Al comparecer ante el Congreso local, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), Tomás Ruiz, detalló que el propietario de Grupo Carso está dispuesto a invertir 500 millones de pesos aproximadamente siempre y cuando se amplíe la concesión de 30 a 45 años.
Como ello depende de los legisladores, el exdirigente del Panal que regresó al servicio público en marzo pasado trató de vender la idea de que es una inmejorable oportunidad para rescatar el proyecto del Túnel, cuya construcción inició en 2004 con un presupuesto de 2 mil 065 millones de pesos y que ahora requiere de una inversión de 5 mil 134 millones 800 mil pesos.
La obra se encuentra parada desde agosto de 2013. La Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos S.A. (Cotuco), la española FCC Construcción y el gobierno de Duarte argumentaron “quedarse sin recursos” para concluirla.
Durante la comparecencia, diputados de la oposición recordaron que aún se están desahogando presuntos desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Incluso hicieron notar que el Órgano de Fiscalización (Orfis) promovió denuncias en contra de servidores públicos y directivos de las propias constructoras por una serie de irregularidades.
“La obra la recibimos quebrada, le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva…de aceptar la inyección de capital no costará un peso más a los veracruzanos, cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”, justificó Ruiz.
Además, aseguró que si el Legislativo aprueba la participación de Carso, en un mes se reanudaría la obra que conectará la congregación de Villa Allende con la zona portuaria de Coatzacoalcos en el lapso de un año.
Los diputados del PT y del MC, Fidel Robles y Cuauhtémoc Pola, y los panistas refirieron que en mayo pasado el entonces titular de la Siop, el expanista Gerardo Buganza, actual secretario de Gobierno, hizo las mismas promesas e incluso llamó “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores de la obra por un presunto desfalco de 2 mil millones de pesos.
“Hay un desfalco de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia, nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos señor secretario a usted o a él?”, reprochó el panista, Julen Rementería.
Es más, puso dos audios en los que Buganza se comprometía a rescindir el contrato a Cotuco y a FCC y que emprendería querellas por las vías civil y penal para recuperar “los recursos necesarios” para concluir la colosal obra.
Fidel Robles, del PT, comentó que la intervención de Carso se utilizaría como una certificación simulada para avalar la impunidad: “El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”.
Durante las tres horas que duró la accidentada comparecencia de Tomás Ruiz, , algunos legisladores sacaron cartulinas con diversas leyendas: “Fue el túnel de la Fidelidad (sic), de la Prosperidad (sic), es el túnel de la impunidad)”, “Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, primer lugar a la corrupción” y “nuestro elefante blanco de los 5 mil millones”.
Pese a las críticas, el secretario de Infraestructura sonrió y hasta se burló de las críticas hacia los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Ya en serio, explicó que, con el nuevo “acuerdo de entendimiento”, el reajuste en la Tasa Interna de Retorno (el rendimiento del peaje de dicho túnel de 30 a 45 años) y la terminación de juicios entre ambas partes (gobierno y empresas) las arcas públicas podrán ahorrarse mil 100 millones de pesos.
El semanario Proceso dio cuenta en su edición número 1886 que la obra ha estado plagada de irregularidades: Desvío de recursos, fallas estructurales, hundimientos y soportes mal hechos, así como materiales de precaria calidad.
Incluso la auditoría 09-A-30000-04-0548 del 2009 de la ASF reportó un “dictamen negativo” al pliego de observaciones, pues acotó que el gobierno de Veracruz incumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago.
En la revisión de la auditoría 2010, las observaciones e inconsistencias también fueron considerables, pues en ambas hay irregularidades que se aproximan a los 400 millones de pesos.
La ASF observó que en la construcción del Túnel Sumergido se incumplió con los parámetros mínimos de calidad en sus materiales y procedimientos constructivos, como estabilidad, seguridad estructural y vida útil de la obra.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
