Los medios, las extorsiones y el negocio político

MÉXICO, D.F: Es bien sabido que en México la transición a la democracia fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.

Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.

López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.

Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.

A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.

En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.


Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

#LópezDórigaMártir

MÉXICO, D.F: Un viejo truco de quienes acostumbran extorsionar, mentir o alterar los hechos es convertirse en víctimas cuando se les exhibe y se les reclama rendir cuentas. Ellos no son responsables de nada, son víctimas. Ellos no cometen ningún delito, son mártires. Ellos son perseguidos por la verdad, cuando la mentira no alcanza a cubrirlos.

Esta es la línea de respuesta de Joaquín López Dóriga, conductor estelar de Noticieros Televisa, ante el reportaje que publicamos en Proceso: “Cuando el micrófono tiene precio”.

Su respuesta ha sido a través de las rede sociales, especialmente en su cuenta @lopezdoriga en Twitter, donde el maestro de la gacetilla electrónica no ha negado ni aclarado nada. Simplemente se dice víctima de una calumnia y de una “campaña” orquestada por el “gran capital”.

Desde el sábado 26 de septiembre, cuando comenzó a circular la edición 2030 de Proceso, López Dóriga redactó:

“Los hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital, para poder sobrevivir. #Proceso. Don Julio se volvería a morir de vergüenza”.

“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso, por su crisis, entregado al gran capital”.

El león cree que todos son de su condición. La demanda por presunta extorsión, interpuesta por María Asunción Aramburuzabala es un hecho público y en tribunales, al que López Dóriga no responde. Y el reportaje de Proceso abunda y documenta lo que desde hace mucho tiempo los políticos y empresarios dicen, pero no se habían atrevido a señalar, salvo algunas notables excepciones.

En el colmo de su despropósito, López Dóriga ha acudido a don Julio Scherer García, periodista de una superioridad ética a toda prueba, frente a la práctica constante de vender las menciones en el micrófono.

Se “olvidó” el propio López Dóriga de lo que don Julio escribió de él en su libro Vivir:

“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludovsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean”.

Claro y contundente, Scherer García marcó una clara distancia entre el periodismo servil que se sirve del poder para hacer negocios y un periodismo crítico, incómodo, que trabaja para sus lectores, no para sus patrocinadores. De eso se olvida convenientemente López Dóriga.

Y la línea marcada por Scherer García se ha mantenido con toda claridad antes, durante y después de su separación de la dirección de la revista. Rafael Rodríguez Castañeda y el equipo de periodistas que integramos esta redacción nos guiamos por esa clara marca ética que nos heredó.

Dos días después, en su misma cuenta de Twitter, López Dóriga apostilló:

“Buenas noches. Recuerden: la infamia fortalece”.

Y decenas de usuarios de redes sociales le han respondido con frases como las siguientes:

“¿Infamia? ¿Por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja” (@eclocionental).

“Explicación no pedida, acusación manifiesta” (@quecadeflor).

“Dice @lopezdoriga que la infamia fortalece…Le faltó agregar que la corrupción enriquece” (@Tonnto05).
Este martes, López Dóriga informó que hackearon su página on line:

“Sigue la persecución en mi contra. Ahora hackean mi página”.

La reacción de los tuiteros fue crear un hashtag #LópezDórigaMártir que no generó la ola de apoyos que quizá esperaba el vocero consentido de los presidentes. Al contrario, la ironía y la falta de credibilidad fueron las reacciones más comunes:

“Lo que nos faltaba: #LópezDórigaMártir de la libertad de expresión, héroe del periodismo crítico y comprometido”, redactó el columnista Julio Hernández en su cuenta @julioastillero.

“Y que se enrolla en la bandera y en su propio castillo, se avienta al vacío” (@Indigoso).

“Y la popularidad de López Dóriga sigue a la baja, hasta aquí mi reporte Joaquín. #LopezDórigaMártir” (@g2_lopez).
“Cuando #LópezDórigaMártir comentó que hackearon su cuenta, imaginé que había transferido sus 237 millones al Teletón” (@BellApis).

El problema para quienes se acostumbraron a reinar desde el micrófono analógico es que no están acostumbrados a la deliberación y a la respuesta crítica de las audiencias. Ellas no pagan, ellas no cobran, ellas no extorsionan.

Simplemente son el reflejo de un declive que no es producto de ninguna campaña sino la cosecha acumulada de tantas mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Periodistas ¿millonarios?

Entre el 2001 y 2015, Joaquín López Dóriga ha recibido del gobierno federal unos 237 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje publicado esta semana en la revista Proceso. Es mucho, muchísimo dinero destinado a un solo periodista, comparado con lo perciben la mayoría de los trabajadores del gremio… y los mexicanos.

¿Por qué un periodista puede recibir tanto dinero en México? Por la distorsión de un sistema de relaciones entre el gobierno, medios de comunicación y periodistas reconocidos, en el que el dinero y la información periodística se entrelazan con mucha frecuencia. En un esquema así casi todos parecen ganar, excepto la sociedad y su derecho a la información.

López Dóriga, como otros de sus colegas, es un periodista muy afamado y con una larga trayectoria. Su presencia en el noticiario de la televisión más visto y en uno de los noticiarios de radio más escuchados en el país, le permite tener un acercamiento privilegiado al llamado “círculo rojo” para obtener noticias exclusivas, primicias y entrevistas de primer nivel. Pero también mucho dinero.

Quienes manejan los recursos de la publicidad en las dependencias y órganos de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) “invierten” en sus programas cuantiosos recursos del erario público porque consideran que sus campañas de información, divulgación o rendición de cuentas tienen más alcance entre la población, pero paralelamente les permite, bajo su lógica, tener una buena relación con el periodista más reconocido de México y los medios de comunicación en los cuales lleva a cabo su labor para tener un trato “amable” en coberturas periodísticas.

Probablemente estas “inversiones” hayan derivado en omisiones informativas, en “coberturas especiales” o en comentarios o entrevistas al gusto del cliente, pero sólo un análisis más a fondo de lo que se transmite o deja de transmitirse podría arrojar un panorama mucho más claro. De cualquier manera, la probabilidad de comprometer la línea editorial del medio y/o del periodista a costa del flujo constante de publicidad gubernamental aumenta en noticiarios de estas características y es entonces cuando el periodismo pierde frente al dinero.

La situación es mucho más delicada cuando el periodista, en lugar del medio de comunicación, recibe directamente el dinero. ¿Qué hace la diferencia? Todo. Al periodista le debe pagar su empleador, no sus fuentes, porque en eso radica la independencia y ética de su trabajo frente a los intereses políticos o económicos en los que se desenvuelve el concesionario de radio o televisión o el dueño de un periódico. El periodista se debe a sus audiencias y sus lectores, no a quien le patrocina directa o indirectamente contenidos editoriales.

De acuerdo con el reportaje de Jenaro Villamil, López Dóriga ha podido adquirir propiedades muy lujosas, incluso un yate, y se ha hecho de jugosas cuentas bancarias, junto con su esposa. Es posible que parte de sus bienes muebles e inmuebles sean producto del pago de su intenso trabajo en radio, televisión y medios impresos a lo largo de varias décadas (nadie puede poner en duda que es periodista muy trabajador), pero también -como se ha documentado- gracias a los contratos multimillonarios con dependencias federales (faltaría sumar de gobiernos estatales y municipales). Estos contratos asignados de manera directa son los que, en definitiva, resultan inaceptables en toda relación entre periodistas y gobierno. Tan inaceptables como la supuesta extorsión, en este caso de una empresaria, de la que es acusado.

López Dóriga está inmerso en un escándalo por el caso Aramburuzabala y ahora por las revelaciones de Proceso, pero ¿cuántos periodistas como él han firmado contratos con dependencias de gobierno para brindarles servicios de información o asesorías en comunicación? ¿se puede ser periodista y al mismo tiempo consultor al servicio de tus fuentes? ¿éticamente es posible? ¿qué consecuencias ha tenido esta relación para el periodismo profesional, de calidad y el derecho a la información?

Otra variable que tampoco debemos obviar es la de periodistas -conductores titulares de noticiarios en medios electrónicos-, que a costa de su prestigio y credibilidad se han convertido en vendedores de medicamentos milagrosos, tiendas de ropa o tratamientos para la calvicie. Es una práctica que no debe verse como algo “normal”. La transmisión de publicidad como noticias es ya una constante en México, aunque la propia Constitución lo prohíba. Urge regular la publicidad gubernamental y fortalecer otras tareas (autorregulación periodística, derechos de las audiencias, alfabetización mediática, etc.) si realmente aspiramos a tener un país democrático.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: GABRIEL SOSA PLATA.

LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/29-09-2015/39778.

Los periodistas que defienden a Peña

MÉXICO, D.F: Desde hace algunas administraciones, quizá desde la salinista, no se había registrado una reacción más iracunda de un sector de la prensa defendiendo al grupo de poder integrado por el jefe del ejecutivo y sus más cercanos colaboradores.

Esto es lo que hemos visto en los últimos meses con algunos comentaristas, columnistas y articulistas cuando se han publicado reportajes sobre la opacidad, corrupción y conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Resulta preocupante que sean ellos los primeros defensores del gobierno peñista. Antes que cualquier vocero gubernamental, son ellos los que reaccionan defendiéndolos de las publicaciones que han revelado irregularidades, abusos de poder o conflicto de interés como fue el caso del noticiero de Carmen Aristegui con la compra de las casas de Angélica Rivera, esposa del presidente, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al contratista Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del jefe del ejecutivo.

Lo mismo que en el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el reportaje publicado en la revista Proceso donde se registra con documentos oficiales cómo ha “rentado” desde que era gobernador de Hidalgo, casas de lujo a su contratista preferido, Carlos Aniano Sosa Velasco. En ambos casos se estarían utilizando recursos públicos para el gasto oneroso de los funcionarios de alto nivel.

Con una postura fuera de su papel social de investigar, analizar o cuestionar a los actores políticos y sociales, estos periodistas han reaccionado de manera impronta más allá de los propios personajes inmersos en los escándalos inmobiliarios o en casos donde se muestra su incapacidad para resolver problemas de justicia como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sociales como las marchas de los maestros o económicas como la falta de empleos, vivienda y salud dignas.

Hacen la labor de voceros y no de periodistas. No hablan de la opacidad en las acciones y decisiones que tienen como funcionarios públicos ante la sociedad y la opinión pública, ni de la obligación de transparentar todas y cada una de sus actuaciones. Tampoco de su compromiso de respetar las leyes. Al contrario, defienden a los funcionarios aludiendo a su derecho de viajar en helicóptero, usar aviones para asuntos particulares, invitar a amigos y familias a giras de trabajo, comprar o rentar propiedades millonarias por el simple hecho de ser funcionarios de gobierno.

En esta defensa ciega, tomando una posición de abogado defensor, estos comentaristas, articulistas o columnistas acusan a la prensa que denuncia los abusos de poder de ser “militante”, de “izquierda”, “rencorosa”, de “consigna”, “sospechosista” y hasta de “farándula política”. Alegan que nada es verdad y que hay una clara campaña de golpear la figura presidencial y al grupo que lo acompaña.

Dicen con soberbia que esta prensa que denuncia ha caído en el pecado del libertinaje de la expresión y defienden a los funcionarios públicos de algunos “pecados” mínimos en su ejercicio de poder.

“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”, decía José Martí hace ya dos siglos refiriéndose a aquellos que alcanzan una posición privilegiada y se embrutecen en el ejercicio del poder.

“Los cínicos no sirven para este oficio” sostenía por su parte el periodista Ryznard Kapusinsky en uno de sus libros sobre el periodismo hablando de aquellos que dejan su oficio de denuncia y vigilancia de los grupos de poder y se alían con ellos por ideología o privilegios económicos y políticos.

Hace algunos años, cuando el PRI era el grupo hegemónico en el poder, había unos personajes que amenizaban lo actos de gobierno hablando maravillas de los gobernantes. Se les conocía como “jilgueros” y para eso se les pagaba, eran profesionales en la retórica oficialista y no disfrazaban su tarea como defensores de oficio del gobierno en turno.


Hoy estaríamos ante nuevos “jilgueros” que no sólo hablan de las facultades y virtudes maravillosas de la clase gobernante desde los periódicos, la radio y la televisión, sino que los defienden desde un supuesto foro de libertad de expresión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.