Ombudsperson y protección de los derechos humanos, entre la opacidad y la complicidad

El ombudsperson no tiene razón de ser en un Estado que respeta los derechos de sus gobernados. En México, el asesinato de Norma Corona Sapien fue el hito para la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (junio de 1990) y de sus pares estatales.

Con 27 años en funciones, ¿qué tipo de protección puede recibir la persona que acude ante un organismo estatal a denunciar la probable violación de sus derechos humanos?

El ‘ombudsman’ de Oaxaca duda por su “seguridad jurídica y personal”

A ocho meses del intento de desalojo en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, la cual dejó ocho muertos y más de cien heridos de bala, continúa sin esclarecerse lo ocurrido y sin fincarse responsabilidades. Sumado a ello existe un clima de criminalización hacia las propias víctimas y los defensores de derechos humanos.

En ese contexto, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, expresa en entrevista con La Jornada:

‘‘Recientemente he vivido algunos acontecimientos que me hacen dudar sobre mi seguridad jurídica y personal. La falta de capacidad de las instituciones mexicanas para lograr una investigación diáfana, que permita dar con los responsables’’, es la que ha hecho que se generen esas corrientes de opinión criminalizantes contra víctimas y defensores.

Uno de los episodios fundamentales en los cuales el ombudsman oaxaqueño participó en Nochixtlán fue la entrega de policías federales retenidos durante dos días por pobladores, a cambio de habitantes locales que habían sido detenidos.

El 19 de junio pasado, en el panteón municipal de Nochixtlán asistían a un entierro mientras ocurría el intento de desalojo. Hasta ahí llegaron elementos de las policías Federal y estatal y se llevaron detenidas a más de 20 personas que despedían al difunto. Las trasladaron a la ciudad de Oaxaca y las retuvieron en un cuartel, donde recibieron ‘‘tratos crueles, indignos y degradantes’’, narra Peimbert.

En tanto, en Nochixtlán, los pobladores retuvieron a policías federales en la parroquia del pueblo. La vida de los agentes estaba en riesgo debido a los ánimos exacerbados de los pobladores; ‘‘por tanto nos dimos a la tarea de hacer todas las gestiones para lograr que estuvieran a salvo por medio de la interlocución y mediación tanto con los diferentes niveles de gobierno como con la población civil y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)’’.

Gracias a esa interlocución, sigue Peimbert, ‘‘logramos una muy difícil entrega de tres policías, de los cuales certificamos su estado de salud, el tipo de lesiones que tenían (no percibimos que fuesen graves, pero sí había lesiones), recibimos los testimonios de los agentes y logramos su liberación’’, continúa el defensor de derechos humanos.

Durante el proceso de entrega de los policías a las autoridades estuvo presente personal de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, así como el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, y el mando estatal de la Policía Federal.

Un proceso parecido ocurrió al recibir a los más de 20 pobladores detenidos: registraron sus nombres y rostros, y certificaron sus lesiones.

Estado de excepción

La mañana del 19 de junio de 2016, policías federales y estatales intentaron desalojar un bloqueo que los maestros de la CNTE mantenían en la carretera Oaxaca-México para protestar contra la reforma educativa. La fuerza desmedida utilizada por los agentes dejó ocho muertos y más de cien heridos de bala.

Peimbert describe la situación que se vivió ese día en Nochixtlán como de ‘‘estado de excepción. Había una falta de coordinación de los sectores del gobierno, circulaban versiones en los medios que estaban totalmente descontextualizadas. Incluso el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, presentó escenas que después nos enteramos que no correspondían a Nochixtlán, sino a hechos ocurridos en años anteriores’’.

Esta situación lleva al ombudsman oaxaqueño a concluir que ‘‘no hubo planeación del operativo, o si existió no fue para los efectos de desalojar la carretera, sino una planeación más amplia que podría hablar de una premeditación por elementos que tenemos en nuestro poder sobre los días previos a la incursión en Nochixtlán. Este tema es el centro de nuestra investigación, en la lógica de derechos humanos’’.

Uno de los puntos que se investigan es la presencia de civiles armados que supuestamente dispararon contra la población. Peimbert explica que se averigua si se cometieron delitos de lesa humanidad, como han solicitado las víctimas. Entre las violaciones a derechos estarían ‘‘la falta de acceso a los servicios de salud y la deliberada acción u omisión de actores del Estado para que no se pudieran dar esos servicios o se dieran de modo deficiente.

‘‘Lo estamos trabajando de manera concomitante con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e informando a los organismos internacionales, como la ONU, sobre nuestras investigaciones. Hoy, la Comisión Nacional sustenta la tutoriedad de este proceso, como mandata la ley, y por primera vez en esta investigación lo acompañan los tres niveles de derechos humanos.’’

Fuente: La Jornada

Autores: Tania Molina, Rodrigo Hernández y Elpida Nikou

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/politica/005n1pol

Denuncian al ombudsman de Puebla por acoso y abusos laborales

Puebla, Pue.- Extrabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla acusaron al ombudsman Adolfo López Badillo de acoso laboral y abusos laborales.

La denuncia pública, entregada al periódico La Jornada de Oriente, denuncia además al primer visitador de la CEDHP, Omar Sidhharta Martínez Báez, de presunto acoso sexual en contra de las empleadas.

Además de la firma de las 52 extrabajadoras, el escrito es respaldado por el Centro de Desarrollo entre Mujeres A. C. y la Asociación de Mujeres a Favor de la Equidad México A. C.

De acuerdo con la publicación de la Jornada de Oriente, las exempleadas aseguran que López Badillo se vale de “la intimidación, del cansancio laboral y emocional y de agresiones verbales” para obligarlas a renunciar a sus trabajos.

Critican que aunque tendría que ser el principal defensor de los derechos humanos, el ombudsman poblano es el primero en violentarlos.

Las exempleadas se quejan de que López Badillo les impone jornadas extenuantes y fuera del horario laboral.

Además de que “cuando está decidido a que una de las mujeres renuncie emplea una serie de acciones típicas del acoso laboral (mobbing), es así que empieza por no dirigir la palabra, inicia procedimientos administrativos en contra, evita que se presenten a actos, les retira cargas de trabajo, menosprecia el trabajo, las humilla por no realizar de forma correcta las tareas o les asigna guardias nocturnas hasta orillarlas a que abandonen su fuente de ingresos”.

Asimismo, mencionan que el presidente de la CDH Puebla encubre el presunto acoso sexual que sufren las empleadas de esa institución por parte del visitador Omar Sidhharta Martínez Báez, “quien les pide favores sexuales valiéndose del poder que le da López Badillo”.

Aseguran que esto ha generado “un clima laboral tenso, frío, estrés emocional, humillación, ansiedad, depresión por la desfachatez con lo que se conduce Martínez Báez”.

Según el medio local, entre las afectadas que firman el documento están: Ali Susan Ángeles Flores, Alicia Alarcón Rincón, Ana Laura Cervantes Vera, Andrea Martínez Ávila, Antonia Silva Ruacho, Araceli Vargas Jiménez, Beatriz Gallardo Téllez, Carla García Hernández, Cenyace Torres Contreras, Clorinda Vázquez Martínez, Concepción Contreras Bretón, Cristina Vázquez Céspedes, Cynthia Hernández Peláez, Diana Gutiérrez Téllez, Diana Manzano Juárez, Domenica Contreras Tinoco, Elideth Bolaños Huerta, Elizabeth Sánchez Pérez y Elizabeth Teyssier Ramírez.

Fuente: Proceso

Autora: Gabriela Hernández

http://www.proceso.com.mx/?p=424168