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Políticas para combatir obesidad en México están “secuestradas” por intereses de empresas, acusa ONG

La epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes declarada por el Presidente de la República Mexicana en noviembre de 2016, no se ha atacado efectivamente debido a que “las políticas públicas no han funcionado justamente porque están secuestradas por los intereses [de las empresas de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas]”, denunció la organización El Poder del Consumidor.

La organización El Poder del Consumidor (EPC) hizo un llamado a la Secretaría de Salud a llevar a cabo los compromisos acordados en la mesa de trabajo “Obesidad en niños y adolescentes” dentro del proceso de Gobierno Abierto, principalmente, señaló Alejandro Calvillo, director de la ONG, “la línea de acción referida al conflicto de interés en la política pública frente a la obesidad”.

El pasado 23 de mayo, a 5 años de la implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), un acuerdo de apoyo entre organizaciones y el Gobierno federal, los 10 grupos que conformaban el núcleo civil para el desarrollo de las políticas gubernamentales tomaron la decisión de retirarse, esto luego de que en febrero se destaparan prácticas de espionaje contra miembros de la sociedad civil que apoyaban en las mesas de diálogo sobre salud, sin que hasta el momento exista posicionamiento al respecto por parte de la administración de Enrique Peña Nieto.

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Llegó a su fin un periodo legislativo más en la Cámara de Diputados y de las 203 iniciativas turnadas a la Comisión de Salud se aprobaron 18, de ellas, sólo una en materia de obesidad, diabetes y sobrepeso, pese a la emergencia epidemiológica decretada en el país por dichas enfermedades provocadas principalmente por el consumo de productos chatarra.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estima que la diabetes causa 80 mil muertes por año y que el 14 por ciento de los adultos en México la padece. Esta es la principal causa de muerte en el país. La organización El Poder del Consumidor señala que son 94 mil los decesos anuales.

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El Poder del Consumidor denunció que el Estado Mexicano es el responsable del ambiente obesogénico que se vive en las escuelas del país. La autoridades, dijo Alejandro Calvillo, “convirtieron a las escuelas en fabricas de obesos”. La organización civil criticó que pese a que se estableció la prohibición de la venta de comida chatarra en los plantes educativos, la medida no se ha implementado por falta de capacitación y seguimiento. Además, señaló, pese a que solicitó información a fin de conocer las acciones implementadas para llevar a cabo la medida por la SEP federal y la capitalina, ambas manifestaron no ser competentes en el tema.

La organización El Poder del Consumidor (EPC) anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las deficiencias y omisiones en la estrategia del Gobierno federal en contra de la obesidad y la diabetes, que violan el derecho a la salud de la población.
“Es lamentable que el Gobierno mexicano se haya dedicado a simular que atiende un problema tan importante, como es la protección de la salud de las personas, pero en realidad protege los intereses de la industria. Por esto, las organizaciones solicitarán la intervención de la CNDH, para que emita recomendaciones, a fin de proteger los derechos de los ciudadanos”, destacó Julio Salazar, Coordinador Jurídico del grupo civil.

En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) para la atención de estos padecimientos en el país. Sin embargo, la organización denunció que dicha estrategia “ha mostrado graves deficiencias, particularmente en el pilar de regulación sanitaria que pretende modificar el entorno para que se faciliten las mejores decisiones respecto a la alimentación, factor indispensable para la prevención y control de estas enfermedades”.

En noviembre pasado, la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, emitió, por primera vez en la historia de México, dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema que representan estas enfermedades en el país.

En conferencia de prensa esta mañana, Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, acusó al Estado mexicano como responsable del ambiente obesogénico que se vive en las escuelas del país. Dijo que “[las autoridades] convirtieron a las escuelas en fabricas de obesos”.

Calvillo explicó que a pesar de que se estableció la prohibición del expendio de productos chatarra en los recintos educativos, por no favorecer la salud de los alumnos, la medida no se ha implementado por falta de capacitación y seguimiento.

El activista comentó que la organización que encabeza realizó una solicitud de acceso a la información a fin de conocer las acciones implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y la capitalina para llevar a cabo la medida, sin embargo, ambas manifestaron no ser competentes en el tema. Lo anterior, dijo, significa que hay autoridad verificando que no se comercialice comida chatarra en las escuelas y que se cumpla con la regulación.

Agregó que diversos estudios y documentos demuestran que el diseño de las políticas como el etiquetado frontal y la regulación de la publicidad dirigida a los niños, “fueron capturadas por la propia industria de alimentos y bebidas, así como la regulación para el expendio de alimentos y bebidas que no se ha implementado en la mayoría de las escuelas a 3 años de su promulgación”.
“Esta actuación del Estado mexicano violenta diversos derechos de los ciudadanos, contribuyendo a la mayor catástrofe sanitaria en México”, añadió.
En su oportunidad, Fiorella Espinosa de Cándido, investigadora en salud alimentaria de EPC, aseguró que el etiquetado que existe en México promueve el alto consumo de azúcar “porque mal informa” a los consumidores.

Recordó que los rangos utilizados respecto al consumo de azucares representan un riesgo a la salud. Mencionó que incluso el único estudio de comprensión sobre este tipo de etiquetado revela que ni los estudiantes de nutrición pueden interpretarlo.

Respecto al etiquetado frontal de los productos alimenticios, Fiorella reiteró que es contraria a lo que sugieren organizaciones civiles internacionales y a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), así como a la propia ENSOD.

La especialista en temas de alimentación subrayó que la única política eficiente ha sido la implementación del impuesto al refresco. Destacó que en 2014 el consumo de estas bebidas se redujo en 6 por ciento y en 2015, la tendencia se elevó a 9.7 por ciento a nivel nacional.

Los activistas explicaron que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad viola su derecho a ser protegidos contra información y material que perjudique su salud física, como se establece en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), ya que permite la promoción de productos dañinos para la salud, durante los horarios y programas más vistos por ellos.

Además, dicha regulación no contempla otros canales de comunicación, por ejemplo, internet, videojuegos, teléfonos móviles, redes sociales, radio, materiales impresos, empaques de los productos, en las calles y en las escuelas.

La organización criticó que la legislación vigente en México aprueba el uso de celebridades, personajes atractivos para los niños, como las caricaturas, así como la entrega de premios para engancharlos.
“[Las autoridades] no atienden los horarios donde hay más audiencia infantil. No hay protección efectiva a los derechos de los niños”, dijo Julio Salazar, coordinador Jurídico de EPC, durante la conferencia de prensa.

Los miembros de EPC insistieron en que la regulación viola el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de los consumidores, así como el derecho a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre productos dañinos.

Finalmente, Espinosa hizo algunas recomendaciones para lograr una política integral. A continuación se citan:
1. Políticas basadas en derechos, no con enfoque de riesgos.
2. Intersectorialidad y transversalidad, coherencia con las políticas de otros sectores. 
3. Medidas para fortalecer el sistema alimentario para el acceso y disponibilidad de alimentos saludables en forma sustentable. 
4. Abordar el tema de conflicto de interés, y establecer medidas para asegurar transparencia y no ponga el riesgo la implementación de las regulaciones.
NO ES UN PROBLEMA RECIENTE


Hace siete años, distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la CNDH contra el Gobierno mexicano por violación y omisión al derecho a la salud, a la información y a los derechos de la infancia por el ambiente obesogénico que ha desencadenado la epidemia de sobrepeso y obesidad que actualmente aqueja al país.

La misma queja también señalaba la presencia de un ambiente obesogénico en las escuelas mexicanas, el daño de la intensa publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños mexicanos y la ausencia de un etiquetado realmente orientador para los consumidores, entre otras medidas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2017/3168058

En los años del TLCAN, México se ganó una epidemia de obesidad y perdió autonomía alimentaria

Desde 1994 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sólo le trajo beneficios a grandes empresas trasnacionales que a su arribo al país han desplazado a la comida tradicional y fomentado una epidemia de obesidad. La intención de Donald Trump de cancelar el acuerdo es una oportunidad para que México recupere su producción agrícola y mejore su alimentación. afirman representantes de los dos países.

En más de 20 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sólo trajo a México pérdidas en el sector alimentario: los grandes perdedores han sido los trabajadores, los campesinos, los consumidores mexicanos e incluso los cultivos nativos como el maíz y el frijol, además, por supuesto, la soberanía alimentaria, aseguraron expertos.

En contraste, quienes sí se han favorecido son las empresas trasnacionales y las grandes marcas que han vendido millones en comida chatarra, agregaron a SinEmbargo.

El TLCAN fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá con la finalidad de crear una zona de libre comercio, con un costo reducido para el intercambio de bienes entre las tres naciones y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca el acuerdo podría ser renegociado o desechado, ya que el magnate considera que Estados Unidos es el menos beneficiado.


“Las posturas de Trump están encaminadas a castigar a México, con la idea de que México ha sido el ganador del TLCAN –que no es cierto– y que va a exigir un trato mejor para los EU, con una renegociación del tratado que puede perjudicar bastante a México, no tanto si el Gobierno mexicano adopta una postura fuerte de parte de sus productores, sus trabajadores y su economía”, señaló Timothy A. Wise, investigador en Small Planet Institute, en Cambridge, Massachusetts.



Para Victor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y para Wise, la renegociación o mejor aún, el replanteamiento de un nuevo tratado puede significar una oportunidad para México, ya que, consideraron, el TLCAN golpeó a los agricultores, especialmente a los mexicanos y a especies nativas como el maíz y el frijol.

Los niños son los principales afectados por la obesidad que produce la llamada comida chatarra. Foto: AP

En México, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), existen 64 especies de maíz, de las que 59 pueden considerarse nativas y 5 descritas en otras regiones de América Latina, pero halladas en el país. La misma dependencia señala que de las 150 especies de frijoles que existen en el mundo, 50 se encuentran en México, con diversos tamaños, colores y requerimientos ecológicos.


No obstante, Suárez aseguró que México podría perder poco a poco algunas especies de maíz y frijol y con ello miles de empleos rurales, lo cual contribuiría en una mayor generación de pobres, mayor dependencia alimentaria, migración hacia Estados Unidos y la penetración del crimen organizado, ya que los campesinos –jóvenes principalmente– por falta de oportunidades, educación y empleo, podrían sumarse a sus filas.


“La tendencia se puede agravar aún más si no cambiamos las políticas fallidas encaminadas al campo, implementadas desde hace décadas por el Gobierno mexicano que han lesionado severamente al campo junto con el TLCAN”, dijo.

Explicó que México está en vías de perder el maíz y el frijol, ya que, planteó, antes de la implementación del TLCAN, el país tenía autosuficiencia alimentaria en la producción de estos básicos, y en la actualidad se importa el 33 por ciento de las necesidades internas de maíz y aproximadamente el 15 por ciento de frijol.


“Al paso que vamos estaremos importando el 50 por ciento del maíz y con el intento de siembra del maíz transgénico se contaminan los maíces nativos y se acabará –si lo permitimos– esa diversidad genética”, subrayó.

El TLCAN, señaló Wise, quien colabora en el Instituto de Investigación de Economía Política en la Universidad de Massachusetts, quitó los aranceles comerciales y las corporaciones estadounidenses exportaron alimentos como el maíz a México y los agricultores mexicanos se quedaron con pocas posibilidades de competir.


“México podría perder mucho por la entrada del maíz transgénico y ya ha perdido por la soya genéticamente modificada con la contaminación de abejas y miel. El caso del maíz es más grave por el riesgo de la contaminación de los cultivos nativos. Va perdiendo por el comercio, es decir, la competencia de importaciones de maíz pone mucha presión a productores y los deja con pocas opciones para mantener su milpa y eso perjudica a largo plazo a la diversidad de los maíces en México”, puntualizó.

MEXICANOS OBESOS Y DIABÉTICOS

Wise y Suárez acusaron que el TLCAN ha contribuido con la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que actualmente vive México. La llegada de la dieta de los Estados Unidos tiene “toda la relación con el TLCAN y estas enfermedades”, acusó Wise.


“La importación de alimentos de Estados Unidos y el establecimiento del dominio de las corporaciones en el sistema alimentario mexicano ha provocado la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes, se ha impuesto con el TLCAN un sistema de alimentación con predominio de comida chatarra y refrescos”, indicó Suárez.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2016 revelan que el 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad, y la cifra llega a 72.5 por ciento en la edad adulta, mientras que en 2006 cerca de 1.5 millones de menores de cinco años sufrían desnutrición crónica.


“Esto es resultado del TLCAN y de la complicidad del Gobierno mexicano con las políticas de malnutrición que solamente favorecen a 20 grandes corporaciones que han controlado y controlan nuestro sistema de alimentación”, dijo Suárez y mencionó que entre dichas empresas se encuentran: Coca Cola, Nestlé, Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Monsanto, Bayer, WalMart, Pepsico, entre otras.

Wise destacó que la autosuficiencia no debe ser el objetivo, sino depender mucho menos de los cultivos que puedan ser producidos fácilmente y eficientemente en el país. No obstante, Suárez aseguró que México podría tener soberanía alimentaria al contar con recursos suficientes como tierra, agua, conocimiento, productores, pero reconoció que hace falta una política de Estado a largo plazo.

“[El de México] es un Gobierno que le ha entregado la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la nación a los monopolios agroalimentarios que solamente se guían por la maximización de las ganancias, sin importar el empobrecimiento y descapitalización de los productores y la malnutrición de los consumidores”, planteó.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno en turno a reconocer “el fracaso de las políticas de comercio y de entrega de la soberanía nacional a las corporaciones trasnacionales” y a reorientar la política agroalimentaria a reactivar el campo y los incentivos para el mercado interno, reconocer el potencial productivo del pequeño y mediano productor, destinar inversión pública creciente para el desarrollo de la producción que garantice un crecimiento en la creación de empleos e ingresos en el campo y dejar de utilizar los programas públicos para subsidiar a una minoría y para comprar votos en el campo.

Asimismo, urgió a los consumidores mexicanos a optar por alimentos nacionales, preferentemente de pequeños y medianos productores y comerciantes; además de evitar comprar –en la medida de lo posible– comida importada de EU e industrializada.

“Consuman productos frescos, de temporada en tiendas de barrio, tianguis y mercados para apoyar la economía nacional y al mismo tiempo mejorar la salud y nutrición de México. Hay que hacer frente a las amenazas y chantajes de Donald Trump y a la pasividad y sumisión del Gobierno mexicano”, dijo.

MÉXICO SE QUEDÓ SIN SOBERANÍA ALIMENTARIA

Los especialistas en materia consideraron que con la apertura comercial implementada hace 23 años, México ha perdido soberanía alimentaria y depende en gran medida de los productos estadounidenses.

Wise consideró que el Tratado “ha impactado mucho” la soberanía alimentaria, pues México depende del maíz y el trigo estadounidenses principalmente “a un nivel espantoso”, lo cual es una forma de menguar la soberanía alimentaria “por depender demasiado de una fuente”.

Señaló que la producción mexicana de soya, algodón, trigo, arroz, carne de cerdo, maíz, entre otros alimentos, ha disminuido “considerablemente”, mientras la exportación de granos básicos y otros cultivos de los Estados Unidos “estalló”, en el caso de maíz aumentó en más de 400 por ciento, de trigo casi 600 por ciento, de arroz más de 500 por ciento y cerca de 700 por ciento en carne de cerdo.


“Después del TLCAN, el aumento de exportaciones para Estados Unidos hacia México ha sido espantoso”, lamentó.

“Nos hemos vuelto un país dependiente y por eso México está en una condición de gran vulnerabilidad y debilidad frente a las presiones de Donald Trump, era evidente que si nos volvíamos dependientes de las importaciones de EU y del comercio exterior en general y se descuidaba el mercado interno, nos haríamos susceptibles de los ataques del exterior, que es lo que nos está pasando ahora”, dijo Suárez.

Además, agregó que Trump “ataca” a los mexicanos porque “nos ve como débiles y subordinados, tanto por nuestra dependencia energética, como alimentaria. Y con un Gobierno extremadamente débil que golpea a la gente y no tiene respaldo de la ciudadanía es difícil cambiar la situación”.

RENEGOCIACIÓN NO, EXIGEN

Suárez propone una medida estricta: Terminar con el TLCAN y negociar un nuevo acuerdo con las siguientes características:

  • Participación amplia de todos los sectores productivos y de la ciudadanía.

  • Que tenga como base una defensa de la soberanía nacional.

  • Búsqueda del desarrollo de México.

  • Que se favorezca el derecho irrestricto de los derechos humanos.

  • Considerar un sector especial a los cultivos básicos y estratégicos y que salgan de las negociaciones.

  • Establecer precios de soporte a los ingresos de los productores, reservas públicas de alimentos y compras gubernamentales.

Para Wise, “vale la pena” renegociar el TLCAN, pero siguiendo las recomendaciones de Suárez, ahora bajo metas claras sobre la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y agricultores, ya que a lo largo de más de dos décadas, los bajos salarios han sido una constante. Aunado a ello, las “laxas” políticas ambientales mexicanas han entregado los recursos naturales a las grandes empresas de EU, recordó.

“México tiene que esforzarse en negociar con fuerza y no aceptar la idea de que el país es el ganador del TLCAN, no puede seguir entregando sus valores a los EU. Debe llegar a negociar como un igual. Sería excelente que México renegocie en el tema de agricultura para que México recupere su autosuficiencia para producir alimentos”, comentó. Y agregó: “Se ve bastante debilidad en México de los estándares de medio ambiente y sustentabilidad. Las presiones dentro de la agricultura resultan bastante negativas para la sustentabilidad”.

Al respecto, Suárez opinó: “En México [empresas estadounidenses] pueden pagar salarios miserables, sin prestaciones, pueden contaminar aire, ríos y agotar el agua porque enfrentan una autoridad ambiental omisa y cómplice de éstas violaciones, lo cual se traduce para ellos en bajos costos de producción y nula responsabilidad de los impactos negativos ambientales”.

Por ello hizo un llamado a los sectores productivos, sociales, sindicales, campesinos, académicos, investigadores y consumidores, a impedir que el Gobierno mexicano “haga una renegociación secreta, a espaldas de la sociedad, en condiciones de debilidad” que pueda resultar “peor” que el “fallido” TLCAN.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Ivette Lira
http://www.sinembargo.mx/26-01-2017/3137973

Inaudito: el país vive epidemia de obesidad y diabetes, y el Gobierno destina migajas para contenerla

Las políticas públicas, subrayaron especialistas, deben estar instauradas en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el fin de asegurar su continuidad, además de la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de dichas políticas para la prevención de los padecimientos mencionados. “Una Estrategia es débil frente al cambio de administración, no garantiza la permanencia”, dijeron.

El presupuesto asignado a la prevención de la diabetes, sobrepeso y obesidad abarca únicamente “acciones, programas y estrategias aisladas” que no responden a una política pública de Estado efectiva, reveló un análisis desarrollado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.

Ante este panorama, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, subrayó la “urgencia y emergencia” de que el Poder Legislativo destine recursos para la prevención de estas enfermedades, ya que, recordó, México es el país que presenta mayor cantidad de muertes provocadas por la diabetes y a consecuencia de ella en 2013 se realizaron 75 mil amputaciones. Además, alertó, 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad y 1 de cada 3 niños presentan dichos padecimientos.
“Es una situación de emergencia […]. Las tasas de crecimiento son alarmantes e inauditas”, alertó Calvillo.
Atzimba Baltazar, consultora de Probatio aseguró que dichos problema de salud son “el riesgo sanitario más grande en nuestro país y el mundo en general” y, dijo, tienen implicaciones no sólo para quienes la padecen, sino para sus familiares, amigos, empleados y para la sociedad mexicana en general, por ejemplo, el costo de atención directa para obesidad y sobrepeso fue de 42 mil millones de pesos en 2008.

Federico A. Cortés, consultor Probatio reconoció que el Gobierno federal ha implementado medidas para hacer frente a dichos problemas, entre ellas el lanzamiento en 2013 de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempló un gravamen al consumo de bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, además del fortalecimiento a las acciones de prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, el especialista señaló que existe una “fragmentación institucional que ha impedido alinear todos los esfuerzos en una sola política nacional completa, articulada e integral en la materia”, por lo que destacó la urgencia de “realizar medidas diferentes que logren cambios, ya que al hacer lo mismo siempre se obtienen los mismos resultados”.

El análisis “El legislativo y los nulos recursos para la prevención de la epidemia de obesidad y diabetes: De la estrategia a una política pública de Estado” alerta que la primera consecuencia de no implementar políticas articuladas se traduce en “la falta de información que permita saber el monto específico de los recursos que efectivamente se destinan a acciones de prevención, así como los programas a través de los cuales se ejercen estos recursos. Más preocupante aún, es la dificultad para valorar los resultados y el valor público que generan (o no) las distintas intervenciones gubernamentales”.

Los expertos coincidieron en que las autoridades, especialmente la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, lleve a cabo acciones para enfrentar esta epidemia y tal como ha recomendado la Organización Mundial de la salud (OMS), invertir en prevención.

Las políticas públicas, subrayaron, deben estar instauradas en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el fin de asegurar su continuidad, además de la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de dichas políticas para la prevención de los padecimientos mencionados. “Una Estrategia es débil frente al cambio de administración, no garantiza la permanencia”, dijeron.

“Por ahora que la detengan y después la reviertan (la epidemia)”, exigió Baltazar y señaló que el diseño de política en la prevención es lo más importante, ya que existen “esfuerzos dispersos y desarticulados porque no hay herramientas de política pública que permitan al Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de salud y cumplir con sus compromisos internacionales y sexenales”, aseguró.

Ante este panorama, Calvillo aseveró que implementar campañas para la prevención, incentivar el consumo de agua natural, trabajar en una política que rescate las riquezas culinarias, así como influir a los padres para que modifiquen los hábitos para dar un buen ejemplo a los niños, pueden ser un primer paso para lograr una disminución en los índices de dichas enfermedades.

A través del documento, los especialistas recomendaron reforzar la política del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica, al considerarla “una herramienta recaudatoria importante que permite generar un círculo virtuoso para enfrentar los problemas de salud pública asociados a la prevalencia de sobrepeso y obesidad”.

Asimismo urgieron a diseñar una política pública que logre garantizar en el largo plazo los mecanismos legales, institucionales y los recursos para que México pueda enfrentar dichos padecimientos de forma efectiva y cumplir con los compromisos constitucionales e internacionales que se han planteado en el tema.

Otro de los llamados es hacía la creación de una instancia conformada por expertos que representen a las autoridades e institutos de salud, la academia y la sociedad civil “que estén libres de conflicto de interés para que realicen un diagnóstico adecuado del problema y sus causas y aporten elementos e información adecuada para el diseño de la política pública rectora para el control y prevención del sobrepeso y de la obesidad en nuestro país”.

Tras la información recabada por los expertos, las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala el análisis, deberán elaborar un diagnóstico específico para la creación del Programa presupuestario, mismo que tendrá que incluir a todos los elementos que integran la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa, entre ellos su propósito, componentes, actividades, metas e indicadores.

Atzimba y Calvillo remarcaron que padecer dichas enfermedades no supone una responsabilidad individual, ya que “las personas deben tener información y condiciones para alimentarse y ejercitarse para evitarlas”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA: