevan “acampando” en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca, ellos mismos han documentado los casos de 31 personas desaparecidas en los últimos tres años.


En tanto, funcionarios de la ONU-DH aseguraron en un comunicado que las tareas que realiza la Oficina en México se enmarcan dentro de los principios de imparcialidad, independencia y objetividad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431164/asesoran-onu-y-ai-a-familiares-de-jovenes-desaparecidos-en-tierra-blanca