La ONU, el fiscal Olea y Nestora

CIUDAD DE MÉXICO: A principios de este mes, Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos y del Programa sobre América Latina, ambos de la Universidad de Seattle, recibió una carta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. En ella le comunicaba la resolución número 56/2015 sobre el caso de Nestora Salgado, aprobada durante su 74° periodo de sesiones (del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015) y anexaba un documento.

En dicho documento, que consta de siete páginas a renglón seguido, se puntualizan las cuestiones relativas a la arbitraria detención de la comandante Nestora. Al principio se establecen las cinco circunstancias por las que el Grupo considera arbitraria una detención:

“a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I).

“b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizado por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II).

“c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

“d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV).

“e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).”

En el documento se relata que Nestora fue arrestada por infantes de marina y soldados mexicanos y se dice que “el ejército arrestando a civiles por presuntos crímenes cuando la seguridad nacional no está en riesgo es motivo de preocupación para el Grupo de Trabajo en vista del peligro a que los civiles se enfrentan en tal situación”. También se consigna que el gobierno federal desestimó el caso contra Nestora, por lo que ya no se encuentra bajo custodia federal, pero el fiscal de Guerrero emplazó nuevos cargos en su contra. Y finalmente vienen las deliberaciones del Grupo de Trabajo, donde entre otras cosas, señala que la causa penal que continúa en contra de Nestora sigue basada en los mismos hechos, cuando ya la justicia federal la absolvió, lo que califica de “desconcertante” y señala que “vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos”. Además, durante un año no tuvo acceso a un abogado ni fue presentada ante ningún juez o tribunal, violándose así principios sobre el juicio justo y un proceso oportuno. Hay otros comentarios, como que aunque ella mostró su pasaporte estadunidense, éste fue ignorado y no se dio notificación al consulado. Por todo ello, la “decisión” del Grupo de Trabajo fue emitir la siguiente opinión:

“El Grupo de Trabajo concluye que el arresto y la posterior privación de libertad de la Sra. Nestora Salgado corresponde a la Categoría I, II y III de las categorías aplicables a la consideración de los casos presentados ante el Grupo de Trabajo.”

Y finalmente, “en consonancia con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la Sra. Salgado y proporcionándole una compensación apropiada.”

Además, el Grupo de Trabajo refiere la situación de Nestora al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.

¿Cuál será la respuesta del nuevo fiscal de Guerrero, el licenciado Xavier Olea, ante esta decisiva opinión del Grupo de Trabajo de la ONU? Con el cambio de gobierno en Guerrero parecía que se abría la posibilidad de que el nuevo fiscal, desvinculado de los grupos nefastos anteriores, revisara el caso y se desistiera. Nestora lleva ya más de dos años encarcelada y sin juicio, y los supuestos testigos nunca han ido a las comparecencias a las que han sido citados. No hay que rascar mucho para detectar la red de complicidades vengativas que armaron el “caso” contra ella.


La decisión de la ONU tiene peso jurídico pues, en palabras de Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado para los derechos humanos, el conjunto de tratados que componen el derecho internacional sobre los derechos humanos es vinculante y no se puede acatar un tratado sí y otro no. Por ello las autoridades de México deben adoptar las medidas necesarias para que se haga justicia y Nestora Salgado quede en libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARTA LAMAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430773/dejar-en-borrador-la-onu-el-fiscal-olea-y-nestora

Informe ante la ONU: 20 desapariciones forzadas en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO: Secreto a voces durante años, tratadas con sigilo ante el temor de represalias, las desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no son un tema novedoso para organismos internacionales de derechos humanos.


Respaldadas por organizaciones sociales, familias de 46 víctimas de desaparición forzada se armaron de valor para exponer 20 casos durante la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado.

Por los testimonios recabados por organizaciones y familiares, dentro de los casos presentados están implicadas al menos otras 15 personas desaparecidas, cuyos parientes tienen miedo de denunciar.

En un informe presentado a los integrantes de la CIDH, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo El Solecito de Veracruz, madres en busca de sus hijos documentaron 20 hechos de desaparición forzada ocurridos entre 2010 y 2013.

Sólo en cinco de esos casos, con el mismo número de víctimas, se presume que los autores de las desapariciones fueron integrantes del crimen organizado. En el resto, tanto las organizaciones como los familiares tienen indicios de que se trató de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del estado.

El grueso de estos crímenes se concentraron en seis casos, en los cuales participaron policías estatales y hay 26 víctimas. En cuatro hechos, en los que al menos desaparecieron nueve personas, participaron integrantes de las llamadas Fuerzas Tácticas, compuestas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

Denuncian otros cinco eventos, con cinco víctimas, en los que se identifica como responsables a agentes de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán, de la Policía de Tránsito de Boca del Río, a marinos y en dos casos a integrantes de operativos conjuntos de policías estatales, uno con marinos y otro con militares.

Padres y madres de seis víctimas detenidas el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en dos operativos de Fuerzas Tácticas solicitaron el pasado martes 2 la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), ante la persistencia generalizada de este delito y la violación de derechos humanos “de carácter sistemático” en Veracruz.

Acompañados por I(dh)eas , El Solecito de Veracruz, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los familiares de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y Marisa Arrioja Reyes, advierten al CED que las desapariciones en Veracruz son planeadas o estimuladas “por las máximas autoridades civiles del estado y operadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. En estos ataques se emplean recursos públicos de los tres niveles de gobierno”.

Al señalar que este caso es sólo un ejemplo de muchos más que ocurren en el estado gobernado por Javier Duarte, detallan cómo desaparecieron los jóvenes después de haber sido detenidos durante dos incursiones de las Fuerzas Tácticas durante el Operativo Veracruz Seguro, de diciembre de 2013, aplicado en la colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz.

De acuerdo al escrito enviado al CED, todo indica que las detenciones pretendían contener denuncias de estudiantes de la Universidad Veracruzana sobre la existencia de una banda que solía cometer “robos de celulares y objetos de valor” en las inmediaciones de la casa de estudios.

“La desaparición de los jóvenes víctimas de los hechos antecedió de una detención colectiva y programada: de acuerdo a los testimonios de las familias, los policías llevaban fotos y descripciones de las víctimas”, señala el documento.

Al destacar que los familiares lograron documentar 10 detenciones arbitrarias, entre ellas las seis desapariciones, el documento entregado al CED explica que, en los operativos del 6 y el 11 de diciembre, los jóvenes arrestados fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas conocido como el Penalito de Playa Linda.

Información recabada de personas liberadas proporcionó indicios de que “aproximadamente 50 jóvenes” estaban en el Penalito en esos días.

Detallan que el 6 de diciembre Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González y José Armando Cortes Arrioja se encontraban en el bar El Partido alrededor de las 21:30 horas, cuando “se llevó a cabo un dispositivo en el que (…) participaron policías, marinos y elementos de la AVI, quienes traían fotos de los muchachos que buscaban”.

Cinco días después, el acceso principal de la colonia Formando Hogar fueron bloqueadas por vehículos oficiales para que se llevara el operativo policiaco y de la Marina sin contratiempos. El convoy estaba compuesto por “patrullas de la Policía Estatal con las placas cubiertas, dos camionetas tipo Suburban, una negra y una blanca, todas las anteriores con torretas, dos automóviles blancos y seis camionetas de la Marina”, según documentaron organizaciones y familiares.

Entre las 14:10 y 14:15 horas, el convoy se detuvo frente a un taller mecánico y ahí “tanto hombres vestidos de civiles como policías –algunos encapuchados– detuvieron ilegalmente a Víctor Álvarez, de 16 años”, empleado del local.

Aproximadamente a la misma hora, hombres vestidos de civil detuvieron a Marco Antonio Ramírez, quien se encontraba en el centro comercial Mega Las Palmas, a unas cuadras de la colonia Formando Hogar.

A las 14:20, agrega el informe, los integrantes del operativo allanaron la casa de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, a quien “golpearon frente a su familia, le esposaron las manos en la espalda y lo sacaron de la casa”.

Después de esta detención y hasta las 19:00 horas, los familiares y organizaciones documentaron otros cuatro arrestos de jóvenes, cuyas casas fueron allanadas, pero están localizables.

Investigaciones viciadas

De acuerdo con los familiares, cuando acudieron a las instalaciones policiacas a preguntar por ellos, autoridades estatales y federales negaron haber detenido a los jóvenes, además de que rehusaron integrar averiguaciones previas por desaparición en las primeras horas en que acudieron a denunciar.

“A la fecha, ninguna de las seis investigaciones ha mostrado algún avance significativo ni en determinar el paradero y mucho menos en el señalamiento de los responsables”, sostiene el escrito.

Al señalar que las familias se han enfrentado a la negativa de los testigos para rendir declaraciones ministeriales, el documento refiere que en una reunión sostenida entre los padres de Yonathan Mendoza y el fiscal Luis Ángel Bravo en Veracruz, le exigieron investigar a los hermanos Marvin y Mariano Castillo Sánchez, pues el primero golpeó al joven ocho días antes de su detención y el segundo era comandante de la AVI, a lo que el fiscal respondió en tono irónico: “¿Cómo voy a investigar a mi propia corporación?”.

En la comunicación al CED, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles apuntan que, si bien la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR abrió un expediente por las seis desapariciones, “estas investigaciones tampoco han generado grandes avances”.

Peor aún, se añade, “ninguna de las averiguaciones se ha iniciado por el delito de desaparición forzada”, aunque hay elementos para ello y a pesar de que en Veracruz el delito está tipificado desde 2014.

En tanto, la fiscalía especializada de la PGR “no cuenta con personal suficiente para desahogar las diligencias necesarias y han mostrado una dilación excesiva en el desahogo de éstas. Incluso, se han omitido líneas de investigación de gran relevancia, como el hecho de que elementos del Ejército mexicano participaron en dichos operativos”.

Las organizaciones piden al CED solicite al Estado mexicano medidas urgentes para su localización, entre ellas una investigación imparcial “para indagar la posible participación de servidores públicos que actúen en complicidad, colusión, colaboración o aquiescencia con grupos de la delincuencia organizada o grupos de organizaciones criminales que actúen en la zona”.

Solicitan también emitir medidas cautelares para proteger a los familiares de los seis jóvenes desaparecidos y “garantizar la participación activa y protección física de aquellas personas que deseen realizar labores de búsqueda in situ de restos óseos y fosas clandestinas encontradas en el estado de Veracruz, así como visitas a diversos centros de reclusión”.

Las organizaciones piden al CED que “recomiende al Estado mexicano, en razón de las circunstancias del presente caso y el contexto generalizado y sistemático y desaparición forzada de personas en el país, pero en concreto en el estado de Veracruz, que conforme un equipo internacional de expertos independientes e imparciales”.


Por considerar que en Veracruz ocurren graves violaciones a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los peticionarios sugieren al comité realizar una visita a la entidad para confirmar esta situación, así como llevar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430532/informe-ante-la-onu-20-desapariciones-forzadas-en-veracruz

“Autogobierno y violencia” en Topo Chico, lo que la ONU constató desde 2014

El relator Juan Méndez exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido.

El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, informó en 2014 que, después de inspeccionar el Penal de Topo Chico, constató que “la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”.

De acuerdo con lo señalado por la ONU este lunes, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.

Esta información, dijo, “la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el Relator Especial.


Adicionalmente, Méndez también urgió este lunes al Gobierno de México a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el Penal, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.

Desde 2014 la ONU constató autogobierno y violencia en Topo Chico (Documento) byAristegui Noticias:

  Desde 2014 la ONU constató autogobierno y violencia en Topo Chico (Documento)

COMUNICADO:

Topo Chico: Experto de la ONU pide al Gobierno de México garantizar el derecho de los familiares a la verdad

GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (15 de febrero de 2016) – El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas Juan E. Méndez urgió hoy al Gobierno de México a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el Penal de Topo Chico, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.

Según se ha informado, 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas durante un altercado entre reclusos en el Penal de Topo Chico, Nuevo León, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11.

“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos,” señaló el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”, dijo el experto, quien respaldó a su vez la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para atraer el caso e investigar los hechos.

El experto de la ONU recordó que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.

“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal”, dijo.

El Relator Especial de la ONU recalcó que el Estado está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. “Sin embargo”, concluyó, “esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/autogobierno-y-violencia-en-topo-chico-lo-que-la-onu-constato-desde-2014-documento/

ONU pide investigación exhaustiva en penal de Topo Chico por la muerte de 49 presos

La ONU pidió a las autoridades garantizar el derechos de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió hoy que se realice una investigación ”imparcial y exhaustiva” sobre el motín ocurrido el pasado jueves en el penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey (norte de México), y que se garanticen los derechos de las familias.

En un comunicado difundido en la capital mexicana, el relator especial de la ONU Juan E. Méndez exigió que se establezcan las “responsabilidades legales” de las autoridades penitenciarias y los reclusos que participaron en los hechos, que dejaron un saldo de 49 muertos y 12 heridos.

Hasta el momento, el Gobierno de Nuevo León ha publicado una lista de 40 personas posiblemente fallecidas, ya que algunos de los nombres aún no se han confirmado.

Exhortó a “garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos”, abundó Méndez.


También se refirió a que se incluyeran “garantías de no repetición” de los hechos, que se traduzcan en una “mejora sustancial” en las condiciones de detención del penal, donde ayer se eliminaron los “privilegios” que tenían algunos de los líderes del crimen organizado recluidos.

Entre estos privilegios se encontraban “celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna”, según informaron autoridades del estado de Nuevo León, del que Monterrey es capital.

En la visita del relator de la ONU al penal en 2014, este constató la “flexibilidad excesiva” del régimen penitenciario, así como las condiciones de sobrepoblación del penal, que ronda el 35 por ciento.

Asimismo, en el informe que entonces realizó se refirió a la infraestructura deteriorada, las malas condiciones sanitarias, la mala calidad de la comida y los tratos “crueles, inhumanos y degradantes” a personas con discapacidad, entre otros aspectos.

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, apodado “El Bronco”, afirmó el pasado jueves que el incidente se produjo por una pelea entre dos grupos de internos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, el “Credo”, y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, el “Z27″, ambos del cártel de Los Zetas.

La riña tuvo lugar en las áreas C2 y C3 del penal, uno de los más antiguos y con exceso de población del estado.


Las bandas se enfrentaron con armas punzo cortantes, botellas, bates y palos luego de prender fuego en los almacenes de comida, que se extendió a las celdas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2016/1622469

La detención de Nestora Salgado es “ilegal y arbitraria”: ONU

CIUDAD DE MÉXICO: Un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el arresto de Nestora Salgado, en agosto de 2013, se debió a sus actividades en la policía comunitaria, amparada en las leyes mexicanas, y por tanto es ilegal y arbitraria.


Agregó que a la activista no se le permitió el contacto con sus abogados y familiares durante casi un año, y durante su estadía en prisión se le ha negado atención médica adecuada y acceso a agua limpia.

“En primer lugar, no hay duda de que su arresto y detención sin cargos es ilegal y por lo tanto arbitraria”, dijo el grupo de la ONU.

“Además, es preocupante que el Ejército arreste civiles por supuestos crímenes, cuando no está en riesgo la seguridad nacional”, apuntó.

Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle, destacó que la determinación carece de obligatoriedad en México, pero podría incrementar la presión para su liberación.

“Este es un canal muy importante para la presión política: Tenemos un panel imparcial e internacional que señala que fue detenida ilegalmente. Creo que es un paso importante”, argumentó.

Añadió: “Hemos estado en negociaciones con el gobierno de México, principalmente con el gobierno federal, y eso no nos ha llevado a ninguna parte. Esperamos que esto inyecte nueva vida a las negociaciones”.

Y apuntó que la Clínica también planea solicitar al Departamento de Estado que propugne por la liberación de Nestora Salgado, acusada de secuestro en conexión con el arresto de varias adolescentes que eran sospechosas de traficar drogas, y de un funcionario de la localidad que supuestamente intentaba robar una vaca en la escena de un doble homicidio.

Nestora “ha sufrido más de dos años de detención ilegal, sin evidencia ni un juicio en su contra”, dijo Antkowiak. “Es una presa política”, subrayó.


La Clínica llevó su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en Ginebra, Suiza. En una decisión alcanzada en diciembre pasado, y comunicada ayer sus abogados, el panel de cinco miembros calificó el arresto como arbitrario y señaló que México no solo debería liberarla, sino compensarla por la violación de sus derechos humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428658/la-detencion-de-nestora-salgado-es-ilegal-y-arbitraria-onu

Grupo de Trabajo de la ONU pide la liberación de Nestora Salgado

Ciudad de México. Luego de concluir que la detención y la posterior privación de la libertad de Nestora Salgado García, líder de la Policías Comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue “ilegal y arbitraria” y su proceso judicial “injusto”, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió al gobierno de México su liberación y una “compensación apropiada”.

En su resolución 56/2015, dada a conocer este martes, el organismo de la ONU informó que ya dio vista de este caso al Relator Especial sobre situación de los defensores de los derechos humanos y al Relator Especial sobre la situación tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.

De esta forma, el Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, emitió su “decisión de fondo” sobre el caso de Nestora Salgado, quien en Estados Unidos es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos se Seattle.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, en las que ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado, dado las alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud.


“Esta es una fuerte condena a tantas injusticias que ha sufrido Nestora en manos del Estado mexicano,” dijo Alejandra Gonza, abogada de la señora Salgado en Estados Unidos e integrante de la Clínica. “Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo; ahora México debe liberarla inmediatamente”, señaló.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
FECHA: 2 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/02/grupo-de-trabajo-de-la-onu-pide-la-liberacion-de-nestora-salgado-9844.html

El 30% de desaparecidos en México, niños y adolescentes: ONU

México, DF. El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (OACUNDH), Jesús Peña Palacios, aseveró en el Senado que en el país hay más de seis mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo que representa el 30 por ciento del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014.

Asimismo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) subrayó que con información del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, se tiene que entre 2006 y 2014 el treinta por ciento de personas desaparecidas son menores de 18 años, y el Estado tiene una obligación frente a ello.

En tanto, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México consideró que “hemos escuchado que la población debajo de 18 años de desaparecidos llega a ser 1.8 veces mayor de niñas que niños. Cuando se hacen estudios hablamos de que en la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”.

En tanto Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó que en la ley general en la materia que discutirá próximamente el Senado de la República, se debe dar prioridad a la búsqueda de menores, niños, niñas y adolescentes, y se debe redactar un tipo penal que agrave la sanción cuando el desaparecido sea menor de 18 años.

La CNDH, resaltó, plantea que en esta ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directas o indirectas de este grave problema y se debe disponer de la creación de áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores, no solo la la investigación de los casos sino para la sistematización de los datos obtenidos que permitan realizar un mapeo de la desaparición de menores y sus consecuencias en cada región del país.

Insistió Eslava que debe haber un apartado de niñez y adolescencia en la ley que elaborará el Senado que obligue a la autoridad a desagregar datos de este delito. De igual forma, apuntó, la ley debe transversalizarse con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.


Sutton refirió que el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, en sus conclusiones a México en 2015 señaló “su preocupación por la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes: asesinatos, desapariciones y violaciones y recomendó establecer una política pública”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/el-30-de-desaparecidos-en-mexico-son-ninos-y-adolescentes-onu-4518.html

Condena ONU el asesinato de Gisela Mota, “grave riesgo para la vida democrática del país”

Este tipo de crímenes puede inhibir la participación política femenina en los municipios, donde su presencia es aún insuficiente, aseguraron dos dependencias del organismo internacional.

Las oficinas en México de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, cometido el 2 de enero, pocas horas después de que hubiera asumido el cargo.

“La alcaldesa fue abatida a tiros por un comando de cuatro hombres armados que entraron a su domicilio particular, donde se encontraba con su madre“, recordó el organismo internacional en un comunicado.

Las dependencias de la ONU advirtieron que si bien la paridad constitucional ha permitido a México avanzar hacia la igualdad de las mujeres en los Congresos, este tipo de crímenes puede inhibir la participación política femenina en los municipios, donde su presencia aún es insuficiente.

Llamaron a las instituciones competentes a actuar con diligencia y a investigar con perspectiva de género el asesinato para capturar, juzgar y sancionar a sus autores intelectuales y materiales.

“El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo no sólo es un grave crimen, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución Mexicana como por los tratados internacionales”, apuntaron.

Además, subrayaron que el uso de la violencia para impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país.

Finalmente, las oficinas de la ONU instaron a las autoridades a continuar reforzando las políticas y la institucionalidad para la protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, y en particular de las mujeres en los municipios por su situación de vulnerabilidad particular.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0501/mexico/condena-onu-el-asesinato-de-gisela-mota-grave-riesgo-para-la-vida-democratica-del-pais/

Anuncia Peña Nieto centro de adiestramiento de “cascos azules”

Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que México contará por primera vez con un centro de adiestramiento para capacitar sus propios “cascos azules” que participarán en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante su participación en el diálogo sobre las OMP, en el marco de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario anunció las próximas acciones que realizarán militares entrenados en México para el mantenimiento de la paz mundial.

Dijo que con base en el plan diseñado por las fuerzas armadas y en coordinación con la ONU, a partir del 2018, México tendrá este centro de formación de “cascos azules” que será desplegado en futuras operaciones a nivel mundial.

Asimismo anunció que hacia finales de este año, integrantes del Ejército mexicano participarán en la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental.

De manera simultánea se reportará la presencia de México en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, y se sumarán efectivos mexicanos a la fuerza de la ONU en Líbano.

Como parte de estas acciones, también en 2016 se prevé relevar al personal desplegado, con el objetivo de que se pueda formar un grupo altamente calificado, entrenado bajo los más altos estándares internacionales y con amplia experiencia en el terreno.

Ante presidentes y jefes de Estado de varios países, el Ejecutivo federal llamó a los 193 estados miembros de la ONU a renovar su compromiso con la paz.

Agregó que entre las principales herramientas que tiene el organismo internacional para este propósito, se encuentran las OMP, a las que hace apenas un año, México decidió integrarse, los que fue un hecho histórico en su relación con las Naciones Unidas.

México se incorporó con personal militar, al grupo de estados que participan en estas operaciones.

Recalcó que con esta determinación México asume su responsabilidad global, y pone al servicio de la organización multilateral su experiencia en el ámbito de la asistencia humanitaria.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

Peña advierte en la ONU de “amenaza” de “nuevos populismos”

Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió este lunes ante la Asamblea General de la ONU que, debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas, el mundo enfrenta la “amenaza de los nuevos populismos” de izquierda y derecha.

Con las crecientes desigualdades, una crisis económica mundial que no cede y con una frustración social que esto provoca, “el mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos”, dijo Peña Nieto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

“Nuevos populismos de derecha e izquierda pero todos riesgosos por igual”, añadió el mandatario.

Alertando sobre individuos que causaron divisiones sociales durante el siglo XX, Peña Nieto llamó a los países a estar “alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, los que siembran odio y rencor con el último fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales”.

En Nueva York, Peña Nieto se reunió el domingo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

FUENTE: LA JORNADA/AFP

Madres de normalistas se manifestarán en la ONU por visita de Peña Nieto

WASHINGTON: En busca de apoyo del Papa Francisco en su gira por Estados Unidos, así como de senadores y representantes del Congreso de este país, cinco madres de estudiantes normalistas desaparecidos mantienen un peregrinaje que incluirá la Asamblea General de la ONU a la cual acudirá el presidente Enrique Peña Nieto.

La señora Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido hace un año junto con 42 de sus compañeros en Iguala, explica al reportero en entrevista: “Tenemos que salir de México a buscar apoyo en el extranjero para poder encontrar a nuestros hijos, porque no le creemos al gobierno de Enrique Pena Nieto”.

El gobierno federal, añade, “es el responsable de lo que ocurrió a nuestros hijos. El señor Peña Nieto debe saber muy bien qué fue lo que pasó, porque fueron sus fuerzas policiales las que se los llevaron”.

En la pequeña peregrinación, el martes 22 la señora Legideño Vargas y las otras cuatro madres mencionadas recorrieron varias oficinas de senadores y representantes federales del Congreso estadunidense pidiendo atención a su “tragedia histórica”, para generar presión internacional sobre el gobierno de Peña Nieto.

Aparte de acudir al Capitolio, tenían la intención de entrevistarse con el Papa mientras realizaba su gira por Estados Unidos tanto la señora Legideño Vargas como Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.

El encuentro con el pontífice era su principal intención de este viaje. “Pero vamos a recurrir a todos los personajes que se pueda, porque queremos saber de nuestros hijos. Es por eso que andamos difundiendo, tanto en México como en otros países, nuestra causa”, dice entre lágrimas la señora Legideño Vargas.

En las oficinas y pasillos del Capitolio, en Washington, repartieron copias del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echó abajo la “verdad histórica” emitida por el gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014.

La entrevista se realiza unas horas después de que solicitaron la audiencia con el Papa, con quien idealmente se querían reunir este domingo 27 de septiembre en Filadelfia.

“Desde el 27 de enero (de 2014) el gobierno de Peña Nieto quiso cerrar el caso, pero nosotros como padres no lo vamos a permitir”, expresó la señora de 43 años de edad que, originaria de Tixtla, Guerrero, dejó de ver a su hijo cuando éste tenía 21.

Manifestación ante Peña Nieto

Las cinco madres de los normalistas siguieron al Papa Francisco a todos los lugares que visitó en Estados Unidos, buscando que se les concediera la audiencia. Pero su peregrinación no terminó con el fin de la gira papal, pues planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde este lunes 28 Peña Nieto hablará ante la Asamblea General del organismo multilateral.

Legideño Vargas hace un balance de lo que ha vivido junto a las otras 42 madres desde hace un año:

“La sociedad y la prensa saben muy bien por lo que hemos pasado. Algunos nos han acompañado, y otros nos han atacado. Desgraciadamente el gobierno nos engañó desde un principio. Nos hizo creer que nuestros hijos estaban muertos, pero gracias a Dios esa versión ha sido desmentida por el grupo de peritos argentinos. Ya después el gobierno sacó lo del basurero de Cocula, versión que también fue dese­chada por el grupo de expertos.

“Y nosotros como padres no podemos dar por muertos a nuestros hijos. Nosotros continuamos buscándolos con vida, porque no hay certeza científica de que están muertos.”

Luego muestra signos de irritación cuando, con voz quebrada, dice que “el señor Murillo Karam es un ser insensible que nos hizo mucho daño. Lo que estamos exigiendo es que también se investigue a ese señor. A todos los que estuvieron involucrados en esa ‘mentira histórica’”.

–¿Confían en la procuradora Arely Gómez González? –se le pregunta.

–No, tampoco. Claramente con esto que sacó está demostrando que quieren proteger su versión histórica. Pero el grupo de expertos ya desmintió eso. Así que no, no confiamos ni en la nueva procuradora.

Apoyada en las conclusiones del informe del GIEI, insiste en que el Ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

“Es por eso que hemos ido a las instancias militares, al Batallón 27 de Iguala, pues nos indicaron que ahí probablemente los tenían. Sin embargo, nos respondieron que no nos permitirían entrar. Lo único que recibimos fueron represalias, pero no nos vamos a callar. Vamos a continuar porque es a nuestros hijos a quienes estamos buscando.”

Acusa lo mismo al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que al propio mandatario estatal.

“Desgraciadamente allá en Guerrero uno y otro funcionarios se protegen. El gobernador de Guerrero era antes priista y se pasó al PRD. Y el presidente municipal no está procesado por la desaparición de los jóvenes, sino por la muerte de un luchador social. El gobierno y la delincuencia organizada en Guerrero son lo mismo; es el tipo narcogobierno que tenemos allá en Guerrero.”

–¿Cree que Peña Nieto está encubriendo a Abarca?

–Están encubriéndose unos y otros. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se haya investigado a Ángel Aguirre? Nosotros en todas las reuniones preguntamos por qué no se investiga a estas personas. Dicen que no tuvieron participación, pero como gobernantes deben saber lo que pasa en su estado.

Lo justo, señala, es que el gobierno de México castigue a todos los responsables.

Se queja de las intimidaciones que los padres de los normalistas han recibido del gobierno, pues éste nos “ha puesto a sus fuerzas, a los militares, a sus policías, cuando vamos a alguna actividad pública. Nos han reprimido, no nos han dejado pasar. Algunos padres han recibido amenazas para que ya no continúen. Tales amenazas anónimas señalan que si proseguimos nos puede pasar algo. Pero estamos buscando a nuestros hijos”.

En Nueva York, la señora Legideño Vargas, además de manifestarse ante las Naciones Unidas por la presencia de Peña Nieto en el organismo, se reunirá con el padre de su hijo desaparecido, quien se vino de Guerrero hace 17 años a trabajar en la Gran Manzana en pos de un mejor futuro para su familia.

Ante la posibilidad de que no se concretara la audiencia con el Papa Francisco, la madre de José Antonio no descartó que los padres de los 43 estudiantes opten por solicitar una audiencia con el jerarca católico en el Vaticano.

Plantea que nunca descansará hasta encontrar a su hijo, que la causa de los padres de los 43 normalistas continuará de manera incansable, y externa su hartazgo por la manera en que algunos medios de comunicación en México, en especial las televisoras, abordan el caso de Iguala.


“Tenemos –confió– mucho coraje contra las televisoras de México, Televisa y Televisión Azteca. Sabemos que son las televisoras oficiales del gobierno, y lo único que hemos recibido de ellas es un daño emocional, porque son las que transmiten la información gubernamental. Nosotros ya no confiamos en las televisoras; únicamente en los medios independientes y libres”, remata Legideño Vargas antes de partir a Nueva York.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

EPN participará en Asamblea General de la ONU, en Nueva York

Estará fuera desde el 26 de septiembre, cuando en México se conmemora un año de la desaparición de 43 estudiantes.

El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país del 26 al 29 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en Nueva York el mandatario tendrá actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos así como con otros países prioritarios para México.

En el oficio remitido al Senado de la República se subraya que el presidente de la República “realizará una intervención en esa cumbre donde hablará sobre la erradicación de la pobreza y el hambre en un dialogo interactivo al margen” del encuentro.

El mandatario también copresidirá la Reunión de Líderes Globales por la Equidad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en el marco del 70 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se prevé que a invitación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el presidente Peña Nieto asista a un almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno Sobre Cambio Climático.

En ese encuentro se discutirá la agenda de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21) a realizarse en París, este año.

Peña Nieto además participará en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y se reunirá con sus homólogos de Perú, Chile y Colombia en un encuentro de presidentes de la Alianza del Pacífico.


De igual forma, asistirá a la Cumbre sobre Mantenimiento de la Paz, convocada por el gobierno de los Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un burócrata peñanietista, al Comité de la ONU contra la tortura

La súbita decisión de cambiar la candidatura de un especialista por la de un burócrata de la diplomacia para representar a México ante el Comité de la ONU contra la Tortura, prendió las alarmas entre los expertos. Afirman que la administración de Enrique Peña Nieto da una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. La postulación de Claude Heller, sostiene el candidato desplazado, tiene la finalidad de “defender la imagen” del país en momentos en los cuales se le señala –especialmente desde el estadunidense Departamento de Estado, como ocurrió el jueves 25– por las constantes violaciones a las garantías elementales de sus ciudadanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 16 de junio, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. Ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó al Comité contra la Tortura (CAT), de la ONU, el cambio de la candidatura mexicana para ocupar un puesto en ese órgano, que es el responsable de verificar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Un auténtico especialista en el tema de la tortura, Miguel Sarre, registrado el pasado 28 de abril, fue canjeado por un diplomático en retiro, Claude Heller Rouassant, experto en defender a México en escenarios internacionales.

La decisión marcaría un cambio más en la política exterior de México en relación con los órganos de derechos humanos y en la forma en la cual se habían registrado las postulaciones de expertos, considera José Antonio Guevara Bermúdez, exministro de Asuntos de Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU, en Ginebra.

“Llama la atención la visión de país bananero de la Cancillería –dice Guevara en entrevista–, de buscar controlar los mecanismos de derechos humanos de la ONU metiendo amigos del régimen, tratar de controlar el impacto internacional sobre lo que está ocurriendo en México, minimizar los ‘ataques a la patria’”.

Actualmente director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la ONU, Guevara resalta que pese a no haber reglas claras para designar candidatos a los organismos internacionales, “en sexenios anteriores se recurrió a consultas entre las organizaciones de la sociedad civil para postular en 2006 a Miguel Sarre al Subcomité para la Prevención de la Tortura, y en 2010 para impulsar a Carlos Ríos Espinosa como miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Reconoce que aunque en esta ocasión la Cancillería no sometió a consulta la postulación de Sarre para contender por un lugar en el CAT, “es claro que cuenta con todas las credenciales, y de habernos preguntado, por supuesto que hubiera tenido el aval de las organizaciones. Nos sorprende que hayan decido cambiar a un experto como Miguel por un diplomático cuyo único mérito ha sido representar a México en diferentes delegaciones, misiones o embajadas”.

México, bajo la lupa

Siete días después de la decisión tomada por la SRE, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, organizaciones de la sociedad civil reprocharon en una carta la decisión tomada por la dependencia.

Los firmantes le recuerdan a Meade que su decisión trastoca los Principios y Directrices de Addis Abeba, aprobados en junio de 2012 por los presidentes de los órganos de derechos humanos de la ONU, sobre la independencia e imparcialidad que deben tener los miembros de dichos órganos.

Los lineamientos referidos señalan que los “conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”.

Guevara agrega: “Como miembro de un Grupo de Trabajo o un Comité de la ONU, trabajas con tus propios recursos y viajas a Ginebra cuando hay sesiones ordinarias, en el caso del CAT tres veces al año. No hay paga. Habría que preguntarle al embajador qué lo motiva a aceptar la nominación, si carece de experiencia y conocimiento para ejercer el cargo”.

Peor aún, agrega, cuando se trata de un tema en el cual México no tiene cifras que lo libren del escrutinio al que será sometido el país el próximo año por el CAT, en seguimiento a recomendaciones de 2012.

De acuerdo con datos obtenidos por la CMDPDH por medio de solicitudes de información pública, de 2006 a octubre de 2014 la Procuraduría General de la República acumuló 4 mil 55 denuncias por tortura, 88% de ellas sólo en los últimos dos años.

De las más de 4 mil denuncias, la dependencia sólo integró mil 884 averiguaciones previas, y de 2005 a 2013 los jueces únicamente habían emitido cinco sentencias condenatorias (Proceso 2006).

“Las cifras son escandalosas, de ahí las sospechas sobre qué pretende el gobierno de México que haga un embajador en retiro como miembro del CAT, que entre sus competencias tiene la de conocer casos específicos. La CMDPDH tiene cuatro expedientes y este año presentará otros tres.

“¿El embajador va a tratar de cabildear para minimizar el impacto de las investigaciones o simplemente va a reportar a sus superiores en la Cancillería qué es lo que se cocina en el CAT?”, se pregunta Guevara Bermúdez.

Dudas similares llegaron a la mente de Sarre Iguíniz el martes 16, cuando recibió la llamada del coordinador de asesores de la SRE, Carlos Pérez Verdía, para anunciarle que el canciller Meade lo había revocado como candidato al CAT.

“No me dijo a quién nombrarían para sustituirme, pero me dijo que se trataba de una nueva política en la Cancillería, que enviarán personal de carrera, retirado, para ocupar (los cargos en la ONU)”, dice en entrevista el profesor numerario del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Difícil de creer, pues en enero fue la propia dependencia encabezada por Meade la que le notificó la intención del gobierno de hacerlo su candidato al CAT.

Por conducto de Alejandro Alday, director de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Sarre supo de la instrucción del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, de postularlo en el proceso de renovación de cinco de los 10 puestos con que cuenta el Comité, a realizarse el 8 de octubre. La Cancillería “tenía buenas referencias” de su trabajo, le comentó el funcionario.

Larga trayectoria

Reconocido ampliamente por su labor académica desde 1997 en el ITAM y catedrático de la maestría en derechos humanos por la Universidad de Notre Dame, Indiana, los últimos ocho años Sarre formó parte del grupo de 25 expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.

Con amplia trayectoria en el mundo de los derechos humanos, en México el académico fue ómbudsman de Aguascalientes, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar y autor de Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia.

Con esa historia de por medio, la postulación de Sarre para ocupar un lugar en el CAT parecía natural; tanto, que el pasado 15 de mayo, Alday le comentó que la dependencia había conseguido los votos necesarios para su nombramiento, por lo que ya no era necesaria su presencia en Ginebra para que el investigador se promoviera entre los delgados de otros países.

Al menos esa fue la explicación que el funcionario le dio para cancelar el viaje al CAT que el investigador tenía programado realizar entre el lunes 22 y el miércoles 24.

Además, le dijo Alday, la Secretaría de Hacienda podría considerar “gasto innecesario” una visita a Ginebra, y sancionar a la dependencia. “No sospeché nada. Qué ingenuo, ¿verdad?”, reconoce Sarre.

Un mes después, en la página del CAT se hacía público el reemplazo de la candidatura de Sarre por la del embajador emérito Claude Heller Rouassant, recién jubilado del servicio exterior y ahora investigador en El Colegio de México, su alma máter.

En su larga carrera diplomática, Heller ha sido embajador en Suiza, Francia, Cuba y Japón, y representante permanente ante el Consejo de Seguridad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como ante la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros cargos, siempre como funcionario de la SRE.

Reflexiona Sarre: “No sé si soy el más indicado para el puesto, pero sé que (el embajador Heller) es el menos indicado, por su vinculación con el Estado mexicano”.

Heller es producto del servicio exterior, cuyos funcionarios “no tienen nada de independientes (…) forman parte del Poder Ejecutivo y están marcados por su línea –abunda Sarre–, formados en una escuela de promoción y defensa de la imagen de México; son vendedores de imagen, como todos los diplomáticos”.

Analiza: “Hay una explicación oficial (para mi revocación), que es la de dar un estímulo a los embajadores eméritos y que es mala. Pero hay otra peor: la que consiste en ocupar todos los espacios públicos, incluyendo los del servicio exterior, con un criterio político”.

Para el catedrático, su reemplazo no es ajeno al diferendo de la Cancillería con el relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, quien en un informe final de su visita a México, en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, concluyó que la “tortura y malos tratos son generalizados” en el país. El gobierno de Peña Nieto no tardó en descalificar entonces el documento y a su autor (Proceso 2005).

El reporte de Méndez fue retomado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el jueves 25, en el cual se habló de los “serios abusos” contra la población en los que intervienen las fuerzas del orden. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ocuparon un lugar importante en el documento.

Frente al informe demoledor, la Cancillería denunció un “ejercicio unilateral” por parte de Washington.

Puesto desperdiciado

Si bien Sarre reconoce que, como parte de los mecanismos de la ONU, los expertos no pueden conocer asuntos sobre su país de origen, lo cierto es que “pueden ejercer una influencia indirecta. Las pláticas durante el café y en los pasillos son muy importantes, se dicen muchas cosas”.

–¿Le interesa al gobierno de México el tema de la tortura? –se le pregunta.

–No es que tenga preocupación por la tortura y que quiera cumplir con su mandato constitucional. Más bien quiere colocar personas en los puestos claves y en cualquier tema de la agenda. Es presencia y prestigio de México.

A diferencia de la asamblea general y los demás órganos institucionales de la ONU, que son espacios políticos y diplomáticos, los 10 comités especiales en materia de derechos humanos que operan en Ginebra tienen una misión meramente técnica: verifican si, en la práctica, los Estados miembros cumplen los convenios internacionales que firmaron.

“Son temas que tienen su sutileza y necesitan expertos: ¡Sólo hay 10 personas en el mundo que van a revisar el tema de tortura! Es necesario que sepan cómo sucede la tortura para que sepan dónde observar y hagan las observaciones pertinentes a los Estados”, explica Sarre.

“Son puestos a los que se debe cuidar mucho. Desperdiciar un puesto de experto es cometer un crimen; equivale a defraudar el esfuerzo de las Naciones Unidas para elevar las reglas del juego”, agrega.

De acuerdo con el académico, en la ONU hay un “mercado de votos” en el cual los Estados se “prestan” votos a cambio de favores o de un “reembolso” posterior para otro cargo.

–¿Cómo en la FIFA? –se le pregunta.

–Así es –responde con una risa de amargura.

Gracias a las fallas de este sistema, ciertos países envían a los comités al “suegro del presidente” u otras personas no calificadas, en lugar de mandar expertos, quienes en las visitas de trabajo se convierten en “peso muerto”, deplora Sarre.

“No es que los expertos seamos sabios, pero hemos escrito sobre el tema. Esto crea un precedente, casi una obligación ante la sociedad civil, que nos puede reclamar si en el Comité no somos congruentes con nuestros escritos”, comenta.

Pese a que los Principios y Directrices de Addis Abeba son claros en las definiciones de independencia e imparcialidad que deben tener los expertos de los comités de la ONU, Sarre estima “probable” que Heller salga electo en octubre, pues la Cancillería conserva los votos conseguidos para su propia candidatura.

Contactado por Proceso, el embajador emérito se negó a comentar su nominación.

Comunicación social de la Cancillería sostuvo que “el profesor Claude Heller tiene el perfil y la trayectoria adecuados para dar viabilidad a la candidatura para fungir como experto en el Comité contra la Tortura, ya que cuenta con una vasta y diversa experiencia en derechos humanos, en particular en órganos especializados tanto universales como regionales en la materia”.


Asimismo informó que los altos funcionarios de la Cancillería, entre ellos Alejandro Alday, no concederían entrevistas sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA L. DÍAZ Y M. TOURLIERE

Militarización de frontera sur no mejora condiciones en Centroamérica: ONU-DH

MÉXICO, D.F: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se alarmó hoy ante la “militarización creciente” de la frontera sur de México en el marco del endurecimiento de la política migratoria mexicana para impedir el tránsito de indocumentados centroamericanos por el país.

A mediados del año pasado, las autoridades estadunidenses reconocieron que atravesaba la frontera una oleada de menores de edad centroamericanos, acción que el presidente estadunidense Barack Obama calificó de “crisis humanitaria”.

Si bien no mencionó al Programa Frontera Sur –implementado en julio pasado–, Zeid declaró que en apenas un año la política de militarización al sur del país que adoptó la administración de Enrique Peña Nieto redujo a la mitad el número de niños centroamericanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, Zeid resaltó que “muchos de ellos huían de la violencia descontrolada de las pandillas criminales en El Salvador, Honduras y Guatemala, así como la depravación, la exclusión social y la discriminación”, y observó que el nuevo enfoque de la política migratoria mexicana “no ha sido acompañado de mejoras en los países de origen respecto de las condiciones que empujaron a los niños a migrar”.

Y el Alto Comisionado insistió en la necesidad de “reubicar la atención sobre el ¿por qué? de la migración y no sólo sobre el ¿cómo?”.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), el Programa Frontera Sur prácticamente duplicó el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos en México.

Así, entre agosto de 2013 y abril de 2014, el INM detuvo a 63 mil 130 migrantes indocumentados de Centroamérica, de los que deportó unos 58 mil 722.

Y entre agosto de 2014 y abril pasado, las autoridades detuvieron a 114 mil 53 migrantes indocumentados y deportaron a 100 mil 425 de ellos. Lo anterior representa un incremento de 90 y 85%, respectivamente.

Desde la implementación del Programa Frontera Sur, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los integrantes de los albergues de migrantes ubicados en los estados del sur del país advierten que el endurecimiento de la política migratoria indujo una degradación de las condiciones de seguridad y una mayor exposición de los migrantes a los traficantes de personas.

A raíz de la multiplicación de los retenes en las carreteras del sur, así como del número de operativos en las zonas más transitadas de la ruta migratoria, las organizaciones aseveran que los indocumentados desviaron su camino hacia rutas más peligrosas, donde se encuentran a la merced de los grupos del crimen organizado.

En las últimas semanas, tanto organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la CNDH alertaron sobre el agravamiento de las condiciones de tránsito indocumentado por México.

En el marco de la tercera edición del día global contra los centros de detención para migrantes, organizaciones mexicanas, estadunidenses y centroamericanas reiteraron hoy que en los primeros meses de 2015 las autoridades mexicanas detuvieron a 9 mil 483 menores de edad y 9 mil 526 mujeres en las 50 estaciones migratorias.

Según el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), estas cifras representan incrementos de 560 y 690% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las organizaciones señalaron que pese a su nombre, las “estaciones migratorias” mexicanas representan “lugares de hacinamiento para la población migrante y refugiada; falta de atención médica, restricciones de comunicación con sus familiares; falta de apoyo de sus consulados, y la imposibilidad para tener una representación legal gratuita”.

El colectivo precisó que las políticas migratorias implementadas en la actualidad tienden a ser “cada vez más cruentas”, ya que criminalizan al migrante y se enfocan hacia apuntalar la seguridad en las fronteras.

“Las personas seguirán migrando con o sin políticas migratorias restrictivas, pero los Estados tienen la obligación de garantizar la vida y seguridad de estas personas sin importar su nacionalidad o estatus migratorio”.

Crisis internacional

Al inaugurar hoy la 29 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid expuso a la comunidad internacional su fracaso en proteger y garantizar los derechos del número cada vez mayor de migrantes en el mundo.


El Alto Comisionado recordó a la asamblea que la migración es el síntoma de las “turbulencias” que sacuden al mundo y generan condiciones de vida que millones de civiles no pueden soportar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.