Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Conagua y el gobierno de Oaxaca reiniciarán la construcción de la presa Paso Ancho, clausurada en 2014

La construcción de una presa que busca suministrar agua a la zona metropolitana de la capital de Oaxaca, clausurada por la Profepa hace una década, será retomada por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Salomón Jara.

Desde 2014, el proyecto de la presa Paso Ancho en Oaxaca fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, el próximo mes de agosto reiniciará la construcción de la obra y cambiará de nombre a “Margarita Maza” en honor a la esposa del expresidente de México, Benito Juárez García.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó esta semana que la presa forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico presentado la semana anterior por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el que se planea atender las zonas con mayor escasez de agua en el país.

De acuerdo con este plan, la construcción de la presa “Margarita Maza” iniciará en agosto de este año y se concluirá a principios del 2027, y tendrá una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos.

Se busca garantizar mil litros de agua por segundo y beneficiar a los habitantes de la zona metropolitana de la capital oaxaqueña; es decir, alrededor de 650 mil personas.

“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.

¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?

La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.

En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.

Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.

Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.

La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.

Es un proyecto inviable, dicen organizaciones

Desde agosto de 2024, al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, calificaron de inviable técnica, social y jurídicamente esta iniciativa, además de costosa.

Debido a los antecedentes del proyecto Paso Ancho, clausurado por la Profepa en 2014, pidieron su justificación ecológica, económica y ambiental, así como sus impactos esperados.

El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.

Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.

“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.

Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.

Las organizaciones integrantes del OCCAMA  señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ROCÍO FLORES.

Caen funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca por desaparición y asesinato de jóvenes de Tlaxcala

La Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se involucren en conductas delictivas.

Un comandante y un agente estatal de investigaciones adscritos a la Fiscalía General de Oaxaca fueron detenidos por la misma autoridad tras las desapariciones que han ocurrido en la región de la costa, principalmente por los 9 jóvenes oriundos de Tlaxcala.

“Las dos personas del sexo masculino detenidas son trabajadores -de diferentes áreas- dentro de la institución encargada de la Procuración de Justicia, quienes desempeñaban labores en esa región de la entidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con reporteros locales, se trata del comandante Miguel A.C.G y del agente A.G.V. quienes son los presuntos involucrados en diferentes hechos ocurridos en esta región de Oaxaca.

La fiscalía detalló que estas detenciones forman parte de las indagatorias que se realizan en esta región de la costa derivado de la desaparición de personas, tras actuar de manera omisa en las investigaciones que se llevan a cabo.

Ante esta noticia, que dos de sus trabajadores tienen injerencia con las desapariciones, la Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se vean involucrados en conductas delictivas, y en caso contrario, tiene el compromiso de aplicar la ley para sancionar sin distinción de quien resulte responsable y con ello evitar que este tipo de casos queden impunes.

El pasado jueves la Fiscalía detalló que supuestamente los jóvenes primeros reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida entre los límites de Oaxaca con Puebla, habrían llegado contratados por una persona a la costa de Oaxaca para realizar actos delictivos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Sin investigación terminada, autoridades de Oaxaca dicen que jóvenes de Tlaxcala asesinados eran de un grupo delictivo

El secretario de Seguridad de Oaxaca dijo que los jóvenes desaparecidos de Tlaxcala eran miembros de un grupo delictivo que entró al estado.

Autoridades de Oaxaca señalaron que los jóvenes originarios de Tlaxcala que fueron vistos por última vez en Huatulco y Zipolite y que posteriormente fueron hallados muertos en Puebla, forman parte de un grupo delictivo, esto sin que hayan concluido las investigaciones sobre el caso.

“Sí hubo una movilidad delictiva (…) es un grupo delictivo que vino de Tlaxcala. Operaba en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz”, dijo Iván García Álvarez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal (SSPC).

De acuerdo con el funcionario, una de las líneas de investigación es que los jóvenes presuntamente eran miembros de un grupo criminal que se internó en Oaxaca para “delinquir y sacar recursos” y su asesinato habría sido a manos de otro grupo por entrar “en otro tipo de territorios”.

El secretario descartó que se trate de una disputa territorial pero indicó que el “desenlace” (el homicidio de los jóvenes) fue porque detrás de este tipo de eventos “siempre” hay narcotráfico, narcomenudeo, extorsiones y secuestros, y que los grupos delictivos “tienen injerencia para llevar a cabo ese tipo de ejecuciones”.

Lo anterior fue respaldado por el gobernador Salomón Jara, quien dijo que las fiscalías de Oaxaca y Puebla pronto darán a conocer cómo ocurrieron los hechos.

Sobre este caso, recientemente se informó que la Fiscalía de Oaxaca investigaba la presunta participación de policías de Huatulco en la desaparición de los jóvenes, esto tras la declaración de la única de las víctimas que fue localizada con vida.

Tras esto, la Fiscalía y Policía Estatal, el Ejército, Marina y Guardia Nacional realizaron un operativo en la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco, donde aseguraron documentos relacionados al caso, desarmaron a los agentes y mantienen resguardadas las instalaciones.

De igual manera, autoridades federales y estatales realizaron un cateo en el “Hospedaje Jocha” en Huatulco, en el cual habrían estado las víctimas y en donde se hallaron objetos personales “que presumiblemente” les pertenecen. Cabe destacar que un día después que se reportó la desaparición de los jóvenes fue asesinado el propietario del hospedaje, José Alfredo Lavariega Canseco.

Por estos hechos, hasta el momento, únicamente se ha reportado la detención de una persona presuntamente involucrada, esto en Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a Javier Cruz, expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, Oaxaca

El exedil fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en su negocio en el fraccionamiento Agua Marina.

Javier Cruz Jiménez, expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, en la costa de Oaxaca, fue asesinado esta tarde.

De acuerdo con las autoridades de justicia, el exedil fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en su negocio en el fraccionamiento Agua Marina de esta demarcación municipal.

Hasta el momento se desconoce quienes ultimaron Cruz Jiménez de 52 años. Solo se sabe que las personas entraron a su local y le dispararon.

No hay ninguna persona detenida.

La Fiscalía de Oaxaca informó que al lugar se trasladaron un equipo en diferentes especialidades ministeriales, para robustecer las investigaciones que conduzcan a la resolución del caso.

Javier Cruz Jiménez ocupó diversos cargos públicos.

Del 2021 al 31 de diciembre de 2024 fungió como presidente municipal de San Pedro Mixtepec emanado del partido Morena, quiso reelegirse por el PT para este nuevo trienio, pero perdió.

Antes, de 2016 a 2018 ocupó el cargo de presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Mixtepec.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Miles perdieron sus propiedades en Oaxaca, sospechosamente, con Murat de Gobernador

De marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca.

El entonces Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), hoy militante de Morena, tuvo acceso a documentos que señalaban a funcionarios públicos de su administración –con apoyo de jueces de distrito– de despojo de propiedades.

Murat se comprometió a que se investigaría y habría sanciones, pero “solo nos tomó el pelo”, aseguran los hermanos Gómez Conzatti, tres de las miles de víctimas de esta red.

El entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, expuso que de marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito se ha acelerado en el marco de la gentrificación del Centro Histórico y la zona de playas.

El 14 por ciento de estos casos, dijo, está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos. Pero, agregó Mejía, también participan funcionarios del Registro Civil, del Registro de la Propiedad y del Instituto Catastral de Oaxaca, así como jueces de distrito.

Imagen: Gobierno federal.

El lunes 17 de febrero un periodista le recordó el caso a la Presidenta Claudia Sheinbaum y le dejó unos documentos sobre un despojo de cinco hectáreas en Tlacolula. “Le das el caso aquí a Adriana para que podamos revisarlo”, respondió la Presidenta. Los hermanos Gómez Conzatti hicieron lo propio con el entonces Gobernador Murat.

“Tuvimos oportunidad a finales del sexenio de la administración pasada de exponerlo, con prueba en mano, al entonces Gobernador y ahora Senador. En esa reunión, el entonces Gobernador viéndonos a la cara, y enfrente de todo su gabinete, afirmó que las personas que habían falsificado esos documentos desde el Registro Civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Simplemente hoy, a cuatro años de haber emprendido esta lucha, no hay un solo servidor público en la cárcel ni ninguna persona particular en la cárcel”, dijo Caleb Gómez Conzatti.

Los documentos mostraron al Gobernador Murat que la red de despojo había alterado desde el Registro Civil y el Registro público de la Propiedad local las identidades de los hermanos para apoderarse de sus propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca.

“Él mostraba una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver y leer las pruebas. En su momento se giraron instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad opusiera la situación, aparentemente nos reinscribieron en el Registro Civil porque aceptaban todas estas irregularidades. Sin embargo, me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio y me encuentro con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario, es decir, nada. Fue una tomada de pelo lo que sucedió. Nos ‘reinscribieron’ para que dejáramos de incomodar al Gobierno en turno con la condición de que los venciéramos en juicio. Por eso continuamos en nuestra batalla legal”, dijo Caleb Gómez.

Imagen: Gobierno federal.

En las mismas fechas en que los hermanos lo denunciaron ante el Gobernador Murat, también desde la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre de 2022, a dos meses de que concluyera el Gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos:
“En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, supuestos líderes que intervienen en colusión con servidores públicos y notarios para alterar las escrituras. También esto va acompañado en ocasiones de violencia física, extorsión, amenazas, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida. Una vez que hacen las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles”, explicó.
Un caso de homicidio para culminar el delito de despojo es el del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique “N”, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021, de acuerdo con el exsubsecretario Mejía. La propiedad despojada de este Magistrado se ubica a lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Conzatti que la misma red pretendía despojarles.

Sin embargo, el ahora Senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre de 2022 y, tras no lograr ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a la denominada Cuarta Transformación y hoy milita en Morena.
De acuerdo con el dirigente de Morena Oaxaca, Emmanuel Navarro, Murat insistió en reunirse con el Secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación. También logró una foto con la dirigente nacional Luisa Alcalde. Ante los señalamientos, el expriista Murat dijo recientemente a la prensa:
“No tengan la piel tan delgada. No me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo”, aseguró. “A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y pa’ atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas”.
El despojo a los hermanos

El caso de los hermanos Gómez Conzatti inició en 2020. Son propietarios de inmuebles en el Centro Histórico de Oaxaca, una zona de alta plusvalía.

El primer paso de esta red de despojo fue eliminar desde el Registro Civil de Oaxaca las actas de nacimiento de los hermanos Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti, y sustituirlas con datos de personas ya fallecidas. A la par, les inventaron tres identidades nuevas con el apellido López. Con ello, desde el Registro Público de la Propiedad y el Instituto Catastral dejaron de reconocerlos como copropietarios de sus inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Oaxaca, los cuales dieron de alta a nombre de un tercero.
“En el año 2020, nos dimos cuenta que ninguno de los tres hermanos existíamos en el Registro Civil de Oaxaca, nos habían desaparecido de los archivos, del sistema e incluso de la base nacional del registro de nacimiento. Y nos crearon una nueva identidad de apellido López, donde nos cambiaron de papá y de nombre, y con ese nombre (falso) aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el Centro Histórico desaparecían del Registro Público de la Propiedad y del Catastro”, compartió Caleb Gómez.
Uno de los involucrados, señalan los hermanos, es Jorge Alberto Melo Gómez, notario público 135 actualmente residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del Fiscal Bernardo Rodríguez, no ha solicitado su extradición pese a las carpetas de investigación existentes. Merlo utilizó el programa de Aristegui Noticias para calumniar en 2023 a los hermanos Gómez Conzatti, a quienes señaló de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca.
“Jorge Melo aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Uno de los inmuebles, donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario público 135, el inmueble de a lado del Centro Histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario (Magistrado Enrique ‘N’) lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el Magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario público 135. Nosotros hemos aportado los elementos necesarios para la judicialización penal de este notario, sin embargo, tiene un año prófugo en Italia bajo unas omisiones de la Fiscalía del estado”, aseveró Caleb Gómez.
Herbe Gómez, el otro hermano afectado, abundó en que el notario público 135, Jorge Alberto Melo Gómez, era el director del Registro Público de la Propiedad en 2004, el último año de Gobierno de José Murat (1998-2004), padre de Murat Hinojosa; el mismo periodo cuando comenzaron noticias sobre despojo de terrenos y cambios desde el Registro Público de la Propiedad.

“Son los mismos personajes moviéndose en círculos en esas instituciones y haciendo lo mismo por décadas”, observó Herbe.

Los jueces coludidos

Al iniciar una batalla legal en tribunales federales desde 2020, los hermanos Gómez Conzatti cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades.

Sin embargo, parte del modus operandi de la red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el Registro Civil.
“Al mismo tiempo que te desaparecen del Registro de la Propiedad, del Registro Civil, te abren carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo a tus propios inmuebles y supuesto uso de documentos falsos de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una Fiscalía de Oaxaca que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos falsos. También hay que superar a los jueces. Tenemos una sentencia firme que reconoce nuestra identidad, pero para eso tardamos casi tres años en superar obstáculos de algunos jueces de distrito –que después los protegen cambiándolos de suscripción– que, con toda esta documentación, al mismo coro de las instituciones de Oaxaca, son capaces de resolver que estás queriendo suplantar una identidad; te acusan de dolo, etcétera”, aseguró Caleb Gómez.
Asimismo, además de esta intimidación jurídica, los hermanos también comenzaron a ser blanco de acoso a través de noticias falsas, de gente armada afuera de su casa y demás.

Esta red de despojo de propiedades desde Oaxaca tuvo alcances nacionales al menos desde 2004, el último año de Gobierno del priista José Murat (1998-2004), padre del Senador morenista Alejandro Murat.

“Comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país que se quejan que desde Oaxaca los mismos notarios públicos que habíamos señalado, y que han sido señalados por décadas, escrituran inmuebles en la CDMX, Edomex, Morelos, Sinaloa a través de documentos falsos. Este fenómeno social, que es el cártel del despojo, podemos sintetizar que es un mecanismo que se organiza y alinea a las instituciones locales y federales”, aseguró Caleb Gómez.

Por este caso de intento de despojo a sus propiedades, y la lucha e intimidación jurídica durante cuatro años que les ha implicado, Herbe Gómez envió un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenece al movimiento que le abrió las puertas al expriista Alejandro Murat:

“Quiero hacer un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum de que voltee a ver lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo porque ese tipo de personajes realmente no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron”, aseveró.

El caso de despojo de propiedades en Oaxaca ya está en manos de la asistencia de Presidencia desde el 17 de febrero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Condenan a 30 años de prisión al defensor zapoteca Pablo López Alavez

Organizaciones de derechos humanos condenaron la sentencia a 30 años de prisión y el pago de 112 mil pesos contra el defensor zapoteca Pablo López Alavez, detenido desde hace más 14 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam.

López Alavez fue acusado del «delito fabricado de homicidio calificado» tras su detención en agosto de 2010. Desde entonces ha enfrentado «un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentra Front Line Defenders y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La sentencia fue declarada el pasado 6 de marzo por el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, 14 años después de su detención, lo que constituye una de las «irregularidades» en el caso y una muestra de «prisión preventiva prolongada».

Las organizaciones denunciaron que la condena contra López «confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados».

En un pronunciamiento, las organizaciones manifestaron su rechazo ante «la constante violación a los derechos humanos del defensor» y expresaron su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, así como reiteraron el llamado a su liberación.

López fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados «que cubrían sus rostros y portaban armas largas» el 15 de agosto de 2010. Un día después de su detención, fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona perpetrado en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos.

COMUNICADO:

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:
  • Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca 
  • Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México / Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko
  • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
  • Front Line Defenders 
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Catean y desarman a policía municipal de Huatulco por el asesinado de cinco personas de Tlaxcala

El operativo principal se realizó en las instalaciones de la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco, donde fueron asegurados diferentes documentos de dicha corporación, relacionados con la desaparición de los jóvenes de Tlaxcala.

Por la desaparición y asesinato de cinco personas originarias de Tlaxcala, las fuerzas armadas federales y estatales catearon la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco donde procedieron a desarmar a todos los policías municipales, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. 

El operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía de Oaxaca, se realizó como parte de los trabajos de investigación tras la confirmación del hallazgo sin vida de cinco personas originarias de Tlaxcala, quienes estaban reportados como desaparecidos en Huatulco, región de la Costa de Oaxaca.

Este despliegue coordinado entre organismos estatales y corporaciones federales se efectuó para ejecutar dos órdenes de cateo concedidas por el juez de Control, llevados a cabo en diferentes puntos de Santa Cruz Huatulco. 

El operativo principal se realizó en las instalaciones de la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco, donde fueron asegurados diferentes documentos de dicha corporación, relacionados con la desaparición de los jóvenes de Tlaxcala. 

Además, se realizaron diversas entrevistas con elementos municipales, como parte de las labores ministeriales de la Fiscalía para establecer si hubo o no participación de los policías municipales en la desaparición de estas personas. 

Además, en coordinación con la Secretaría de Marina, Sedena y la Policía Estatal, la Fiscalía de Oaxaca realizó el desarme de todos los policías municipales de Santa Cruz Huatulco, mientras que las armas (cortas y largas) y elementos balísticos quedaron bajo resguardo para desahogar los actos de investigación correspondientes. 

En tanto que, los trabajos de colaboración entre las Fiscalías de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, permitieron establecer el paradero de tres personas reportadas como desaparecidas en la Costa de Oaxaca. 

Se trata de A. L. P. G. (mujer) vista por última vez el 27 de febrero de 2025, en Santa María Huatulco, así como R. E. G. L. (hombre) y N. Y. L. M. (mujer), vistos por última vez el 28 de febrero de 2025, en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla. 

En tanto que las otras dos víctimas por las cuales también se realizan los trabajos de investigación, son J. A. M. C. y G. G. C. V., de quienes se contaba con un reporte por su no localización ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca. 

Las víctimas fueron encontradas sin vida entre los cuerpos localizados el 2 de marzo de 2025, al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en el municipio de San José Miahuatlán en Puebla, a unos metros del Puente Calapa. 

La Fiscalía de Oaxaca reitera el compromiso que tiene con la investigación de delitos que tiene impacto directo en el tejido social de la entidad, por lo que se llevan a cabo labores coordinadas con la Secretaría de Marina, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, para brindar mayor efectividad a estas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y el pleno acceso a la justicia de las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Oaxaca enfrenta un silencioso problema de seguridad: desapariciones con hedor a narco

Las cifras de personas desaparecidas en Oaxaca muestran un marcado repunte entre 2021 y 2022, los dos últimos años del gobierno de Alejandro Murat, entonces priista y ahora morenista. Durante su administración, la desaparición de personas aumentó en al menos un 700 por ciento: en 2017, su primer año completo de gobierno, se reportaron 13 personas desaparecidas, mientras que en 2022, su último año en el cargo, la cifra se elevó a 104.

Oaxaca enfrenta un incremento en los casos de desapariciones colectivas, particularmente en zonas turísticas como Huatulco, Puerto Escondido y Zipolite, como quedó evidenciado con la reciente desaparición y posterior hallazgo sin vida de jóvenes originarios de Tlaxcala. Sin embargo, los números y las voces de activistas indican que el problema no es nuevo y es más grave de lo que se reconoce.



“Estamos en una realidad en la que ya no se puede hablar de Oaxaca fuera del mapa del crimen organizado […] Nos habíamos mantenido aislados hasta cierto punto de ese fenómeno, pero ya se nos acabó eso, ya no podemos hablar más de que somos ajenos a esa realidad: Oaxaca ya forma parte de esta geografía del horror por el crimen organizado. Ya no están aquí improvisadamente, ya no están aquí iniciando sus operaciones, ya están aquí instaladas”, señaló el activista de derechos humanos y desapariciones en Oaxaca, Joaquín Galván.
Las playas de la costa de Oaxaca, un reconocido destino turístico nacional y que se convirtió en un referente del turismo alternativo, ha sido escenario de actos violentos. De acuerdo con información documentada hemerograficamente, al menos 16 personas fueron desaparecidas en las zonas turísticas de Oaxaca en los últimos dos meses.

El hecho más relevante es el caso de al menos nueve estudiantes originarios de Tlaxcala que desaparecieron mientras se dirigían a las playas de Oaxaca. El caso cobró notoriedad cuando la madre de Jacqueline Aileth Meza Cázares, de 23 años, Andrea Cázares García, publicó un mensaje solicitando ayuda para localizar a su hija:
"Sé que esta página no es para esto, pero les pido de su ayuda. Mi hija se hospedó en un hotel en Zipolite cerca de la playa. Estaba de vacaciones con su novio, salieron a cenar y un grupo de hombres los levantó la noche de ayer. Hasta el momento no sabemos nada de ellos. Por favor, ayúdenme a compartir en las redes de Huatulco y Oaxaca. Busco a mi hija, su nombre es Jacqueline Aileth Meza Cázares, tiene 23 años. La esperan sus hijos, una niña de 5 años y un bebé de 3. Les suplico que compartan y me ayuden a encontrarla”, escribió la madre en una página de hospedajes y en redes sociales.
La denuncia se viralizó rápidamente, obteniendo apoyo de medios locales y usuarios de redes sociales. Poco después, las autoridades de Oaxaca recibieron reportes de otras desapariciones en la misma región costera. Angie Lizeth Pérez García, de 29 años, y Brenda Mariel Salas Moya, de 19, desaparecieron el 27 de febrero en Santa María Huatulco mientras viajaban en un automóvil con placas de Yucatán. La Fiscalía informó que Brenda fue localizada con vida en Puebla. Además, el 28 de febrero, se reportó la desaparición de Raúl Emmanuel González Lozano y Noemí Yamileth López Moratilla en Zipolite, San Pedro Pochutla.

Días después, el domingo 2 de marzo, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el hallazgo de al menos nueve cuerpos dentro de un vehículo en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca del puente Calapa, en el estado de Puebla. El hecho encendió rápidamente las alarmas sobre la posibilidad de que los cuerpos correspondieran a los jóvenes desaparecidos. Las fiscalías de Oaxaca y Puebla informaron que investigaban si los nueve cuerpos hallados en una camioneta abandonada estaban relacionados con las desapariciones de los jóvenes en la región costera de Oaxaca.


La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Oaxaca, Michelle Julián López, fue quien confirmó a los medios la localización sin vida de Jacqueline Aileth Meza Cázares, joven de 23 años originaria de Tlaxcala.

La joven fue hallada junto a otros cuerpos en la frontera entre Oaxaca y Puebla, según informó Milenio. La comisionada, de acuerdo con el medio, no proporcionó más detalles, ya que aseguró que la Fiscalía de Puebla sería la encargada de dar a conocer la información sobre las condiciones en las que fue localizada.

No obstante, estos casos solo representan una muestra de un fenómeno que ha estado ocurriendo durante meses y que se ha intensificado.

En enero, otro grupo de personas que viajaban hacia las playas de Oaxaca desaparecieron. Fue a través de redes sociales que los familiares de las víctimas informaron que al menos desde el 7 de enero, 14 jóvenes y adultos habían desaparecido en Oaxaca, tras organizar sus vacaciones para visitar el destino turístico de Puerto Escondido. Según los reportes, las 14 personas fueron vistas por última vez en la población de Río Grande. La Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca informó que había comenzado la recopilación de datos y la investigación, solicitando información a las autoridades.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la desaparición de seis personas, entre ellas al menos tres jóvenes cuyas edades oscilan entre los 17 y los 44 años. Estos son: Yair Morales Matías, de 19 años; Omar Edwin García Gutiérrez, de 30 años; Yurem de Jesús Barrios Martínez, de 17 años; Luis Alberto Contreras Zúñiga, de 44 años; y Julio Alberto Quiroz González, de 19 años.
“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió las denuncias de los distintos casos entre el 11 y el 13 de enero de 2025, cuando los familiares de las víctimas acudieron ante la institución, que activó inmediatamente los protocolos de actuación en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), perteneciente a la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad”, se lee en el comunicado emitido.
SinEmbargo buscó a la Comisionada de Búsqueda, pero al cierre de esta edición no respondió la petición de entrevista.
El activista Joaquín Galván, quien ha seguido de cerca la situación, explicó que que desde noviembre de 2024 las desapariciones han ido en aumento. "Me atrevo a decir que Oaxaca vive un estado de emergencia por el incremento de desapariciones forzadas, feminicidios y agresiones a defensores de derechos humanos", afirmó el activista en entrevista con SinEmbargo.
Y es que en el caso de los estudiantes de Tlaxacala desaparecidos podría estar involucrada la policía municipal.

El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer que realiza investigaciones para determinar el posible involucramiento de policías municipales en la desaparición de cuatro personas originarias de Tlaxcala. Gracias a labores de búsqueda, las autoridades pudieron localizar a una de las víctimas con vida, identificada como Brenda Mariel, en Puebla.

Lo que hace particularmente preocupante este fenómeno es que las desapariciones ya no son casos aislados, sino que ocurren en grupos de dos o más personas y bajo circunstancias similares. Las víctimas suelen ser jóvenes de entre 18 y 27 años, muchas veces turistas o personas provenientes de otros estados.
“Lo que está pasando actualmente desde, yo veo este auge (de desapariciones) desde noviembre del 2024 y se agudiza en este enero, febrero, marzo con distintos reportes de desaparición. ¿Cuál es la peculiaridad? que ya estas desapariciones se dan de una forma sistematizada. Ya no es una desaparición concreta, es una serie de desapariciones de dos o más personas y sobre todo de ciertos patrones. Quizá en algún momento dado se hablaba de la desaparición en Oaxaca, pero no tenía esta connotación, estas características concretas de ser sistematizadas, de ser estas desapariciones que siguen patrones concretos tanto en las víctimas como en los móviles y eso para mí, es como un signo claro de que en Oaxaca ya no estamos con un crimen organizado improvisado", agregó.
El 7 de noviembre de 2024, integrantes de caravana de migrantes “Divino Niño” reportaron que la desaparición de al menos 14 migrantes que en su paso por los municipios de Santiago Niltepec a Santo Domingo Ingenio. Aunque las autoridades no confirmaron la desaparición que fue denuncia, posteriormente, el 21 de noviembre la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el rescate de 174 personas migrantes. de las cuales, “algunas de ellas se encontraban privadas de su libertad”.


Incremento de desaparecidos en Oaxaca, en números

Las cifras de personas desaparecidas en Oaxaca muestran un marcado repunte entre 2021 y 2022, los dos últimos años del gobierno de Alejandro Murat, entonces priista y ahora morenista. Durante su administración, la desaparición de personas aumentó en al menos un 700 por ciento: en 2017, su primer año completo de gobierno, se reportaron 13 personas desaparecidas, mientras que en 2022, su último año en el cargo, la cifra se elevó a 104.

Con la llegada de Salomón Jara al gobierno, los reportes de personas desaparecidas mostraron una ligera contención. En 2023 se registraron al menos 96 casos, y en 2024 la cifra descendió a 56. En lo que va de 2025, al corte del 10 de marzo, se han reportado 29 desapariciones, de las cuales 21 corresponden a hombres y ocho a mujeres.

Desde que se tiene registro y hasta el 10 de marzo de 2025, en Oaxaca han desaparecido al menos 746 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Los municipios con mayor número de casos son Oaxaca de Juárez, con 169 desapariciones, y San Juan Bautista Tuxtepec, con 42. En tanto, San Pedro Mixtepec y Santa María Huatulco, donde se encuentran Puerto Escondido y Huatulco, registran nueve y cuatro desapariciones, respectivamente. Sin embargo, el registro oficial clasifica a 126 personas desaparecidas como “se desconoce” o sin municipio de referencia.


El activista Joaquín Galván consideró que el incremento de las desapariciones en Oaxaca responde a una estrategia del crimen organizado, que ha dejado de ser una presencia latente para convertirse en una estructura plenamente instalada en el estado y que, aunque el gobierno ha intentado minimizar la situación, consideró que las desapariciones no pueden explicarse sin la colusión de autoridades locales. "En algunos casos hay pruebas de que la policía municipal estuvo involucrada directamente", denuncia.

Y es que la postura gubernamental frente a esta crisis ha sido ambigua, de acuerco con el activista. Durante el gobierno de Alejandro Murat se sostuvo que en Oaxaca no había crimen organizado. “No hay presencia de grupos de la delincuencia organizada nacional”, señaló Murat en una conferencia de prensa en 2019, luego de una racha de homicidios dolosos y ejecuciones, que incluían una persona decapitada en Oaxaca.

Con la actual administración de Salomón Jara, explicó Joaquín Galván, la narrativa ha cambiado ligeramente, reconociendo la existencia de "células delictivas", pero sin nombrarlas como parte de un crimen organizado estructurado.
“No se explican esas desapariciones sin crimen organizado, sin colusión con funcionarios, sobre todo funcionarios locales de los lugares de donde las personas fueron desaparecidas””, dijo.
No obstante, Galván indicó que Oaxaca se encuentra rodeado por organizaciones criminales provenientes y que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya operan de manera abierta en la región. "Primero operaban de manera discreta, pero ahora ya tienen estructuras propias y su presencia es innegable", advirtió.

El crecimiento del turismo internacional y el comercio en la zona ha hecho que se vuelva más rentable para el crimen organizado, que se ha expandido en la región, consideró el activista.

“Toda esta zona está haciendo mucho más rentable para el crimen organizado operar abiertamente desde ahí que en la zona de Valles. Creo que tiene que ver con el nivel comercial que hay en la zona; ya ni siquiera es de turismo nacional, ya es turismo internacional. Y entonces creo que eso ha focalizado la atención y la estructura operativa del crimen organizado en la zona, y creo que eso también pone a los mismos grupos del crimen organizado en una guerra o confrontación dentro de la zona”, dijo.

Otro de los reproches que también se lanza al gobierno de Jara, es que uno de los mecanismos que el gobierno ha empleado para minimizar el impacto de la crisis es la criminalización de las víctimas:
“Cada vez que ocurre una desaparición, la narrativa oficial apunta a que las víctimas estaban 'metidas en algo'. Esto no solo es antiético, sino que también está prohibido por la ley", enfatiza Galván.


A esto se suma la inoperancia de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, que carecen de recursos y voluntad política para abordar el problema de manera efectiva.

"Las familias de los desaparecidos reciben como respuesta que no hay presupuesto para realizar búsquedas, mientras la fiscalía sigue tratando cada caso como un evento aislado, en lugar de analizar el fenómeno como un patrón sistemático", denunció el activista.

El activista reiteró que la violencia y las desapariciones en Oaxaca ya no pueden considerarse una excepción dentro del contexto nacional, y que la presencia del crimen organizado, su infiltración en estructuras gubernamentales y la impunidad con la que operan han colocado al estado en lo que Galván llama "la geografía del horror".

“La desaparición forzada está aquí y es una negación del gobierno oaxaqueño y mientras esta negación siga o continúe, no puedes combatir lo que no se nombra, finalmente esa es la realidad y creo que es importante empezar a nombrar que ya la desaparición forzada se está volviendo un lenguaje de terror en Oaxaca”, destacó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Detienen arbitrariamente al periodista Alvaro Cuitláhuac López y a su familia en Oaxaca

Después de varias horas, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que “quedaron en libertad luego de corroborar su no participación en los hechos” y se comprometió a verificar la correcta actuación de los elementos que participaron en el operativo.

La tarde de este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvieron arbitrariamente al periodista Álvaro Cuitláhuac López y a su familia.

De acuerdo con fotografías difundidas, los agentes arribaron a la calle Prolongación de Galeana, en inmediaciones de la Central de Abasto, en la ciudad Oaxaca de Juárez, donde realizaron un operativo y arrestaron al periodista y a sus familiares.

Después de varias horas, la autoridad judicial confirmó que “quedaron en libertad luego de corroborar su no participación en los hechos” y se comprometió a verificar la correcta actuación de los elementos que participaron en el operativo.

En redes sociales, periodistas, activistas y defensores sociales condenaron la acción violenta contra Álvaro Cuitláhuac López y su familia.

Miguel Ángel Vásquez de la Rosa de Educa A.C. criticó el comunicado de la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que “es evidente que el actuar de los uniformados fue con posibles actos de tortura, mismos que constituyen delitos de lesa humanidad”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Señalan a policías municipales por tres desaparecidos en playas de Oaxaca

Autoridades de justicia de Oaxaca establecieron una estrecha colaboración con las Fiscalías de Puebla y Tlaxcala para dar con el paradero de los desaparecidos.

Por la desaparición de estos cuatro jóvenes originarias de Oaxaca -Noemí Yamileth López Moratilla, Angie Lizeth Pérez García, Brenda Mariel Salas Moya y Raúl Emmanuel González Lozano- vistos por última vez el 27 y 28 de febrero en las costas de Oaxaca, la Fiscalía General de la entidad investiga si existe algún involucramiento de policías municipales de Huatulco.

Aunque una de ellas ya fue localizada -Brenda Mariel Salas Moya-, las otras tres personas continúan desaparecidas, por lo que la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones por el delito de desaparición cometida por particulares.

Además, informó que realiza trabajos ministeriales para saber si existe algún nivel de involucramiento de elementos de policías municipales, perfilando líneas de investigación encaminadas a garantizar que no haya impunidad y brindar certeza respecto a los hechos.

Por las características particulares del caso, las autoridades de justicia de Oaxaca establecieron colaboración con las Fiscalías de Puebla y Tlaxcala, así como con la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con las denuncias recibidas, Angie Lizeth Pérez García y Mariel Salas fueron vistas por última vez el 27 de febrero de 2025, en Santa María Huatulco. Viajaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta de 2016, con placas de circulación de Yucatán.

Mientras que, Raúl Emmanuel González Lozano y Noemí Yamileth López Moratilla, fueron vistos por última vez el 28 de febrero de 2025, en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla.

La actuación oportuna y la inmediata activación de protocolos de búsqueda, fue posible dar con el paradero con vida de Brenda Mariel Salas Moya, quien fue localizada en Puebla.

FICHAS DE BÚSQUEDA:






FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Diputada del PT exige remoción de la secretaria de Turismo de Oaxaca por "despilfarro de recursos"

El argumento de la legisladora es que, en estos casi tres años de gobierno, Saymi Pineda ha despilfarrado los recursos públicos como pagar más de 3 millones de pesos en papel picado, otros 10 millones en regalos a invitados de lujo y más de 12 millones de pesos para el concierto de Julión Álvarez.

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, pidió al gobernador Salomón Jara Cruz que destituya a Saymi Pineda Velasco como secretaria de Turismo por el despilfarro de recursos públicos y sus escandalosos actos de corrupción en un estado donde hay carencias en hospitales, falta de medicamos en centros de salud y equipo médico.   

Después de 14 años se llevará a cabo audiencia de sentencia del defensor Pablo López en Oaxaca

Este 6 de marzo se llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el caso del defensor zapoteca Pablo López Alavéz, detenido desde hace más 14 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam.

López fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados «que cubrían sus rostros y portaban armas largas» el 15 de agosto de 2010, recordaron organizaciones de derechos humanos en un comunicado. Un día después de su detención, fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona perpetrado en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos.

«Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional», señalaron organizaciones y centros como Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT).

Las organizaciones reiteraron que el caso de López Alavéz es una muestra de «la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante» y que revela «un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano».

La audiencia de este jueves será llevada a cabo por el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, 14 años después de la detención y durante los cuales López ha permanecido en prisión sin sentencia. La detención del defensor zapoteco ha sido calificado de «arbitraria» y vinculada con su labor de defensa por instituciones como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que desde 2015 emitieron recomendaciones a las autoridades y exigieron su liberación inmediata.

En vísperas de la audiencia, las organizaciones hicieron un «llamado urgente» a las autoridades federales y estatales, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad a Pablo López Alavéz, así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra.

COMUNICADO:

El próximo 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el emblemático caso del defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz. El defensor indígena zapoteco lleva más de catorce años injustamente privado de la libertad en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca en espera de una sentencia.

Antes de su detención, Pablo López Alavéz ejercía diversas funciones de liderazgo comunitario, informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en su comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, en represalia se ganó poderosos enemigos entre los madereros ilegales que operaban en la zona y se enfrentó a numerosas acusaciones penales.

El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavéz fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados que cubrían sus rostros y portaban armas largas. El defensor fue obligado a entrar al vehículo en el que llegaron sin recibir explicaciones. Al día siguiente, el defensor fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona ocurrido en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional.

El 2 de octubre de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación n.º 11/2015, en la cual realizó un análisis de la situación jurídica y procesal de López Alavéz, y concluyó que han ocurrido importantes violaciones al debido proceso durante el juicio en contra del defensor.

El 25 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió la opinión nº 23/2017, calificando de arbitraria la privación de libertad de Pablo López Alavez, y reconociendo como motivo de su detención su legítima actividad en defensa de los derechos de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas, y su liderazgo de 20 años en la defensa de los bosques de San Miguel y San Isidro Aloapam, Oaxaca, contra las acciones de deforestación. El GTDA recomendó su liberación inmediata.

Front Line Defenders junto a otras organizaciones de derechos humanos ha expresado reiteradamente preocupación ante la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano.

Asimismo, se reiteró el llamado a su liberación, señalando que la detención arbitraria de larga duración genera impactos particularmente graves que lastiman el tejido social y afectan no solo a la persona defensora criminalizada sino a su familia, comunidad y al proceso de defensa de derechos humanos. El 18 de septiembre de 2024, la organización Consorcio Oaxaca compartió la presentación del “Informe Internacional Análisis del Debido Proceso en la Criminalización del Defensor Indígena Pablo López Alavéz”, el cual concluye que el proceso es “un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales”.

El 8 de noviembre de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México, incluyendo a Pablo López Alavéz, y la imposición de duras condenas contra ellos. La Relatora Especial informó que está en contacto con el Gobierno mexicano en relación con estas preocupaciones.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y estatales en México, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad al defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra. Además las organizaciones firmantes hacen un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos indígenas en México.

Organizaciones firmantes:
  • Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca
  • Centro de derechos humanos “Zeferino Ladrillero”
  • Colectivo de Saneamiento y Restauración de La Malintzi, Tlalcuapan
  • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
  • Front Line Defenders
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT)
  • Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oaxaca: Buscan a nueve mujeres que desaparecieron entre el 14 y 28 de febrero; cuatro menores

Cinco de las nueve mujeres no localizadas desaparecieron en la costa de Oaxaca, informaron las autoridades.

La noche del 26 de febrero, Jacqueline Aileth Meza Cazares de 23 años de edad desapareció cuando se encontraba cenando en un restaurante de Zopolite, Oaxaca, denunció en redes sociales su mamá, Andrea Cázares García.

De acuerdo con el testimonio de su mamá, la joven de tez morena y de 1.60 de estatura se encontraba con un hombre cuando fue llevada por personas desconocidas.

“Por favor les pido de su ayuda desapareció la noche de ayer en una playa llamada zipolite, la levantaron y hasta el momento de no sabemos nada. Usa anteojos lleva un vestido shorts azul marino con flores fue levantada en un local de comida cerca de la misma playa, la esperan dos pequeños de 5 y 3 años de edad y solo pido me ayuden a compartir”, externó la señora Andrea Cázares.

La búsqueda de Jaqueline no es la única desaparición que existe en Oaxaca. De acuerdo con la página de Personas no Localizadas de la Fiscalía de Oaxaca, del 14 al 28 de febrero suman nueve mujeres desaparecidas, de las cuales cuatro son menores de edad.

De las 9 mujeres desaparecidas -Jacqueline Aileth Meza Cazares (23 años); Noemí Yamileth López Moratilla (28 años); Brenda Mariel Salas Moya (19 años); Jasibe Donaji Díaz Colmenares (29 años); Mayra Colón Silva (38 años); Renata Julián Pimentel (14 años); Alexa Jhovanna( 14 años); Diana Yaneth Ayón Urbano (17 años), y María Fernanda Palomec Francisco (17 años)-, cuatro son menores de edad.

Además , cinco de las nueve mujeres no localizadas -Jacqueline Aileth Meza Cazares (23 años) , Noemí Yamileth López Moratilla (28 años), Brenda Mariel Salas Moya (19 años),Jasibe Donaji Díaz Colmenares (29 años), Mayra Colón Silva (38 años)- desaparecieron en la costa de Oaxaca, sin que hasta el momento se tenga alguna noticia de su paradero.

En las redes sociales sus fotografías están siendo compartidas con el fin de establecer su localización.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Asesinan a Cristino Castro Perea, ambientalista y defensor comunitario en Oaxaca

En 2023, el defensor comunitario fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La tarde del viernes, aún con medidas de protección, fue asesinado Cristino Castro Perea conocido como “Tino Castro” de 63 años de edad, integrante del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz y defensor comunitario en el municipio de Santiago Astata, Oaxaca.

El Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas CEDHAPI A.C informó que el ambientalista comunitario fue asesinado cuando se encontraba en el centro  de la comunidad de Barra de la Cruz. Dos personas que iban a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces, quitándole la vida.

Cabe resaltar que, en el año 2023, el defensor comunitario de la tierra y el territorio Cristino Castro Perea fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que se garantizara su labor de defensor de la tierra y el territorio, su protección y auxilio por encontrarse en una situación de riesgo.

Maurilio Santiago, defensor y dirigente de la CDHAPI A.C detalló, que en el año 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de varios terrenos a orilla de la playa de una extensión aproximada de 24 hectáreas, aparentemente financiado por personas externas de grupos de poder económico y político de la región de la costa con el objeto de lotificar y vender a empresarios hoteleros.

Nueve años después, el 16 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 10 de la mañana un grupo liderado por personas ajenas a la comunidad de Barra de la Cruz, llegó con máquinas realizando la destrucción de manglares en el paraje conocido como “el nanche”, a pesar de que el día 28 de marzo del 2021, en asamblea general de San Isidro Chicalapa se había acordado respetar a las comunidades vecinas como es Barra de la Cruz.

Maurilio Santiago, narró que el  29 de diciembre del 2023, el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, declaró área natural protegida con la categoría de santuario el sitio Barra de la Cruz-Playa Grande, ubicado en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que abarca una superficie de 56-19-13.67 hectáreas, por lo cual no estaría justificada ninguna intromisión de algún grupo político de la región para desestabilizar la lucha de los defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.

El pasado viernes, tras el asesinato del defensor comunitario, esta organización social exigió que se inicie una carpeta de investigación por el homicidio del defensor de la tierra y territorio Cristino Castro Perea y se sancione a los culpables.

También solicitó al gobierno estatal y federal que se realicen las acciones necesarias tendientes a garantizar la vida e integridad física de los miembros del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.

Tino Castro también era beisbolista. Fue el último manager campeón del equipo Barra de la Cruz en el año 2023, año en que se retiró del diamante del béisbol.

De acuerdo con los resultados del monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas” de la organización social EDUCA A.C, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, de diciembre de 2018 a octubre de 2024; durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras, estos casos de violencia letal incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, de las cuales, Oaxaca registra 58 personas defensoras asesinadas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

La Marina incauta casi 2 toneladas de droga en mar de Oaxaca; detiene a 3 extranjeros

Las personas detenidas y materiales asegurados serán trasladados a Salinas Cruz, Oaxaca, y Puerto de Chiapas, para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró este jueves una embarcación con casi dos toneladas de cocaína y más de mil litros de combustible en la costa de Oaxaca; así como la detención de tres extranjeros por dicho hallazgo.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se especificó que la droga fue interceptada durante operaciones marítimas, donde el personal naval detectó a 64 y 73 millas náuticas de la costa de Oaxaca dos embarcaciones menores. La primera, con dos motores fuera de borda, transportaba 38 bidones con capacidad de 60 litros, con aproximadamente 780 litros de combustible.

En tanto, la segunda contaba con tres motores fuera de borda y transportaba 55 bultos con un peso total aproximado de mil 922 kilogramos de cocaína y aproximadamente 600 litros de combustible.
En estas acciones fueron detenidas tres personas de nacionalidad extranjera a quienes se les informaron sus derechos y el motivo de su detención. Asimismo, los materiales asegurados serán trasladados a Salinas Cruz, Oaxaca, y Puerto de Chiapas, para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe señalar que, la posible afectación económica derivada de dichos aseguramientos, asciende a aproximadamente 25 millones de dólares, con lo que se debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.

De acuerdo con los reportes, la Semar ha asegurado 26 mil 508 kilogramos de cocaína en la mar, aproximadamente 34 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil (semisumergible), casi 80 motores, un aproximado de 60 mil litros de combustible y cerca de 150 personas puestas a disposición.

Ante ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el trasiego de droga y otras operaciones ilícitas en el país.

"La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, mediante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre, trabaja para inhibir la acción delincuencial con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en la mar", indicaron las autoridades.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atentan contra presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, en Oaxaca

Teófilo Marín Pablo, presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, fue víctima de un ataque y se encuentra delicado de salud en el Hospital Rural del IMSS BIENESTAR, en Huautla de Jiménez.

En el ataque murió el chofer del alcalde, Jesús García Moreno, además de que dejó a otras tres personas lesionadas. Según lo reportaron medios locales, el vehículo en el que se trasladaba Marín Pablo fue emboscado y, en las maniobras para liberarse de los atacantes, la camioneta cayó a un barranco.

“En esta agresión, el Edil resultó herido con fracturas y su estado médico es reportado como delicado; en tanto, el chofer, identificado como Jesús García Moreno, perdió la vida, y otras tres personas resultaron con lesiones”, indicó la Secretaría de Gobierno estatal.

“De manera inmediata, el Gobierno de Oaxaca dio respuesta a través de la Policía Estatal que, apoyada por elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General del Estado (FGEO); realizan labores de vigilancia en la zona”, señaló la Secretaría de Gobierno oaxaqueña.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.