CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fue nominado al Premio Tulipán de Derechos Humanos que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos de una forma innovadora en el mundo.
Las y los elegidos serán definidos a través de una votación en línea que estará abierta desde este jueves 1 y cerrará el próximo miércoles 7 a las 11:59 hora de Holanda (4:59 de México).
En la lista hay 10 personas y organizaciones de diferentes países, de la cual saldrá la terna finalista.
El Centro Prodh destacó que la nominación alienta su labor y da respaldo a su trabajo en defensa y promoción de derechos humanos en México.
“En el contexto actual que enfrenta México, el respaldo internacional es imprescindible para poder seguir contribuyendo y avanzando en los diversos retos en el país, así como en los casos y temas en los que trabajamos en nuestra organización”, explicó la organización, de acuerdo con un comunicado difundido por la Universidad Iberoamericana.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/453334/centro-prodh-nominado-en-holanda-al-premio-tulipan-derechos-humanos
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viernes, 2 de septiembre de 2016
martes, 30 de agosto de 2016
ONU-DH México ratifica su acompañamiento a las víctimas de desapariciones forzadas
Ciudad de México I Desinformémonos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su apoyo, reconocimiento y solidaridad hacia las víctimas de desaparición y sus familiares. Reitera su plena disposición a seguirles acompañando en la búsqueda de sus seres queridos y en la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.
En 2010, cuando se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011.
La desaparición forzada actualmente es un problema mundial que afecta a diversas países del mundo, entre ellos México, con más de 27 mil desaparecidos según cifras del gobierno mexicano.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su apoyo, reconocimiento y solidaridad hacia las víctimas de desaparición y sus familiares. La ONU-DH reitera su plena disposición a seguirles acompañando en la búsqueda de sus seres queridos y en la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.
En un comunicado, la ONU-DH hace énfasis en “la obligación de las autoridades de poner el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino, garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos”.
“La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”, sostiene Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
“Se requiere la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas.
En relación con los restos humanos encontrados, es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que sean tratados con dignidad y respeto y sean analizados conforme a los más elevados estándares científicos, garantizando identificaciones veraces y confiables que permitan una restitución apropiada.
“Mientras las familias sigan sin encontrar a sus seres queridos, la incertidumbre y el dolor se acumulan. La ONU-DH reconoce a las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que las acompañan su compromiso y persistencia en la búsqueda de sus seres queridos, de verdad y justicia, pese a enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos”, concluyó Jan Jarab.
Hizo un exhorto también para que el Senado apruebe lo antes posible la ley general sobre la desaparición de personas en México y para que se implementen mecanismos de rendición de cuentas para los servidores públicos que por acción u omisión obstaculizan la búsqueda de las personas desaparecidas.
La aprobación de la ley debe conducir a crear una estructura institucional de búsqueda bajo la coordinación de la Federación, con los recursos e independencias necesarios.
foto: HIJOS México
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDUCCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/onu-dh-mexico-ratifica-su-acompanamiento-a-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/
En 2010, cuando se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011.
La desaparición forzada actualmente es un problema mundial que afecta a diversas países del mundo, entre ellos México, con más de 27 mil desaparecidos según cifras del gobierno mexicano.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su apoyo, reconocimiento y solidaridad hacia las víctimas de desaparición y sus familiares. La ONU-DH reitera su plena disposición a seguirles acompañando en la búsqueda de sus seres queridos y en la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.
En un comunicado, la ONU-DH hace énfasis en “la obligación de las autoridades de poner el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino, garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos”.
“La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”, sostiene Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
“Se requiere la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas.
En relación con los restos humanos encontrados, es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que sean tratados con dignidad y respeto y sean analizados conforme a los más elevados estándares científicos, garantizando identificaciones veraces y confiables que permitan una restitución apropiada.
“Mientras las familias sigan sin encontrar a sus seres queridos, la incertidumbre y el dolor se acumulan. La ONU-DH reconoce a las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que las acompañan su compromiso y persistencia en la búsqueda de sus seres queridos, de verdad y justicia, pese a enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos”, concluyó Jan Jarab.
Hizo un exhorto también para que el Senado apruebe lo antes posible la ley general sobre la desaparición de personas en México y para que se implementen mecanismos de rendición de cuentas para los servidores públicos que por acción u omisión obstaculizan la búsqueda de las personas desaparecidas.
La aprobación de la ley debe conducir a crear una estructura institucional de búsqueda bajo la coordinación de la Federación, con los recursos e independencias necesarios.
foto: HIJOS México
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDUCCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/onu-dh-mexico-ratifica-su-acompanamiento-a-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/
En los últimos años hubo al menos 500 desapariciones forzadas en Guerrero
Ciudad de México | Desinformémonos. Por lo menos 500 desapariciones forzadas se registraron en Guerrero en los últimos años, denunciaron investigadores y dirigentes de organizaciones no gubernamentales en el marco de las actividades por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, denominado “Entre el dolor y la esperanza: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos”.
José Díaz Navarro, de la Asociación de Desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, expresó que al menos 30 de esos casos tienen relación con las actividades que desempeñaron desde el Congreso del estado, Bernardo Ortega, y el Ejecutivo estatal, Rogelio Ortega Martínez.
Por su parte, Edgardo Buscaglia convocó a las organizaciones con el fin de que se agilice el proceso de presentación de los familiares, pues el gobierno federal y los organismos de las Naciones Unidas no han actuado sobre las demandas de seguridad que hacen los mexicanos.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/en-los-ultimos-anos-hubo-al-menos-500-desapariciones-forzadas-en-guerrero/
José Díaz Navarro, de la Asociación de Desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, expresó que al menos 30 de esos casos tienen relación con las actividades que desempeñaron desde el Congreso del estado, Bernardo Ortega, y el Ejecutivo estatal, Rogelio Ortega Martínez.
Por su parte, Edgardo Buscaglia convocó a las organizaciones con el fin de que se agilice el proceso de presentación de los familiares, pues el gobierno federal y los organismos de las Naciones Unidas no han actuado sobre las demandas de seguridad que hacen los mexicanos.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
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lunes, 29 de agosto de 2016
Activistas reportan más de 60 casos de violación contra defensores de DH
Ciudad de México. Un colectivo de más de un centenar de organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil documentó más de 60 casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas en todo el país, principalmente de consorcios ligados a proyectos de minería, infraestructura y energéticos.
En un reporte que será entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este lunes inician una visita oficial de 7 días, se señala que en más de la mitad de los casos hubo intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos, en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país.
Entre las violaciones documentadas más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/28/activistas-reportan-mas-de-60-casos-de-violacion-a-defensores-de-dh
En un reporte que será entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este lunes inician una visita oficial de 7 días, se señala que en más de la mitad de los casos hubo intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos, en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país.
Entre las violaciones documentadas más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/28/activistas-reportan-mas-de-60-casos-de-violacion-a-defensores-de-dh
lunes, 22 de agosto de 2016
En 12 años, titular de la Policía Federal acumula un historial de violaciones a derechos humanos
Exceso de fuerza, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, actos de tortura y elaboración de informes incompletos o a modo son las acusaciones que han recibido organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del actual Comisionado General de la Policía Federal (PF) de México, Enrique Galindo Ceballos, en 12 años de labores como servidor público.
Por estas acusaciones dichos organismos han emitido pronunciamientos o recomendaciones dirigidas a él o a la corporación que representa, pero por ninguna de éstas el funcionario ha recibido sanción o castigo, según arrojó una consulta hecha al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Apenas el pasado jueves, la CNDH emitió una recomendación contra la corporación que dirige Enrique Galindo, en la que aseguran que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 civiles y presentó información a modo durante la implementación de un operativo en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán, realizado el 22 de mayo de 2015.
La primera acusación en contra de Galindo ante la CNDH se hizo en 2004, cuando se desempañaba como Director General de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. La denuncia vino del ex secretario de Finanzas del Estado, Olegario Galarza Grande, quien acusó al entonces procurador de justicia, así como a su director de la policía (Enrique Galindo) de ordenar su detención de manera arbitraria y sin orden de aprehensión.
Tras revisar el caso, la CNDH estableció que la detención del ex secretario de Finanzas fue ilegal y como prueba analizaron un documento elaborado por Enrique Galindo donde por escrito avalaba su aprehensión.
Lo irregular, según la CNDH, es que el informe carecía de la firma de los agentes que realizaron la investigación, el visto bueno del Jefe de Grupo, la solicitud de detención para el Ministerio Público y copias de dichos documentos para llevar el control de las acciones emprendidas, como lo establece la norma; el informe únicamente venía firmado por Enrique Galindo.
Animal Político hizo un recuento de las acusaciones que en 12 años acumula el Comisionado de la Policía Federal y la corporación a su cargo, así como las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la CNDH por esos hechos.
Omisiones en parte informativo
El 1 de septiembre de 2004, la CNDH inició el expediente 2004/329/SLP/I/, con motivo del recurso de impugnación interpuesto por un familiar del ex secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Olegario Galarza Grande, por la no aceptación de la recomendación 6/2004, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dirigió, el 4 de junio de 2004, al Procurador General de Justicia de esa entidad, con motivo de la detención arbitraria del ex funcionario, ocurrida el 8 de diciembre de 2003.
Según Olegario la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí lo detuvo sin orden de aprehensión y lo mantuvo incomunicado por varias horas, lo que fue avalado por la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos, instancias que emitieron, por separado, recomendaciones a favor de este ex Funcionario.
En el caso de quien fuera director de la Policía Ministerial, Enrique Galindo, la CNDH ordenó, en la recomendación 28/2006, que se diera vista al Órgano de Control competente para que investigara las omisiones en las que incurrió, “al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales” como la firma de los policías que realizaron la investigación y la solicitud de detención para el Ministerio Público, entre los más importantes.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
El 20 de noviembre de 2014, en el marco de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Policía Federal y la Policía Auxiliar de la CDMX disolvieron la protesta con exceso de fuerza al agredir a cientos de civiles, entre ellos personas de la tercera edad, niños y periodistas, que pacíficamente se manifestaban y documentaban el acto.
El violento desalojo del zócalo de la CDMX ocurrió luego de que un reducido grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra Palacio Nacional; por eso hechos policías federales y auxiliares persiguieron a cientos de personas que permanecían en el Zócalo protestando de manera pacífica.
En un comunicado de prensa, la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos en la CDMX hicieron un llamado a las autoridades que participaron en las agresiones, especialmente a los policías, para realizar su trabajo apegados a los más altos estándares en derechos humanos, “con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación”.
Los asesinatos en Apatzingán
El 25 de noviembre de 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015, contra la Policía Federal por el asesinato de 5 personas y el ejecución extrajudicial de un civil más, ocurridos el 6 de enero de 2015 en las inmediaciones del palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, donde la corporación al mando de Enrique Galindo reportó un saldo de nueve personas muertas, 44 detenidos y cinco lesionados (entre ellos dos policías federales).
Por estos hechos la CNDH conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, quienes establecieron que los policías asesinaron a estas personas, echando abajo la versión del entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que las muertes fueron resultado de una emboscada a las fuerzas federales y el ejército.
El operativo Nochixtlan
El pasado 19 de junio, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo, encabezado por policías federales y estatales, en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. Además de estas víctimas, 23 personas fueron detenidas por la policía federal en esa ocasión. De acuerdo con testimonios, 18 de estas personas fueron sacadas de un funeral que se realizaba a unos cuantos metros del operativo.
A las pocas horas de ocurrido, el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que los policías a su cargo no habían usado armas de fuego, ni gases lacrimógeno; videos, testimonios y fotografías muestran que durante el operativo los policías si dispararon contra los manifestantes que mantenían un bloqueo carretero.
Por estos hechos, la CNDH inició una investigación para determinar el tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas y tratar de determinar si hay responsabilidad de la Policía Federal. A poco más de dos meses del operativo la CNDH cuenta con 500 testimonios y quejas sobre el ocurrido esa mañana en Nochixtlán. Hasta el momento no han dado a conocer los avances de sus investigaciones.
22 ejecuciones extrajudiciales
El pasado jueves 18 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 4VG/2016, en la que establece que la Policía Federal, el 22 de mayo del 2015, ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles durante un supuesto enfrentamiento armado que dejó como saldo 42 personas y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.
La CNDH también documentó actos de tortura, manipulación de cadáveres, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades cometidas por la Policía Federal.
En su momento el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que en Tanhuato no hubo ejecuciones extrajudiciales y dijo que las víctimas eran miembros de un grupo criminal que habían disparado a los policías tras una persecución; en la recomendación la CNDH estableció que no hubo tal persecución y que los policías asesinaron a los civiles cuando varios de ellos se encontraban dormidos.
Las acusaciones contra el comisionado Enrique Galindo, a pesar de las recomendaciones y observaciones de la CNDH, no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica o administrativa hacía su persona. En la mayoría de los casos ha negado que la corporación a su cargo actuara arbitrariamente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/galindo-policia-federal-violaciones-derechos/
Por estas acusaciones dichos organismos han emitido pronunciamientos o recomendaciones dirigidas a él o a la corporación que representa, pero por ninguna de éstas el funcionario ha recibido sanción o castigo, según arrojó una consulta hecha al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Apenas el pasado jueves, la CNDH emitió una recomendación contra la corporación que dirige Enrique Galindo, en la que aseguran que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 civiles y presentó información a modo durante la implementación de un operativo en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán, realizado el 22 de mayo de 2015.
La primera acusación en contra de Galindo ante la CNDH se hizo en 2004, cuando se desempañaba como Director General de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. La denuncia vino del ex secretario de Finanzas del Estado, Olegario Galarza Grande, quien acusó al entonces procurador de justicia, así como a su director de la policía (Enrique Galindo) de ordenar su detención de manera arbitraria y sin orden de aprehensión.
Tras revisar el caso, la CNDH estableció que la detención del ex secretario de Finanzas fue ilegal y como prueba analizaron un documento elaborado por Enrique Galindo donde por escrito avalaba su aprehensión.
Lo irregular, según la CNDH, es que el informe carecía de la firma de los agentes que realizaron la investigación, el visto bueno del Jefe de Grupo, la solicitud de detención para el Ministerio Público y copias de dichos documentos para llevar el control de las acciones emprendidas, como lo establece la norma; el informe únicamente venía firmado por Enrique Galindo.
Animal Político hizo un recuento de las acusaciones que en 12 años acumula el Comisionado de la Policía Federal y la corporación a su cargo, así como las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la CNDH por esos hechos.
Omisiones en parte informativo
El 1 de septiembre de 2004, la CNDH inició el expediente 2004/329/SLP/I/, con motivo del recurso de impugnación interpuesto por un familiar del ex secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Olegario Galarza Grande, por la no aceptación de la recomendación 6/2004, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dirigió, el 4 de junio de 2004, al Procurador General de Justicia de esa entidad, con motivo de la detención arbitraria del ex funcionario, ocurrida el 8 de diciembre de 2003.
Según Olegario la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí lo detuvo sin orden de aprehensión y lo mantuvo incomunicado por varias horas, lo que fue avalado por la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos, instancias que emitieron, por separado, recomendaciones a favor de este ex Funcionario.
En el caso de quien fuera director de la Policía Ministerial, Enrique Galindo, la CNDH ordenó, en la recomendación 28/2006, que se diera vista al Órgano de Control competente para que investigara las omisiones en las que incurrió, “al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales” como la firma de los policías que realizaron la investigación y la solicitud de detención para el Ministerio Público, entre los más importantes.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
El 20 de noviembre de 2014, en el marco de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Policía Federal y la Policía Auxiliar de la CDMX disolvieron la protesta con exceso de fuerza al agredir a cientos de civiles, entre ellos personas de la tercera edad, niños y periodistas, que pacíficamente se manifestaban y documentaban el acto.
El violento desalojo del zócalo de la CDMX ocurrió luego de que un reducido grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra Palacio Nacional; por eso hechos policías federales y auxiliares persiguieron a cientos de personas que permanecían en el Zócalo protestando de manera pacífica.
En un comunicado de prensa, la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos en la CDMX hicieron un llamado a las autoridades que participaron en las agresiones, especialmente a los policías, para realizar su trabajo apegados a los más altos estándares en derechos humanos, “con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación”.
Los asesinatos en Apatzingán
El 25 de noviembre de 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015, contra la Policía Federal por el asesinato de 5 personas y el ejecución extrajudicial de un civil más, ocurridos el 6 de enero de 2015 en las inmediaciones del palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, donde la corporación al mando de Enrique Galindo reportó un saldo de nueve personas muertas, 44 detenidos y cinco lesionados (entre ellos dos policías federales).
Por estos hechos la CNDH conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, quienes establecieron que los policías asesinaron a estas personas, echando abajo la versión del entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que las muertes fueron resultado de una emboscada a las fuerzas federales y el ejército.
El operativo Nochixtlan
El pasado 19 de junio, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo, encabezado por policías federales y estatales, en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. Además de estas víctimas, 23 personas fueron detenidas por la policía federal en esa ocasión. De acuerdo con testimonios, 18 de estas personas fueron sacadas de un funeral que se realizaba a unos cuantos metros del operativo.
A las pocas horas de ocurrido, el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que los policías a su cargo no habían usado armas de fuego, ni gases lacrimógeno; videos, testimonios y fotografías muestran que durante el operativo los policías si dispararon contra los manifestantes que mantenían un bloqueo carretero.
Por estos hechos, la CNDH inició una investigación para determinar el tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas y tratar de determinar si hay responsabilidad de la Policía Federal. A poco más de dos meses del operativo la CNDH cuenta con 500 testimonios y quejas sobre el ocurrido esa mañana en Nochixtlán. Hasta el momento no han dado a conocer los avances de sus investigaciones.
22 ejecuciones extrajudiciales
El pasado jueves 18 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 4VG/2016, en la que establece que la Policía Federal, el 22 de mayo del 2015, ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles durante un supuesto enfrentamiento armado que dejó como saldo 42 personas y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.
La CNDH también documentó actos de tortura, manipulación de cadáveres, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades cometidas por la Policía Federal.
En su momento el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que en Tanhuato no hubo ejecuciones extrajudiciales y dijo que las víctimas eran miembros de un grupo criminal que habían disparado a los policías tras una persecución; en la recomendación la CNDH estableció que no hubo tal persecución y que los policías asesinaron a los civiles cuando varios de ellos se encontraban dormidos.
Las acusaciones contra el comisionado Enrique Galindo, a pesar de las recomendaciones y observaciones de la CNDH, no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica o administrativa hacía su persona. En la mayoría de los casos ha negado que la corporación a su cargo actuara arbitrariamente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/galindo-policia-federal-violaciones-derechos/
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